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Por Rebecca Hollender*
15 de noviembre, 2012.- Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, principalmente Bolivia y Ecuador (con cierto nivel de apoyo desde Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina y Perú) han introducido un nuevo concepto al debate sobre modelos alternativos de desarrollo que resuena desde los Andes y la Amazonía hasta los Alpes: el concepto del Buen Vivir (1). La propuesta de construcción de un nuevo sistema socio-político-económico sobre los principios de Buen Vivir y el rechazo del modelo neoliberal que llevó a los países industrializados a la opulencia ha formado la plataforma electoral de los actuales presidentes Rafael Correa y Evo Morales. Además, les ha llevado a destacarse internacionalmente por su liderazgo socio-ambiental y su potencial para construir alternativas viables al sistema capitalista devastador e insostenible.
Pero mientras las academias europeas estudian y debaten el concepto del Buen Vivir, la sociedad civil de estos países, que tanto apoyó la llegada al poder de los gobiernos “progresistas” y la construcción (desde lo ancestral) de las propuestas que alimentan la visión moderna de Buen Vivir, se desilusionaba con las contradicciones que estaban ocurriendo entre el discurso y la práctica.
Poco a poco llegó a ser innegable la orientación de estos gobiernos hacia un modelo neoextractivista, que sólo contempla unos pocos avances sobre lo que le precedía: el modelo clásico extractivista que, desde hace quinientos años, ha dejado una estela de devastación social y ambiental y una dependencia económica de los países en la exportación de materiales primas.
Abandono del camino al buen vivir
Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, en lugar de realizar una transición para alejarse del modelo extractivista y la herencia subsecuente de ruina ambiental, exclusión social, desigualdad, dependencia económica y erosión de soberanía estatal, han optado por el neoextractivismo. Este modelo se diferencia de la etapa previa por una mayor participación y regulación por parte del Estado: incremento en regalías recibidas desde las empresas transnacionales y cambios en la redistribución (principalmente a través de bonos sociales) de las ganancias de la extracción masiva de recursos naturales no-renovables y no-procesados (2).
El poder e influencia de las empresas transnacionales y los gobiernos que les apoyan no ha cambiado mucho, y menos aún el cumplimiento de estas instancias con normativas sociales y ambientales. A pesar de las políticas de nacionalización de algunas empresas privadas de extracción y producción, estas siguen apuntando sus ingresos en el corto plazo, basando sus operaciones en la rápida explotación y exportación del recurso sin invertir en infraestructura o exploración. Además, siguen disfrutando de condiciones óptimas y preferenciales para su inversión y operación.
Por otro lado, estos gobiernos están cediendo más aún a nuevas influencias que deterioran el marco normativo de los países, alejándolo del Buen Vivir. Tomando el ejemplo de Bolivia, han creado un marco normativo favorable para la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía, la explotación de recursos naturales en áreas protegidas y la apertura del país a organismos genéticamente modificados. Todas estas actividades representan una amenaza al logro de los principios fundamentales del Buen Vivir en Bolivia, como los Derechos de la Madre Tierra, la soberanía y seguridad alimentaria y el derecho al agua (3).
El descontento de la sociedad civil frente a estas violaciones de sus derechos humanos, constituciones y esfuerzos de construir y vivir formas alternativas se refleja en el creciente rechazo del modelo neoextractivista y las discrepancias entre el discurso y las acciones de los gobiernos. La sociedad civil se está manifiestando cuestionando el poder de los líderes con los cuales lucharon en sus procesos políticos. La respuesta de los gobiernos frente al aumento de la oposición social confirma su apuesta por el neoextractivismo y el abandono del camino hacía el Buen Vivir: criminalizan y deslegitiman todo tipo de oposición de grupos indígenas, movimientos sociales y ONG, incrementan el control, monitoreo y censura de estos actores y hasta ejercen la violencia física.
Es más, los criticados bonos sociales, que representan una medida de corto plazo para redistribuir las ganancias de actividades extractivistas hacia programas sociales, sin enfrentar las causas estructurales que hacen necesario esas programas, llegan a ser la mayor herramienta de los gobiernos para defender y justificar el incremento del extractivismo. Mientras, el Estado se hunde más aún en la dependencia de estas actividades a pesar de sus impactos catastróficos sociales y ambientales (4).
A pesar de que los gobiernos de Bolivia y Ecuador han abandonado el camino hacía el Buen Vivir en la práctica (en el discurso continúa), esta propuesta ha llamado la atención de personas y movimientos del mundo entero que están en búsqueda de alternativas viables al modelo convencional basado en el consumismo y crecimiento económico ilimitado.
¿Pero qué es exactamente el Buen Vivir? No hay una sola definición. Como nos muestran claramente Gudynas y Acosta (5) el Buen Vivir es una propuesta en plena construcción que incorpora y está abierto a una pluralidad de conceptos donde los saberes indígenas se encuentran con la sociedad occidental. Existen varias versiones e interpretaciones del Buen Vivir, como las que se encuentran en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Entre los puntos que tienen en común están: el enfoque en el bienestar de las personas y una “plenitud de vida”, la necesidad de convivir con un nuevo tipo de relación con la Naturaleza que reconoce su valor intrínseco y limitaciones físicas, y cambiar el rol, posición y mecanismos del mercado y las formas de relacionarnos económicamente.
