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27-12-2011
Costa Rica
Comunidades costeras siguen en lucha
Ernest Cañada
Alba Sud
“¡Doña Laura! Convoque el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, ¡la vida de mas de 60 comunidades depende de ello!” Esto es lo que demanda una de las portavoces del movimiento de comunidades costeras, Victoria Quirós, propietaria de un pequeño hotel en el municipio de Montezuma y firme defensora de los intereses de las poblaciones costeras del país centroamericano.
La Ley de Territorios Costeros Comunitarios, conocida popularmente por sus siglas como Ley TECOCOS, es una iniciativa “que nace de la organización de 47 comunidades costeras, amenazadas por desalojos y demoliciones, debido a las políticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) de implantar modelos turísticos en las playas en donde no hay cabida para las casas de pobladores, generalmente de bajos recursos económicos”, explicó a Alba Sud Victoria Quirós. “Ni las prácticas de la pesca artesanal, manejo sostenible de productos marinos, con sus recibidores de pescado y pangas”, continúa.
Pero el conflicto no se plantea en realidad entre turismo en general y pobladores locales: otros modelos de desarrollo turístico, en manos de la población local, tanto iniciativas de turismo rural comunitario como establecimiento de pequeños y medianos empresarios locales tampoco encajan en este esquema supuestamente modernizador promovido por el gobierno costarricense. “Tampoco aceptan el turismo rural costero, desarrollado «espontáneamente» en muchas de las comunidades de Costa Rica. El ICT le dice a las municipalidades: esa gente no paga, sáquelos para ubicar ahí a los que puedan pagar millones de colones por la concesión de un lote de cómo mínimo 500 metros, en la que puedan construir una casa que ocupe solamente el 30% del terreno, y el resto para piscina y jardines”.
Sin embargo, estamos hablando de poblaciones que llevaban asentadas en esos territorios durante largo tiempo y que, excluidas de otras opciones de desarrollo, habían hecho ahí su vida a lo largo de generaciones. “Pretendiendo ignorar los derechos otorgados en leyes dictadas desde 1828, han querido meternos en un saco de ilegalidad y desalojarnos como si fuéramos viles usurpadores. Somos comunidades centenarias que hemos logrado caminos, electrificación, agua potable, y otros servicios, mediante el esfuerzo y el trabajo constante de sus pobladores y pobladoras.”
Frente a las amenazas de expulsión, derivadas de las necesidades de promover un desarrollo turístico-residencial acorde con los intereses de los grandes inversionistas, tanto extranjeros como costarricenses, el año 2008 una serie de comunidades costeras empezaron a organizarse y reconocer que sus amenazas eran las mismas. De ahí nace el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por las Políticas de Exclusión que, de forma participativa, elabora la propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, una iniciativa que se convierte en bandera de lucha y esperanza para muchas comunidades. Para Victoria, “lamentablemente, muchas de esas comunidades ya las han desaparecido, pero todavía estamos en pie al menos cincuenta mil familias esperanzadas en que este proyecto sea muy pronto la Ley que nos permita afianzar nuestros derechos, nuestra cultura, nuestros proyectos de vida y se preserve la paz y justicia social en Costa Rica”.
Después de un largo proceso, la ley fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de octubre de 2011 y enviada con un dictamen favorable al plenario para su discusión definitiva. Actualmente la Ley se encuentra en el cuarto lugar en la agenda de discusión en sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa y las comunidades, organizadas en el Frente de Comunidades, con el apoyo de muchas otras organizaciones sociales, como por ejemplo la red de turismo comunitario ACTUAR, intenta que su discusión se agilice. “En el periodo actual, de sesiones extraordinarias, solo la voluntad política de la Señora Presidenta, puede convocar el proyecto y evitar el etnocidio a las comunidades costeras”, concluye Victoria.
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FRENTE DE LAS COMUNIDADES COSTERAS DE GUANACASTE, LIMON Y PUNTARENAS
LA LUCHA DE LAS COMUNIDADES COSTERAS COSTARRICENSES POR LA DEFENSA DE LA CULTURA LOCAL Y EL PATRIMONIO NACIONAL
Lic. Wilman Matarrita
Coordinador General
FRENTE NACIONAL DE COMUNIDADES AMENAZADAS POR POLITICAS DE EXTINCION
1. La situación de las comunidades costeras costarricenses
Existe toda una red de comunidades y con ello cerca de cincuenta mil familias, que han habitado y usado por tiempos históricos las zonas costeras e islas de nuestro país.
