Proyecto estratégico indígena en Ecuador y los espacios ambiguos del poder

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa



El XV Congreso de la ECUARUNARI y la definición del proyecto estratégico de los pueblos indígenas
oct 23, 2012

Al interior de las estructuras organizativas del movimiento indígena ecuatoriano, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa, ECUARUNARI, constituye, a no dudarlo, la organización indígena de los pueblos kichwas más grande y más representativa. Su organización interna se conforma por la integración de trece estructuras provinciales que agrupan a un número significativo de organizaciones de segundo grado. La ECUARUNARI, jugó un rol protagónico de primer orden durante los eventos del mes de enero del presente año, cuando sus bases decidieron participar activamente en el Levantamiento Indígena, que produciría la destitución del ex Presidente Jamil Mahuad. Durante la década de los noventa, ha sido precisamente esta organización indígena la que ha estado en la base de los levantamientos y movilizaciones realizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.
A partir de la emergencia política del movimiento indígena, la sociedad civil ecuatoriana ha prestando más atención a las particularidades organizativas y políticas de los indígenas. De hecho, la CONAIE es ahora una de las organizaciones con mayor peso y trascendencia en el escenario nacional. La sola evocación de su nombre implica una serie de referentes a propósito de los indios y de su proyecto político. Puede afirmarse que la CONAIE ha ido consolidando su presencia política de tal manera que ahora es un referente obligado en la construcción de la democracia en el Ecuador.
Sin embargo, la ECUARUNARI, como organización filial de la CONAIE, ha jugado un papel más bien discreto, básicamente para consolidar y posicionar a nivel nacional e internacional a la CONAIE. Son los últimos acontecimientos políticos del Ecuador los que han provocado una creciente preocupación de la sociedad ecuatoriana sobre la organización indígena nacional, y, particularmente, sobre el rol, estructura, objetivos y conformación de la ECUARUNARI.
Ahora bien, la organización indígena del Ecuador, incluyendo la ECUARUNARI, se halla en un momento de profundas definiciones políticas y organizativas. Por una parte está el proceso de Consulta Popular convocada por la CONAIE, cuyo contenido fundamental es la crítica radical a la democracia existente y la búsqueda de nuevas formas de participación social que aseguren una democracia más pluralista, tolerante y participativa. Y, por otra parte, está el proceso electoral a celebrarse a fines del mes de mayo de 2000, por el cual el movimiento indígena pretende consolidar su presencia electoral y asegurar el control de varios poderes locales.
Ambos procesos generan sus propias dinámicas y las respuestas que se adecuen a estas dinámicas a veces entran en conflicto con el proyecto político que ha sido delineado por el movimiento indígena. En efecto, mientras que por una parte se deslegitima a la democracia existente convocando a una consulta popular que exige la revocatoria del mandato para los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Parlamento Nacional, por la otra, se utilizan los mismos canales de participación que hace posible la democracia ecuatoriana para acceder al control de los poderes locales, al menos de aquellos que por sus condiciones geográficas y demográficas tienen una alta incidencia de población indígena.
Esta aparente contradicción será, sin duda alguna, el leit motiv de la estructura de poder vigente en el Ecuador para deslegitimar políticamente al movimiento indígena ecuatoriano. En virtud de que el proceso electoral tiene una lógica que no se corresponde a aquella de la organización y movilización, y tomando en cuenta, además, que se ha ido construyendo a lo largo de la historia del país redes clientelares en las que predominan formas de manipulación social, las elecciones generalmente se adecúan más a la lógica de los caciques locales que dominan políticamente sus espacios, que a una lógica de participación y consciencia política. De hecho, existen multiplicidad de factores y mediaciones entre la democracia realmente existente y el movimiento indígena ecuatoriano y la sociedad civil en su conjunto. El caso es que para el movimiento indígena, a pesar de los evidentes logros que conseguirá en este proceso electoral, su leve incidencia en el porcentaje de votación nacional será uno de los handicaps que se utilizarán desde la retórica del poder para deslegitimar su presencia política, y reducirla a los límites de la acción gremial.
Tal es en el corto plazo, el escenario nacional en el que debe trabajar el ECUARUNARI. Sin embargo de ello, existe al interior de esta organización un horizonte a más largo plazo, y del cual la sociedad civil ecuatoriana, al igual que la estructura de poder, desconocen casi por completo, y que es uno de los procesos estratégicos más importantes del movimiento indígena ecuatoriano. Es el proceso de reconstrucción y de reconstitución de los pueblos de la nación kichwa.
Este es un proceso inédito, cuyas implicaciones son profundas y que se inscribe como un eje de acción que estructura la acción política del mediano y del largo plazo. Es desde la visión de reconstrucción y reconstitución de los pueblos, que la ECUARUNARI, piensa elaborar sus estrategias de acción tanto de la coyuntura cuanto del largo plazo.
