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Indígenas liberan a rehenes tras promesa de tierras
La Prensa
José Garth Medina
Indígenas de Lapan acordaron entregar a los rehenes luego de firmar acuerdos en la ciudad de Bilwi, entre ellos la demanda de agilizar el proceso de saneamiento en los territorios indígenas y revisar cada caso de los colonos que han invadido sus tierras en la Costa Caribe de Nicaragua.
Una comisión de pastores y autoridades regionales de la ciudad de Bilwi viajaron ayer hacia la comunidad de Lapan para recibir de parte de los comunitarios los 13 rehenes, entre ellos seis policías voluntarios que permanecieron durante 23 días en poder de los comunitarios, según informó el comisionado mayor Yuri Valle, jefe de la Policía Nacional en Bilwi.
El acuerdo fue logrado el pasado sábado en horas de la madrugada, después de varios días de intensas negociaciones.
Según los acuerdos, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación de Tierras realizará el diagnóstico para luego proceder con el saneamiento que es la demanda de los líderes comunitarios de la Costa Caribe.
El presidente regional del partido indígena Yatama, Reinaldo Francis Watson, dijo a LA PRENSA que su partido respalda los acuerdos suscritos.
El conflicto por tierras estalló en Lapan el pasado 9 de febrero cuando seis policías voluntarios de la comunidad de Nueva Esperanza fueron detenidos por los indígenas y posteriormente otras siete personas, entre estas un pastor y una mujer, con lo que exigían el desalojo de colonos de sus tierras comunitarias.
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El presidente de la Comisión de Asunto Étnicos y Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, Brooklin Rivera Bryan, dijo ayer que aquellos ciudadanos mestizos que recientemente hayan invadido las tierras indígenas y que no posean ningún documento legal deberán ser desalojados; mientras que aquellos que hayan llegado a comienzos de los años 90 y posean “títulos adulterados”, deberán ser trasladados e indemnizados por el Estado de Nicaragua.
Rivera dijo que solo se respetarán los títulos de propiedad emitidos antes de 1987, en correspondencia con la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco e Indio Maíz.
Las declaraciones de Rivera se dieron ayer en el marco del seminario “Estrategia y Diseño de la Implementación para la Etapa de Saneamiento en Territorios Indígenas de la Costa Caribe Nicaragüense”, evento durante el cual algunos líderes territoriales aprovecharon para plantear el conflicto desatado hace varios días, porque ciudadanos miskitos exigen el desalojo de mestizos de sus tierras ancestrales, específicamente en Twi Waupasa o Llano del Sur, en Bilwi, Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.
El presidente de la comisión parlamentaria, Brooklin Rivera Bryan, señaló que en el seminario participan presidentes de territorios indígenas, autoridades del Gobierno que tienen que ver con el saneamiento de territorios, y organismos nacionales e internacionales que acompañan a los pueblos indígenas en esta tarea.
La estrategia fue diseñada por la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, y su objetivo es devolver a manos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe las tierras que les pertenecen, según el Tratado Harrison-Altamirano.
Este seminario sobre saneamiento de territorios surge en momentos en que grupos miskitos y mestizos de la RAAN se enfrentan por el territorio de Twi Waupasa o Llano del Sur, en el municipio de Bilwi.
Según Rivera, detrás de los “colonos” mestizos están traficantes de madera, de tierras y hasta políticos. Sobre este último aspecto acusó al alcalde de Bilwi, Guillermo Espinoza, y al secretario político de ese municipio, Oscar Simon, de estar promoviendo tranques en contra de los indígenas.
Serán desalojados
Por su parte, el presidente del territorio de Twi Waupasa, Simon McDavis, señaló que el conflicto comenzó el 9 de febrero porque en la zona se aparecieron seis hombres vestidos de policías y armados con escopetas y rifles, para asesinar al síndico y al juez del lugar.
“Nuestro pueblo no secuestra, son ellos los que vinieron a la comunidad a hacernos daño, entonces nuestro pueblo se levantó para detener a esa gente y demanda que desalojen la tierra”, expresó McDavis, quien responsabilizó de tal invasión al jefe policial da Sahsa, Mario Muñoz.
En caso de que ninguna autoridad actúe —dijo McDavis—, el pueblo indígena advirtió que ellos mismos se encargarán de desalojar a los mestizos.
McDavis explicó que el territorio de Twi Waupasa está compuesto por 17 comunidades, y comprende un territorio de 156 mil hectáreas, de las cuales 50 mil están ocupadas por 120 familias de mestizos.
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Organizaciones indígenas de la Costa Caribe y del Pacífico sonaron sus tambores frente a la embajada panameña en Managua en protesta por lo que ellos consideran una represión del Gobierno de Panamá en contra del pueblo originario Ngäbe- Buglé.
Tras la protesta de los indígenas panameños cuatro nativos han muerto. Ellos demandan la protección de los recursos minerales e hídricos dentro de la comarca Ngäbe- Buglé.
A la sede diplomática asistió el presidente de la comisión de asuntos étnicos de la Asamblea Nacional, el diputado Brooklyn Rivera, representante del partido indígena Yatama, presidentes de gobiernos territoriales mayangnas y el Consejo de Ancianos de Nindirí y Monimbó.
Yatama llamó al Parlamento Centroamericano y a los gobiernos de la región, así como al parlamento nicaragüense, a pronunciarse sobre los acontecimientos.
Lloy Bushey, secretario de relaciones internacionales de Yatama, lamentó que no hayan sido atendidos por la embajadora Josefina Marín Diez, y que cuando se trata de empresarios o políticos sí lo hace.
Mientras María del Carmen López, del Consejo de Ancianos de Monimbó, llamó a terminar con el atropello de los indígenas panameños y dijo que los respaldaba pues en el futuro los indígenas de Nicaragua podrían vivir situaciones similares.
Por su lado, Cristian Bucardo, de la zona especial Alto Wanki y Bukawas, señaló que la represión no solo se ejerce con la violencia como en Panamá y que ellos están siendo víctimas al estar desprotegidos por el Estado.
Agregó que su región especial está supuesta a recibir un fondo de más de cuatro millones de córdobas, pero que no lo reciben, pese a que habitan más de 40 mil personas en todas las comunidades de la zona.
En su pancarta recordó que funcionarios del actual Gobierno fueron responsables de la masacre de 75 indígenas en 1982 en su región y que a la fecha los familiares no han recibido ninguna indemnización.
