Imprimir
Enviar
Un grupo de 1.500 personas ocupa desde hace 10 meses la finca que fue recuperada por el Gobierno en diciembre de 2010. Los campesinos exigen al Gobierno que les entreguen parte de la tierra
El nacional, Venezuela
16 DE DICIEMBRE 2012 - 12:01 AM
En la hacienda Bolívar La Bolivariana la producción de carne y leche se ha afectado por las lluvias, la intervención de 2010 y, recientemente, por la ocupación ilegal de casi la mitad de la propiedad por 1.500 familias de campesinos que declaran tener derecho sobre esa tierra y reclaman al Gobierno cartas agrarias.
“Nosotros no queremos que nos saquen de la Bolívar, ya hemos sembrado plátano y hemos invertido. Queremos que nos regularicen la entrega de tierras, nosotros nos queremos quedar en la Bolívar, esta es una lucha de 14 años, no queremos otras tierras”, manifiesta Aníbal de Jesús Arcaya, miembro de la cooperativa Alí Primera.
Consideran que tienen derecho sobre esta tierra. “Decidimos rescatar las tierras de la hacienda Bolívar porque la empresa estatal Marisela no ha hecho nada y tiene improductiva la finca. Tienen 3.900 hectáreas, cómo nos van a sacar de aquí si tenemos 10 meses cultivando. Entonces que una parte se la den a los rusos o bielorrusos, y la otra a nosotros”, señala Lorena González, representante del Consejo Campesino Alí Primera.
En un recorrido por los asentamientos de campesinos, algunos tienen pequeñas áreas sembradas de tomate, plátano, auyama, pimentón y maíz. Los ocupantes solicitan al ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, que entregue cartas agrarias y asigne lotes de terrenos para la siembra.
Ante la ocupación, la Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Marisela, administradora por parte del Gobierno de la hacienda Bolívar la Bolivariana, denunció la situación ante el Tribunal Superior Agrario del estado Zulia. Dicho tribunal emitió en agosto una medida de protección a favor de la hacienda y del ganado por 48 meses, y ordenó el desalojo inmediato de la finca. Ni la Guardia Nacional ni las autoridades del INTI han ejecutado la medida. Voceros gubernamentales aseguran que habrá una “resolución pacífica”. Se realiza un censo de las familias que ocupan la hacienda.
En la gestión de Luis Motta Domínguez en el INTI, los ganaderos del Sur del Lago denunciaron que el organismo pedía ceder tierras para trasladar a los ocupantes de la Bolívar. Los campesinos se niegan a abandonar esta hacienda y confían en que Loyo los reconozca. Mientras tanto, el proyecto con la empresa mixta entre Rusia y Venezuela para la producción de plátano en la hacienda Bolívar no se ha concretado y los ganaderos de la zona indican que la producción de carne y leche se ha reducido a la mitad, y el ganado de la raza santa Gertrudis ha mermado y está en mal estado. Esta finca pertenecía a la familia Brillembourg, tiene 3.918 hectáreas y se producían 5.000 litros diarios y carne de alta calidad.
———————————-
La tierra, una eterna disputa
El espectador, Colombia
09 diciembre 2012
El acceso al territorio, su desigual distribución y su explotación ocuparán parte de la agenda de los diálogos de paz. El Espectador hace un breve recuento de esta extensa problemática.
Según cifras del Gobierno, el 78% de los propietarios de parcelas en el país son microfundistas. / Andrés Torres - El Espectador
El propósito de lograr la paz que emprendió el país una vez más y que hoy centra todas las miradas en La Habana (Cuba), parte de una razón que ha mantenido vivo el conflicto armado en Colombia durante los últimos 60 años: la tenencia de la tierra y, por supuesto, su explotación.
Durante los últimos 13 años, de acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, en Colombia la violencia ha desplazado de sus tierras a 4 millones de personas. El despojo, que ha involucrado a 836.000 familias, llevó al abandono de 5,5 millones de hectáreas (poco más del área sembrada con productos agrícolas y forestales, según datos del Gobierno) que hoy el Estado busca restituir a sus propietarios: los campesinos.
Al despojo de las tierras por parte de los grupos alzados en armas, que ha dejado al campesinado como principal víctima del conflicto, se suma el hecho de que la superficie del país (114 millones de hectáreas), cuenta el Gobierno, necesita desde hace mucho una reorganización por la vía de una ley de desarrollo rural. De un total de 50 millones de hectáreas que tiene la frontera agrícola nacional, sólo 5 millones se utilizan en agricultura; mientras tanto, la ganadería ocupa 39 millones de hectáreas (hay menos de una vaca por hectárea).
