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¿Acaso hemos perdido el sentido común para tener que salir a las calles para defender la vida antes que el lucro? Foto: Vigilia solidaria, Iván Herrera
Por Emma Gómez*
25, noviembre, 2011.- El Proyecto minero Conga de Yanacocha, es el primer gran conflicto que el gobierno de Humala va tener que afrontar. Las últimas declaraciones del Presidente han dejado en claro que la base para lograr la inclusión social en el Perú, va ser la promoción de proyectos de inversión, contradiciendo así promesas electorales. El desenlace de este caso, va marcar un hito de cómo se van a resolver los conflictos socio ambientales a nivel nacional, para los próximos años.
Minas Conga representa la inversión de más de 4 mil millones de dólares, de una de las empresas mineras más influyentes del país. Cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Este proyecto es cuestionado por no tener estudio hidrogeológico, por afectar un derecho fundamental como es el acceso al agua y porque como afirma el ex Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca, Sergio Sánchez Ibáñez
“en relación con el agua superficial, no muestra una mitigación de impactos para lograr que el agua sea de la calidad adecuada ya sea para descargar en cauces naturales o para consumo humano”.
El proyecto, pretende reemplazar un sistema de lagunas alto andinas por reservorios; directamente se destruirán 4 lagunas que en conjunto representan 34 has. de espejo de agua. El argumento central de los que defienden el proyecto, es que en ese sistema de lagunas hay almacenadas aproximadamente 1.3 millones de metros cúbicos y en los reservorios se logrará almacenar 3.8 metros cúbicos. Ante ello Sánchez afirma que
“… estas lagunas, son parte de la recarga de acuíferos, y estos alimentan el flujo base de ríos y quebradas; la eliminación de alguna de ellas afectará de manera impredecible el comportamiento hidrológico e hidrogeológico de las cuencas aledañas al proyecto…”.
Sería absurdo oponerse per se a la actividad minera en el Perú, lo que hay que preguntarse es ¿Qué tipo de proyectos queremos? ¿Cuán sostenibles son y qué estándares vamos a plantear? El modo como se resuelva este caso, va definir el tipo de minería que queremos en el país, una minería ambiental y socialmente sostenible, que garantice y proteja derechos fundamentales como el acceso al agua. Asimismo, va a marcar la pauta y el futuro de varios proyectos seriamente cuestionados como el caso de Tía María (por su EIA) o Río Blanco, donde hay también muchos temores por los impactos ambientales que se puedan generar en los ecosistemas de páramos.
¿Por cuánto tiempo han sido valorizados los servicios ambientales de todo ese sistema hidrológico si es que lo han hecho?
A propósito de ello, el tajo del Proyecto minero Conga, se ubicará precisamente debajo de la Laguna Perol que será trasvasada. Cabe preguntar también si en el EIA se ha valorizado los servicios ambientales que prestan estas lagunas a través de diversos manantiales, captaciones de agua para el consumo humano, canales de riego, humedales, etc. ¿Por cuánto tiempo han sido valorizados los servicios ambientales de todo ese sistema hidrológico si es que lo han hecho? Consideramos que el país necesita contar con esa información para saber en realidad cuánto se pierde y cuánto se gana.
Otro tema que no se está visibilizando a la luz del cuestionamiento al proyecto Conga, es cómo está quedando el escenario ambiental para Cajamarca, ya que es una región con una alta concentración de proyectos mineros. Se están generando una serie de impactos acumulativos, que no se pueden medir solamente con los EIA, que miden impactos proyecto por proyecto. Hay que recordar que la minería es una actividad con un tiempo determinado, la preocupación es qué va suceder después, pues sólo se está midiendo en función de cuántas divisas va aportar al país y no en términos de impactos ambientales, sociales y culturales.
Por ello, urge la implementación de procesos de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento del Territorio que determinen cuáles son los usos potenciales del territorio y determinar en qué zonas resulta viable el desarrollo de la actividad minera.
Finalmente, el caso Minas Conga pone nuevamente sobre el tapete la credibilidad de los EIA y sus procesos de aprobación, pues es insostenible que sea el propio promotor de la inversión en el sector minero quien apruebe los EIA. Tal como ha sido propuesto por el Ministro del Ambiente, esa competencia tendría que pasar al Ministerio del Ambiente.
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* Emma Gómez es abogada, asesora legal de la asociación CooperAcción.