Más fácil que definir el Buen Vivir es identificar lo que no es: el Buen Vivir no es un nuevo modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo que va más allá del mismo concepto de desarrollo, concepto que ha sido degradado y manipulado en los últimos 40 años hasta llegar a su extremo perverso actual, en el cual sirve como herramienta de empresas transnacionales, instituciones multilaterales, gobiernos y la elite económica para defender y justificar el consumismo y crecimiento económico a todo costa. El concepto de desarrollo reaparece cada cierto tiempo junto a nuevos términos para asociarlo a características de respeto ambiental y social como lo que fue el desarrollo sostenible y lo que ahora es la economía verde.
Economia verde: otra estrategia para enverdecer el extractivismo
Los planes de reestructuración económica, la ineficacia de la Responsabilidad Social Corporativa en garantizar que las empresas transnacionales respeten el medio ambiente, los derechos humanos y leyes de los países donde operan y el fracaso del llamado “desarrollo sostenible” en mejorar los problemas de desigualdad, exclusión y pobreza sin empeorar el deterioro del medioambiente demuestran que los principios neoliberales y el crecimiento económico no llevan al progreso que busca la mayoría (6).
Sin embargo, a pesar de las obvias y múltiples pruebas, constatadas a lo largo de décadas, que demuestran que el mercado no representa la solución a las metas sociales de desarrollo ni que el crecimiento económico, y el consumo ilimitado, son posibles en un planeta con recursos finitos, las empresas transnacionales, gobiernos y elites que se benefician de estas ideas siguen buscando nuevas maneras de hacer incuestionable la singularidad del crecimiento económico como solución a las múltiples crisis a la que nos enfrentamos.
Así, en el mes de junio de 2012, en Río de Janeiro (Brasil), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se buscará aprobar un nuevo término: la “economía verde”. Igual que la Responsabilidad Social Corporativa ha sido utilizada para el lavado verde de las empresas transnacionales, la “economía verde”, pretende hacer lo mismo, pero ahora con un respaldo institucional mucho más extenso: empresas transnacionales, gobiernos, agencias de cooperación, instituciones multilaterales y hasta la misma ONU. Estos actores están cada vez más alineados y aliados para garantizar las ganancias y aumentar el poder del sector privado. A través de los mecanismos de la “economía verde”, como la valorización y la internalización de “capital natural” en la economía (léase mercantilización y privatización de la naturaleza y servicios ambientales), inversiones en nuevas “tecnologías verdes” (con enormes riesgos ambientales) y un enfoque en la reducción de emisiones (sin priorizar el equilibrio ecológico) estos poderes económicos renovarán el modelo que les mantienen, a la vez de aumentar su potencial para nuevas ganancias desde la explotación y privatización de la naturaleza e inversiones en el sector verde (7).
Brasil es un actor crucial en Latinoamérica, y en el mundo, en la conformación y promoción de las propuestas que componen la “economía verde”, a la vez de jugar el rol de modelo para la puesta en práctica de los principios de este nuevo concepto. El modelo que está implementando Brasil ha permitido que sea una potencia económica en América Latina (aunque también ha determinado que sea el país con mayor desigualdad en la región) y está resultando en una serie de catástrofes ambientales y sociales (8). Además, para poder satisfacer la demanda insaciable de recursos naturales y energía que alimenten sus industrias y mercados, Brasil (y China (9)) está ejerciendo su influencia, conjuntamente con empresas brasileras, bancos de desarrollo e instituciones multilaterales, sobre los demás países de la región.
Sus políticas en América Latina incluyen la apertura de mercados a productos brasileros, la promoción y financiamiento de una serie de megaproyectos para la generación de energía y transporte de productos, la expansión de la frontera agrícola y el acceso a materias primas. El requerimiento de Brasil de grandes cantidades de materias primas y el impulso de las mencionadas políticas incentivan a países como Bolivia y Ecuador a seguir basando sus economías en el neoextractivismo, en detrimento de sus sociedades, el medioambiente y el avance hacia el concepto suscrito por estos gobiernos, el Buen Vivir (10).
La viabilidad del buen vivir
Frente a los escenarios de la “economía verde”, la presión desde Brasil, y la tendencia de los gobiernos progresistas de abandonar sus discursos y principios a favor del neoextractivismo, existe la urgente necesidad de una población concienciada y movilizada para rechazar todo aquello que favorece este modelo: el consumismo ilimitado y el crecimiento económico a todo costa. Es necesario formar a una población para construir y llevar adelante nuevas alternativas viables más allá del concepto de desarrollo, como es el Buen Vivir.
La viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indicador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no solo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también. Su base se asienta en la priorización del equilibrio con la Naturaleza, el respeto a los derechos humanos y la redefinición de la relación con el mercado. Por ello, el Buen Vivir nos ofrece la flexibilidad de construir alternativas desde el nivel local y regional.
