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Barillas, el ataque del Estado-capital contra las comunidades indígenas
Por Sergio Palencia, sociólogo guatemalteco
I.
Guatemala. Barillas es, hoy por hoy, la expresión más clara del enfrentamiento entre la apropiación capitalista en Guatemala y las comunidades campesinas, principalmente indígenas. Esto no quiere decir que sea el único lugar donde se está buscando imponer la forma extractiva del capital (minas, hidroeléctricas). Por el contrario, el territorio en Guatemala está sufriendo un nuevo ataque del capital desde la explotación de la fuerzas de la naturaleza. Cientos de comunidades en Perú, Bolivia, Ecuador, México, Chile y Brasil están en abierta contradicción con este impulso capitalista, con los Estados como parte central en la dominación que se desea imponer, incluso en aquellos que se dicen de izquierda.
Barillas es, en la particularidad de Guatemala, un momento central de la lucha entre el Estado-capital y las comunidades campesinas. El hecho de que haya estallado la primera gran revuelta allí, en el norte de Huehuetenango, más bien es un llamado para prepararnos para lo que posiblemente se puede venir, como un ataque armado estatal o capitalista contra las comunidades q’eqchies de las Verapaces e Izabal, en San José del Golfo-San Pedro Ayampuc, en la región ixil, en San Juan Sacatepequez o en las comunidades de la Costa Sur.
II.
Hay un punto que debe tenerse claro para entender y actuar en esta crisis social: el ataque privado del capital es el que justifica la injerencia del resguardo público del estado. Éste es un círculo vicioso que alimenta la represión social cuando las comunidades campesinas se niegan a la destrucción de sus montañas y ríos y a la nueva oleada de sumisión que les espera si triunfa el capital-estado. Las comunidades de Barillas están sufriendo el hostigamiento silencioso, pero mortal, de los capitales expresados en las compañías hidroeléctricas, ahí donde las fuerzas privadas de seguridad y los vínculos secretos con las fuerzas estatales armadas se hacen uno para someterlas. El asesinato de Andrés Francisco Miguel, campesino opositor al proyecto, provocó la revuelta social contra las personificaciones locales del proyecto, beneficiarios y sustentadores de dicho orden impuesto. El bendito Estado de derecho, del que tanto hablan el CACIF (organización empresarial de Guatemala, n. de la ed.) y los gobernantes estatales, rápidamente se quitó la máscara para dejar descubierta su verdadera cara: el estado de sitio. Lo que teme el Estado no es la muerte de los opositores al capital -después de todo, sus relaciones son una continuidad del mismo-, sino el peligro de que inicie la revuelta que ponga en peligro las relaciones de dominación que son sustentadas a partir de la propiedad privada.
III.
En 1982, la contrainsurgencia atacó a las comunidades indígenas, masacrando cientos de aldeas y persiguiendo a aquellas que resistían en las montañas. En ese entonces la excusa oficial era que dichas comunidades eran rojas, bases de apoyo de la guerrilla y, por lo tanto, extirpables. Si dejamos nuestro análisis en este discurso nos perderemos en entender la guerra como un enfrentamiento unilateral entre guerrilla y ejército, con una población civil deambulando de una fidelidad a la otra. Muy distinto es esto en realidad: 1982 es el ataque de las fuerzas dominantes en Guatemala (finqueros, militares, empresarios) contra la insubordinación de las comunidades indígenas en el Altiplano, así como el gran levantamiento de sindicalistas, estudiantes y cristianos comprometidos. No se masacró a las comunidades por su simpatía con la guerrilla meramente, sino porque estas iniciaban un proceso múltiple para dejar de ser objetos de explotación de los grupos dominantes. Así como en 1877 las leyes de trabajo del régimen liberal eran parte de la expropiación de tierras, esto con el fin de convertir las comunidades en mozas nacionales para la Finca, en 1970 el proyecto de la Franja Transversal del Norte fue el preámbulo del ataque estatal a las comunidades en el norte de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. Las comunidades indígenas, desde distintos procesos, se negaron a la subordinación finquera y a la destrucción petrolera y minera. Esto no lo soportó el Estado, que entre 1975 y 1978 secuestró a los líderes comunitarios y desde 1978 hasta 1982 fue intensificando su ataque hasta convertirse en el mayor plan contrainsurgente de América Latina. Uno de esos planes de campaña se llamó Fuerza de Tarea Gumarcaj, el cual fue liderado en Nebaj por un tal Comandante Tito, hoy conocido como el señor presidente Pérez Molina.
IV.
El estado de sitio es la verdadera cara del Estado de derecho. La aparente neutralidad con la que se describe al Estado como garante del bienestar social y del orden público se cae. El capital, personificado en el empresario, accionista, emprendedor, por mucho que se presente a sí mismo como una moralidad neutral que prescribe recetas para el desarrollo social, en realidad es parte del movimiento autoritario para imponer la disciplina. El hecho de que sean los generales y soldados quienes carguen las armas que apuntan a las comunidades indígenas no debe hacernos olvidar, ni por un momento, que en la mira de los galiles (fusiles de asalto) está apuntando también el capital, personificado en universidades liberales y en organizaciones que cuidan los intereses de la dominación de clase. El día 10 de mayo, miembros del CACIF advirtieron de los peligros que generan los incidentes como los de Barillas, San Juan Sacatepequez y San José del Golfo, temiendo que se empañe la competitividad de Guatemala y temiendo el peligro de que las migajas del empleo asalariado se vayan a otro país con más pobreza y obligado a la sumisión para sobrevivir. Luego, es central remarcar que el Estado es consustancial al capital; sus relaciones de representatividad, de democracia de masas, de derechos constitucionales sólo se pueden mantener desde el fetiche de la propiedad privada, del trabajo asalariado como normalidad y de la vida humana y la naturaleza como medios para la apropiación de plusvalía social.
