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Los agravios a los derechos de los pueblos en Guerrero
Posted By Arthur On junio 24, 2012 @ 12:55 In Geografía,Guerrero,México,Reportajes,Reportajes México | No Comments
Desinformémonos
Tlapa, Guerrero. La histórica explotación de caciques, la actual corrupción de todos los niveles de gobierno y los constantes ataques del crimen organizado, no han sido un obstáculo para que las comunidades nahuas, me’phaa, nasavi y nn’ancue de la Montaña y Costa Chica de Guerrero se organicen y libren una lucha constante por sus derechos humanos.
Guerrero es uno de los estados de México que cuenta con mayores riquezas naturales: ocupa el cuarto lugar en biodiversidad, es cuna de importantes ríos y posee diversos climas en su territorio. Paradójicamente, es parte del triángulo de la pobreza extrema en el país (Oaxaca, Chiapas y Guerrero) y sus recursos naturales han sido avasallados por poderes caciquiles y empresas transnacionales.
De los poco más de tres millones de habitantes del estado, el 17 por ciento son indígenas, que se concentran sobre todo en las regiones de la Montaña y Costa Chica. Ahí se encuentran comunidades nahuas, me’phaa, nasavi y nn’ancue, fundamentalmente. Coincidentemente, son también esas las zonas más marginadas en el estado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Metlatónoc, en la Montaña, es el municipio más pobre del país, con niveles de desarrollo similares al África Subsahariana. La Montaña cuenta con 17 municipios, de los cuales 11 están en pobreza extrema. Las mayores riquezas –animales, forestales, minerales, reservas de agua– se encuentran en los territorios indígenas, justo donde también se concentran las mayores injusticias sociales.
Históricamente, los pueblos de Guerrero se han levantado contra la explotación de sus personas y sus territorios, realizada sobre todo por caciques locales, aunque actualmente, las empresas transnacionales se han unido a estos históricos sujetos expoliadores.
El poder de los caciques locales no es solamente económico sino también político. Controlan tanto los poderes ejecutivos – presidencias -, como el aparato de justicia – particularmente, jueces, ministerios públicos y policía ministerial-, que utilizan para castigar a quienes osan protestar. Es en Guerrero donde, a partir de la represión a luchas sociales pacíficas, surgen importantes guerrillas como el Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas; y es aquí también donde se concentró el mayor número de desapariciones forzadas durante el periodo de la guerra sucia, fenómeno que continúa vigente.
Es así como la defensa de los derechos humanos, particularmente los derechos colectivos de los pueblos, es protagonista de las luchas sociales más importantes. Los agravios a los derechos de los pueblos se relacionan directamente con sus posibilidades de supervivencia.
La muerte de quienes dan vida
Juana Espinoza, me’phaa nacida en Tlacoxochapa, emigró a los 12 años para emplearse como jornalera en el norte del país. A los 24 años regresó a su pueblo con su marido y sus dos hijos; iba embarazada del tercero. Debido a que sufrieron un accidente en el camino, ella acudió a la Casa de Salud de la comunidad para que la revisaran, porque su embarazo estaba muy avanzado. El médico no la recibió porque “estaba muy ocupado”. Su hermana Anairis refiere que ya no quiso regresar porque “se puso triste de que no la atendieran en su propio pueblo”.
Un mes después, auxiliada por una partera, dio a luz una niña. El médico no se encontraba en la comunidad y posteriormente se negó a hacerle una visita a Juana. Por la noche, Juana comenzó a sufrir de dolores de cabeza y estómago. El médico se negó nuevamente a atender a la enferma y alegó que su estado era normal. Al día siguiente recibieron la misma negativa. Hasta que Juana comenzó a convulsionar fue que el médico accedió a ir a revisarla. Les dijo que debían trasladarla al Centro de Salud de Acatepec porque estaba grave, pero se negó a prestar su vehículo para el traslado por las malas condiciones del camino.
