Se extiende huelga minera en España ante los fuertes recortes, lo que se agudiza ante el millonario apoyo a los bancos


Afp y de la Redacción

Periódico La Jornada
Domingo 10 de junio de 2012, p. 4

Santa Cruz del Sil, España, 9 de junio. En una galería subterránea, siete mineros cubiertos de hollín juegan a las cartas e intentan conservar el buen humor, pese a que en 20 días de encierro no han logrado convencer al gobierno español de mantener las ayudas al carbón en estos tiempos de crisis.

“Nos quedaremos aquí hasta que tengamos una solución”, aseguró a la agencia noticiosa Afp Alfredo González, de 45 años. “Estamos decididos a seguir luchando”, agrega. “Si esto no se arregla saldremos con los pies por delante”, advirtió José Antonio Pérez, de 40 años.

Entre sus medidas de austeridad, el gobierno de Mariano Rajoy –que este sábado aceptó asumir obligaciones por 100 mil millones de euros para el rescate del sistema bancario español– decidió este año recortar en 64 por ciento las ayudas al carbón español que, más caro que el importado, necesita subsidios.

Los sindicatos mineros aseguran que esta reducción de recursos empujará al cierre de los centros de labor y a la pérdida de unos 30 mil puestos de trabajo en zonas de España, principalmente en el norte, donde el carbón es el único recurso.

Por eso hace tres semanas emprendieron una huelga, y este grupo de mineros decidió encerrarse en el pozo de Santa Cruz del Sil. Otros ocho hombres están actualmente encerrados en otras dos minas del país.

Bajo tierra, para protegerse del frío y la humedad, los mineros, que al principio eran ocho, cerraron con maderas un espacio de unos 40 metros cuadrados en una galería a 3 mil metros de la entrada y más de 800 de profundidad. Llevan casi tres semanas bajo tierra.

Les cuesta aceptar que el gobierno de Rajoy escatime 190 millones de euros a la minería cuando se dispone a ayudar a los bancos con decenas de miles de millones.

Causa del conflicto y represión

El conflicto estalló a consecuencia de la reducción de 64 por ciento de las partidas para la minería respecto al presupuesto acordado para este año, que pasará de 703 a 253 millones de euros.

Las protestas de los mineros se han intensificado en varias zonas del país. El pasado 31 de mayo la huelga se tornó en indefinida ante la intransigencia oficial. Ese día llegó un grupo de mineros a Madrid, donde fueron reprimidos por la policía con duras cargas y balas de goma. Esta actuación policial crispó aún más la protesta de los trabajadores en defensa del trabajo.

A la protesta de los mineros en Asturias se han sumando otros sectores, como los de transportistas, maestros y del sector naval del Ferrol, que han emprendido huelgas y movilizaciones que incluyen cortes de carreteras y quema de llantas.

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de España y la Unión General de Trabajadores (UGT) convocaron para el próximo 18 de junio una huelga general, en todo tipo de actividad en las cuencas mineras de Castilla (centro-sur), Aragón (noreste), León y Asturias (noroeste).

El secretario general de CCOO, Antonio Pino, recién expresó que “el gobierno no nos deja otra salida”.

Con la medida el sector intensificará las movilizaciones en la minería del carbón, que protestan desde el pasado 23 de mayo, en rechazo a los recortes aplicados por el gobierno de Rajoy.

El llamado a paro está acompañado de protestas y movilizaciones en todo el país, debido a que los trabajadores realizan concentraciones y cortes de rutas en las regiones autonómicas españolas.

Ante la falta de disposición del gobierno para resolver el conflicto, los manifestantes amenazan con agravar las protestas, lo que agudizaría la situación política y social.

Las luchas sociales de los mineros asturianos han sido emblemáticas en la historia de España. La primera gran huelga nacional durante el régimen de Francisco Franco fue la huelga minera de Asturias de 1962, que empezó en esa localidad para convertirse en una huelga minera nacional que significó, además de la mejora de las condiciones económicas del sector, la participación real de los trabajadores en las decisiones del sector.