Quizás más importante que la potencia y el potencial conceptual del Buen Vivir es su viabilidad de llevar el debate a la práctica (11). En Bolivia, Ecuador y varios otros países de Latinoamérica y el mundo, movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades conscientes están llevando a la práctica alternativas que entran dentro del marco del Buen Vivir. Entre estas alternativas existen modelos de gestión de recursos naturales locales, modelos locales/regionales de producción y consumo de alimentos ecológicos, la revalorización y uso de saberes tradicionales y ancestrales, el trueque, redes de apoyo mutuo comunitario basado en necesidades locales y la provisión de servicios básicos (educación, salud, etc.), la formación de cooperativas comunitarios industriales y para servicios financieros, etc.
Lamentablemente, la sostenibilidad en el largo plazo de cada una de estas alternativas está amenazada por la invasión continua del modelo capitalista y sus intentos de maquillarse con el nuevo paquete de la “economía verde”, lo cuál no propone los cambios estructurales necesarios para tratar los temas de fondo de las múltiples crisis. También, los mismos gobiernos “progresistas”, a pesar del discurso en favor del Buen Vivir, una propuesta que rechaza el crecimiento económico como indicador del bienestar de la población, en la práctica se siguen favoreciendo los intereses que promueven y se benefician de este modelo. Los gobiernos de Bolivia y Ecuador se alejan cada vez más de su retórica y dependen económicamente de la extracción y exportación de sus recursos naturales, lo cuál significa la continuación del saqueo y devastación que empezó con la llegada de la colonia española hace más de 500 años.
Lo bueno es que los círculos de debate y construcción ya existen y la comunidad internacional está debatiendo la propuesta del Buen Vivir, lo cual facilita un idioma y unos conceptos en común para construir propuestas y alternativas entre sociedades y tiempos, empoderando la construcción de modelos desde lo local. Muchas propuestas nacen como resistencia, o como forma de sobrevivir frente al modelo actual, pero todos van creciendo y adquiriendo apoyo e iniciativa propia.
Notas:
(1) También conocido como Vivir Bien, sumak kawsay (en Kichwa y Quechua) y suma qamaña (en Aymara).
(2) Eduardo Gudynas, Behind New Extractivism: New Attitudes, Old Development, Presentación para seminario Environmental Politics in Bolivia: Buen Vivir vs. New Extractivism, New York University, 24 abril de 2012.
(3) Dos casos concretos de nuevas normativas aprobadas por el Gobierno boliviano que contradicen los principios constitucionales del Buen Vivir son: la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agraria 2011 y la entrega, exploración y, en algunos casos, explotación de concesiones petroleras en áreas protegidas (Parque Nacional Madidi, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, Parque Nacional Aguarague).
(4) Eduardo Gudynas, “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa”, en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Más allá del desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo y Abya Yala, 2011. Y Raúl Prada Alcoreza, Crítica a la economía política del extractivismo, diciembre 2012.
(5) Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, “La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa”, The Journal of Sustainability Education, 19 marzo de 2012.
(6) Que el concepto de desarrollo ni entra en el idioma de los pueblos indígenas es muestra de la irrelevancia que el modelo de desarrollo convencional tiene para numerosas poblaciones.
(7) Sandra Guzman, “Transición hacia una economía verde: de la forma al fondo”, y Silvia Ribeiro, “Los verdaderos colores de la economía verde” en Especial de Alai El cuento de la economía verde, septiembre y octubre de 2011.
(8) En su presentación “El cuento de la economía verde o como no solucionar la crisis”, 12 abril 2012, Cochabamba (Bolivia), Camila Morena desmitifica las virtudes de la “economía verde” con una serie de ejemplos que demuestran sus impactos devastadores sociales y ambientales en Brasil. Por ejemplo: la expulsión de comunidades de sus territorios y prohibición de acceso a sus recursos naturales debido a la creación de reservorios de carbono que fundamentan los bonos de carbono en las bolsas de valores, el aumento en contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero resultando de proyectos industriales y extractivistas promocionados y subvencionados pero sin actualmente cumplir con criterio verde, el reemplazo de bosques nativas con plantaciones de especies genéticamente modificados más eficientes en la captura de carbono, etc.
(9) Un análisis de las actividades, rol e influencia de China en la región es fuera del alcance de este artículo.
(10) Entre los impactos de estas políticas son la desplazamiento de miles de personas y comunidades, la pérdida de biodiversidad y diversidad cultural, la contaminación del medioambiente, crisis energéticas internas debido a la exportación de recursos y energía, el aumento en la desigualdad, exclusión y pobreza de la población, la violación de Derechos Humanos, el atentado contra la soberanía y derecho de autodeterminación de los países, la dependencia económica de los países en un modelo exportador insostenible y la participación de ciudadanos en la construcción de sus propios modelos de vida, etc.
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*Rebecca Hollender es miembro del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia (Bolivia).
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Fuente: El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia. Omal: http://omal.info/spip.php?article4661#nb2