Por la gravedad de su estado, de Acatepec fue enviada a Tlapa, a tres horas de camino. En Tlapa estuvo ingresada un día pero, con el mismo argumento de su delicado estado de salud, la enviaron a la ciudad de Acapulco. En esa ciudad fue rechazada del Hospital General por falta de camas y por carecer de documentos que probaran su residencia. La trasladaron a un Centro de Salud a las afueras de la ciudad, pero ahí también se negaron a recibirla y murió en el estacionamiento, dentro de la ambulancia.
Refiere el informe del centro de derechos humanos Tlachinollan que los médicos culparon al padre de Juana: “Eso te pasa por no llevar a tu hija al hospital a tiempo, para qué contrataste una partera, ya ves, eso te pasa por no ir al médico”.
El caso de Juana no es extraordinario en esta zona. El derecho al acceso a la salud “nunca se nos hace valer”, acusa Martha Ramírez, estudiante me’phaa. Menciona que a Juana no la recibieron en los hospitales por ser indígena. “Causa mucha impotencia ver la muerte por cosas muy simples como diarrea, tos, un piquete de animal venenoso”.
El 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal y equipamientos. Hay un solo hospital general para atender a más de 300 mil personas de la Montaña, con 3 ginecólogos, dos anestesistas y un pediatra; 6 hospitales básicos comunitarios sin especialistas ni equipamientos básicos; y 166 unidades de salud que muchas veces no cuentan ni siquiera con médico general.
En México, mueren 28 niños por cada mil nacidos vivos; en algunos municipios de la Montaña, mueren 89. En todo el país, mueren en promedio 51 mujeres por cada 100 mil recién nacidos; en Guerrero, en el caso de las indígenas la cifra se eleva a 281. Y mientras en México un ginecólogo debe atender a 2 mil 500 mujeres en edad fértil, en la Montaña debe atender a casi 18 mil.
Se han sumado otros factores a las condiciones que vulneran la salud de los indígenas guerrerenses. Es el caso de Carrizalillo, población que rentó sus tierras a la empresa minera canadiense Gold Corp México para la extracción de oro a cielo abierto. En cinco años, los habitantes se dieron cuenta de que no había dinero que les restituyera la salud que les robó la contaminación minera: enfermedades de piel, auditivas, de la vista, partos prematuros, niños con discapacidad.
A pesar de estas condiciones, la voluntad de exigir el derecho a la salud está presente. El padre de Juana interpuso una queja por la falta de atención, aunque es presionado para que desista ante el temor de la población de quedarse sin médico; los habitantes de Carrizalillo están haciendo estudios para hacer un expediente y exigir la reparación y la comunidad Mini Numa, donde la casa de salud estuvo cerrada más de un año, consiguió, después de un largo proceso jurídico, que hubiera personal y un cuadro mínimo de medicamentos en la casa de salud.
Sin embargo, las malas condiciones de los caminos, la falta de alimentación adecuada y una vivienda en condiciones precarias son otros de los factores que abonan a la falta de salud, entendida ésta como el bienestar físico, sicológico y social. Como ejemplo, basta mencionar que el 97 por ciento de las viviendas en la Montaña no cuentan con drenaje, y el 40 por ciento tiene piso de tierra. Y como una necesidad fundamental para la salud, está el tema del agua.
La falta de agua en los pueblos de la lluvia
Tlachinollan señala: “Paradójicamente, en este territorio boscoso abundante en agua y recursos naturales, 54 por ciento de las familias me’phaa y nasavi carecen de acceso a las redes de agua entubada, y el 75 por ciento no cuenta con servicios de saneamiento. Son constantes enfermedades como la deshidratación, la diarrea, las infecciones gastrointestinales, el dengue, la sarna o el tracoma, todas ellas causadas por la falta de agua e infraestructura de saneamiento”.
En Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec, comenzó a escasear el líquido en 2009. Los habitantes lo achacaron a la explotación forestal que realizaba una empresa, lo que fue confirmado posteriormente con estudios. Ante la denuncia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se limitó a emitir medidas parciales a la empresa, aunque después ordenase la suspensión de actividades por cuatro años.