Con el tiempo, se han venido implementando una serie de leyes y políticas públicas, algunas de ellas dirigidas a garantizar un uso adecuado de estos territorios. Sin embargo, la implementación de algunas de estas legislaciones y políticas públicas, han dejado desprotegidas a las comunidades autóctonas de estos territorios y muchas veces, la implementación de dichas políticas públicas, lejos de favorecer la preservación ambiental, por el contrario están causando serios daños al ambiente.
Muchas de nuestras zonas costeras, a pesar de que el mercado nacional e internacional ha disparado el valor económico de vivir allí, concentran niveles de pobreza alarmantes, y lo más difícil de aceptar, es que se encuentren comunidades sin el acceso a derechos básicos como lo son: legalidad para habitar estos territorios, acceso al agua potable, a la vivienda digna y al sistema de electricidad.
En la cultura de estas comunidades, existe una vocación y arraigo del manejo sostenible de los recursos naturales. Está probado que la pezca artesanal, el turismo rural comunitario, la extracción con vigilancia científica y técnica de recursos marinos, como los huevos de tortuga lora en la comunidad de Ostional, de moluscos en el Golfo de Nicoya, entre algunos casos, juegan un papel importante en el equilibrio de vida entre naturaleza y las comunidades.
Es más, se reconoce que las culturas costeras, son modelos de desarrollo local autogestionario, que merecen ser fortalecidos y apoyados por el estado costarricense.
Hoy más que nunca nuestros pobladores costeños, están viendo, como su patrimonio territorial se esta viendo fuertemente amenazado, por grandes “desarrolladores” de proyectos inmobiliarios y turísticos, que los ven como un estorbo y que a toda costa tienen que ser desplazados, para poder dar paso a este mal llamado “desarrollo”. Lo grave es ver como estas personas tanto físicas como jurídicas, cuentan con el apoyo de nuestras autoridades (desde gobierno central hasta municipios), que les allanan el terreno para que puedan realizar sus inversiones, y por ende el desalojo de las familias criollas de la zona costera.
Para nadie es un secreto que detrás de estos movimientos se mueven y entretejen grandes y fuertes intereses económicos, que poco a poco se han venido apropiando de nuestras playas y todas aquellas zonas de atractivo turístico existentes. De esta forma el desarrollo de nuevos emprendimientos turísticos, puede hoy en día estar solamente en grupos de poder y si algún criollo quiere meterse en una aventura de tal tipo, lo unico que podrá encontrar son barreras y obstáculos a lo largo del camino. Porque pareciera ser que las comunidades costeras, tienen su destino o futuro definido bajo estos procesos de desarrollo, el ser empleados de estas grandes empresas.
Los políticos nacionales y grandes desarrolladores turísticos, tienen grandes proyectos para las zonas costeras. Solamente tenemos algunos ejemplos:
Una transnacional hotelera, pretende construir una marina turística en el Golfo de Tambor en la costa de Puntarenas, entrando en conflicto con varias comunidades.
En la costa de Guanacaste, en Playa San Juanillo, otra transnacional pretende construir una marina turística.
En estos momentos también, pretenden desarrollar proyectos turísticos en varias islas del país.
De tal forma que se hace urgente legislar para garantizar los derechos psicológicos, antropológicos, históricos socioeconómicos y culturales de las comunidades autóctonas ubicadas en nuestras costas e islas. De la misma manera, mejorar mecanismos legales para profundizar un estilo de vida en concordancia con la protección del ambiente. En esta dirección apunta el proyecto de ley que promovemos para su aprobación en la Asamblea Legislativa.
Durante el año 2008, FEDEAGUA desplegó un proceso de incidencia que terminó con la presentación ante la corriente legislativa del proyecto de ley denominado TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS y tramitado en la Comisión de Gobierno y administración bajo el expediente Nº 17.394, actualmente ocupa el segundo lugar en el orden del día. El trabajo de FEDEAGUA contribuyó a la creación de un nuevo tejido organizativo comunitario, lo que se llama el FRENTE NACIONAL DE COMUNIDADES AMENAZADAS POR POLITICAS DE EXTINCION, mismo que cuenta con una gran capacidad de movilización y que ha horizontalizado la toma de decisiones.