Es por ello que las lecturas que pueden hacerse sobre la acción política del movimiento indígena, serán incompletas si no se toma en cuenta la importancia estratégica que tiene el proceso de reconstrucción de los pueblos. Pero entender este proceso implica sumergirse en las particularidades y complejidades del movimiento indígena ecuatoriano, sobre todo de los pueblos de la nación kichwa. Y la organización comprometida en llevar adelante este proceso es, justamente, la ECUARUNARI, de allí la importancia que obtuvo la celebración de su XV Congreso, y la definición que tuvo la elección de la nueva dirigencia.
Se estaba jugando, en esa oportunidad, un proyecto estratégico al largo plazo, en el cual la democracia ecuatoriana deberá redefinir sus contenidos más esenciales, transformándose en una democracia que posibilite el respeto a la diferencia, la soberanía efectiva en la conducción de los destinos de los pueblos, la tolerancia y la justicia.

El Proyecto Estratégico de la Nación Kichwa
Por: Estuardo Remache*
La reconstrucción de pueblos y la identidad

Para los pueblos indígenas, la identidad es saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo pueblo tiene su identidad, es decir, se reconoce como parte de una memoria histórica, como parte de un proceso ancestral, y gracias a ello, tiene la posibilidad de mirar hacia el futuro regresando a ver a su pasado. Es la visión del ñaupa kichwa. Solo así el futuro se convierte en un proyecto que moviliza a las voluntades y que crea un horizonte de largo plazo para todos. Nosotros tenemos la herencia de nuestros pueblos originarios. Yo pertenezco al pueblo puruhae. El pueblo puruhae tiene una historia de cientos de años, incluso miles. Correspondería a lo que ahora son los territorios de las provincias de Chimborazo, Bolívar y Cañar. Este pueblo tenía su propia cultura, sus propias tradiciones, sus propias costumbres, sus propias autoridades. Eso significa que este pueblo vivió antes incluso que aparezcan los incas y los españoles.
Sin embargo, el pueblo puruhae, al igual que los pueblos originarios del continente, sufrieron un proceso de destrucción por parte de los conquistadores, una destrucción que no solo fue demográfica, fue también política, social, económica e histórica. Demográfica porque constituyó uno de los más grandes genocidios en la historia de la humanidad. Política porque nos han impuesto un modelo de dominación y reglas que no se corresponden a nuestra realidad. Económica, porque todos los pueblos de América han sido y son obligados a transferir sus principales recursos hacia fuera. Si bien en un inicio fue el oro, en la actualidad es el petróleo, las materias primas, los bajos costos laborales. En fin, recursos que habrían servido para el desarrollo de nuestros pueblos sirven más bien para fomentar la riqueza en los países poderosos. Histórica, porque nos ha significado la destrucción de nuestra memoria, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestras leyes, de nuestra espiritualidad.
La reconstrucción de los pueblos es la recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestras leyes, de nuestras autoridades, de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestra lengua. Es retomar la espiritualidad ancestral que establecía una relación armónica entre el hombre, el cosmos y la naturaleza. Es generar un proceso propio de desarrollo, viendo el futuro sin olvidar nuestro pasado.
Nuestros antepasados defendieron con su vida su cultura, su territorio, su cultura, su identidad, su forma de ser. Cuando vinieron los españoles tuvieron que destruir, llegando al genocidio, esa voluntad de autodeterminación. Se rompió esa visión armónica entre el hombre (runa), tierra, vegetación, agua (Pachamama). Una visión de la naturaleza basada en el respeto y en el amor. Ellos entregaron sus vidas por la naturaleza, por la Pachamama (madre tierra). La Pachamama es como si fuese una madre. De ella naciste, a ella te debes, ella te alimenta.
Una de las primeras tareas dentro de la reconstrucción de los pueblos es la educación y la capacitación. Hay que mejorar y ampliar la educación. Los cambios tienen que ser en forma y en contenido. En lo formal, la educación y la capacitación deben preparar a nuestros compañeros técnicamente para que estén capacitados para sumir los retos del presente. Es decir, hay que incorporar todos los avances tecnológicos a la educación y ampliar su cobertura para eliminar totalmente el analfabetismo en nuestros pueblos. En los contenidos, la educación debe ser intercultural y ética, para comprender la identidad respetando las diferencias, como la lengua, las costumbres y conocimientos ancestrales. Esto implica una dura tarea de reescribir la historia. Hay que rehacer los textos de historia en los cuales los conquistadores tienen la razón. En los cuales se nos presenta como pueblos a los que había que civilizar. Hay que fomentar la investigación desde nuestra propia visión histórica para conocer y revalorizar a nuestra cultura.
La reconstrucción de los pueblos es también la recuperación de nuestra espiritualidad ancestral. Habían dioses propios. Nuestros sabios comprendían esa espiritualidad y podían interpretar a la naturaleza. Se basaban en cálculos, si la luna aparece a tal altura, a tal inclinación, entonces podrían predecirse las cosechas, los periodos de siembra. Había una relación espiritual entre la naturaleza y el hombre. Entre el runa (ser humano) y la Pachamama había una relación de armonía. Hay que recuperar esta visión para evitar la destrucción de la naturaleza. Cada vez son mayores las extensiones de territorio destruidas por el capitalismo. Se contaminan los suelos, las aguas, el aire. Se destruye la naturaleza. Se destruyen los seres humanos. Se destruyen las culturas. Se irrespeta y se ofende a la Pachamama.