Si la tierra estuviera mejor repartida, asegura el mismo Gobierno, el área potencial para la agricultura sería de 21 millones de hectáreas y la ganadería emplearía sólo 20 millones. A su vez, las plantaciones forestales (que hoy ocupan 350 mil hectáreas) podrían desarrollarse hasta en 14 millones de hectáreas. La tierra agrícola en Colombia se ha concentrado en cultivos permanentes (palma y caucho), mientras que los transitorios (arroz, maíz y trigo) ocupan el 33% del total sembrado.
Al tema de la tenencia de tierras , se suma el de su explotación. En recursos no renovables hay cerca de 5,8 millones de hectáreas intervenidas y si a estas operaciones no se les pone control, podrían terminar ocupando una gran parte de la frontera agrícola. En palabras de Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, podría convertirse en “una mancha negra” sobre el territorio nacional. Con este breve panorama, el Gobierno reconoce que la legislación sobre el uso del suelo está dispersa y que los conflictos por la tierra son cada vez mayores.
A través de una ley de desarrollo rural, que busca tramitarse ante el Congreso, se busca estructurar una política de desarrollo rural que incluya un acceso más justo a la tierra y que dé pautas claras para iniciar una reorganización del territorio.
Para varios dirigentes gremiales del sector agropecuario consultados por este diario, la paz en el campo debe comenzar por un proceso serio de restitución de tierras que involucre un compromiso real de los actores alzados en armas. “A la guerrilla le llamamos la atención para que cumpla con lo prometido. Que no ocurra como en la reforma agraria de los sesenta, donde las tierras entregadas volvieron a sus antiguos dueños”, manifestó un dirigente de los arroceros.
La restitución de las tierras, si es exitosa, tiene que ir acompañada de planes de retorno a las parcelas, apuntan. Esto va ligado a la intención de una mejor distribución del territorio para actividades agrícolas. “El país tiene que perderle el miedo a la agroindustria rural. El problema de Colombia es el minifundio y la concentración en pequeños productores”, precisa el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía López.
En el país, expresan las cifras oficiales, las grandes extensiones de tierra pasaron de ser el 39,2% de la superficie agraria en 1999 a más del 52% del total de la misma. Entretanto, el microfundio cayó del 13,5 al 10,5% del área agrícola.
Para el Gobierno, actualmente, el mayor lío de la estructura agraria es una creciente minifundización como resultado de pocas áreas disponibles. De esto parte su intención de conformar unidades productivas más grandes.
Un estudio publicado por el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que la concentración de la tierra se ha consolidado sobre “patrones de uso irracional como ganadería extensiva que asume controles sociales y políticos, narcotráfico y violencia, y recientemente los nuevos cultivos promovidos por la política gubernamental”.
Durante las últimas ocho décadas de intentos para dar un vuelco al campo y al conflicto armado, el PNUD asegura que la modernización se ha hecho a partir de una estructura de grandes y medianas propiedades. Dice el documento que en ese lapso “se dejó intacta la estructura terrateniente que se consolidó a partir de la captación de rentas, el control político local y la cooptación de los espacios públicos de representación política”. Agrega que se dio tolerancia al desplazamiento forzado para ampliar cultivos agroindustriales.
A partir de 1984 la concentración de la propiedad de la tierra registró uno de sus incrementos más fuertes, sostiene el PNUD. También, desde comienzos de los ochenta, aumentó el nivel de desplazamiento de la población. “No hay nada en la estructura económica y política colombiana que indique una reversión en esta tendencia a la concentración de la propiedad”.
La investigación también dice que el despojo de 5,5 millones de hectáreas a los campesinos hace prever una disputa todavía más fuerte por el control del territorio, debido a que en el aire han quedado las promesas de explotación de recursos valiosos. “Este ambiente bélico es uno de los marcos para la consolidación de la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra”.
Como parte de la solución a un extenso conflicto, el Gobierno a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448) busca que en los próximos años se devuelvan cerca de 2 millones de hectáreas. Hasta el momento hay casi 20 mil reclamaciones de predios, cerca de 1.600 procesos de restitución y se solicita la devolución de 1,51 millones de hectáreas en 754 municipios del país.
