Resolución de la Cumbre sobre Tierra, Territorio y Medio Ambiente en Bolivia

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu



RESOLUCIÓN
ler. CUMBRE SOBRE TIERRA TERRITORIO MEDIO AMBIENTE
CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU

El Consejo de Gobierno Originario del CONAMAQ, reunido en la ciudad de Oruro
los días 3 y 4 de septiembre de 2012, con la participación de autoridades
originarias Chacha Warmi y ex autoridades representantes de los 16 Suyus, en
ocasión del ler. Encuentro sobre Tierra Territorio y Medio Ambiente y
extractivas después de haber realizado un análisis sobre la coyuntura nacional,
la situación de los territorios, las amenazas frente al desarrollo del proceso
autonómico, la aplicación de la justicia indígena originaria, el incremento de la
actividad minera en nuestros territorios, determinan.

CONSIDERANDO:
Que las naciones y pueblos indígenas originarios somos actores constitutivos del
proceso que vive el país, en el camino de construir una sociedad con plena
justicia, descolonizada y armoniosa, bajo el principio del Suma Qamaña, Sumaj
Kawsay o Buen Vivir.
Que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene entre sus fines garantizar el
bienestar, desarrollo, seguridad, protección, igual y dignidad de las naciones
pueblos indígenas originarios y sus comunidades, sustentados en la unidad,
igualdad, inclusión,dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,
complementariedad y armonía.
Que, se reconoce la integralidad de los territorios indígenas originarios, el
derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales
renovables, a aplicar sus normas propias, a ser administrados por sus estructuras de
representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y
principios de convivencia armónica con la naturaleza.
Que el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ, tiene como
principio fundamental la reconstitución de los territorios ancestrales, el cuidado y la
protección del medio ambiente, la biodiversidad, las áreas protegidas, la Pachamama,
el ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del
Estado y los instrumentos jurídicos de derecho internacional.
Que a la fecha el gobierno nacional a través de los Órganos Ejecutivo y
Legislativo, se encuentran en proceso de elaboración de la nueva normativa
referida a Minería, Agua, Consulta y la Madre Tierra, de manera unilateral y sin
la participación de las naciones y pueblos originarios de las tierras altas del país
representados por el Consejo Nacional de Ayllus del Qullasuyu CONAMAQ.
Que esta situación ratifica la consolidación del Estado nación colonial, que define
su desarrollo en el modelo extractivo, en desmedro del Estado Plurinacional y de
los territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios, los cuales han
sufrido de forma histórica el saqueo de la Madre Tierra, la desintegración de sus
territorios y el desconocimiento de sus estructuras de gobiernos originario.

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, en uso de sus legítimas
atribuciones,

RESUELVE:
PRIMERO.- Exigimos al gobierno la aprobación sin modificaciones de los
Anteproyectos de Ley Marco de Consulta Previa Libre e Informada, Ley de la
Madre Tierra, Ley de Aguas, propuestas elaboradas y consensuadas por los
ayllus, markas y suyus del CONAMAQ y otras organizaciones sociales.
Ratificando el rechazo a la Ley N° 037 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral,
aprobada por la Cámara de Diputados, por ser contraria a nuestra cosmovisión.
SEGUNDO.- Desconocer de manera enfática el anteproyecto de Ley de Minería,
trabajado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, por promover el desarrollo
de una minería transnacional, solapada en la utilidad pública, por ser contraria
al principio del Buen Vivir, elemento fundamental para el desarrollo sustentable
de todas y todos los bolivianos en armonía con la Madre Tierra y por ser
atentatoria a los derechos de los pueblos indígenas originarios, reconocidos en
la Constitución Política del Estado y las normas internacionales.
Asimismo exigimos la Nacionalización de los yacimientos entregados a las
transnacionales y la recuperación de las operaciones mineras bajo contratos de
Riesgo Compartido.
TERCERO.- Al ser el acceso al agua un derecho fundamental, rechazamos la
definición del Ministerio de Minería de reconocer y consolidar el derecho al uso
de aguas de dominio público, a favor de los titulares de derechos mineros, en
desmedro de las comunidades indígenas originarias y de su derecho al acceso al
agua y al uso de este componente para el desarrollo de iniciativas agrícolas
productivas de los ayllus y markas indígenas originarias y del país en su
conjunto. Exigimos que la regulación del aprovechamiento del agua en las
industrias mineras, deba estar en función de la prioridad del agua para la vida,
establecida en la Constitución Política del Estado.
CUARTO.- Repudiamos la intención del Ministerio de Minería y Metalurgia, de
restringir el ejercicio del derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, a los
ayllus, Markas y Suyus afectados por el desarrollo de actividad minera en su
territorio, y reducirlo a una “Consulta Pública Previa”, que limita el alcance de lo
reconocido en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
desnaturalizando la libre determinación, las normas y procedimientos propios y
las instituciones representativas de las naciones y pueblos indígenas originarios;
mediante un proceso en el que una instancia estatal asume el derecho de decidir
sobre la vida y el futuro de las naciones originarias con la excusa de preservar el
“interés nacional”.
QUINTO.- Condenamos la intención del Ministerio de Minería y Metalurgia, de
constituirse en la autoridad ambiental competente para el desarrollo de
actividades mineras, y la instancia administrativa autorizada para la otorgación
de licencias y fichas ambientales, situación que expresa una clara intención de no
desarrollar una política nacional de gestión ambiental para las actividades
mineras en cada una de sus etapas ni de velar por el cuidado de medio ambiente
y la preservación de la vida. Siendo que a la fecha los ayllus, Markas y Suyus de
tierras altas son las víctimas de la contaminación minera y la falta de control por
parte del Estado.

