Lo municipal, lo comunal y el común


10-12-2011
Lo municipal y lo comunal
Otra vez el Estado contra el pueblo

F. Romero
Rebelión

Un amplio sector de la izquierda y de la población mantiene inconsciente o conscientemente una analogía errónea entre el concepto “comunal” y “municipal”. Esa confusión es en la mayoría de los casos interesada y fomentada desde el poder cuando no desde la ignorancia. En zonas rurales como el concejo de Grao tal confusión puede ser letal para los intereses vecinales. Comunal es un régimen especial de gestión directa de los vecinos de bienes muebles y sobretodo inmuebles, de carácter ancestral. Lo que está bajo gestión comunal no puede ser enajenable y su explotación no puede ser nunca exclusiva para un individuo o una institución. Lo municipal es lo que depende de la gestión de los ayuntamientos, que no son los vecinos, sino los gobiernos locales cuyos intereses no son los mismos que los de los vecinos por mucho que se diga lo contrario.

Conviene remontarse a los antecedentes antiquísimos de este sistema autogestionario para poder ampliar el conocimiento preciso de este modelo que el Estado y la propiedad privada han combatido e intentado anular para su propio beneficio, arrebatando los derechos de los vecinos.

El sistema comunal fue una de las piezas claves en la dinámica socioeconómica y reproductiva de las sociedades rurales. Aporta a los vecinos materiales de construcción, combustible, forraje y aportes complementarios a la dieta. Desde antiguo se conoce este sistema como “régimen de procomún” que ya existía en España desde el siglo IX, como continuidad del derecho germánico. Los comunes tenían unos fueros otorgados por el rey que les defendían de los atropellos de la Iglesia y los señores. Se desarrolla en el siglo XIII en las llamadas Siete Partidas que establecen varias categorías para el procomún. Una, se refiere a lo que pertenece a todas las criaturas humanas como el aire, el agua de lluvia el mar y su ribera. Otra se refiere a todos los hombres comunalmente y son los ríos, los caminos públicos y los puertos. Una tercera categoría hablaba de lo que pertenece comúnmente a una ciudad o villa (fuentes de agua, plazas donde se celebran los mercados, espacios en donde se celebran los concejos abiertos o asambleas vecinales, arenales de ríos, etc).

Los comunes fueron casi destruidos por la burguesía que se desarrolla en España entre los siglos XVIII y XIX, con el apoyo del Estado y las instituciones estatales como los ayuntamientos, nacidas al amparo de esa burguesía para protegerles en sus negocios. De esta manera las diferentes desamortizaciones llevadas a cabo en este periodo consiguieron que espacios de gestión comunal pasaran a manos privadas. También el Estado se benefició ilegítimamente de esos espacios de propiedad vecinal. Un ejemplo fue la venta que diversos gobiernos llevaron a cabo de terrenos comunales, que por tanto no les pertenecían, para recaudar fondos ante el desastre colonial de Cuba y Filipinas, a finales del XIX y principios del s. XX.

En la actualidad la gestión comunal se reduce a montes, extensiones de bosques y pastos ganaderos. La mayoría de ellos se explotan en régimen de concejo abierto y se gestionan directamente por los vecinos.

Sin embargo se están dando casos de ayuntamientos que en la confusión entre lo comunal y lo municipal están arrebatando este patrimonio común en su beneficio para negociar y obtener recursos de los que carecen por años de derroche y falta de previsión. En el caso de Grao ya conocemos algun conflicto con montes forestales y pastos, o con los intentos por hacerse con la gestión del agua en algunas zonas en donde, de antiguo, el agua se administra por las propias juntas vecinales.

Vemos con indignación como el procomún, esos bienes que pertenecen al pueblo, están hoy en manos privadas. La luz que aprovecha los saltos de agua de los ríos, el abastecimiento del agua en manos de empresas privadas, al igual que grandes compañías que explotan en su beneficio la energía eólica…

Denunciemos pues que los que no son del común, los privados e instituciones estatales gobernadas por las clase política arrebaten lo que pertenece y perteneció siempre al pueblo.