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Movimiento desaprueba nombramiento de militar para cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública
Natasha Pitts
El nombramiento de Munguía Payés –militar de la reserva– como ministro de Justicia y Seguridad Pública no fue bien recibida por movimientos de derechos humanos de El Salvador. El nombramiento, realizado el último martes (22), acarreó un pronunciamiento de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) repudiando la iniciativa del presidente Mauricio Funes y solicitando que el cargo sea ocupado por un civil comprometido con los derechos humanos.
Para la CCPVJ, la inserción de un militar en el ministerio de Justicia y Seguridad Pública es contraria a un enfoque de institucionalidad democrática, de respeto a los Derechos Humanos, a un enfoque de prevención y abordaje social de la violencia. “Es una decisión contraria al espíritu de los Acuerdos de Paz y representa un retroceso gradual y peligroso al modelo represivo de seguridad nacional”.
Por ser un militar, aunque sea de la reserva, los miembros de la Coalición creen que el General David Munguía Payés no tiene preparación para liderar funciones propias de un modelo de seguridad pública democrática. La decisión “populista y reactiva” de Funes no va a generar resultados efectivos y sustentables, asegura la CCPVJ.
En el lugar del General, los movimientos sociales sostienen que debe ser colocado un civil con conocimiento sobre justicia y seguridad, con vocación democrática, que respete los Derechos Humanos sin excepción y que pueda fomentar y concretar con otras instancias del Estado salvadoreño acciones eficaces en el combate del delito y el abordaje de la violencia.
“Pero, sobre todo, que sea capaz de hacer propuestas novedosas que incluyan el tema de la prevención social de la violencia y la represión del delito de manera integral y selectiva y que esté verdaderamente comprometida con el fortalecimiento democrático, institucional y profesional de la Policía Nacional Civil – PNC; apostándole a un trabajo más científico y transparente de la corporación policial”, agrega la CCPVJ.
Concientes de la necesidad de un cambio de postura del presidente Funes, le piden que reevalúe las estrategias de seguridad pública de cuño militar y represivo que está implementando y que no ha tenido resultados positivos en la disminución de la violencia y la delincuencia. Convocan al mandatario a recordar sus promesas de campaña cuando enfatizó la necesidad de abordar la violencia de manera integral y a que se mantenga en contacto con los diversos sectores de la sociedad civil para buscar respuestas y resolver los conflictos. Todas las acciones deben ser realizadas apuntando el respeto de los Derechos Humanos, sobre todo, de la población marginada.
Salvadoreños y salvadoreñas también son invocados a contribuir en la reducción de la situación de violencia y conflicto que se vive en el país. “Así, hacemos un llamado a la Sociedad Civil Organizada a trabajar en conjunto por la construcción de una verdadera cultura de paz que nos permita atacar las causas sociales, económicas y políticas de la violencia, y no a las personas que la sufren. Y a la Sociedad Civil en general le instamos a realizar un análisis crítico e informado de esta coyuntura y permanecer vigilantes y manifestarse ante cualquier medida que se impulse que atente contra los derechos humanos y la dignidad de todos y todas en El Salvador”.
Contexto
El Salvador vive una grave situación de violencia y delincuencia, siendo considerado uno de los países más peligrosos del mundo, con números de muertes violentas superior al de las zonas de guerra. El país registra de 11 a 16 asesinatos por día. Solamente en los tres primeros meses de este año más de mil muertes ya se habían registrado. El femenicidio también bate récord en el país centroamericano. De enero a octubre de este año 49 mujeres fueron muertas según estadísticas de la PNC.
