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GESTIÓN DE RESIDUOS EN GIPUZKOA
Gipuzkoa diseña una solución a los residuos a mitad de precio
La Diputación de Bildu presenta un nuevo sistema basado en su reciclaje, compostaje y depósito en espacios degradados, cuyo coste se cifra en 200 millones menos que el de la incineradora
Imanol INTZIARTE | DONOSTIA
La Diputación de Gipuzkoa hizo ayer pública su propuesta para la gestión de los residuos, un documento de casi 80 páginas titulado «Estrategia de desarrollo del documento de progreso 2008-2016». El diputado foral de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, compareció en sesión informativa en las Juntas Generales acompañado por cuatro de los cinco expertos que han redactado este plan: Martin Steiner, Laia Valenzuela, Frederic Puig y Joan Marc Simón.
El objetivo de esta iniciativa es readecuar el plan anterior teniendo en cuenta los cambios acaecidos en los planos social, legal y económico. Por ejemplo, Valenzuela expuso que el documento preveía un incremento en la generación de residuos hasta el año 2016, cuando está ocurriendo lo contrario.
Como primera premisa, subrayó que «es necesario incrementar la recogida orgánica, ya que estamos a niveles muy bajos, muy lejos de estándares europeos». Actualmente, el orgánico solo se recoge de manera selectiva con el puerta a puerta o el quinto contenedor, si bien este último sistema queda a voluntad de los usuarios. El objetivo del nuevo plan es alcanzar el 60% en 2016 y el 75% en 2020.
En ese camino, los expertos abogan por un modelo «flexible», de tal manera que las infraestructuras construidas para la situación actual se puedan adaptar al ritmo que se vaya reduciendo la fracción resto y se eleven las tasas de recuperación. Son instalaciones por módulos que se pueden ir modificando en función de las necesidades del momento.
En lo referente al compostaje, se construirían seis nuevas plantas, una por mancomunidad, excepto en Debabarrena y Urola Erdia, que compartirían instalación. Estas se sumarían a la actual planta de Lapatx.
Además, en Zubieta se edificaría una planta de digestión anaeróbica (biometanización). Este sistema consiste en la descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, obteniendo biogás, que puede utilizarse para producir energía eléctrica -el austriaco Martin Steiner aseguró que alcanzará el mismo potencial que la incineradora-, y digesto de materia orgánica, que posteriormente ha de ser compostado.
La fracción resto y el TMB
En cuanto al tratamiento de la fracción resto, se plantean tres plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB) -una grande en Zubieta y dos más pequeñas en Sasieta (Beasain) y Urola Erdia-, cuyo objetivo es «maximizar la recuperación de materiales reciclables y la estabilización biológica del residuo primario».
«A pesar de ello -se especifica en el informe- el rendimiento ofrecido por estas plantas es muy inferior al que se obtiene mediante el incremento de la recogida selectiva. La mejor tecnología existente son las personas, y por mucha tecnología que se incluya nunca se conseguirán los resultados obtenidos mediante sistemas de recogida selectiva eficientes».
Eso se consigue, añade, con «un sistema obligatorio de responsabilización del generador que maximice la recogida selectiva y la calidad de fracciones recogidas, mediante sistemas de recogida puerta a puerta en la mayoría de los municipios del territorio. Tratar la fracción resto es una solución transitoria para evitar verter residuos primarios», puntualizó.
Martin Steiner subrayó que en Europa cada vez está más extendido el concepto de pagar en función de la cantidad de residuos que se generen y que la recogida selectiva resulta mucho más barata.
El conjunto de infraestructuras se completaría con una planta de tratamiento de envases ligeros -a sumar a las de Urnieta y Legazpi- y un centro de investigación y estudio de la fracción resto. Ambos edificios se construirían también en Zubieta, que sería el centro de una red que se extendería por todo el herrialde, en una apuesta por la proximidad que reduzca los costes de transporte y las emisiones de CO2.
Tratada la fracción resto, los residuos estarán estabilizados biológicamente -residuos inertes-, viendo además reducido su tamaño considerablemente. El proyecto plantea que sean embalados para su posterior utilización como «relleno» para la restauración de espacios degradados -como por ejemplo canteras en desuso-, que una vez completados se recubren para recuperar el paisaje original. Experiencias similares existen en lugares como el Trentino (Italia) o Catalunya.