Desde mayo del 2010, una nueva legislatura se ha instalada en la asamblea legislativa, y se exploran posibilidades alentadoras para la aprobación definitiva de una ley que resuelva el derechos de miles de familias que habitan en las zonas costeras. Partimos de que el problema sigue vigente y que además, la garantía de vida y sobrevivencia de estas culturas en las zonas costeras, es a la vez un freno para el crecimiento inmobiliario desmedido que arruina la ecología costera. Es cierto que la única forma de detener la destrucción ambiental en nuestras costas, se encuentra en garantizar la legalización de la permanencia de comunidades costeras, muchas de ellas dedicadas a la pesca artesanal y al turismo local.
Pero la lucha es difícil e incluso desigual. Mientras los cabilderos de las marinas turísticas, las atuneras, los negocios inmobiliarios e incluso los grandes casinos, tienen muchos recursos económicos, las fuerzas comunales solo cuentan con sus energías y su resistencia. Por ello trabajamos varias estrategias:
Fortalecer la organización y el liderazgo local
Interpretar la realidad local para poder posesionar nuestra propuesta
Dar a conocer a la opinión pública local, nacional e internacional la situación de las zonas costeras
Ganar aliados nacionales a la lucha: iglesia, movimientos sociales, políticos patriotas, universidades
Buscar recursos para la incidencia política hacia la asamblea legislativa
2. La contribución de la lucha costera en la formulación, modificación o aprobación de una Política ambiental
La situación de inseguridad jurídica que viven las poblaciones costeras e islas de Costa Rica, así como las presiones de grandes empresas desarrolladoras de megaproyectos turísticos, han venido poniendo en serio riego la situación ambiental en nuestras costas. A esto se le debe sumar las políticas equivocadas y a veces actuaciones nos transparente de varias corporaciones municipales y el mismo MINAET. Las zonas costeras están siendo desbastadas ecológicamente, paradójicamente, las comunidades costeras autóctonas que aun sobreviven, son las que mantienen a ralla que siga la destrucción. Por eso las quieren desalojar.
Por ello, en esencia la propuesta de ley de Territorios Costeros comunitarios pretende 3 fines básicos:
Reconocer y dar protección especial a las comunidades locales que habitan en las zonas costeras de Costa Rica y que cuentan con derechos históricos, una cultura propia, una herencia ancestral, costumbres, tradiciones, normas, infraestructura, formas de pensar e incluso lenguaje que los identifica. Pero que se encuentran en grave peligro de extinción por la amenaza de expulsión de sus tierras, la destrucción y sobreexplotación de los ecosistemas naturales, la pobreza extrema y la falta de oportunidades y el abandono sistemático del Estado costarricense. Lo anterior, de conformidad con la obligación del Estado de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, estimulando y organizando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las y los pobladores de las comunidades locales costeras o pesqueras, por medio de modelos de desarrollo compatibles con la conservación, en beneficio de la colectividad, del ambiente y los recursos naturales, en especial de los frágiles ecosistemas marinos, costeros e insulares.
Coadyuvar al manejo sostenible de los ecosistemas costeros, de tal forma que se garantice su productividad, diversidad, integridad y el uso racional de los recursos naturales, en la presente y futuras generaciones.
De tal forma que con esta propuesta de ley estamos proponiendo la creación de una nueva figura de protección ambiental, al denominar que “Los Territorios Costeros Comunitarios son áreas especiales de protección ubicadas en las zonas costeras del territorio nacional donde habitan comunidades locales dedicadas a la pesca artesanal o actividades afines, la extracción sostenible de recursos marinos pesqueros, el turismo rural comunitario y de pequeñas empresas familiares y de la economía social, así como otras actividades productivas sustentables compatibles con la conservación de los recursos naturales. Se encuentran destinadas a la preservación de la cultura, las costumbres y las tradiciones de las comunidades locales y el mejoramiento de su calidad de vida en plena armonía con la protección del ambiente y los ecosistemas naturales”.
