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Desentierran osamentas de víctimas de la guerra en Guatemala
Cobán, Guatemala/ACAN-EFE
Al menos 74 osamentas, la mayoría con señales de torturas, atadas de las manos y con lazos en el cuello, víctimas de la represión que vivió Guatemala en la década de los ochenta, han sido desenterradas por antropólogos en una antigua base militar en el norte del país.
Las excavaciones se iniciaron el pasado 27 de febrero en la antigua base militar de Cobán, a más de 200 kilómetros al norte de la capital y en donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
En ese lugar, según explicó a Acan-Efe el teniente coronel José Perea, responsable de seguridad de las instalaciones, se entrena a militares para las misiones de paz que las Naciones Unidas tiene en el extranjero, como Haití y la República Democrática del Congo, en las que participa Guatemala.
Miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) buscan en ese sitio las osamentas de más de 200 desaparecidos durante el conflicto armado (1960-1996), que dejó unas 250.000 víctimas.
La directora de la asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Aura Elena Farfán, que impulsa las exhumaciones, explicó a Acan-Efe que hasta ahora se han hallado 74 osamentas en cinco fosas comunes que se han excavado.
La mayoría de osamentas, aseguró, “aún se observan vendadas, con las manos amarradas y con lazos en el cuello”.
Las víctimas, según las investigaciones que ha realizado Famdegua desde 2002, al parecer forman parte de la matanza que se perpetró el 18 de julio de 1982 en Plan de Sánchez, en el municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz, durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt, actualmente investigado por supuesto genocidio y delitos de lesa humanidad.
Farfán señaló que, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes, los indígenas fueron capturados en esa comunidad y llevados a la zona militar de Cobán de donde “nunca salieron”.
El pasado 20 de marzo, un tribunal de alto riesgo condenó a 7.710 años de prisión a cinco ex paramilitares a quienes encontró culpables de la matanza de 256 indígenas en Plan de Sánchez, aunque según la ley, sólo cumplirán la pena máxima de 50 años en la cárcel.
El Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) llevó el miércoles a un grupo de periodistas guatemaltecos y de agencias internacionales, entre ellos Acan-Efe, para documentar detalles de las exhumaciones en la antigua base militar, pero se impidió llegar al área. Perea explicó que al sitio de las excavaciones sólo se puede ingresar con una orden de juez.
El asesor jurídico del Ministerio de Defensa, José Luis Domínguez, por su lado, argumentó que una orden judicial que existe es que en el área sólo pueden estar los antropólogos y fiscales, porque “allí se están investigando hechos ilícitos”.
El coronel Rony Urizar, aclaró hoy a Acan-Efe que no existe ninguna prohibición del ejército para presenciar las exhumaciones y manifestó que el único requisito es que una jueza lo autorice.
“No es que no se quiera dejar entrar (porque) lo menos que se quiere es crear un problema. No hay ningún secreto. Si hay una orden del juez pueden ingresar”, sostuvo Urizar.
Farfán comentó que los familiares de los desaparecidos durante el conflicto tienen el derecho de saber qué ocurre dentro de las instalaciones y que no comprende las razones que argumenta el ejército para impedir el ingreso a los periodistas. “Ya no se puede tapar el sol con un dedo.
En todos los destacamentos militares hay fosas comunes con víctimas de la guerra” y “es cuestión de ellos (del ejército) no dejar entrar a la prensa a las exhumaciones”, afirmó.
El director del Caldh, Juan Francisco Soto, comentó a Acan-Efe que, hasta ahora, la Fiscalía no ha puesto trabas para ingresar a las excavaciones y que con su negativa “el ejército pretende ocultar la verdad”.
Al respecto, Urizar aclaró que los militares están alejados de la zona de las excavaciones y que tienen instrucciones de no interferir en el trabajo que hacen los antropólogos y los fiscales. Las exhumaciones “están de aquí como a 500 metros”, explicó Perea al pie de una montaña donde se ingresa a Creompaz, una basta zona llena de árboles en las que hace 30 años fueron enterrados en fosas comunes decenas de indígenas considerados enemigos del Estado.
