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México. “Ante la impunidad con la que actúa el crimen organizado y la ineficacia y/o complicidad de las instituciones gubernamentales en México, ha proliferado la auto organización de los pueblos, principalmente en comunidades indígenas en las que hay una tradición (y un derecho) de autodefensa. Pero no todo lo que está ocurriendo en el país se puede meter en el mismo costal. Es un riesgo, advierte Valentín Hernández, asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero (CRAC-PC).
Desde el pasado 7 de enero la población de Ayutla de los Libres y de Tecoanapa protagoniza un levantamiento contra la delincuencia organizada, luego de que se registró un enfrentamiento en la cabecera municipal en el que resultó una persona murió y otra fue secuestrada. A partir de ese día, decenas de pobladores armados con rifles y palos instalaron retenes de vigilancia en la zona para hacerse cargo de su seguridad.
El hartazgo y desesperación ante la violencia institucional y la del crimen organizado, es lo que está llevando a pobladores de las comunidades de Guerrero a organizarse para defenderse. Se trata de levantamientos genuinos que responden a un vacío institucional y a la prueba fehaciente de que la política de seguridad iniciada por el anterior gobierno y continuada por el actual, es un fracaso total. El panorama es complejo, pues, como advierte Valentín Hernández, “los recientes levantamientos e instalación de retenes en las comunidades responden a la violencia que se ha disparado en la región”. El problema, indica, “es que en un principio sus dirigentes los presentaron como parte de la CRAC y esto ha confundido a tanto a la gente de las comunidades como a la de fuera”.
Hay un deslinde categórico de la CRAC firmado por sus 16 coordinadores regionales. No sólo no se trata de la Policía Comunitaria, organización autónoma con 17 años de experiencia en materia de seguridad y justicia de los pueblos, sino de acciones convocadas por el coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien, advierte Hernández, está promoviendo la división de las comunidades en un contexto en el que el gobierno del estado busca el control de las organizaciones de la región y la militarización, aún más, de la zona.
“Nos preocupa que valiéndose de un sentimiento legítimo de la población ante la creciente inseguridad y violencia, se le manipule involucrándola en acciones que requerirían de mayor planificación, pero que en todo caso solo están encaminadas a fortalecer el afán de protagonismo de algunos dirigentes de la UPOEG. Manifestamos nuestro respeto a los compañeros de base de las comunidades que sin mayor información se han involucrado en dicho alzamiento, con la intención de brindar seguridad a los suyos, pero los llamamos a la cordura y al respeto al pueblo”, advierten en un comunicado.
En concreto, explica Valentín Hernández en entrevista con Desinformémonos, “se está promoviendo la división de las comunidades y la división de la CRAC. Gente que conoce a Bruno Plácido como miembro de la CRAC piensa que todo es lo mismo, pues él fue comandante y coordinador, pero desde hace años sólo es consejero y no forma parte de la dinámica organizativa, y no está respetando las instancias y principios de la CRAC, es decir, la decisión de las asambleas”.
“Nosotros vemos con extrañeza lo ocurrido”, indica, “pues el primer día del levantamiento Bruno declaró que se trataba de una moviliazación de la CRAC, luego nosotros lo desmentimos, pero ya estaba sembrada la confusión. Todo esto nosotros lo advertimos desde el pasado 22 de diciembre”.
La UPOEG, denuncia el asesor jurídico de la Policía Comunitaria, “está intentando desde hace tiempo frenar el proceso de incorporación de las comunidades de Ayutla de los Libres, con el fin de encaminar el trabajo de la CRAC a los intereses del gobierno del estado. Es un problema muy fuerte, algo que no se habíamos vivido nunca en la CRAC. Por eso exigimos respeto a los principios de la organización comunitaria”.
Para la CRAC-PC, la consecuencia inmediata, que ya se está viviendo, es que “el gobierno está militarizando aún más la zona, con más ejército y más Marina en la zona de los Ayutlas. El operativo Guerrero Seguro, destinado para la zona de Acapulco ya funciona también en Ayutla y Teconoapa, con la presencia de las fuerzas federales.
