Diez años de la Red en Defensa del Maíz y por la autonomía de los pueblos

México, centro de origen de la semilla
Diez años de la Red en Defensa del Maíz y por la autonomía de los pueblos

Las estrategias para lograr la invasión transgénica van de la contaminación intencional hasta los cambios legales. Ante ello, las comunidades y organizaciones de la Red insisten: para defender el maíz, hay que sembrarlo.
Verónica Villa (Grupo ETC) y Ramón Vera Herrera (GRAIN)

Diez años de la Red en Defensa del Maíz y por la autonomía de los pueblos

El 17 de marzo de 2011, hace justo un año, la asamblea de la Red en Defensa del Maíz (RDM) se inconformó con la apertura de la siembra de transgénicos y con las supuestas defensas que promueven varias leyes estatales, y decía:

Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos.

Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo).

La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor).

La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente.

Lamentamos profundamente que las leyes nos roben la palabra, no nos permitan dialogar desde lo profundo y nos traten de imponer en este caso la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sus derivados, como el único camino legal para defender nuestro derecho de vivir como pueblos de maíz, siendo que dicha ley nos impide esa defensa.1

Hace unos días, la Red en Defensa del Maíz celebró sus diez años reivindicando su compromiso de lucha y preparando, con carreras y presiones de todas partes, su participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Durante esos diez años la RDM ha funcionado como un espacio que ha promovido el trabajo cotidiano con perspectiva global de un universo de comunidades, municipios, organizaciones, pueblos indígenas y mestizos —campesinos todos—, empeñados en defender su vida de cultivadores al cuidado del mundo. Ahí existe un diálogo permanente en directo, sin retórica, y en los hechos y en lo práctico se trabaja por alcanzar autonomía y soberanía alimentaria. Uno de sus logros más concretos es que, en esos años, las más de mil comunidades y decenas de organizaciones en 22 estados del país que se reconocen en la Red en Defensa del Maíz han declarado, por la vía de los hechos, una moratoria local, comunitaria, regional, bastante contundente a la invasión del maíz transgénico. Esto logró que, desde múltiples rincones del mundo, su labor sea un ejemplo de resistencia invisible, cotidiana y eficaz.

Durante esos mismos años, el gobierno y las empresas han intentado imponer este maíz genéticamente modificado (GM) con varias estratagemas sucesivas. Como en el sur no les ha salido, se abrió la siembra en el norte, donde años de invasión minera y luego agroindustrial han mermado la memoria de la siembra de maíz nativo; norte que, al igual que todo México, es también centro de origen del maíz. Podemos resumir esos pasos.

1. El ataque de las empresas y el gobierno mexicano ha sido brutal y, sin embargo, no ha logrado aún la invasión transgénica total que buscaron contaminando por lo menos desde 2001, año en que se descubrió el primer caso de transgenes en el maíz nativo de México debido al trasiego de grano no identificado que llegaba de Estados Unidos y que distribuían las tiendas paraestatales del gobierno.

El gobierno mexicano negó todo conocimiento o responsabilidad del asunto, pero las comunidades reconocieron que “pese a las manipulaciones, negativas, evasivas, falsedades seudo científicas, mentiras a medias, eufemismos, justificaciones penosas e intentos de acallarlo, el maíz está genéticamente contaminado en su centro de origen”. Tenemos la certeza de que esta contaminación fue y es una estrategia consciente de las empresas y los funcionarios técnicos y políticos del gobierno mexicano.

2. Luego, desde las instancias del gobierno mexicano se impulsó la idea de que si se contaminaba, pues “al cabo y qué”, que tendríamos que aprender a “coexistir” con los organismos genéticamente modificados. Parecían decir: “Si el centro de origen ya se contaminó, ¿por qué no contaminar los cultivos restantes?” Así, el congreso mexicano (diputados y senadores por igual) aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y varias leyes colaterales, como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, los reglamentos de ambas leyes y una batería completa que configura un verdadero blindaje para obstruir la justicia.

