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Nahuas de unas 30 comunidades crearon la Policía Ciudadana y Popular, el pasado 2 de diciembre, en Temalacatzingo, municipio de Olinalá, en la Montaña Alta
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Uno de los casi 300 vigilantes voluntarios del poblado de Tecoanapa, en la Costa Chica
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Vacío de autoridad
Cunde el ejemplo de autodefensa armada en comunidades de Guerrero
Las acciones de protección prueban el fracaso oficial contra la delincuencia, dice ONG
Agrupaciones locales indican que el gobernador Aguirre Rivero ni los oye ni les cumple
Periódico La Jornada
Domingo 13 de enero de 2013
Chilpancingo, Gro., 12 de enero. Decenas de comunidades de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero vuelven a ser escenario de acciones de autodefensa armada, por la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno para atender las demandas de seguridad de los pueblos contra el crimen organizado que opera en esas dos regiones del sureste del estado, donde habitan indígenas me’pha (tlapanecos); ñuu savi (mixtecos), amusgos y afromestizos.
Encabezadas principalmente por contingentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), las comunidades se sumaron al movimiento ciudadano cansadas por los crímenes, violaciones y extorsiones de que son víctimas por los grupos delictivos.
Vidulfo Rosales Sierra, del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se refirió a las causas del levantamiento popular que se inició el domingo 6 de enero en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, tras el secuestro de Eusebio Álvarez Mendoza, ganadero y comisario de la comunidad Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa: Eso se debe a un vacío de la autoridad federal y local en el ejercicio de sus funciones ante la seguridad pública.
Sin duda, añadió, “ha fracasado el modelo de seguridad y sus políticas; del operativo Guerrero Seguro hay que recordar que el año pasado funcionó, pero no hubo avances considerables. Lo que pasa es prueba de que no se aprehendió a los delincuentes ni se revirtió el índice de criminalidad en esa zona; por el contrario, se fortaleció”.
Rosales Sierra criticó: No es posible que campesinos organizados con armas de bajo calibre hagan frente a los delincuentes en cuestión de dos días, mientras el Ejército, la Marina y las policías con armas de alto poder en más de tres años no han podido revertir este fenómeno; eso es imposible; no amerita mayor análisis. Eso indica que hay un alto grado de complicidad y un vacío de la autoridad; por ejemplo, la Procuraduría de Justicia no hace nada, sabe las relaciones que tiene su policía ministerial y se niega a remover a su personal, y ahí están las consecuencias.
Insistió: es evidente que hay un alto grado de connivencia y complicidad de las autoridades estatales, como la Policía Ministerial y la estatal asignadas a la comunidad El Limón, en Ayutla, con los mismos ministerios públicos y los jueces, que generó un ambiente que permitió que la delincuencia organizada se moviera libremente por estos lugares, como si anduviera por su casa. Toda esa complicidad hizo que reinara la delincuencia cometiendo atropellos contra la población.
Ese vacío causado por el gobierno hizo que los habitantes se organizaran. El pueblo se cansó y decidió tomar la seguridad en sus manos, rescatar los principios de justicia para los pueblos campesinos indígenas y mestizos.
Tal vez lo más importante de este levantamiento popular es que se demuestra a México que la delincuencia organizada no es invencible, y que, una vez que los pueblos se organizan, pueden meter en cintura a la delincuencia, y que no debe paralizarse la sociedad ante el flagelo, como hicieron en estos meses los municipios de Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá.
Pero advirtió que los grupos delictivos, cuando la gente regrese a sus comunidades, pueden tener una reacción y poner en riesgo la integridad de los campesinos y sus familias. Estaremos atentos a ver cómo actúan las autoridades, porque no se trata de mandar más policías.
Propuso que los campesinos fortalezcan y respeten los sistemas de usos y costumbres, para ir retomando la justicia tradicional de los pueblos, y no quedarse sólo en la organización al calor del problema, sino creando sus propias instituciones de justicia para evitar que la delincuencia los agreda.
