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El gobierno intentó avalar en un acto, a puertas cerradas, la Consulta post que dice haber aprobado la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, así como el supuesto rechazo a la Intangibilidad del territorio (ley 180)
Según reseña el diario boliviano Página Siete, el defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, aseguró que este proceso de consulta en TIPNIS carece de “legitimidad” y que no se cumplió la sentencia del Tribunal Constitucional que recomienda la concertación entre el Estado y los indígenas. Villena considera que “aunque se haya cumplido la legalidad el tema pendiente es la legitimidad”.
También recuerda el periódico que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) cree que la consulta tampoco cumplió con las normas nacionales y los estándares internacionales. “Pese a estas observaciones y la oposición de 11 comunidades que no participaron de la consulta, y tres que rechazaron la vía por medio del TIPNIS, el Gobierno anticipó que construirá la ‘carretera ecológica’ y empezará a buscar financiamiento”.
Hace unos días pudimos el informe de una comisión conformada representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Iglesia católica con Cáritas Bolivia que ingresó al parque Isiboro Sécure el pasado 29 de noviembre para verificar cómo se realizó la consulta ante las constantes denuncias de comunarios: “Hemos podido constatar que el protocolo no se ha cumplido a cabalidad. La consulta requiere ciertos requisitos, tiene estándares, tiene pasos, tiene procedimientos y por lo que nos han contado los mismos comunitarios, lamentablemente no se han cumplido”