TIERRA Y TERRITORIO
SEXTO.- Exigimos la convocatoria inmediata a la XVI CITCO” (Comisión
Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen) de tierras Altas en el mes de
noviembre para evaluar estrictamente el avance de los procesos de saneamiento de
TCOs y delinear futuras medidas para cumplir con el saneamiento total de los
Territorios Indígenas en Tierras Altas.
Exigir al Gobierno Central el cumplimiento del acuerdo con la VIII Marcha Indígena
Originaria de gestión de recursos ante el TGN y otras organizaciones para la continuidad
del proceso de saneamiento de TCOs, entre las alternativas,
SÉPTIMO.- El INRA no debe permitir, ni direccionar procesos de tipos de Saneamiento
Simple y CATSAN dentro los territorios ancestrales, debiendo respetar la decisión de los
Ayllus, Markas y Suyus,
OCTAVO. Exigimos la enmienda de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria, en sus artículos referidos a los plazos perentorios para la conclusión
de los procesos de saneamiento y titulación fijados a noviembre de 2013, debiendo*
rectificarse los mismos para permitir el saneamiento y titulación total de los territorios
ancestrales con recursos del TGN. En ese sentido no debe alentarse la redacción de
nuevas leyes en temas agrarios que atenten contra los TCOs.
NOVENO.- Denunciamos la marginación y discriminación en el proceso de
implementación de las autonomías departamentales, como también la falta de
recursos para el fortalecimiento de las estructuras de gobierno y la
institucionalidad normativa de las autonomías indígenas originarias. Exigimos la
inmediata instalación de Mesas indígenas para la construcción e
implementación de las autonomías departamentales.
Exigimos a los Órganos Legislativo y Ejecutivo, trabajar una propuesta conjunta
para la modificación a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, Ley Marco de
Autonomías y Descentralización, con prioridad respecto al procedimiento para
acceder a la consolidación de las autonomías indígenas originarias, y el respeto a
los usos y costumbres en el ejercicio de la justicia indígena originaria.
DÉCIMO.- Ratificamos la decisión del Concejo de Gobierno, de denunciar la
vulneración del derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios a
participar en el diseño de la boleta del Censo de población y vivienda, y la
discriminación, exclusión de la que somos objeto. Exigimos al Ministerio de
Planificación para el Desarrollo, que de manera inmediata, incluya a las naciones
y pueblos indígenas originarias de tierra altas, con sus unidades territoriales y
como nacionalidades que conforman el Estado Plurinacional, antes de imprimir
la boleta censal.
Lo contrario ratificaría la intención del gobierno de atentar contra la
construcción del Estado Plurinacional en el que las naciones indígenas
originarias de tierras altas somos el pilar fundamental.

ES DADO EN LA Ira. CUMBRE DE TIERRA Y TERRITORIO REALIZADO EN
TAYPI ORURO DE LA CAMANA DE LA NACIÓN JACH’A KARANGAS EN EL MES
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE AÑOS.