Es necesario, entonces, reconocer la diversidad de pueblos existentes en el país: hay que entrar en acuerdos, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en la capacitación de nuestros compañeros, cambiar las estructuras del paternalismo (que venga alguien y nos dé haciendo), tener nuestra identidad, nuestras posibilidades de desarrollo. Los acuerdos deben ser amplios, deben ser democráticos. Para nosotros el diálogo es comunicarse y estar dispuestos a cambiar. Sin diálogo no pueden haber cambios. Pero el diálogo no es la imposición al otro. No es la manipulación del otro. El diálogo significa deponer nuestras actitudes de fuerza y reconocer que podemos estar equivocados y, por lo tanto, estar decididos a cambiar.
El proceso de reconstrucción de los pueblos además de insistir en la identidad y en la recuperación de la memoria ancestral, tiene otro aspecto fundamental y es el de la soberanía.
Soberanía y reconstrucción de los pueblos
Cuando hablamos de soberanía estamos hablando de la relación de los pueblos originarios con el Estado, con la democracia, con el sistema, con las leyes, con los recursos existentes. La reconstrucción de los pueblos es un proceso que lucha por recuperar la soberanía de los pueblos originarios y busca cambiar la relación que ha existido con el Estado.
Nuestros pueblos están en un proceso de destrucción, de desintegración, y el Estado viendo todos estos problemas, no ha tenido esa voluntad para decir: bueno, sus pueblos han sufrido tanto, han vivido una discriminación, una exclusión por siglos, y con este reconocimiento impulsar una política para dotar de servicios básicos, de mejorar las condiciones de vida. Más bien al contrario, el Estado se ha hecho para desintegrar nuestra cultura, nuestra identidad. No se respeta a la comunidad cuando se encuentran minerales, o recursos naturales, en el territorio de la comunidad. No se pide permiso a la comunidad. Ni siquiera se la toma en cuenta. Las mejores tierras han sido acaparadas por los grandes terratenientes. No se apoya la producción agrícola a pesar de que son nuestros compañeros los que proveen de alimentos a las ciudades. Las leyes no nos protegen. La política hecha desde el Estado ha utilizado la demagogia. Se ofrecen muchas obras en periodos de elecciones. Nunca se asoman después por las comunidades.
Por ello, se plantea desde la reconstrucción de los pueblos una nueva relación con la política, con la democracia. La democracia actual nos ha sido también impuesta. Más que la democracia como se entiende en el sistema actual, nosotros como pueblos indígenas tenemos principios que orientan nuestra sociedad. Tenemos una ética que norma, regula y sirve de principio rector para la participación política al interior de nuestras comunidades. Estos principios son el ama shua, ama quilla y ama llulla**. Una democracia sin ética se limita solamente a ejercer el voto.
En las comunidades nosotros decidimos la vida social con la participación de todos los miembros de la comunidad. Participan las mujeres, los niños, los jóvenes. Los ancianos son reconocidos como portadores de una memoria ancestral, y por lo tanto su palabra es respetada. Para nosotros la democracia debería reconocer la participación de todas las personas. Pero debería ser una participación activa, consciente y responsable. Para el sistema que vivimos, la ciudadanía es un derecho que otorga el Estado mediante una discriminación previa. No pueden votar los menores de 18 años. Hace algún tiempo se les negaba el derecho de ciudadanía a los menores de edad, y también se les negaba la ciudadanía a las personas que no sabían leer ni escribir en castellano. Entonces, la democracia más bien limita la participación de las personas y no permite una participación efectiva, más directa, más responsable, más ética. Por ejemplo, en nuestras comunidades, no existen centros de información sobre las elecciones, para votar tenemos que bajar después de largas horas de caminata a los centros urbanos más próximos. Muchos de los compañeros no tienen su cédula de identidad, y por tanto no pueden votar. Toda la campaña electoral se hace en español. Toda la información sobre las elecciones está en español. Entonces, la sociedad ecuatoriana necesita crear una democracia que sea ética, que sea participativa, y que no sea discriminante ni intolerante.
Nuestra crítica a la democracia no solo es de forma es también de contenido. La reconstrucción de pueblos es la construcción de nuestra soberanía. Es el respeto que el Estado, la democracia, las leyes y la política deben tener hacia nuestros pueblos. Para nosotros la soberanía es también el derecho a la autodeterminación como pueblos. Es el derecho a decidir sobre los recursos existentes en nuestros territorios. La forma de educación. Nuestras propias autoridades. Nuestras propias leyes. Nosotros hemos propuesto ya una Ley de Aguas y una Ley de Comunas, pero hasta el momento el Estado y el sistema político no se han pronunciado sobre nuestras leyes. Su propuesta es más bien privatizar. Es una propuesta neoliberal.