3. El involucramiento de actores sociales, políticos, comunidades y otros.
Este proceso ha nacido y crece con el protagonismo muy fuerte de las diferentes comunidades, en especial de 54 comunidades de Guanacaste y Puntarenas con organizaciones afiliadas a FEDEAGUA. Para ello hemos dado un espacio natural de coordinación general del proceso y que se ha denominado FRENTE NACIONAL DE COMUNIDADES AMENAZADAS POR POLITICAS DE EXTINCION. De la misma manera se han venido incorporando para el apoyo de este proceso, tal es el caso de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Guanacaste y la Pastoral del Mar de la Iglesia Católica de Puntarenas, la Iglesia Luterana Costarricense, la Red Activa en Derechos Humanos, los sindicatos del ICE, la ANEP, la central general de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores Juanito Mora, los Comités patrióticos (Paso Ancho, Hatillo y otros) y el movimiento ambientalista (FECON, Bosques Nuestros). De la misma manera se han incorporado a fortalecer la propuesta la escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, el programa de desarrollo costero de la Universidad Nacional, el programa de Formación en Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
La iniciativa también, ha tenido un amplio respaldo de varias fracciones políticas legislativas: la fracción del PARTIDO FRENTE AMPLIO, quien ha contribuido enormemente a la redacción y gestión del proyecto de ley; la fracción del PAC, quienes han jugado un papel importante en el cabildeo legislativo; la fracción del ML, quienes han ofrecido y han manifestado su apoyo al proyecto, colaboran en estos momentos para su aprobación en la Comisión de Gobierno y administración; la fracción del PUSC, que también ha ofrecido sus votos, por lo menos hasta ahora el diputado de Puntarenas; la fracción del PASE, quienes también nos han ofrecido votar favorablemente el proyecto de ley.
El proceso auspiciado por FEDEAGUA además estableció una serie de condiciones básicas para avanzar:
La implementación de la metodología técnica y política para abordar de manera participativa la elaboración del proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios.
El establecimiento en la estructura organizativa del GRUPO DE GESTION DE LOS DERECHOS COMUNITARIOS COSTEROS. Que está integrado por un representante de cada comunidad y 7 personas de sectores e instituciones de apoyo técnico – académico.
Recientemente nos hemos incorporado a la RED ACTIVA EN DERECHOS HUMANOS, con quienes desplegamos todo un trabajo de formación y capacitación comunitaria de líderes y liderezas.
4. La viabilidad política y social de esta lucha
El tema de la vulnerabilidad de cerca de cincuenta mil (50.000) familias que habitan las zonas costeras e islas de Costa Rica, se ha venido trabajando desde hace varios años por varias instituciones. Pero pocas veces habían tenido una participación real y activa de las mismas comunidades. En el año 2009, la Sala Constitucional se pronunció sobre la legalidad de la tenencia de la tierra en varios sitios de las costas, en especial los casos de Ostional de Santa Cruz, Nosara de Nicoya, Tambor de Cóbano de Puntarenas, entre algunos. Esta situación ha generado un rápido despertar comunitario, el desalojo es inminente.
Desde esta perspectiva, se originaron los primeros brotes de movilización y organización comunitaria, creándose así –por impulso de FEDEAGUA- el 12 de febrero del 2009 realizó una convocatoria y movilización a ala Asamblea Legislativa. En este momento fuimos recibidos por diputados de 5 fracciones legislativas, quienes valoraron la viabilidad de la propuesta de una ley y la urgencia de presentarla y aprobarla en el Congreso.
En el panorama político nacional es reconocido el valor moral del reclamo de los derechos de las comunidades. De la misma manera, el sector ambiental costarricense ha valorado como muy novedosa la propuesta en donde se legisle para proteger el ambiente y proteger las culturas locales de estas familias.
Las posibilidades de involucramiento y apoyo de comunidades, organizaciones locales o comunales, líderes-liderezas, jóvenes.
En estos momentos hay una gran participación de las organizaciones de 54 comunidades afectadas, entre ellas se destacan representantes locales de iglesias (católica y evangélica), grupos de pescadores, asociaciones de desarrollo, grupos de mujeres, grupos ambientalistas locales, ASADAS.