El proceso organizativo
La primera manifestación de organización de los pueblos indígenas, mestizos y afromestizos fue la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en octubre de 1995; siguieron el ejemplo los municipios de Huamuxtitlán, el pasado 17 de septiembre, con la Policía Ciudadana y Popular (PCP), y luego 30 pueblos nahuas de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, el pasado 2 de diciembre.
En Huamuxtitlán se creó la PCP con más de 100 elementos el 17 de septiembre de 2012, tras el secuestro de 18 personas por un grupo de la delincuencia organizada. Incluso se entregó a Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia de Guerrero, un expediente con más de 30 hechos violentos donde destacan los secuestros del ex alcalde Juan Carlos Jiménez, asesinatos de taxistas, aparición de cadáveres en la cabecera municipal, robo de casas y de vehículos, extorsión a comerciantes y presuntas amenazas a la ex alcaldesa perredista Soledad Romero y su marido Víctor Echeverría Valenzuela, ex dirigente magisterial.
Uno de los casi 300 vigilantes voluntarios del poblado de Tecoanapa, en la Costa ChicaFoto Lenin Ocampo Torres
El 25 de noviembre, más de 200 campesinos mixtecos de al menos 30 comunidades del municipio de Ayutla de los Libres rindieron protesta como nuevos integrantes de la Policía Comunitaria para enfrentar al crimen organizado.
Con las comunidades mixtecas sumadas a la CRAC, el territorio se amplía a 107 pueblos de 13 municipios de la Costa Chica y la Montaña: San Luis Acatlán, Marquelia, Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Iliatenco, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, Tlacoapa, Acatepec, Ayutla, Azoyú, Tlacoachistlahuaca.
Los municipios sumados a la Policía Ciudadana y Popular son los de Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá, que colindan con los estados de Morelos y Puebla.
Más de un año sin audiencia
Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, recordó que casi desde que llegó al poder el gobernador Ángel Aguirre Rivero (1/4/11) le habían solicitado audiencia, y no fue hasta el 28 de mayo de 2012 cuando se dio la primera y única audiencia a la CRAC, aunque después ha habido algunos encuentros con compañeros, con la finalidad de dar seguimiento a las demandas que se plantearon, que hasta la fecha sólo se han cumplido en una mínima parte.
Afirmó que el gobernador no ha cumplido con los acuerdos alcanzados, sólo otorgó un presupuesto de 500 mil pesos, que fueron dando en abonos chiquititos; dieron parte de los 500 radios que había prometido y de ahí en fuera nada, ni uniformes, ni armas, ni despensas, ni vehículos. Sobre ese incumplimiento también nosotros le damos la autoridad que merece alguien que se compromete y no cumple su palabra.
Consideró que esta indiferencia del gobernador contrasta con el tratamiento que da al levantamiento de los pueblos de Ayutla y Tecoanapa, que encabeza la Upoeg. “Algunas de esas cuestiones se han comentado en las asambleas de la Policía Comunitaria, otras se han ventilado en los medios de comunicación. A nosotros no nos afecta que se dé atención a otros grupos, sino es en detrimento de las demandas y del proceso organizativo de la CRAC.
Hemos visto que mientras a la CRAC se le han cerrado los espacios de diálogo y del cumplimento de acuerdos, a otros grupos, también bajo la presencia de Policía Comunitaria, sí se les da todo el apoyo; eso hace evidente lo que ya se decía el pasado 22 de diciembre, en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, durante la designación de coordinadores y comandantes regionales, de que la Upoeg estaba prácticamente trabajando con el gobierno del estado.
“Lo que ocurre en Ayutla –recalcó– es muestra evidente de ello. Si se analizan las declaraciones de la última semana de la Upoeg, queda claro que fueron ellos los que estuvieron desde el principio detrás del levantamiento, y que incluso están invitando a los pueblos de la región, incluidos los que forman parte de la CRAC, para que se sumen a su movimiento.”
No obstante, Valentín Hernández anunció que en breve la CRAC fijará su postura oficial. Ya hubo una reunión donde se acordó que se dará una posición consensuada entre los coordinadores y consejeros, y probablemente el lunes se estará emitiendo un comunicado formal.