Pero para saber qué tipo de soberanía, qué tipo de relación debe establecerse con el Estado, es necesario concientizar a nuestras bases. Conocer nuestras raíces. Nuestro territorio. Recuperar nuestras costumbres. Defender nuestro idioma. Estaríamos concibiendo también a la recuperación de nuestra espiritualidad como uno de los rasgos de la soberanía.
La reconstrucción de los pueblos y las organizaciones
Reconstrucción es construir aquello que ha sido destruido. Dentro de este proceso nosotros establecemos el problema de la reconstitución de los pueblos como una forma de reconstruir nuestros espacios organizativos. La reconstitución es la dimensión política del proceso de reconstrucción de los pueblos. Significa cambiar las estructuras organizativas actualmente vigentes en función de los nuevos procesos.
Dentro del movimiento indígena se han formado un gran número de organizaciones que se correspondían más bien al ordenamiento territorial del Estado Ecuatoriano, que divide al país en provincias. Este ordenamiento territorial se hizo sin ninguna consideración por nuestros pueblos, es parte de ese proceso de destrucción a nuestros pueblos, a nuestras culturas.
Esto significó que las organizaciones de carácter provincial vayan sustituyendo a los pueblos. La actual estructura organizativa está asentada en la división por provincias y no por pueblos, es decir, la organización se ha adaptado a las formas por las cuales se ha impuesto el poder y la destrucción de nuestras culturas, sin siquiera tener una identidad o una identificación con los pueblos que existieron ancestralmente.
Se hizo de acuerdo a la imposición del Estado, al orden territorial, a las normas y leyes que se impusieron, se establecieron las organizaciones. Por ello hablamos de la Pichincha Riccharimui, la FICI, la Fecab-brunari, etc. Es decir, poniendo a las federaciones el nombre de las provincias. Eso en definitiva, suscitó controversias, para unos compañeros eso estaba bien y para otros no. Muchos utilizaron esos nombres para dividir al movimiento indígena. Los que no estaban de acuerdo con un nombre de ese tipo, crearon un gran número de organizaciones paralelas que han dividido al movimiento indígena. Así, se ha utilizado el ordenamiento territorial para crear una organización provincial indígena como federación, pero también se ha utilizado la religión, y la política para crear organizaciones indígenas y dividir al movimiento indígena. Es por ello que es necesario reconstituir el espacio organizativo. En cada pueblo existen personas que tienen esa capacidad para reconocer su memoria.
Si los pueblos realmente tienen esa voluntad de que nuevamente se reconstituyan como pueblos, y que las organizaciones se correspondan más bien a las necesidades políticas como pueblos, entonces los mismos dirigentes deben ser más coherentes en lo que se hace, si estamos por cambiar estas malas prácticas, esas malas estructuras, ellos deben comprometerse con este proceso.
El proceso de reconstrucción de los pueblos de la nacionalidad Kichwa del Ecuador, es un proyecto estratégico del movimiento indígena. Ha nacido desde las bases. Son las bases quienes han pensado, quienes se han comprometido con este proceso. No es un proceso que pueda ser medido en el tiempo. Es un proyecto al largo plazo y que intenta transformar radicalmente al Ecuador. Es un horizonte al largo plazo que amerita una conciencia clara de nuestra sociedad y de su futuro. Es el momento de unirse, consensuar, abrir los espacios de diálogo con toda la sociedad.

El Movimiento Indígena en los Espacios Ambiguos del Poder. Lecciones de la Asamblea Constituyente y el 21 de Enero
Por: Robert Andolina*
Introducción

El día de mi arribo a Ecuador, el 18 de enero de 2000, encontré a los indígenas rebeldes reunidos en el Ágora de la Casa de la Cultura y con planes de tomarse el Congreso Nacional. El hecho parecía repetirse con aquel de 1997, justamente cuando me disponía a dejar el Ecuador, y tanto los indígenas como otros grupos sociales se habían concentrado en ese mismo espacio, para constituir la Asamblea Constituyente de la Sociedad Civil y transformar el escenario político del Ecuador.
Eso nos llama a reflexionar sobre las similitudes políticas y discursivas entre estos dos momentos y procesos. Son, definitivamente, momentos distintos. No obstante, hay algo en los discursos, proyectos, y prácticas políticas que se repiten, o reaparecen, lo cual abre el espacio para interpretar estos dos procesos, no solo como situaciones potencialmente revolucionarias, sino también como tipos de “eventos paradigmáticos,” al decir de Clifford Geertz. Pero para entenderlo así, el análisis de los dos eventos tiene que tomar en cuenta las luchas y juegos políticos antes de la Constituyente y aquellos correlativos al 21 de enero. De esa manera, evitamos retratar los dos procesos como opuestos; es decir, que la Constituyente concentró su atención sobre “reivindicaciones” y “derechos”, y el 21 de enero sobre “política” y “poder.” De hecho, ambos eventos tuvieron directa relación con el poder.
No pretendo en este artículo enumerar y explicar todas las similitudes y diferencias entre los dos momentos de manera íntegra, sino más bien ofrecer algunas ideas iniciales para una conceptualización y esquematización que posibilite entender estos dos eventos. Estos momentos son más bien dos expresiones de los paradigmas de la política ecuatoriana contemporánea.
