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16-01-2013
Con un sistema que cierra las puertas al trabajo y en medio de una crisis a la que no se vislumbra salida, cada vez más personas se autoorganizan y forman asambleas de parados o cooperativas de todo tipo. En el País Valenciano, que cerró el año 2012 con 575.000 parados según cifras oficiales, florecen estas iniciativas de desempleados y personas precarizadas que “se buscan la vida”. Hay dos factores comunes a todos los proyectos: el funcionamiento asambleario, la autogestión y el apoyo mutuo, por una parte; y la presión a las administraciones, sean locales o autonómicas, para que aporten la financiación necesaria.
Los martes a las 19,00 horas se reúne en el salón de actos del Centro Islámico la Asamblea de Parados de Orriols-Torrefiel, dos barriadas obreras limítrofes de Valencia capital, que suman algo más de 50.000 habitantes. ¿Por qué en el Centro Islámico? No porque los miembros de la asamblea profesen la religión musulmana, sino por aplicar uno de sus principios de actuación: abrirse a todas las asociaciones y colectivos que trabajan en los barrios. De hecho, el 15-M constituye el embrión de la asamblea. Codo con codo, trabajan entidades como la Plataforma de Afectats y Afectades per les Hipoteques (PAH), la Asociación de Vecinos Orriols-Rascanya y Valencia Acoge, entre otras.
Hace dos meses que los parados se pusieron manos a la obra. Pegan folletos en el barrio, reparten propaganda a los vecinos, en los comercios, en los parques y en la oficina del INEM; también instalan mesas informativas. La asamblea de parados -por la que han mostrado interés un centenar de personas- ya trabaja en la creación de una microempresa de limpieza; para ello, ha iniciado contactos con algunas comunidades de vecinos de la barriada, que han mostrado su predisposición. Otro grupo de ex trabajadores, del sector de la madera, proyecta una empresa para trabajar el mueble y realizar faenas de carpintería, tapicería y restauración de muebles antiguos. Esta idea piensan complementarla con talleres de formación. En el campo de la hostelería, otro grupo de parados busca por Orriols y Torrefiel negocios que se traspasen para intentar reabrirlos y darles alguna actividad.
“ Porque hay que buscar ya una salida urgente”, afirma Maica Barceiro, miembro de la asamblea de parados y presidenta de la Asociación de Vecinos Orriols-Rascanya. Las cifras de desempleo extraoficiales en Orriols se disparan hasta el 40%. Se trata de un barrio periférico con mucha gente mayor y porcentajes de inmigración que superan el 25% (los más elevados de la ciudad). Este antiguo pueblo, anexionado por la capital a finales del siglo XIX, exhibe hoy “grandes deficiencias urbanísticas, por la dejadez y la falta de inversiones del Ayuntamiento”, subraya Barceiro. Al igual que en Torrefiel, la crisis y los recortes han hecho que residuos y heces de animales convivan con los vecinos. Ni siquiera hay habilitado un centro de salud (sólo un consultorio, hasta hace un mes afectado de aluminosis). Tampoco se han creado nuevos equipamientos educativos pese a la agregación de otro barrio (el “nuevo” Orriols, con 3.000 viviendas nuevas).
Adrián Félix, de 23 años, es el más joven de la asamblea de parados. Trabajó de cocinero hasta noviembre y ahora se dedica a enviar currículos, “pero ni me contestan”. Se acercó con gran interés a la asamblea, que considera “una nueva experiencia”. Hasta hace cuatro meses, Massaer Rndiaye, de 40 años y oriundo de Senegal, trabajaba en seguridad vial. Apura el último tramo de la prestación por desempleo y se asocia con el fin de “buscar una salida laboral para todos, no sólo para mí”. También participa en la asamblea Francisco Martínez, de 52 años, quien trabaja desde los 14. Empleado en la hostelería, lleva ahora un año en paro (cobra 500 euros y su mujer menos de 400, con lo que ha de alimentar a tres hijas y pagar una hipoteca). “Orriols ha sido siempre un barrio humilde; pero los chavales se salieron de la escuela para ir a la obra y hoy, con 25 años o más, están sin casa, en el paro y dando vueltas por la calle”, explica.
