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Policía dominicana dispersa protesta por Xstrata
23 de enero de 2013 • 15:14
La Policía dominicana usó bombas lacrimógenas la noche del miércoles para dispersar a decenas de ambientalistas que pretendían acampar frente a la delegación de Naciones Unidas, en protesta contra un proyecto de la multinacional Xstrata Nickel que busca explotar nuevas minas.
Uno de los manifestantes fue atendido en un hospital por un golpe en un brazo, pero no hubo heridos graves.
Los ecologista habían anunciado que acamparían tres días frente a las oficinas de la ONU, ya que una de las agencias de ese organismo estará encargada de evaluar, por solicitud del gobierno, los estudios de impacto ambiental y socioeconómico presentados por la minera para la explotación de la Loma Miranda, 100 kilómetros al norte de la capital.
Máximo Báez, vocero de la Policía tuiteó, citando a los agentes, que los manifestantes pretendían instalar una cocina, con estufa y dos tanques de gas, en una acera, lo cual no está permitido. Báez dijo que la Policía designó una comisión para investigar el incidente.
Antes de la fallida instalación del campamento frente a la ONU, los ambientalistas, campesinos y académicos protestaron frente al ministerio de Medio Ambiente para demandar que se impida la explotación minera de Loma Mina, por considerar que representa una amenaza para la biodiversidad.
El biólogo Luis Carvajal, miembro de la comisión ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, explicó que el nuevo proyecto de Xstrata Nickel, aún no aprobado, representa una amenaza de contaminación de ríos.
Los manifestantes, muchos de ellos vestidos de verde, portaban pancartas con el lema “Salvemos Loma Miranda”.
Falcondo, filial en República Dominicana de Xstrata Nickel, con sede en Canadá, adquirió en 2008 unas 1.380 hectáreas en la Loma Miranda, 100 kilómetros al norte de la capital, para extraer níquel a partir de 2016.
“El proyecto de Loma Miranda es determinante para la permanencia de la empresa en República Dominicana”, dijo a The Associated Press Luis José López, vocero de la minera Falcondo, que ha explotado minas en el país desde 1971.
López detalló que las reservas probadas de níquel de las minas que en la actualidad explota Falcondo en el centro del país tienen una duración no mayor de cinco años, mientras que la explotación de Loma Miranda, un poco más al norte, representa al menos otros 23 años.
Además de la adquisición del terreno, la compañía ya ha invertido unos 20 millones de dólares en investigación y la siembra de árboles en la zona y espera usar otros 65 millones de dólares en equipos antes de comenzar la explotación, explicó López.
Carvajal insistió que en la Loma Miranda nacen los afluentes de 22 ríos, que además de nutrir otros afluentes irrigan la región arrocera más importante del país.
“No sólo se trata de contaminación por minerales, sino que (la explotación minera) afectará la generación de agua y la vida”, insistió Carvajal. Según un reciente estudio de la Academia de Ciencias, Loma Miranda alberga 826 especies de flora autóctona.
Antonio García, gerente general de Falcondo, aseguró recientemente en un comunicado que el 65% de la propiedad de la compañía en Loma Miranda será destinado a un área protegida para preservar la biodiversidad.
El ejecutivo dijo que como parte del proyecto, la empresa ya ha sembrado 150.000 árboles en la zona.
El ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas, recibió el miércoles a los manifestantes y anunció que el sábado visitará la zona de Loma Miranda para entrevistarse con representantes de las comunidades, de grupos civiles y ambientalistas que se oponen a la mina.
Ante los reclamos de los opositores al proyecto minero, el gobierno dominicano solicitó al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que evalúe los estudios de impacto ambiental presentados por Falcondo para verificar su viabilidad y sostenibilidad.
Expertos internacionales del PNUD arribaron en los últimos días a Santo Domingo y sólo esperan que Falcondo entregue un estudio hidrogeológico para comenzar el estudio, dijo el martes Valérie Julliand, representante de Naciones Unidas en el país.
Además de las protestas, un tribunal de La Vega, 125 kilómetros al norte de Santo Domingo, acogió en septiembre dos recursos de amparo interpuestos por organizaciones civiles contra el proyecto minero y ordenó a Falcondo detener cualquier trabajo hasta que cuente con el permiso del ministerio de Medio Ambiente.
López dijo que la compañía apeló la decisión del tribunal por considerarla inconstitucional y aseguró que sus trabajos en Loma Miranda se habían limitado a sembrar árboles.