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INDIGENAS REAGRUPADOS
El Heraldo
Tres sectores o ramas indígenas se han reagrupado para cumplir objetivos comunes. La Conaie, la Feine y la Fenocin han logrado acuerdos políticos en torno a tres temas concretos y que son comunes a la población indígena, conforme el anuncio oficial dado a conocer públicamente.
La Ley de Aguas y Tierra, la Consulta prelegislativa y la amnistía para todos los indígenas que se encuentran perseguidos y encarcelados bajo la configuración de terrorismo forman la plataforma de lucha de este sector poblacional de Ecuador. La Ley de Aguas y Tierra se encuentra en la Asamblea Nacional, desde hace unos dos años sin tratamiento, por lo que es necesario que se la discuta con seriedad y sin prejuicios, tomando en cuenta que pertenece al Estado y no a sector alguno en particular.
Todo el proceso para tratar esta importante Le de la República debe tomar en cuenta las concesiones legítimas realizadas con procesos legales y ante autoridades competentes, tanto en el caso de agua potable como en el de riego. No se puede ni se debe alterar las realidades existentes en lo que respecta al riego de tierras, a fin de no provocar a la población campesina que requiere más agua sin alterar los horarios establecidos.
La consulta prelegislativa debe tener efectos vinculantes, de lo contrario sería un simple saludo a la bandera sin trascendencia algún. En cuanto a la amnistía es indispensable que se siente el principio de lo que es el terrorismo, a fin de evitar equivocadas interpretaciones y antojadizas conclusiones.
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Radio Sucre:
FENOCIN, FEINE y CONAIE se unen para impulsar revolución
agraria
En los próximos días convocarán a todas las organizaciones, juntas y comunidades indígenas a un gran Congreso Nacional de tierras y territorios.
Los presidentes de la FENOCIN, Luis Andrango, de la FEINE, Manuel Chugchilán, y de la CONAIE, Humberto Cholango, anunciaron la unidad de estas organizaciones históricas del movimiento indígena para exigir aprobación de las leyes de Tierra y Agua.
Indicaron que la implementación de las normativas conlleven a una verdadera revolución agraria.
“Hoy queremos anunciar al pueblo ecuatoriano del proceso de unidad del movimiento indígena y campesino, , por el debate y la aprobación de una Ley de Tierras y Territorios, por una Ley de Aguas que promueva el mandato constitucional de que el Ecuador se encamina hacia la construcción de la soberanía alimentaria”, dijo Andrango.
Mostró preocupación, debido a que afirma “ no hay seriedad en la Asamblea pues aun no decida cuando aprobar las leyes mencionadas, y sólo se continúe cambiado la metodología de tratamiento de la normativa.
Indicó que en las próximas semanas va convocar a todas las comunidades, juntas de aguas, barrios populares, organizaciones a un gran Congreso Nacional de tierras y territorios.
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Adital:
Los temas en debate
La soberanía alimentaria constituye un elemento fundamental para la vigencia del Sumak Kausay, o Buen Vivir, como modelo de vida, concepción indígena que plantea la construcción de sistemas sociales basados en la reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza.
Así lo comprenden las principales organizaciones indígenas y campesinas ecuatorianas, como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), cercana al gobierno nacional, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que junto a otras organizaciones más pequeñas buscan unir fuerzas para buscar la aprobación de leyes que garanticen una alimentación segura, sana y permanente.
Un primer triunfo de las organizaciones de base se dio al lograr incorporar en la actual Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008, artículos relacionados tanto con el derecho a la alimentación como con la soberanía alimentaria.
En este sentido, el artículo 13 de la Constitución ecuatoriana establece: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”, y específicamente sobre la soberanía alimentaria, el artículo 281 afirma: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”.
Para hacer efectivos estos artículos, la Constitución define la responsabilidad del Estado en el diseño de políticas de producción, fiscales, tecnológicas, provisión y uso de semillas, bioseguridad, entre otras.
Luego de que la nueva Constitución entrara en vigencia, las organizaciones indígenas y campesinas decidieron emprender una campaña conjunta para buscar la aprobación de diferentes leyes que aseguren la soberanía alimentaria. Así, a inicios de febrero del 2010, unas 75 organizaciones de base indígenas y campesinas acordaron declarar a ese año como “Año de la Movilización Nacional por la Soberanía Alimentaria”.