Hemos venido trabajando el tema de la participación comunal en los procesos de aprobación de planes de ordenamiento territorial municipal. En varios temas se cruza con la propuesta de los territorios costeros comunitarios. Por otra parte, hay un creciente debate nacional alrededor de la gobernabilidad, surgiendo una serie de propuestas hacia el gobierno central. La más importante y acertada es lo que llaman una serie de actores sociales “LAS DIEZ PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS” y espacio en donde se valora la propuesta de los TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS (TECOCOS), como una de las Diez Medidas.
4. Los antecedentes y acciones actuales sobre la lucha costera.
El tema se incorpora en la agenda de FEDEAGUA en marzo del 2008, cuando varias comunidades le solicitan a FEDEAGUA su acompañamiento.
En julio del 2008 se desarrolla el Foro Costero Comunitario, realizado en Ostional de Santa Cruz, que se plantea el reto de valorar las posibilidades de enfrentar la situación desde lo legal.
En octubre y noviembre del 2008 FEDEAGUA consulta a varias municipalidades del país, sobre sus posiciones con respecto a la situación de las poblaciones costeras e islas. Las principales municipalidades consultadas fueron: Nicoya, Santa Cruz, Puntarenas, Abangares y el Consejo de Distrito de Paquera. La respuesta municipal en general fue favorable a encontrar una solución.
En diciembre del 2008, se realizó la primera protesta en la comunidad de Ostional, esto dirigido a enfrentar algunas posiciones agresivas en contra de la comunidad de funcionarios del Area de Conservación Tempisque. Esta protesta es acompañada por el diputado José Merino, quien lleva el tema a las sesiones de la Asamblea Legislativa.
En enero del 2009, se realiza el II foro costero comunitario en la sede de FEDEAGUA en Nicoya, un resultado de este foro fue el acuerdo de establecer los contactos con algunas fracciones legislativas a fin de valorar la viabilidad de una propuesta de ley.
El día 12 de febrero del 2009, se realiza la primera movilización a la Asamblea Legislativa, con la asistencia de cerca de 2 mil personas se visita la asamblea Legislativa y a las 11 de la mañana una delegación de lideres y liderezas son atendidos por diputados de cinco fracciones legislativas. Se establece el acuerdo de organizar un encuentro en el parque de Nicoya, para que las comunidades entreguen el día 13 de marzo una propuesta.
El día 13 de marzo en el parque de Nicoya con la presencia de 5 diputados se presenta el documento llamado: metodología técnica y política para abordar de manera participativa la redacción de ley de territorios costeros comunitarios. El acto es acompañado por representantes de universidades, la Defensoría de Los Habitantes, El Obispo de la Iglesia Católica de Guanacaste, las fraternidades de Pastores de Guanacaste y Puntarenas, regidores y alcaldes municipales de varias municipalidades. Este día estos diputados firman un acuerdo de constituirse en COMISION PERMANENTE DE DIPUTADOS CONTRA LOS DESALOJOS EN LA ZONAS COSTERAS E ISLAS. De la misma manera firman una carta dirigida al Presidente de la república para que se paren los actos de desalojos.
El 15 de abril, en un foro comunitario, se nombra una comisión técnica y comunitaria para redactar el texto base del proyecto de ley.
Los días 19 y 30 de abril, se realiza el I CONGRESO COSTRO COMUNITARIO, en donde se aprueba el texto base de ley.
El 28 de mayo del 2009, se presenta ante la asamblea Legislativa el proyecto de ley, mismo que es firmado por 11 diputados. El proyecto se incorpora a que dictamine por la COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION y es colocado en el lugar 99 del orden del día.
El 25 de julio del 2009, se organiza una movilización de comunidades a la ciudad de Nicoya, en el marco del 25 de julio (fecha de la Anexión), se mueven más de cinco mil personas, al final del día, se establece un acuerdo con el gobierno que permite pasar el proyecto del lugar 99, al segundo lugar de la comisión que lo estudia.
5. Organizaciones y actores políticos con los que propician.
FEDEAGUA, como entidad acompañadora en los procesos comunitarios, y facilitadora del FRENTE NACIONAL DE COMUNIDADES AMENAZADAS POR POLITICAS DE EXTINCION.