Casi doscientos millones
En el aspecto económico, la propuesta requiere de una inversión de 182.675.000 euros, frente a los 380 millones para el programa que contempla la incineración. «La inversión tiene la peculiaridad de estar más diferida en el tiempo, sobre todo en lo relativo al capítulo de recuperación de espacios degradados. Teniendo en cuenta estas consideraciones, las necesidades de financiación van a verse reducidas drásticamente, con lo que la presente estrategia contribuirá a la reducción de endeudamiento del conjunto de las administraciones y organismos públicos», añade el texto.
Laia Valenzuela comentó que la incineradora es una planta de flujo constante que necesita ser alimentada de continuo para no convertirse en una infraestructura sobredimensionada que necesitaría importar residuos.
El proyecto de la Diputación generaría unos 120 puestos de empleo directos, repartidos por las diferentes comarcas de Gipuzkoa. Además, que esté diseminado supone, a juicio de los expertos, que la ciudadanía conozca más de cerca el proceso.
Sobre «eufemismos» y otras batallas por las competencias
La jornada ya arrancó con sorpresa cuando se conoció que ningún representante del PSE acudiría a la presentación del plan, al considerar que este acto era «poco respetuoso con el régimen de funcionamiento de las Juntas Generales». Eso en cuanto a las formas, porque respecto al fondo del proyecto Denis Itxaso, secretario de Medio Ambiente del PSE, lo tildó de «infantiloide y ruinoso para Gipuzkoa», pese a que el informe habla de 200 millones de euros menos en inversiones.
Itxaso añadió que este plan «nos condena al sistema de vertederos, precisamente el único sistema que Europa quiere eliminar». La palabra «vertedero» fue también esgrimida por el juntero del PNV Xabier Ezeizabarrena, quien criticó el empleo de «eufemismos», en referencia al uso de la expresión «depósito controlado» en el informe.
Joan Marc Simón, experto en legislación europea y director de Zero Waste Europe, subrayó que no tienen nada que ver los vertederos tradicionales con los de inertes y que este tipo de depósitos «es lo que se está utilizando en Europa». Martin Steiner apostilló que, independientemente del término que se quiera emplear, «no hay ningún tratamiento que no utilice un vertedero, un depósito» y remarcó que defender lo contrario «no es que sea un eufemismo, es que no es realista».
El propio diputado foral de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, reclamó que no se hagan «trampas al solitario», ya que «parece que la incineradora no produce nada». En el aspecto técnico del documento, los partidos de la oposición no fueron más lejos, ya que tampoco habían tenido tiempo de analizarlo.
Pero realmente la batalla es otra. PSE, PNV y PP quieren someter este programa de desarrollo a una votación en las Juntas, donde cuentan con mayoría. Para ello esgrimen que se trata de un cambio en la norma foral y que por tanto necesita el respaldo de la Cámara. El Gobierno foral argumenta que no es una nueva norma, sino una adecuación de la ya existente, por lo que no necesita dicho refrendo. Bildu trata además de trasladar la decisión final al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), donde cuenta con una amplia mayoría. Lo mismo sucede en las mancomunidades -exceptuando Txingudi- y en la mayoría de los ayuntamientos.
Ezeizabarrena habló de «fraude» a las Juntas, mientras que Juan Carlos Cano (PP) habló de «tomadura de pelo» y reiteró la invitación a PNV y PSE a sumarse a su propuesta de moción de censura contra Alduntzin. Preguntado el pasado viernes al respecto, el diputado foral subrayó que este asunto no le preocupa «ni a nivel personal ni político», ya que él es el encargado de desarrollar una política fijada por el Gobierno y cuyo contenido «es lo importante». En aquella comparecencia, Alduntzin comentó que «no es un problema de quién tiene más votos, sino de que existen distintas competencias y debe haber un acuerdo». El próximo miércoles, día 13, está citada la comisión de Medio Ambiente para un debate monográfico sobre este documento. Por ahora el acuerdo se antoja complicado. I.I.