Estos paradigmas se ensamblan en los repertorios y proyectos de los actores políticos y sociales, y en discursos que, como veremos más adelante, dan forma a la lucha en los dos momentos. Elaboro esa idea de la siguiente manera:
Uno. Los actores, tanto de la sociedad civil como de la clase política, tienen repertorios de acción que más bien son finitos y dinámicos, y que están limitados por sus experiencias y visiones, así como por el rol que juegan dentro del sistema de acción política. De tal manera que se puede observar el uso de conceptos y tácticas similares en situaciones que pueden ser consideradas como distintas.
Dos. En el contexto contemporáneo ecuatoriano, existe una repetición de proyectos políticos, y esto, de alguna manera, es el producto de un tipo de empate entre, por una parte los movimientos sociales y en especial, por su fuerza organizativa, el movimiento indígena, y por otra parte, los sectores dominantes. El uno pretende implementar una suerte de democracia y desarrollo participativo y pluralista, y el otro un sistema neoliberal con una democracia de corte institucional y de mayorías. Ni el uno ni el otro, han podido realizar hasta ahora su proyecto plenamente.
Tres. Existen espacios limitados de acción y poder legítimo, circunscritos por discursos particulares, que establecen las normas y reglas del juego político. De la misma manera, entonces, los actores tienen un repertorio limitado de discursos para expresar sus visiones y legitimar su retórica.

Un esquema organizativo
Ofrezco aquí un esquema conceptual de la inserción del movimiento indígena en los procesos o estrategias de las que hablamos: la Asamblea Constituyente en 1997/8, y la toma de los tres poderes del Estado el 21 de enero de este año. Para ponerlos en perspectiva, incorporo la cuestión de la participación electoral del movimiento indígena. Cabe esta propuesta porque desde 1996 las proyecciones del movimiento indígena, y algunas de sus propuestas, apuntan directamente hacia espacios de poder, lo cual sugiere también su reconstrucción como actor. Cada tipo de acceso al poder implica diferentes niveles de conformidad con las reglas dominantes del juego político (ver esquema).(1)
Tres proyecciones hacia el poder
Las tres formas de “participación” son también distintas “tomas del poder” que reconstruyen parcialmente al movimiento indígena como actor. Un elemento clave del repertorio del movimiento indígena es, a no dudarlo, el “Parlamento Indígena-Popular”, que se manifiesta, además, de forma distinta en cada proceso. Es decir, el movimiento indígena accede a estos espacios de poder pero con un concepto alternativo en cuanto a la forma de cómo deberían ser tales espacios, simbolizados éstos por el parlamento o la asamblea indígena-popular.(2)
Participación electoral como Pachakutik. Ser gobierno. La participación del movimiento indígena en la escena electoral es una forma de “ser gobierno.” Esto está limitado en la práctica a los espacios que efectivamente han sido ganados en las elecciones nacionales y locales (y en la capacidad del movimiento de influir en las acciones de las autoridades). Sin embargo, es ya un intento para construir un Estado plurinacional y una democracia participativa desde dentrode las instituciones políticas establecidas; así como la conformación de un tipo de gobierno y de parlamento indígena-popular, en los espacios donde es posible hacerlo. En algunos espacios, como Cotacachi y Guamote, se ha logrado, efectivamente, constituir un tipo de gobierno y parlamento indígena o indígena-popular.
Asamblea constituyente. Ser Estado. Aquí la proyección del movimiento indígena es hacia el Estado, mas no directamente hacia el control de sus instituciones. Se propone más bien, ser el autor, o coautor, de la Constitución vigente. Con ello se restablecerían los poderes y deberes del Estado, así como las reglas formales de las instituciones y del juego político, inclusive la dirección del Estado. Pero en este caso, la frontera entre autoría política y autoridad política fue ambigua, se pretendía que la Asamblea Constituyente del Pueblo sea considerada como la autoridad legítima para elaborar la Constitución. Por ello la iniciativa de tomarse las instalaciones físicas del Congreso Nacional para instalar allí la Asamblea Constituyente del Pueblo e incluso legitimar esta acción con una consulta popular.
Toma de instancias del Estado (21 de enero). Ser Estado y ser gobierno. Aquí la proyección es hacia el Estado y el gobierno; se trata en realidad de una proyección hacia el poder mientras que las anteriores eran más bien proyecciones parciales. Aquí aparece la Cámara indígena-popular en forma del Parlamento de los Pueblos, que serviría como poder legislativo, que acompañaría la conformación de la Junta de Salvación Nacional, especie de gobierno indígena-popular.(3)Se propone la reestructuración de los poderes del Estado, concibiendo a estas instancias indígenas-populares como espacios provisionales y transitorios hacia (y productores de) esa reconstrucción estatal y sus políticas. Esta idea se repetirá luego en varias de las preguntas de la Consulta Popular propuesta por el Parlamento de los Pueblos (especialmente aquella que propone el cese de funciones del Congreso Nacional).
