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Jaime Martínez Veloz
La Jornada
Hace 28 años un pequeño núcleo de hombres y mujeres llegaron el 17 de noviembre de 1983 al corazón de la selva Lacandona, llevando consigo un cúmulo de sueños e ideales por transformar a México en un país justo y democrático. Con paciencia, inteligencia y método se vincularon con las comunidades y organizaciones que vivían en diferentes regiones de Chiapas, así como con las luchas que durante años habían librado los indígenas en contra de la opresión y humillación centenaria. Para un habitante de las zonas urbanas mexicanas no es fácil la adaptación a las condiciones propias de la selva, pero cuando existen propósitos superiores y convicciones firmes se soportan hasta conseguir los ideales que los motivan.
En un Estado atravesado por contradicciones, sociales, políticas y religiosas la labor del núcleo original que impulsó la conformación y organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo que procesar con atingencia, diferencias naturales y concepciones distintas acerca de cómo conducir la lucha contra la injusticia y el olvido del que han sido objeto las comunidades indígenas de México. Mucho trabajo se tuvo que realizar para lograr que el primero de enero de 1994, México y el mundo voltearan a mirar a Chiapas y tuvieran que reconocer que el asunto de la relación del Estado mexicano con los pueblos originarios es un asunto pendiente que ha estado fuera de la agenda nacional.
El impacto del levantamiento armado zapatista movilizó a la sociedad mexicana para obligar al Estado a dialogar con los insurgentes para resolver las causas que obligaron a los indígenas chiapanecos a tomar las armas como la última forma para lograr resolver sus demandas centenarias y sus reclamos de justicia.
La trascendencia de las acciones insurgentes motivaron al entonces candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, a tener la definición más comprometida que haya realizado algún dirigente de ese partido, cuando en el discurso del 6 de marzo de 1994, frente al Monumento de la Revolución planteó: Frente a Chiapas los priístas debemos reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que esperaban de nosotros. Es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas, de superar sus rezagos y carencias; de respetar su dignidad; es la hora de celebrar un nuevo pacto del Estado mexicano con las comunidades indígenas.
Después de su asesinato, esta definición se guardó en el cajón de los olvidos.
Durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo se produjo un intenso proceso de negociación entre el gobierno federal y el EZLN, donde jugó un papel relevante la Comisión Nacional de Intermediación al frente de la cual estuvo el obispo don Samuel Ruiz. El Congreso de la Unión, por conducto de la Cocopa tuvo una actuación relevante; las figuras de Heberto Castillo y Luis H. Álvarez fueron el soporte principal.
Después de un proceso arduo de negociación, el gobierno federal y el EZLN desahogaron el primer tema de la agenda pactada por las partes en el tema de Derechos y Cultura Indígena y firmaron lo que hoy se conocen como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, los cuales fueron desconocidos por el ex presidente Zedillo, esgrimiendo mentiras y falsedades que escondían la estrategia subterránea que venía impulsando el gobierno federal, para entregar activos, territorio y soberanía. De esta manera, puertos, aeropuertos, concesiones mineras, bancos, ferrocarriles, satélites, producción de energía, exploración petrolera y el negocio del gas se entregaron a trasnacionales, algunas de las cuales contrataron los servicios del ex presidente y varios de sus colaboradores más cercanos. El EZLN no sólo fue traicionado por el Estado mexicano, además de ello fue perseguido, estigmatizado y en varias ocasiones ha sufrido el intento de acciones mayores con el propósito de asestar un golpe que lo pudiera aniquilar o, cuando menos, reducirlo al mínimo.
Por todo ello, los zapatistas decidieron llevar a cabo una estrategia que les permitiera consolidar sus estructuras comunitarias, establecer mecanismos para resolver sus asuntos y eventuales diferencias internas, así como con otras organizaciones cercanas a sus comunidades. De esta manera, en 2003 nacieron las juntas de buen gobierno, que les han permitido fortalecer su trabajo interno y, al mismo tiempo, llevar a cabo importantes tareas en las áreas de salud, educación, producción de alimentos y desarrollo de proyectos agrícolas, a pesar de sus modestos recursos.
Ha sido pública la enorme derrama económica que la Federación ha invertido en Chiapas después de la insurrección armada, donde, paradójicamente, quienes expusieron su vida viven en las mismas comunidades con las mismas carencias que en las etapas previas al levantamiento. Gracias al EZLN, Chiapas tiene hoy una infraestructura que no tenía antes del primero de enero de 1994. Sin embargo, a pesar de las necesidades de cada comunidad sigue vivo el ideal de lograr algún día la paz con justicia y dignidad que los mantiene en pie de lucha, resistiendo en las condiciones más adversas, entretejiendo sueños y anhelos, guiados por el ideal zapatista vigente que los conserva unidos desde hace 28 años.
Un abrazo con cariño a todos los zapatistas en este aniversario de su formación insurgente, tanto a las bases de apoyo como a la comandancia general, con el deseo de que algún día sus ideales de justicia y libertad se plasmen en la Constitución de México y se conviertan en una realidad.