Entre las iniciativas de economía social en el área metropolitana de Valencia, destacan –por su originalidad y recorrido- las promovidas por la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa. En buena medida, esto se explica por la misma estructura socioeconómica de la barriada. El Parque Alcosa es un barrio dormitorio ubicado en el municipio de Alfafar, a 8 kilómetros de la capital, azotado desde su nacimiento por el paro y la exclusión. Nacido en la década de los 60, al calor del desarrollismo franquista, el Parque Alcosa se formó a partir de las oleadas de inmigrantes castellanos, extremeños y andaluces que abandonaron el mundo rural. Se superaron con el tiempo muchas carencias, que hoy han vuelto con la crisis.
En el barrio viven actualmente unas 10.000 personas (8.000 censadas y otras 2.000 itinerantes). Las tasas de paro extraoficiales oscilan entre el 30 y el 40% de la población, y se ceban especialmente con los jóvenes y las mujeres. La crisis embiste con fuerza en el barrio. Como mecanismo de supervivencia, se han disparado los mecanismos de economía informal. Para mitigar el impacto de la precariedad, también se han activado las redes de apoyo familiar y comunitario, muy activas de siempre en el barrio y reforzadas en los últimos años por la tradición asociativa de latinoamericanos y magrebíes.
A pulso. A golpe de ocupaciones, huelgas, concentraciones en plazas y “estancias indefinidas” (como las denominan), la Koordinadora de Kolectivos ha arrancado a las administraciones (Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Alfafar) la financiación necesaria para los proyectos. De hecho, a primeros de este mes levantaron una “estancia” de dos meses frente al consistorio, con buena parte de los objetivos satisfechos: que los gobiernos municipal y autonómico abonen los 230.000 euros que adeudan principalmente a la cooperativa de limpieza. Restan, sin embargo, otros 90.000 euros que el ayuntamiento debe a la cooperativa de inserción laboral “Cuatro Rosas”. Y faltan, también, “los mecanismos de participación ciudadana para que sea la gente quien tome las decisiones y no vuelvan a dilatarse los pagos”, afirma Toni Valero, activista de la Koordinadora.
Con criterios de autogestión, apoyo mutuo y toma colectiva de decisiones, desde 1985 se han lanzado numerosas iniciativas en el Parque Alcosa. De primera hora son la Cooperativa de limpieza (señera en el tejido asociativo del barrio), el centro de día para menores, la cooperativa “Cuatro Rosas”, en la que participan sobre todo mujeres inmigrantes, y los talleres de formación e inserción. Una huelga de hambre, en 1992, le arrancó al ayuntamiento una relación contractual para la cooperativa que gestiona la limpieza de las calles. Sólo la lucha social evitó que las empresas privadas se apoderaran de esta actividad. Hace cuatro años llegó la crisis y la eclosión de iniciativas para sobrevivir. Como “Emir-Color”, dedicada a recoger ropa que luego se recicla para prendas de menores y muñecos; “Solidaria”, que monta escenarios; y “Ecocina Solar”, para hornos que funcionan con la energía del sol.
A menos de 10 kilómetros de Valencia, hacia el norte, se localiza el municipio de Montcada, de unos 22.000 habitantes. Una manifestación espontánea, hace tres años, que pedía al alcalde explicaciones y una salida digna para los desempleados del pueblo, dio lugar a la asamblea de parados. Hoy participan en la asamblea 40 personas, sobre todo hombres adultos, que en los años de la “burbuja” laboraban en la construcción y auxiliares. Ubicado en la comarca de l’Horta Nord, rodean el municipio numerosos campos de huerta abandonados. En coherencia, la asamblea de parados se vincula a un proyecto de recuperación de la huerta, pero con condiciones: cultivo ecológico de verdura de temporada; agricultura de proximidad y sin intermediarios; y cobertura de todo el proceso (cultivo, recogida y traslado del producto a los hogares).
