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Por Aideen Kennedy*
La industria extractiva del continente africano ha experimentado avances y cambios durante los últimos años. Eso, a su vez, ha provocado diferentes reacciones y movimientos sociales en África. Este tema fue analizado durante el Congreso de Estudios Africanos celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid los pasados días 14, 15 y 16 de junio.Los paneles mostraron las diferentes perspectivas que enmarcan la realidad de los conflictos socio-ecológicos existentes en buena parte del África Subsahariana.
Acaparamiento de tierras
Tom Kucharz (Ecologistas en Acción), bajo el título “El acaparamiento de tierras en África”, presentó una ponencia centrada en lo que denomina el “robo” por parte de agentes internacionales de tierras a los agentes locales. Este hecho comenzó entre 2005-2006 y en los últimos años se ha extendido a diferentes puntos del planeta, en un momento en que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) están destinados en gran medida a la compra de tierras. Pero el acaparamiento de tierras también se produce a causa de la expansión urbana o los fines militares. La situación fue profundizándose con la crisis energética y alimentaria de 2007-2008 y sólo hasta 2010 esto ha supuesto la usurpación de una superficie terrestre equivalente a ocho veces el territorio de Inglaterra.
La deuda externa contraída por muchos países africanos, así como la imposición de los ajustes estructurales que se llevaron a cabo para poder saldar dichas deudas, han presionado para la articulación de un proceso de desregulación de la propiedad de la tierra alentada por el Banco Mundial, según explica Tom. Esto, sumado al agotamiento de combustibles fósiles y a la crisis energética, han desplazado el sector industrial a la compra masiva de tierras que servían originariamente para el cultivo de subsistencia de gran parte de la población local y que, ahora, son propiedad de las grandes compañías que buscan establecer el negocio del monocultivo de biocombustibles. Con la subida del precio de los alimentos, convirtiéndolos en materia especulativa, y un pico en febrero de 2011, se provocó una grave situación de inseguridad alimentaria, también forzada por una crisis ecológica irreversible que ha hecho de la desertificación su cara más visible. Esto supone un recrudecimiento de la competencia futura por la obtención de suelo fértil, y, por consiguiente, un aumento de la cifra actual de 1.300 millones de personas afectadas por pobreza, hambre y malnutrición…y todo ello sin hablar de la vulneración del derecho a la alimentación que conlleva.
La compra de tierras, además, implica el desplazamiento forzoso de vastas sumas de población. Organizaciones como Human Rights Watch denuncian 70.000 personas desplazadas en Etiopía por esta causa. Grain (ONG especializada en el acaparamiento de tierra) denuncia que sólo en Sudán se han alquilado 5 millones de hectáreas de tierra para monocultivo.
Otro de los motivos que se esconde tras la masiva compra de tierras son las medidas impulsadas por organismos internacionales en su “lucha contra el cambio climático”. Medidas como los mercados de carbono, desarrollada en iniciativas como REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) hacen que el interés por acaparar y comprar tierras aumente para la plantación de árboles de rápido crecimiento (como el eucaliptus o el pino) que captura el CO2 y luego venderlo como crédito en la Unión Europea.
Algunos de los actores protagonistas en el negocio de la compra de tierras son potencias emergentes como India o China (en menor medida), que sólo en Uganda han acaparado 1 millón de hectáreas. Los actores institucionales, por su parte, se escudan bajo discursos localistas que pretenden esconder las prácticas que subyacen.
Aparte de las consecuencias más directas, no podemos olvidar las que también tienen a largo plazo y que ya se están produciendo, como los conflictos armados por la tierra fértil y el acceso al agua (ejemplos como el de Sudán o Etiopía), y la cantidad de actores, nacionales e internacionales, con intereses sobre estos territorios.
Marco teórico de los conflictos socio-ecológicos
Nuria del Viso (CIP-Ecosocial -FUHEM) tituló su ponencia “Modelo del análisis para los conflictos socio-ecológicos en África”. Una propuesta teórica que explica los conflictos socio-ecológicos distributivos, que son aquellos que también incluyen disputas subyacentes más amplias, relacionadas por ejemplo con el género o la casta, y que están afluyendo en el continente africano a causa del modelo económico extractivista, local y global, basado en la apropiación acelerada de los recursos en un régimen de mínima regulación y con escasa responsabilidad sobre los graves impactos sociales y ecológicos que provoca. Aquí la disparidad en cuanto al poder de los actores es mucho mayor que en otro tipo de conflictos, ya que también poseen diferentes visiones del mundo, por lo que tienen distintos lenguajes de valoración. La dialéctica de un discurso “desarrollista” como excusa para la implantación de este modelo económico ha generado graves consecuencias para los países africanos, sin verse reflejado en mejoras para su población. Al mismo tiempo, el poder las empresas transnacionales ha acaparado parcelas del control político nacional y local, suplantando al Estado en la provisión de ciertos servicios y en la capacidad reguladora, reforzando a su vez a las élites locales).