Por lo menos desde 1992, las leyes en México se cocinan para servir de obstáculo concreto a los afanes de justicia de la población. Con este férreo control jurídico legal, quienes hacen leyes orillan a la gente a no tener cabida en la ley y, valga la obviedad, a quedar y a actuar fuera de la ley. Y la fabricación de esas leyes (concordantes con dictados por el TLCAN y los tratados de libre comercio en general, que ni son libres ni se agotan en lo comercial porque en realidad son matrices de gobierno que suplantan la legalidad del país) se enfiló sobre todo a desmantelar derechos colectivos y ámbitos comunes: en primer lugar los territorios, al separar el agua de la tierra e individualizar lo que siempre fue común para promover su privatización; más tarde, buscaron criminalizar el libre intercambio de semillas ancestrales nativas, entre otros horrores.

3. El gobierno le apostó a la confusión. A ella contribuyó el reglamento de la LBOGM en lo tocante al llamado Régimen Especial de Protección al Maíz, que prácticamente desapareció y dejó así una incertidumbre legal que existe aún en torno a si en México existen centros de origen del maíz y sitios donde no hay tales centros, o si todo el país es centro de origen -como lo hemos venido insistiendo muchísimas organizaciones, comunidades, colectivos, investigadores y gente de buena voluntad-.

Que todo México y más sea el centro de origen del maíz para el mundo era y es uno de los fundamentos de la moratoria de facto que funcionó de 1997 a 2009. Y es algo que la Red en Defensa del Maíz seguirá reivindicando.

4. Aprovechando la confusión, el siguiente paso en la estrategia de contaminación del Estado mexicano y las corporaciones fue la instalación de siembras experimentales y piloto en el norte del país de un modo clandestino y en preparación de la ruptura de la moratoria, lo que ocurrió el 6 de marzo de 2009.

5. Con la ruptura de la moratoria se instauró un nuevo paso: de ahí en adelante, las dependencias encargadas comenzaron a otorgar permisos de siembra experimental y siembras piloto en el norte del país con la ley por delante. En paralelo, el gobierno ha venido realizando preparativos para emprender monitoreos a las comunidades en busca de semillas “no certificadas”, “semillas pirata”, lo cual es uno de los signos más ominosos de esta confusión planeada y legalizada.

Hoy, el discurso ha cambiado. Desde el gobierno mexicano se quisieran santificar formas más y más legales para introducir los transgénicos sin que nadie pueda protestar. Y se abren dos escenarios que parecen configurar la nueva estrategia gubernamental.

6. Por un lado alentar, la promoción de leyes estatales que dicen defender el maíz “criollo” de la contaminación mediante el registro, la certificación y la fiscalización de las semillas, los productores y el proceso agrícola.

7. Por el otro, la delimitación de supuestos “centros de origen” únicos en el territorio nacional, abriendo así el espacio para que en el resto del país exista una enorme extensión para promover agricultura industrial y transgénicos.

Ambas estrategias apuntan a lavar la imagen del gobierno e insisten en que son para cuidar del patrimonio genético del país, la multiculturalidad de los pueblos originarios y la diversidad de los maíces, cuando en realidad preparan la erradicación de todo aquello que, en lo tocante a la agricultura, no esté sometido a los controles establecidos por las normas, reglamentos, leyes y reformas constitucionales de un Estado mexicano muy imbricado con grandes corporaciones.

Hace diez años que las comunidades que siembran maíz en sistemas complejos como la milpa insisten en que para defender el maíz hay que sembrarlo; que para defender la libertad de las semillas hay que seguirlas custodiando e intercambiando; que la autonomía más primera es sembrar los propios alimentos, y de ahí la defensa integral del territorio se vuelve posible.

Las empresas buscan quebrar la producción independiente de alimentos como un modo brutal de quebrar la idea de la comunidad, la defensa territorial, la autonomía de los pueblos, para así inundar de monocultivos, paquetes tecnológicos, programas autoritarios de intensificación de cultivos con mecanización y paquetes de agrotóxicos, o invadir de plano buscando acaparar la tierra, el agua o los minerales y la biodiversidad, ambicionando además la mano de obra fragilizada del campesinado para volverlos esclavos en las ciudades o en los proyectos agroindustriales, mientras las corporaciones predan el bosque o especulan vendiendo bonos de aire en las bolsas internacionales de valores.