Puede resultar sugestiva la idea, pero sin lucha social se queda en “papel mojado”. El consistorio de Montcada (PP) rechazó de plano el proyecto en primera instancia. Por eso, el 14-N (fecha de la última huelga general) se encerraron durante cuatro horas en el ayuntamiento 20 miembros de la plataforma, apoyados por gente de otras organizaciones sociales y los partidos de la oposición. La guardia civil hizo acto de presencia, pero la cosa no pasó a mayores. Finalmente, el alcalde accedió a negociar. Aunque sacó después a concurso público un proyecto de agricultura ecológica que nada tenía que ver con la idea de la asamblea de parados. Mucho menos dinero, a repartir entre tres asociaciones (incluida la plataforma de desempleados), y sin respetar algunas condiciones previamente acordadas (que desarrollaran la iniciativa parados del municipio).
Pese a la muy deficiente financiación, explica Vicent Montagut, miembro de la asamblea, “el proyecto ha arrancado y hemos demostrado al pueblo y al alcalde las ganas de desarrollarlo y su viabilidad”. Tras un periodo previo de formación, en el que participan una veintena de familias, se trata de “constituir una cooperativa, es decir, un modelo de producción no capitalista; y, sobre todo, generar puestos de trabajo; reinvertir de manera permanente para ampliar el número de familias que puedan vivir del proyecto”, explica. Para ello, “pedimos al ayuntamiento una parte de nuestros impuestos, para poder autogestionarlos”.
Javier Santaella afirma que la asamblea de parados es un “fermento de lucha” para cambiar la sociedad. Por eso, “pedimos a la gente una vinculación activa”. Han apoyado la recogida de firmas promovida por la Plataforma de Afectats i Afectades per les Hipoteques (PAH); la resistencia a varios desahucios en la comarca; han organizado charlas sobre asambleas de parados e impulsaron un piquete el día de la huelga general. También visitaron un fin de semana el municipio de Marinaleda, para conocer la realidad del municipio sevillano y sus mecanismos de participación. Al final, hay tres ideas muy claras: los puestos de trabajo para la gente del pueblo (exenta esta afirmación de implicaciones xenófobas); la identificación de los culpables de la crisis; y que los poderes públicos garanticen los recursos para la cooperativa.
En paralelo, no en el tiempo pero sí en reivindicaciones y contenidos, trabaja en Paterna –localidad de más de 60.000 habitantes a 5 kilómetros de la capital- otra asamblea de parados. La lucha arrancó hace tres años, con el encierro de veinte personas en el ayuntamiento, gobernado por el PP. Finalmente, y con mucho esfuerzo, se ha conseguido una renta básica para la gente que realiza el curso de formación (la etapa previa a la constitución de la cooperativa); también la financiación del curso y la creación de un banco de tierras, “aunque no todas las necesarias”, matiza Enric Valero, coordinador del curso de Agricultura Ecológica, Bioconstrucción y Cooperativismo. “Todo se ha ganado a costa de muchísima lucha”, agrega.
La génesis de la asamblea de parados de Paterna coincide con la crisis en el sector de la construcción. De hecho, la mayoría de sus miembros, cuyo número fluctúa, procede del ladrillo. En el proyecto participan 14 personas, que se han formado durante tres años en agricultura ecológica, cooperativismo y bioconstrucción en cañas. “En seis meses la iniciativa ha de dar dinero, superada ya la etapa formativa, para que la gente pueda vivir con unos ingresos dignos”, explica Enric Valero. El objetivo de la cooperativa es la producción de verdura de temporada y cítricos, sobre todo para los pueblos de la comarca. También se pretende impulsar un grupo de consumidores. En el área de la bioconstrucción, se han realizado construcciones en caña tanto en Sagunto como en Paterna. Son iniciativas al margen de la economía capitalista y que no esperan a una reconstrucción del llamado estado del bienestar. Se basan en otros principios: la cooperación, la autogestión y la asamblea.