Acerca de la presencia de la delincuencia organizada en las comunidades pertenecientes a las tres casas de justicia de la CRAC, ubicadas una en San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, hay tranquilidad, aunque estamos en alerta por la situación en Ayutla; estamos trabajando de manera normal.
Para el abogado de Tlachinollan, Aguirre Rivero ha tenido una actitud distinta con la CRAC: se evidencia efectivamente la insensibilidad y falta de interés por los sistemas normativos de los pueblos. Hay un desprecio del gobierno por el sistema normativo de la CRAC, cuando ese es un modelo que puede dar el rumbo a la seguridad y de cómo podemos resolver la problemática de inseguridad.
En cambio, insistió, el gobierno, lejos de atender los problemas, ha criminalizado la lucha social, ha desdeñado y mantenido en el olvido a los pueblos, y ahora va al encuentro del problema porque lo tiene a la vuelta de la esquina, y atiende al levantamiento de las comunidades, porque tiene que dar una respuesta a esta problemática que evidencia las fallas del sistema de justicia del estado en su conjunto.
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Editorial de La Jornada
Domingo 13 de enero 2013
Guerrero: autodefensa y autonomía
Desde hace una semana cientos de habitantes de la Costa Chica de Guerrero, en su mayoría indígenas, instalaron retenes en los accesos del municipio de Ayutla de los Libres con el fin de confrontar directamente a las bandas delictivas que han asolado la región en meses recientes, ante la inoperancia de autoridades federales, estatales y municipales. El pasado jueves esas acciones fueron repetidas por habitantes del vecino municipio de Tecoanapa. En el curso de estos días las escuelas de la zona han permanecido cerradas; se han instaurado toques de queda y se ha detenido, como consecuencia de estas acciones, a unos cuarenta presuntos delincuentes, quienes serán juzgados en asambleas populares, de acuerdo con usos y costumbres de las poblaciones.
Similares medidas han sido tomadas desde finales del año pasado en Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac, Olinalá y otros municipios de la Montaña guerrense.
La circunstancia de hartazgo ante el azote de la criminalidad que se vive en Ayutla y Tecoanapa es emblemática de la que se vive en muchas otras localidades del país, abandonadas a su suerte en manos de grupos delictivos por la inacción y la incapacidad del Estado para cumplir con su responsabilidad más elemental: preservar la vida y la seguridad de las personas.
La diferencia sustancial, en el caso de las poblaciones de la Costa Chica guerrerense, es que ahí sus propios habitantes han decidido dotarse de la protección que les ha sido negada por las autoridades. Han recurrido en ese empeño a añejos mecanismos autóctonos de seguridad e impartición de justicia –que operan pese al acoso y los intentos de criminalización oficial–, y que con base en esas acciones, según los indicios disponibles, han podido contener en alguna medida el auge de la criminalidad en sus comunidades.
Una primera consideración a partir de los hechos comentados es el carácter ineficaz y hasta inverosímil de las acciones oficiales de seguridad puestas en marcha en esa entidad –particularmente el operativo Guerrero Seguro– y en todo el país en el contexto de la guerra contra la delincuencia del calderonismo. Como señala el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resulta poco creíble que individuos precariamente armados y sin mayor entrenamiento policiaco y militar puedan hacer frente a la criminalidad en forma más efectiva que como lo han hecho los uniformados de las corporaciones civiles y castrenses de seguridad; dicha perspectiva hace inevitable que surjan sospechas de complicidad entre los elementos de las fuerzas públicas –o sus superiores– y los delincuentes.
En casos como el referido puede percibirse, por lo demás, un rasgo perverso y paradójico de la relación entre los pueblos indígenas del país y el Estado: al tiempo que el segundo niega a los primeros el reconocimiento de su plena autonomía –como se constata con el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar–, los coloca en condiciones de desprotección y de vulnerabilidad ante las amenazas que provienen de los poderes fácticos –como la delincuencia, las corporaciones privadas, los cacicazgos– y de las propias fuerzas públicas.