Por una agricultura familiar y comunitaria
La preocupación de las organizaciones se centraba principalmente sobre la falta de acuerdos en la Asamblea Nacional para aprobar una Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria que defina temas como desarrollo agrario, semillas, agricultura local, prohibición de transgénicos, entre otros, y que necesariamente deben ser complementadas con una Ley de Aguas, que debe regular el acceso al agua en igualdad de condiciones, priorizando el consumo humano y la agricultura. Los proyectos de estas leyes habían sido diseñados en el interior de la Asamblea Nacional en el 2009, sin consultar a los sectores sociales involucrados lo cual provocó la movilización indígena de setiembre de ese año y la muerte del profesor shuar Bosco Wisuma.
Un punto de desacuerdo con el proyecto de Ley de Aguas es sobre la administración de los caudales de agua, ya que el gobierno desea instaurar un organismo gubernamental, desconociendo a las históricas “juntas de agua”, en donde participan las comunidades, y con una Ley de Tierras que busca la redistribución de las tierras y la eliminación de los latifundios.
La convocatoria a la campaña denunció la tendencia de los gobiernos neoliberales a favorecer los agronegocios, el monocultivo, la prioridad de la producción agraria para la exportación (productos exóticos, como flores, fresas, uvillas, brócoli, entre otros), para lo cual los empresarios buscan acaparar tierras productivas y fuentes de agua. En contraposición, hicieron un llamado para promover la agroecología sostenible, que recupere las prácticas ancestrales y que promueva un comercio solidario.
Uno de los puntos más fuertes de la campaña fue el llamado a recuperar la agricultura familiar y comunitaria, pues esa forma de producción ha permitido la sobrevivencia de los pueblos indígenas, pese a la presión del mundo occidental.
“Basta analizar el cómo se sostuvo la última marcha indígena para saber que las comunidades son las que pueden alimentar a su gente de manera autónoma”, sostiene Gloria Chicaiza, activista de Acción Ecológica, principal organización ambientalista del país, en referencia a la movilización realizada en marzo pasado en defensa del agua.
Chicaiza resalta cómo en todas las movilizaciones indígenas, cada una de las comunidades se encargan de alimentar y sostener a sus propias delegaciones, descentralizando completamente la responsabilidad logística de la movilización general.
“Una práctica similar puede garantizar la alimentación no sólo de las comunidades, sino de las ciudades circundantes”, afirma Chicaiza.
Leyes estancadas
Pese a la importancia de la convocatoria y al involucramiento en ella de organizaciones simpatizantes del gobierno —como la FENOCIN, la Federación Nacional de Asalariados Agroindustriales y Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE) y la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA)—, ni los funcionarios gubernamentales ni el propio presidente Rafael Correa acogieron las propuestas, y las leyes reclamadas aún siguen esperando turno en la Asamblea Nacional.
“Garantizar un régimen de soberanía alimentaria implica la aprobación de leyes relacionadas a la administración y uso de los caudales de agua y la redistribución de las tierras; sólo así se podrá transformar el sistema agrario y alimentario de nuestro país”, afirma Humberto Cholango, presidente de la CONAIE.
Cholango señala que uno de los pedidos básicos de la reciente marcha indígena fue precisamente la aprobación de la Ley de Tierras y, pese a los diálogos con el gobierno, no se ha avanzado, pues no es tema prioritario para la Asamblea Nacional, así como no lo es la Ley de Aguas.
“Sin resolver el problema de tenencia de tierras, sin erradicar los latifundios y redistribuir la tierra improductiva, no podremos garantizar la alimentación, y menos aún, garantizar la soberanía alimentaria”, dijo Cholango a Noticias Aliadas, refiriéndose a uno de los puntos básicos que debe contener esta ley.
“Al hablar de tierras también debemos hablar de su carácter espiritual, de las estructuras comunitarias que acoge, y no considerarla únicamente como algo que se puede explotar”, agregó Cholango, marcando diferencia con la concepción de la tierra que tienen los sectores indígenas afines al gobierno.
Mientras el gobierno habla de producción y productividad, para lo que busca implementar la agroindustria y transformar las comunas en unidades productivas, la CONAIE asegura que la tierra es algo más que una unidad de producción.
En definitiva, si bien es cierto que las organizaciones indígenas y campesinas han decidido actuar juntas en el tema de soberanía alimentaria, aún persisten diferencias que los alejan. Mientras tanto la Asamblea Nacional y el gobierno de Correa no dan paso a la consolidación de una legislación que lleve a la praxis los postulados constitucionales aprobados hace ya cuatro años.