Sin embargo, los enemigos de esta ley no son pocos. “El mayor obstáculo que enfrenta es la resistencia de los violentos que continúan asesinando los líderes que reclaman sus tierras en nombre de sus comunidades. Ha sido una constante en la historia el asesinato de los líderes de las comunidades que reclaman por el despojo de sus tierras”, concluye el informe del PNUD.
————————————————————
Advierten que se profundizó la concentración del uso de tierras en Entre Ríos
Según el INTA, los productores más pequeños se vuelven rentistas. De los “nuevos actores”, solo 190 propietarios y pooles en la provincia utilizan el 42% de 1,2 millones de hectáreas.
InfoCampo, Argentina
16 Diciembre 2012 | 16:14
Los productores más pequeños se vuelven rentistas. De los “nuevos actores”, solo 190 propietarios y pooles en la provincia utilizan el 42% de 1,2 millones de hectáreas, según datos de una investigación del INTA.
Según publicó el diario APF Digital, los nuevos actores productivos ocupan un lugar importante en la provincia. Del total de 2 millones de hectáreas de superficie agrícola en Entre Ríos, trabajan el 61,5% de hectáreas. El resto (38,5%) pertenece a los tradicionales.
El proceso de cambio tecnológico por la demanda internacional y también interna generó modalidades de gestión que hasta el momento no se encontraban analizadas ni sistematizadas. Ese porcentaje mayoritario de tierras son 1,2 millones de hectáreas. De esas, 524.775 (42%) son trabajadas por megaempresas no entrerrianas, pooles locales y grandes propietarios que llegan a 190 firmas.
Por otro lado, aquellos productores que tienen menos de 2.000 hectáreas y que lograron expandirse en el último tiempo, trabajan el 44,44% de esa superficie, pero son 574 familias; más del doble que los anteriores.
Hasta el momento no se tenían datos sistematizados y científicos que dieran cuenta de esta realidad del sector en la provincia.
El Centro Regional Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de entre Ríos, realizó una investigación en todo el territorio apoyado por la Universidad francesa de Toulouse, Le Mirail; el viernes fue presentado el informe preliminar.
Entre los hallazgos más importantes, hay un encabezado que advierte sobre la profundización del proceso de concentración de la tierra en términos de uso y producción. En él destacan: “El estudio pone en evidencia que todas las categorías analizadas muestran un proceso de expansión, el cual lograron a partir del arrendamiento de tierras a otros actores que muchas veces son los pequeños y medianos productores que salen del circuito productivo y conservan la tierra como resguardo de capital, transformándose en rentistas”.
Asimismo dice: “La producción que antes estaba en manos de varios miles de pequeños y medianos productores, ahora está trabajada por un conjunto sustancialmente menor de actores, que no son propietarios de las tierras en su mayor parte, pero que las utilizan para desarrollar variadas actividades productivas”.
La investigadora Martine Guibert dijo al diario UNO que son firmas que en este momento, por la gran rentabilidad del sector agropecuario, buscan economía de escala.
“Juntan un número máximo de hectáreas que alquilan junto a los otros recursos que se necesitan para producir”, destacó, y explicó que el fenómeno estudiado no es la concentración de la tierra en términos de propiedad, sino “una concentración productiva”.
De la síntesis preliminar de la investigación se desprende también una serie de datos llamativos. Por un lado en Entre Ríos hay 19 pooles extraprovinciales, 10 de base local, y representan 95.832 hectáreas.
Por otro lado, 161 “grandes propiedades” (más de 2.000 hectáreas) concentran en total 428.943 hectáreas.
También se desprende que hay un número importante de productores familiares que lograron expandirse, adquirieron equipamiento propio y que por lo general trabajan su propia tierra.
Con relación a los contratos de arrendamiento en estas nuevas formas de organización, sostiene el informe que la modalidad de los contratos son a un año. Señalan entre las razones: “En primer lugar porque de esta manera los propietarios pueden renovar los precios de los mismos por cada campaña (…) y en segundo lugar porque los inversores o los nuevos actores productivos pueden entrar y salir rápidamente de la actividad”.
Entre los nuevos actores, la investigación también destaca a los proveedores de insumos y servicios. Son los llamados ‘contratistas’ que realizan el transporte, aplicaciones químicas, asistencia técnica y acopio entre otros desempeños. Si bien hay quienes pertenecen a Entre Ríos, también desarrollan la actividad sucursales de empresas de otras provincias.