La pastoral Social de la Iglesia Católica de Guanacaste, quienes por su influencia en la iglesia promueven el apoyo de este sector. En estos momentos se está elaborando la carta pastoral de la zona marítimo terrestre, que apoya abiertamente en su texto el proyecto de ley comunitaria.
El frente universitario de la UCR, quienes nos han facilitado apoyo político en la gestación del texto de proyecto de ley.
El Programa de Formación en Gestión Local de la UNED, quienes apoyan y apoyarán en la facilitación de eventos de capacitación sobre ordenamiento territorial.
La RED ACTIVA EN DERECHOS HUMANOS, como plataforma nacional de la sociedad civil costarricense que trabaja el tema de los derechos humanos en Costa Rica.
La ASOCIACION DE PROFESORES DE SEGUNDA ENSÑANZA, APSE, quienes promueven por medio de los profesores asociados y que viven en las comunidades, la comunicación de la problemática en cada comunidad y mejorar la organización local.
La RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS, COPROALDE, quienes por medio de la metodología de campesino a campesino, colaboran en fortalecer el tejido social local y la movilización comunal.
Con respecto a resolución de la Sala Constitucional que ordena desalojo de terrenos en Refugio de Vida Silvestre Ostional
El problema de las poblaciones costeras costarricenses, es que somos pueblos históricos que estamos viviendo y habitando estos lugares mucho antes de que se declararan los refugios, en este caso el Refugio de Vida Silvestre Ostional.
El Refugio de Vida Silvestre Ostional se creó en el año 1983 y se amplió a otras playas en 1985, y ya Ostional tiene más de 200 años de ser comunidad.
En pocas palabras el pueblo no se metió al Refugio, el refugio se metió al pueblo.
Las comunidades sabemos que detrás de esto viene una política de desalojo para previligiar que se sigan montando grandes hoteles, condominios, y por supuesto nosotros estorbamos para que se lleve a cabo esta acción diabólica.
Nuestras comunidades NO respetaremos la resolución de la Sala Constitucional, en el tanto este voto no tiene sustento en la realidad, en la naturaleza misma de lo que significa el derecho, en este caso el derecho de los pueblos autoctonos e históricos
La vida de muchas de nuestras comunidades y en este caso Ostional, lejos de perjudicar a la naturaleza (en el caso de la tortuga lora), el pueblo ha cuidado estos recursos, los ha presevado y garantiza su permanencia. El proyecto que implementa la comunidad de Ostional, es un modelo a nivel mundial y es orgullo de las comunidades nacionales, en especial de las ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL.
Hemos convocado a los diputados de la Asamblea Legislativa, para crear una nueva ley de la República, que hemos denominado TERRITORIOS COSTEROS ECOLOGICOS Y COMUNITARIOS.
Una ley que garantice la calidad de vida, así como la naturaleza misma, que legalice la vida en comunidad, que auspicie el desarrollo local de las personas autoctonas. Que los recursos que tenemos nos permitan desarrollarnos y vivir en armonia con la naturaleza.
Para ello el día viernes 13 de marzo del 2009 a las 10 de la mañana, en el parque de Nicoya, se celebrará el FORO NACIONAL DE COMUNIDADES COSTERAS, con los diputados de todas las fracciones legislativas, en donde se les presentará la propuesta de proyecto de ley de TERRITORIOS COSTEROS ECOLOGICOS Y COMUNITARIOS. Si para el 25 de julio del 2009, no tenemos resuelto nuestro problema, este día arrancaremos la primera Huelga General jamás vista en el Guanacaste.
Al principio, la lucha se gestó a las costas guanacastecas, pero ha este momento se nos unen comunidades de Puntarenas y Limón, por lo que ya hemos formado el FRENTE NACIONAL DE LAS COMUNIDADES COSTERAS DE GUANACASTE, LIMON Y PUNTARENAS.
Vamos a luchar hasta el final para el derecho a disfrutar de nuestros recursos estratégicos. Convocamos a todas aquellas personas habitantes de las grandes ciudades, que sienten la necesidad de que las costas sean patrimonio costarricense, que se unan a nuestra lucha.