En la zona conocida como los Cinco Pueblos de Tecuanapa, los pobladores sufrían por la escasez y la contaminación de su fuente de agua más cercana; 25 años atrás, el presidente municipal “quitó el agua que teníamos”, recuerda Teodomira Rosales. La fuente de agua era controlada por caciques locales. Así, debieron usar el río, que está contaminado por haces de cerdo y drenaje de otras comunidades. Debido al uso del líquido contaminado para su aseo y consumo, comenzaron a enfermarse. Decidieron entonces organizarse, al igual que otras comunidades lo han hecho, con ayuda de diferentes organizaciones civiles.
Los habitantes de Ojo de Agua, con ayuda de Tlachinollan, desarrollan ahora un proceso de planeación territorial en forma participativa; su objetivo es resolver su problema del agua y el cuidado de sus bosques, como problemas relacionados. De la misma manera, los nasavi de Llano de las Flores llevan a cabo un proceso integral en el que tomaron acuerdo de negarse a la explotación forestal y minera; también, como parte de este proyecto de mejora de vida, realizaron estudios y obras para surtirse del líquido, disponer de instalaciones sanitarias adecuadas y preservar su territorio. Los habitantes de los Cinco Pueblos, tras luchas contra el gobierno, los caciques y los pobladores de otras comunidades que no querían compartir el recurso, han logrado instalaciones mínimas para tener agua y piensan ya en una planta tratadora y en la reforestación.
El cuidado del ambiente ha sido un eje de trabajo para diversas organizaciones del estado. La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP) ha llevado un trabajo en el que incluso “hemos convencido a los ganaderos que antes estaban en contra de nosotros” de reforestar. También, informan, han logrado que con el cuidado y recuperación de las tierras regresen animales como el jaguar y diversas especies de aves. Esto ha tenido un costo alto para la organización: cuentan en su haber con presos de conciencia, como Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, con asesinatos de sus miembros y con desapariciones forzadas. Las más recientes son las de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ocurridas el 7 de diciembre de 2011.
Los megaproyectos son la amenaza más reciente al territorio y los derechos de los pueblos. Además de las mineras a cielo abierto, que contaminan las fuentes de agua con cianuro, está el uso de los ríos para construir presas para generar energía eléctrica. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) se mantiene alerta porque, aunque se anunció la suspensión de la obra, no se ha cancelado el proyecto. El CECOP está consciente de que, además de la pérdida de su modo de vida y sus tierras, la presa traería contaminación del agua y enfermedades.
Los derechos vulnerados a los pueblos también están en el ámbito de la educación y, sobre todo, en su defensa misma.
Los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, escuela de formación de profesores rurales de corte social, deben luchar cada año contra la reducción de presupuesto y el abandono al que los somete un gobierno para el que no son funcionales estos futuros profesores, hijos de campesinos pobres. El año pasado, dos estudiantes fueron ejecutados extrajudicialmente en un operativo conjunto de policías federal, estatal, ministerial y del ejército. Además, se comprobó la tortura a decenas de estudiantes, así como detenciones arbitrarias.
En una zona donde el analfabetismo llega a rozar el 90 por ciento, sobre todo en el caso de las mujeres, la defensa de una educación rural apropiada a la cultura indígenas es el eje de lucha de estos estudiantes y de los profesores agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que se empeñan en construir junto a las comunidades un nuevo modelo educativo.
Mención aparte merece la militarización del estado, y para muestra está el mapa elaborado por el centro de derechos humanos Tlachinollan que muestra la coincidencia entre los lugares donde se reportan mayores violaciones a los derechos humanos y los lugares donde hay instalaciones o constantes patrullajes militares. Muy sonado ha sido el caso de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, que después de años de lucha jurídica han logrado sentencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado mexicano para que reconozca y repare el daño causado por la violación sexual a la que fueron sometidas por miembros del ejército y por la falta de procuración de justicia.
La larga historia de masacres y represión contra quienes exigen, defienden y ejercen sus derechos no amilana a estos indígenas ni a las organizaciones que los acompañan. Sentenció una joven indígena durante el aniversario de Tlachinollan: “para poder defender sus derechos, los pueblos deben organizarse primero”.
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