V.
Concretamente, ¿a qué nos estamos enfrentando en este nuevo ataque frontal del Estado contra las comunidades campesinas? La experiencia histórica que hemos tenido en Guatemala nos enseña hasta qué punto están enfermos el Estado, los empresarios y finqueros. Responden con una violencia y rabia incrustada desde la Colonia en sus relaciones sociales, temen en lo más profundo una revuelta indígena y la caída de sus privilegios estamentales-señoriales. El ejército es, por excelencia, la institución desde la cual se ha conformado el Estado en Guatemala. En dicha forma se sintetizan los temores racistas del ladino propietario, dependiente de las directrices señoriales que aún dictan las familias criollas y extranjeras en Guatemala, siempre justificando la muerte de los sin tierra, de los indios, de los pobres, como un deber moral civilizador en pos del progreso -que tanto le agradaba al finquero Rufino Barrios- y del orden jerárquico de la sociedad, heredado del pensamiento ubiquista. El año de 1982 nos debe recordar que el Estado guatemalteco se ha conformado desde la centralización del dominio, desde la violencia organizada -al mejor estilo de Sandoval Alarcón- que se concentra para devastar las continuas revueltas campesinas en diversos lugares de Guatemala. De hecho, octubre de 1981 es la última fecha en que la concentración de las fuerzas contrainsurgentes se expresa como fuerzas de tarea que van, aldea por aldea, destruyendo la rebelión. Esto debe tomarse en cuenta, ya que la fortaleza del Estado en Guatemala es que cerca y militariza los focos rebeldes, sea con destacamentos que destruyen el tejido social e inician series de secuestros, cateos, intimidaciones, sea con violencia abierta, tal como la que cobró la vida de los campesinos qeqchies en los desalojos del año pasado. De seguir así la situación, es muy probable que el Estado siga actuando como lo ha hecho en los últimos trescientos años: concentración de fuerzas regionales en localidades rebeldes, secuestros e intimidación, desapariciones y silencio de los medios de comunicación, excusa del enemigo externo o del financiamiento con intereses disociadores. Si es así, es muy probable que de Barillas se establezca un estado de sitio permanente, restableciendo el discurso pero apoyando técnicamente a la Hidroeléctrica con inteligencia militar, recursos y personal bélico. Algo similar podría suceder en San José del Golfo-San Pedro Ayampuc, Cotzal y todo el valle del Polochic. Ahí, donde el capital está viendo una manera de afrontar la crisis de la caída de la tasa de ganancia, adelante y detrás van los destacamentos, las brigadas, los convoyes militares.
VI.
El dilema es realmente duro. Si el Estado-capital logra imponer este nuevo ciclo de apropiación-explotación capitalista, es seguro que la muerte llegue en forma de hambre, desalojo y miseria para los sobrevivientes. El enfrentamiento a esta fuerza social del capital puede provocar, una vez más, el ataque militar contra las comunidades indígenas. Excusas para apuntar las armas contra los campesinos siempre existen, desde que están siendo manipulados por elementos desestabilizadores hasta considerarlos una amenaza al statu quo. Debemos, a pesar de los peligros, plantearnos ciertas preguntas: ¿cómo luchar contra esta nueva imposición del capital, que expropiará tierras y destruirá la naturaleza? ¿Cómo organizarnos para que la información se sepa y no estemos atados a los medios de comunicación oficiales, aquellos que están acostumbrados a imprimir la continuidad de sus negocios con la sangre no denunciada de los desaparecidos y torturados por el Estado? ¿Cómo articular la rebeldía social de las regiones para que se convierta en acciones que impidan este nuevo ataque social?
Puede ser que para enfrentar esta gran amenaza se busque utilizar los mismos medios del Estado, tales como traer a colación la violación de los derechos constitucionales, el derecho a la consulta comunitaria, la crítica a la militarización de la sociedad civil, entre otros argumentos. Claro que sirven como momentos para mostrar la hipocresía y la violencia del Estado y su continuidad con la expropiación capitalista. Pero también es necesario tener claro algo distinto. La denuncia desde el mismo discurso del Estado y sus instituciones se acaba cuando éste ataca, masacra, desaloja. Si a veces sirvió la denuncia de los derechos humanos, es necesario recordar que estamos parados frente al histórico poder terrorista del Estado guatemalteco, aquel al que no le importó quemar la embajada de España en 1980, aquel que cercó el Altiplano en 1982 para masacrarlo mientras se preparaba para regresar a la institucionalidad y la democracia. Si el ataque prosigue, es necesario que nuestro mismo horizonte y denuncia sea otro, una crítica certera a la propiedad privada, una intensificación de la autonomía regional, una organización social de la rebeldía que se prepare para el enfrentamiento, el cual ya ha empezado. ¿Estamos y estaremos preparados para que no se repita el exterminio de 1982 y, al mismo tiempo, para evitar este despojo inmenso que amenaza con destruir las comunidades?
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