Otras de las categorías fue denominada “productor extraprovincial” y son quienes llegaron a Entre Ríos gracias a arrendamientos de menor valor y por lo general suelen ser propietarios en sus lugares de origen. En total son un número importante, 165 y trabajan 117.569 hectáreas.
También las cooperativas ingresan en estas categorías de nuevos actores. Se detectaron solo seis y la cantidad de hectáreas son 10.151.Por último destacan al profesional del sector: el ingeniero agrónomo. Son 36 en la provincia quienes decidieron producir mientras continúan con su actividad de asesoramiento y en total cubren 16.319 hectáreas.
Los departamentos Uruguay y Gualeguay concentran la mayor cantidad de hectáreas trabajadas por pooles de siembra que no pertenecen a la provincia. Suman entre los dos 36.472 hectáreas. Son fideicomisos, sociedades anónimas o fondos de inversión y realizan un movimiento comercial por fuera de Entre Ríos, trasladan la producción en bruto y no agregan valor en origen.
Por otro lado, Gualeguaychú, Federal y La Paz concentran la mayor cantidad de empresas con las mismas características, pero con una base local. En total en las tres se trabajan con esta modalidad 33.647 hectáreas.
De todos modos el Departamento con más cantidad de hectáreas en manos de pooles de siembra, locales o por fuera de la provincia es Uruguay con 22.839.
La mayor concentración de grandes propiedades en la provincia se encuentra en los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Gualeguay, Villaguay y La Paz. Entre los cinco en esta categoría se explotan 335.646 hectáreas. El informe del INTA llama la atención en esta categoría, en el que destaca un cambio en el componente productivo, donde se pasa, en general, de la ganadería a la agricultura o a sistemas mixtos. Señala: “Muestran una lógica patrimonial cada vez más articulada con la lógica empresarial, buscando escala de producción”.
A pesar de lo expuesto anteriormente, a los investigadores que participaron del trabajo teórico y de campo les llamó la atención el pequeño número de pooles. Esperaban que fueran más y que incluso, concentren para la producción mayor cantidad de hectáreas.
Asimismo Marcelo Sili, del Conicet y miembro del equipo técnico, dijo a UNO: “La mayor proporción de nuevos actores agrícolas son los productores familiares expandidos. El productor de 300 y 500 hectáreas se expande alquilando tierras a vecinos que las dejaron, a familias que tenían una sucesión o a otros que no tienen herramientas o capacidad para producir y que se fueron a vivir al pueblo. Es el sector más dinámico, que más gente tiene y el que más dinamiza los territorios”.
En este sentido, la mayor cantidad de producciones familiares se encuentra en los departamentos La Paz, Victoria y Villaguay. Entre los tres suman 214.850 hectáreas. El informe preliminar de la investigación del INTA los denomina “burguesía rural” y refiere a la capacidad que han tenido “el conjunto de los productores medianos con anclaje local de adoptar nuevas tecnologías, de diversificar, de integrar procesos productivos, y por sobre todo, de aumentar su escala”.
—————————————–
Nota de Clajadep:
Como es apreciable a primera vista, las readecuaciones en el campo en nuestro continente Abya Yala se realizan a ritmo vertiginoso, con una política de tierra arrasada. Seguiremos informando y actualizando la información, al mismo tiempo que estaremos mostrando la lucha campesina y originaria en defensa del territorio, en especial aquella que indica nuevas maneras del empoderamiento y construcción de capacidades para el desarrollo de la Otra Economía. Esta compilación de noticias que sirva como otra clarinada de alerta y solicitamos a nuestros visitantes que nos ayuden a reunir más información al respecto. Comunicarse al correo clajadep3@gmail.com
Es importante recalcar el fracaso de la organización llamada Vía Campesina, dirigida por partidos afines a la disputa de los gobiernos que aceleran o frenan las luchas por la tierra según los intereses electorales de sus organizaciones que están o que aspiran a los gobiernos. Sostenemos que la política en el campo debe asentarse en una alianza por abajo y horizontal por localidades y territorios de las agrupaciones campesinas, habitantes de villas y poblados rurales, comunidades originarias y afrodescendientes, instalando formas de economía de subsistencia y apoyo mutuo al mismo tiempo de tejer redes de suministro e intercambio con las periferias de las ciudades y barrios populares.