A través de un análisis exhaustivo, Nuria presentó conceptos y herramientas que permiten una mayor comprensión del incremento de protestas y enfrentamientos por parte de una población local muy afectada por los impactos de las transnacionales y el Estado, comunes en África y en aquellas regiones del mundo ricas en recursos naturales.
En cuanto a los actores que intervienen, apunta a los Estados, las empresas y las comunidades. Los primeros desempeñan el papel regulador, aunque también son a veces los generadores de estos conflictos. Las empresas, por su parte, presentan el interés corporativo de obtener un beneficio inmediato para sus accionistas, por lo que venden un papel de autorregulación a través de códigos voluntarios y “buenas prácticas” con la estrategia de marketing de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Las comunidades incluyen a los actores más empobrecidos, que pueden ser sujetos activos o iniciadores del conflicto cuando presentan resistencia. Éstos se expresan en el lenguaje de los derechos, reivindicando soberanía.
Otro de los puntos en torno al cual giró esta ponencia teórica fueron las tres etapas de un conflicto: la extracción; el transporte, comercialización y residuos; y la contaminación tras consumo. Todas ellas generan un impacto negativo en las comunidades donde se producen, que en muchas ocasiones se traduce en movimientos sociales organizados y respuestas locales. Nuria apuntaba diferentes herramientas de las cuales se valen estas comunidades a la hora de iniciar su lucha: estrategias de comunicación, sensibilización, búsqueda de alianzas nacionales e incluso vías legales de denuncia son los mecanismos bajo los que se pueden escudar estas poblaciones. Aún así, se enfrentan a los riesgos de criminalización y manipulación, lo que puede acabar comprometiendo su causa.
Nos plantea, por último, como única alternativa para “una resolución duradera y sostenible de este tipo de conflictos, la necesidad de repensar el modelo extractivista”.
Realidad extractiva en Katanga: resistencia y transformaciones
María Molina Martín (Centro de investigación RESET) presentó “Interacción entre las multinacionales de la industria extractiva y movimientos sociales en África”, una ponencia que analiza las reacciones y movimientos que surgen como resistencia al control de los recursos mineros por las grandes multinacionales exteriores en la región de Katanga (República Democrática del Congo).
Allí convergen dos patrones de gestión de recursos: el neoliberal y el comercial-militar. Cada uno de ellos es abanderado por otros dos modelos empresariales con una competitividad creciente: las empresas occidentales (con una fuerte presencia histórica que proviene de la colonización) y las empresas chinas (relaciones relativamente novedosas basadas en la cooperación Sur-Sur, de Estado a Estado, o intercambio de desarrollo de grandes infraestructuras a cambio de la explotación de los recursos congoleños), que, con diferentes estrategias de crecimiento y explotación, se aprovechan de los recursos de la RDC. Estos dos modelos están favorecidos por la reproducción de un viejo pacto de herencia colonial de alianza de los poderes públicos con las multinacionales extractivas del carbón.
Esto pone en riesgo los recursos naturales de la zona, agravado por la aprobación del Cógido Minero en 2002 (que se superpone a los códigos medioambientales existentes) fruto de la liberalización (bandera de la modernización) impuesta por el BM, que permite la entrada libre de las empresas trasnacionales a la explotación de minas. Se genera una fuerte lucha de intereses en una zona, donde el número de personas involucradas en la minería artesanal asciende a 300.000, frente a las 20.000 dedicadas a la industrial.
Las formas organizativas que se han dado en la lucha por una minería artesanal se han articulado principalmente en dos plataformas de defensa: Résseau de Ressources Naturelles y Pateforme Minière. Además, las ONG de defensa de los derechos sociales vienen denunciando el trabajo infantil en el sector. Las ONGD, por su parte, dedican su esfuerzo a velar por la transparencia, el respeto al medioambiente, la preservación de los derechos de las mujeres, la revisión de contratos y la persecución del fraude.
Sin embargo, las actuaciones de las ONG han suscitado algunas críticas, ya que, pese al trabajo de concienciación y organización de la resistencia que llevan a cabo, suelen abandonar el terreno antes de tiempo y exponen a las comunidades a diversos riesgos. Lo mismo sucede con los sindicatos que, pese a estar presentes, originan desconfianza por sus relaciones con el Estado, responsable último de las vulneraciones de derechos que sufre la población.
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*Aideen Kennedy, periodista, es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate. Realizó en 2011-2012 el Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos (UAM).
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Fuente: Revista Pueblos:http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2452