Entonces, desde esta lectura, la Asamblea Constituyente del Pueblo y la toma de instancias estatales (así como la participación electoral), son distintas proyecciones hacia el poder, y son parte también del mismo proceso previsto en el proyecto político del movimiento indígena de construir un Estado plurinacional y una democracia participativa. Las dos primeras estrategias también involucran diferentes desarrollos del concepto del Parlamento Indígena Popular, que ahora forma parte del repertorio del movimiento indígena, y de otros movimientos sociales. Asimismo, dentro de las proyecciones del repertorio del movimiento indígena, aparece la figura del Congreso Nacional “corrupto e ineficiente”, como el “otro” (referente de oposición) del parlamento indígena-popular; configurándose la imagen de un poder injusto y no-representativo, con miembros incapaces y egoístas; que debería ser desplazado o reemplazado por los políticos indígenas y populares, o por la institución de la Asamblea Constituyente o por el Parlamento de los Pueblos.
Conformidad con las reglas y normas del juego político
Ahora bien, cabe resaltar una consideración sobre los aspectos interactivos en base del grado de conformidad con las reglas y normas del juego existentes. Este grado de conformidad o disconformidad también afecta el tipo de reacción por parte del Estado o los sectores dominantes.
La participación electoralimplica, de hecho, estar conformes con las reglas del juego, las mismas que insertan a la lucha indígena dentro de las instituciones y normas dominantes. Esta entrada en el poder generó, sin duda alguna, esfuerzos de control directo por parte de la clase política. Los indígenas entraron en un espacio ya entendido y controlado por la clase política, y en el cual ella disponía de muchas ventajas. Así que la reacción fue difusa y más bien de largo plazo.
Asamblea constituyente. Esta proyección implicó una conformidad tibia con las reglas del juego por parte del movimiento indígena y sus aliados. Participó en la asamblea oficial por medio de MUPP, optando por el mecanismo de votación universal. Tras las elecciones, llegó el bloque Pachakutik como tercera fuerza electoral, con una propuesta preparada por la asamblea alternativa, y realizó las típicas negociaciones que son propias de las prácticas parlamentarias. Asimismo, hubieron esfuerzos por declarar a la Asamblea Constituyente indígena-popular como la asamblea más legítima, o como la autoridad soberana del Ecuador. Otras propuestas que se esgrimieron, en ese mismo lapso, fueron las del cierre del Congreso Nacional y el derrocamiento del luego Presidente de la República, Fabián Alarcón.
La tendencia de este tipo de acciones y estrategias más radicales, como la de Asamblea Constituyente, comenzaron a partir del 5 de febrero y terminaron con la apertura de la Asamblea Constituyente oficial. Se debe considerar que se involucraron discursos y mecanismos de la democracia institucional como “la mayoría” o la consulta popular (legitimando la representación mediante votación). Así pues, las estrategias del movimiento indígena, se demostraron suficientemente flexibles como para responder a eventos al mediano plazo, desde el plano electoral a la protesta.
Toma de instancias del estado (21 de enero). Esta proyección hacia el poder mantuvo una mínima conformidad con las reglas del juego dominantes. Digo mínima, porque si bien fue un acto bastante radical, fue pacífico. Actos no pacíficos, en el contexto ecuatoriano, son muy difíciles de legitimar. Esta mezcla de romper las reglas, mientras se respetan otras, se ejemplifica con la expresión de Antonio Vargas, cuando dijo que fue “Una Revolución sin Sangre.” Revolución (totalmente fuera de las reglas), sin sangre (dentro de las normas políticas ecuatorianas). Sin embargo, frente a la rebeldía del acto, se impulsaron esfuerzos rápidos, específicos y de corto plazo para controlarlo y suprimirlo. Éstos incluyeron el uso fuerte de una retórica, en algunos aspectos racista, al tratar al acontecimiento de golpismo, traición, o anticonstitucionalidad, etc. (ver Walsh 2000); así como, el castigo directo de algunos de los participantes.
Estas tres entradas en el poder son cada vez más radicales, y alejadas de las normas y reglas que regulan el juego político. De alguna manera esta secuencia construye y responde a la misma experiencia del movimiento indígena en estos años en espacios de poder, que he señalado como ambiguos. Por un lado, han abierto nuevas posibilidades políticas para el movimiento indígena, agregando nuevos elementos a su repertorio de acción política. Pero a la vez, la experiencia en estos espacios han elevado sus expectativas, sin poderlas concretar. Las elecciones han servido para ganar puestos de autoridades electas, viéndose limitados sin embargo, tanto por el número de autoridades, como por las posibilidades de acción de éstas.
La Asamblea Constituyente terminó con algunos logros y limitaciones como no contener la declaración del Ecuador como Estado Plurinacional; permitiendo además algunas reformas que posibilitan el avance de la agenda neoliberal. Por fin, el 21 de enero, como sabemos, estableció a los indígenas y a los sectores sociales en el poder legislativo por 16 horas, y en el ejecutivo por 3 horas. También se construyeron nuevas alianzas y esperanzas, a la par que consecuencias negativas como la posibilidad de encarcelar a dirigentes indígenas y sociales, reunificando a la derecha, que adelanta el programa neoliberal. En parte, así se explica por que cada avance del poder indígena genera una reacción de igual alcance, que intenta controlarlo y genera sus consecuencias.