La gente de la región ya no quiere ser sólo víctima de la delincuencia. No hay más salida que defenderse, señalan los comuniatrios, “pero hay que tener cuidado porque hay quienes quieren aprovechar la organización comunitaria de los pueblos no para llevarlos a la paz, sino al matadero. Este es el riesgo. Y que quede claro que no estamos en contra de la gente que está participando en los retenes y en la vigilancia. Sólo decimos que no es la Policía Comunitaria, que sus dirigentes no pueden hablar en nombre de ella y que se deben respetar los principios y estructura de la CRAC, que cuenta con sus formas organizativas y de incorporación muy definidas”
Tampoco, “estamos descalificando a toda la organización de la UPOEG, pero se tiene que parar la simulación”, advierte.
El comunicado de la Coordinadora Regional es claro. Enumera:
1.- En ningún tiempo, desde 1995 en que se formó nuestra seguridad comunitaria, nuestros elementos se han cubierto el rostro con capuchas o pasamontañas. Nuestra identificación siempre ha sido el uniforme de playera verde y pantalón negro, contamos con credenciales expedidas por las autoridades comunitarias, y por ser nombrados por nuestras asambleas, todo nuestro pueblo nos conoce, por lo que no tenemos ninguna necesidad de cubrir nuestras caras. Nuestros Policías Comunitarios siempre estarán descubiertos de la cara. Respetuosamente pedimos a los participantes de este levantamiento que dejen de utilizar nuestro uniforme y/o escudos en sus operativos.
2.- No estamos en guerra ni en confrontación con el narcotráfico. Nuestra misión es resguardar nuestras comunidades. No podemos realizar operativos en localidades que no están incorporadas al sistema comunitario. Por lo que en ningún momento nos hemos planteado perseguir a la delincuencia allá donde ande. Sólo procedemos a la detención de personas, cuando existe una denuncia previa por alguna persona agraviada, o bien que se encuentre a alguien cometiendo alguna falta o error; en este caso, se procede a la detención y se remite al detenido ante la Casa de Justicia, y son los coordinadores regionales quienes proceden a investigar y en todo caso a imponer una sanción de trabajo comunitario como proceso de reeducación. Cada persona detenida o acusada en el sistema comunitario, cuenta con un expediente. Todo esto lo tenemos previsto en nuestro Reglamento Interno.
3.- En los 17 años de existencia de la Policía Comunitaria, nunca se ha ejecutado ni se ha desaparecido a ningún detenido o persona acusada ante el sistema comunitario. Las personas que son detenidas pueden ser visitadas por sus familiares quienes están al tanto de sus procesos. Informamos que no tenemos bajo nuestra responsabilidad ni resguardo a las personas que se han detenido en los retenes. Las personas que quieran asegurarse de lo anterior, pueden acudir ante nuestras Casas de Justicia Comunitaria para verificar.
4.- Nuestro Sistema de Seguridad y Justicia, en ningún momento desde su nacimiento ha establecido en ninguna parte un “toque de queda” ni ha ordenado, ni siquiera sugerido, la suspensión de clases en las instituciones educativas. En el territorio comunitario, las personas pueden transitar libremente en cualquier hora sin temor, ya que es tarea de nuestra policía comunitaria garantizar su seguridad y no al revés. Manifestamos todo nuestro respeto a los miembros del magisterio, ya que en la historia de nuestra organización, varios profesores han cumplido su servicio comunitario incluso como policías comunitarios. Nuestra institución comunitaria, en todo caso debe velar por que se brinde en todo tiempo la educación a nuestros niños y jóvenes.
5.- Nuestra institución comunitaria, siempre se ha planteado una relación de respeto en relación al gobierno en sus diferentes niveles y ordenes, pero nunca hemos aceptado ni aceptaremos que nos de indicaciones o nos condicione. No nos subordinamos. Nuestro único mando es el pueblo. No pedimos la coordinación con otras corporaciones policiacas, ejército o marina. Nuestros operativos los planifica y los ejecuta únicamente nuestra Policía Comunitaria, con su estructura y sus mandos.