Así, frente la inoperancia de la institucionalidad formal, a las poblaciones autóctonas no les queda otro remedio que recurrir a su propia capacidad organizativa para defenderse de las amenazas exógenas y para contener, también, el hartazgo popular acumulado entre sus habitantes. Dicha circunstancia –que podría ser vista como una obtención de la autonomía comunitaria por la vía de los hechos– tendría que hacer reaccionar a las distintas instancias del Estado sobre la urgencia de incorporar en su visión la perspectiva y la experiencia de esos actores tradicionalmente ignorados y marginados –los pueblos indígenas–, y de emprender una reconfiguración del poder público en el país que termine por colocarlo realmente al servicio de la población y, en particular, de sus entornos más vulnerables.
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AFP
Indígenas y campesinos de México se arman contra el narco
12 de enero de 2013
Hartos de los cada vez más frecuentes secuestros, extorsiones y hasta asesinatos perpetrados en la impunidad por el crimen organizado, indígenas y campesinos de Guerrero, en el oeste de México, tomaron las armas para garantizar la seguridad de sus pueblos, constató un periodista de la AFP.
El viernes, cientos de campesinos armados con escopetas, pistolas y machetes, mantenían retenes o puestos de control en al menos cuatro comunidades y en la cabecera municipal de Tecoanapa.
Estos hechos ocurrieron seis días después de que en el vecino municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, iniciara un levantamiento popular de autodefensa armada de los pueblos indígenas contra el crimen organizado.
El secuestro de Eusebio García, comisario municipal de una comunidad de Tecoanapa, quien reapareció dos días después herido de bala, motivó el levantamiento armado, un fenómeno cada vez más frecuente ante la frustración de los habitantes por la ausencia de justicia.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo ocho de cada 100 delitos que se cometen en México son denunciados y 99% de ellos quedan impunes. La tortura, las detenciones arbitrarias, los allanamientos, la desaparición forzada y los asesinatos se han incrementado, según la misma fuente.
La iniciativa popular de Guerrero está encabezada por el movimiento Unión de Pueblos y Organizaciones de ese estado, y aunque la Policía Comunitaria está de acuerdo con ella, no está participando directamente.
Hasta el momento, los pobladores han detenido a por lo menos 37 presuntos delincuentes que acosaban a las comunidades de Ayutla, Tecoanapa y sus vecinos Cruz Grande, San Marcos, Copala, y Cuauhtepec.
Uno de los líderes del movimiento en Tecoanapa, que no está autorizado a decir su nombre por razones de seguridad, aseguró que en día y medio detuvieron a nueve presuntos “halcones” (espías de bandas del crimen), y que los pobladores de este municipio acogen con beneplácito la iniciativa.
“Hemos tenido buena respuesta de la población, están apoyando con víveres, con buenos comentarios, de que esta movilización que tenemos está respondiendo prácticamente al interés de todos”, comentó.
En Ayutla, donde empezó el domingo pasado el movimiento, “tenemos el respaldo del 80% de las comunidades, y aquí en Tecoanapa, se están integrando día a día más pueblos”, precisó.
Añadió que son frecuentes delitos como “el cobro de cuota, el secuestro”, y que a los detenidos “se les va a investigar primero, y después se les va a procesar, dependiendo el nivel de delincuencia, también se les va a reeducar, prácticamente la misma metodología y el mismo proceso que la Policía Comunitaria, es decir, por medio de los usos y costumbres”.
El hombre encapuchado comentó que se acordó integrar una especie de tribunal popular: “Fue un acuerdo por parte de los pueblos, de hacer una tribuna de información amplia, para que la ciudadanía sepa qué es lo que estamos haciendo, a qué nos estamos dedicando, para que (los delincuentes) tengan temor”.
También destacó que en Ayutla desde el pasado miércoles “hay una especie de toque de queda a partir de las diez de la noche, también se incluyeron las escuelas, en donde se suspendieron las clases, el plazo es indefinido, hasta que tengamos la seguridad de la gente”.
“En este movimiento, no hay jefes, y dirigentes, y todo se consensa en una asamblea, y es la gente la que decide lo que se va a hacer. Hay un acuerdo entre el gobierno, y las comunidades en pie de lucha, hay constante diálogo”, recalcó.