Discursos de poder y control
La ambigüedad y los limites de estos espacios del poder ocupados por el movimiento indígena, son en parte el producto de los discursos del sistema político ecuatoriano, discursos que además juegan un rol importante en la legitimidad de éste, y en la participación de los actores que lo componen. Mencionaremos, brevemente, tres de éstos: mayorías y minorías, institucionalidad y estabilidad. El uso de estos discursos es una parte del repertorio de la clase política y de instituciones de poder, y se encuentran interconectados, subiendo en la escala de poder desde “mayorías y minorías,” por “institucionalidad” hasta “estabilidad.”(4)
La mayoría. El discurso de la mayoría ha limitado las posibilidades políticas del movimiento indígena. Este es un discurso claramente de poder, hecho que, según su construcción, las “minorías” tienen derechos civiles, y de participación, pero no de poder de decisión. Jaime Nebot, decía, en la época de la Asamblea Constituyente:
[…] Democracia es el dominio de la mayoría… tienen que garantizarse los derechos de las minorías, pero no pueden obtener el derecho a decidir (El Comercio, 26 agosto de 1997).
Manuel Terán refiriéndose a la propuesta de control de riqueza petrolera en la amazonía, expresa:
160,000 ciudadanos que conforman la población aproximada de los indígenas amazónicos, 1.5% de la población total, controlarían la riqueza mineral y petrolera del país…y que haría el resto del país? (El Comercio, 21 de octubre de 1997).
Tanto en el caso de la Asamblea, como el 21 de enero, desde la retórica del poder se han deslegitimado los esfuerzos del movimiento indígena con este discurso. En la lucha de las constituyentes, se intentó deslegitimar a la Asamblea Alternativa, llamándola una “Asamblea paralela,” “foro cívico,” “espacio de discusión,” o hasta “reunión” porque supuestamente no representaba las “mayorías,” por no estar compuesta de miembros elegidos por votación popular. También en el caso del 21 de enero, se retrató a este evento como “el secuestro del país,” por indígenas rebeldes, quienes constituirían una “minoría” excesivamente política, sin derecho a tomar el poder o imponerse sobre la “mayoría” (Walsh 2000, 10).
Este discurso de mayorías y minorías es particularmente fuerte en el caso de los indígenas, considerados como de última categoría. Ahora, este discurso es reforzado por aquel de las mismas organizaciones indígenas, que establece señales de identidad que excluyen a la mayoría de la población de ser considerados indígenas.(5) Tal definición tiene su lado positivo en cuanto a que les permite reivindicar sus derechos colectivos en base de sus identidades y particularidades. Por otro lado, se excluye la posibilidad real de que los “indígenas” formen una mayoría. Salidas a esta contradicción existen; pero se requiere que las organizaciones indígenas vayan mas allá de una identidad y de una red de alianzas estrictamente indígenas; o, se requeriría del uso de mecanismos de consulta o encuesta, para identificar los postulados de las organizaciones indígenas con la opinión mayoritaria de la población.
La institucionalidad
El discurso de las “mayorías” esta vinculado al de la institucionalidad, en tanto hay un mito o creencia de que las instituciones, en sí, representan a las mayorías. Así, dentro de este discurso, solo por su mediación se puede legítimamente hacer reclamos o tomar el poder. Este discurso apareció en las luchas de 1997, y también este año, cerrando las posibilidades históricas del movimiento indígena. En el caso del 21 de enero, fue esta “falta de respeto” a las instituciones las que llevaron a categorizar al movimiento indígena como “golpistas,” “dictadores,” y “antidemocráticos.” Tanto los militares que obstaculizaron la Junta de Salvación en nombre de defender la constitucionalidad, como Osvaldo Hurtado quien defendió las “instituciones democráticas,” participaron en este juego discursivo. Es interesante anotar que Hurtado se posicionó de igual modo durante la Asamblea.
Los pueblos indígenas inicialmente adoptaron posiciones contrarias al sistema democrático, abandonándolas después al considerar que sus instituciones no eran el obstáculo, sino más bien un camino para realizar sus demandas. Conscientes de ello participaron en las elecciones para integrarse en la Asamblea Constituyente (oficial), donde obtuvieron un 10% de representación. No estuvieron equivocados en pensar que la Asamblea sería un espacio abierto para sus opiniones, comprendería sus problemas, y atendería sus demandas. No utilizaron la fuerza ni presiones inapropiadas, valorizando más bien la razón, la persuasión y la negociación. Estos medios democráticos les permitieron obtener un voto unánime para que sus derechos colectivos consten en la constitución (El Comercio, 20 de mayo de 1998).
Habían otras declaraciones de este tipo durante 1997 y los primeros meses de 1998. Este discurso de la institucionalidad se uso para poner al movimiento indígena, y a otros movimientos sociales, en “su lugar.” Esto de hecho, fue parte de la estrategia de Alarcón cuando llamó a una consulta popular en mayo de 1997. En los resultados de ésta, no solo que se ratificó su presidencia interina, sino que se señaló que la asamblea oficial debería estar compuesta por miembros elegidos por votación popular (y no delegados directos de organizaciones indígenas y sociales), Alarcón, al respecto, comentó:
La Consulta también pone en su lugar los movimientos que pretenden ser dueños del Mandato Popular del 5 de febrero; sabremos cuantos son y su peso en la sociedad. Eso se mostró en la composición de la Asamblea Constitucional (El Comercio, 25 de mayo de 1997).
Aquí otra vez los indígenas y movimientos sociales se encuentran presos en trampas discursivas cuando quieren evadir la institucionalidad. Sin embargo, las instituciones sí ofrecen algunas posibilidades de avance. Además, hay salidas posibles a este discurso, cuando los medios extrainstitucionales utilizados son pacíficos y recogen el sentimiento del pueblo; así como, cuando se levanta exitosamente la bandera de la soberanía popular, desligándola de las instituciones existentes del Estado y del gobierno.
La estabilidad
La institucionalidad está vinculada al discurso de la estabilidad, y como los otros discursos mencionados, aparece en la retórica tanto de 1997 (5 de febrero y Asamblea) como en el 2000 con el 21 de enero. La “necesidad” de mantener la “estabilidad,” y la “tranquilidad social,” es otro discurso que puede encerrar al movimiento indígena. Así, el 21 de enero fue retratado como una violación extrema de las normas de estabilidad, concibiéndose el día 22 como la restauración de la paz y el control (Walsh 2000, 6), con la instalación de Gustavo Noboa como Presidente de la República y el retorno de los indígenas a sus comunidades. Igualmente, el 1 de mayo en una llamada a la Radio La Luna, un oyente reaccionó con respecto a las protestas de ese día de la siguiente manera: “se necesita mano dura para que los indígenas y otros se pongan a trabajar, en vez de anarquizar al país.” Estos criterios también se contraponen a las preguntas de la consulta popular, planteadas por el Parlamento de los Pueblos, que propone la cesación de los diputados del Congreso Nacional, y la reestructuración del poder judicial.
De igual manera, se desplegó este discurso con respecto a la Asamblea. Al responder al paro indígena-campesino de agosto de 1997, que protestó la manipulación de la Asamblea oficial por parte del Congreso Nacional, Xavier Neira del PSC opinó: “La Asamblea se convoca para institucionalizar el país, no anarquizarlo…los dirigentes de la protesta quieren construir un país ideal, pero a la vez ellos anarquizan, dividen, y empobrecen el país real” (Hoy, 14 de agosto de 1997). Comentarios parecidos salieron cuando los participantes en la Asamblea Constituyente indígena-popular intentaron ocupar el Congreso Nacional.
Este discurso de estabilidad también se juega internacionalmente en el discurso de desarrollo y en torno a intereses particulares. Tanto los EEUU como los inversionistas extranjeros defienden sus intereses respecto a países pobres en términos de mantenerlos estables. Entonces este discurso de la estabilidad, aunque claramente parte del Estado, también se vincula al discurso actual de desarrollo, y a su acompañante en lo político: la “gobernabilidad”.

Conclusión
Aunque estos tres discursos podrían ser utilizados tanto por los indígenas, otros movimientos sociales, como por la clase política o “dirigentes de opinión pública,” reconocemos que el acceso a este uso no es igual. Además, estos discursos forman parte del repertorio, si no de la identidad, de la clase política, mucho más que del movimiento indígena y de otros movimientos sociales. Un ejemplo de lo mismo se publicó recientemente en el periódico, donde Juan José Pons (actual Presidente del Congreso Nacional) articuló los tres discursos frente a declaraciones efectuadas por Salvador Quishpe, dirigente indígena:
La democracia es el gobierno de las mayorías…si esa mayoría realmente apoya al movimiento indígena veamos los resultados de las elecciones del 21 de mayo […] El país no se puede acabar, no podemos permitir que una minoría, por importante que sea, lo lleve al caos (El Comercio, 30 de abril de 2000).
Vemos la apariencia y uso de esos discursos en varios momentos, sobre cuando existen desafíos abiertos del movimiento indígena, haciendo aún mas ambiguos y difíciles de aprehender los espacios del poder a los cuales éste ha intentado acceder. Se puede decir que estos discursos forman parte del paradigma dominante de la política ecuatoriana, y forman parte clave de la identidad y el repertorio de la clase política dominante.
Las organizaciones indígenas han desarrollado su propios paradigmas de acción, incluyendo el de la asamblea indígena-popular. Se crea de esa manera un tipo de intercambio simbólico, donde los indígenas proponen otra institucionalidad, con otro concepto de representación. Es un avance, pero difícilmente se rompen estos discursos de poder y son recreados en los paradigmas dominantes. No obstante, es necesario hacerlo. Concretizar la interculturalidad en este país será difícil con una democracia institucional y mayoritaria, con un limitado concepto de representación, dirigido sobre todo para mantener la “estabilidad,” que no crea espacios reales para una democracia más participativa, plural, y de consensos.