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Nosotras y nosotros que, con nuestro trabajo, impuestos y esfuerzo construimos y mantenemos diariamente esta sociedad, no podemos permanecer en silencio mientras una élite acomodada amenaza con robarnos lo que a nuestras abuelas y abuelos tanto les costó conseguir. No podemos seguir inmóviles ante los cantos de sirena que antes nos decían que no éramos Grecia, ahora que la solución está cerca y mañana que incluso los derechos fundamentales están por encima de nuestras posibilidades. No van a parar de regalarnos el oído hasta que nos lo quiten todo y acabemos siendo poco menos que sus esclavos. Por eso, la ciudadanía decimos que ya está bien. ¡No van a poder, porque no les vamos a dejar!
Es el momento de llamar a luchar por un país y una sociedad más justos. Al igual que nuestros antepasados golpeaban la tierra con sus palos para despertarla de su letargo invernal, es el momento de sacar del letargo moral y político a mucha de la gente que nos rodea. Hagamos sonar la tierra para que quienes en este pueblo aún dormitan se levanten en lucha con el resto. Aprovechemos la tradición de Santa Águeda para llamar al unísono a esta nuestra tierra a no dejarse avasallar. A no permitir más atropellos, a no pagar su deuda, a no obedecer a sus intereses.
Santa Águeda decidió sin miedo no acatar aquello que se le ordenaba, por duro que fuera el castigo. Del mismo modo, no tenemos por qué obedecer las directrices injustas que nos vienen imponiendo. Por eso, vemos la desobediencia como medio de lucha, tal como se ha hecho a lo largo de nuestra historia: con contundencia y sin miedo.
Así pues, con cada golpe contra la tierra proclamamos:
1. Que el trabajo tiene que servir para el desarrollo y el bienestar justos de una sociedad. No aceptamos más explotación, ni más precariedad laboral. Queremos el fin de la financiarización de la economía y de la especulación. Toda persona desempleada es un reflejo del fracaso del sistema. Exigimos…
Trabajo
Vivimos en una sociedad donde se premian la especulación y la explotación de las personas, trabajar no da para vivir y el trabajo comunitario-social es totalmente infravalorado. Nos negamos a llamar trabajadores/as a quienes dedican su actividad económica a la especulación. Todo trabajo debe vertebrar la sociedad y ser un factor fundamental de cohesión social. Toda persona desempleada es un reflejo del fracaso del sistema. Queremos empleo, pero no de cualquier tipo: queremos empleos que desempeñen un trabajo que favorezca el desarrollo y bienestar de la personas. Así mismo, nos negamos a permitir el desmantelamiento del poco tejido productivo que nos queda. Exigimos el fomento de los sectores primario y secundario como creadores principales de trabajo, así como un modelo con salarios dignos y equitativos y con jornadas que permitan la conciliación familiar.
Exigimos la suspensión inmediata de las dos últimas reformas laborales (RD 10/2010 y RD 3/2012) mientras se negocia una nueva ley laboral redactada por consenso entre patronal, sindicatos y gobierno y refrendada por referéndum vinculante por toda la población activa. Así mismo, exigimos que estas leyes sean revisadas y refrendadas por la población activa mediante un referéndum vinculante.
Exigimos sueldos y pensiones dignas que permitan mantener el poder adquisitivo a un nivel acorde con el IPC (excluyendo del cálculo el IPCA) y que este sea revisado semestralmente. Exigimos establecer el Salario Mínimo Interprofesional en 1000 euros mensuales revisables anualmente en función del IPC. Exigimos también que aumente la base salarial de los funcionarios, con cargo a los complementos salariales, y que se reconstituya la pérdida de poder adquisitivo en su nómina y en las pagas extraordinarias. Exigimos que se aumente progresivamente la presión fiscal a aquellas empresas que superen la relación salarial 1/10.
Exigimos que se realicen inspecciones de trabajo en profundidad que garanticen el cumplimiento en la práctica de la igualdad entre mujeres y hombres tanto en salario como en condiciones laborales.
Exigimos que la baja por maternidad se aumente como mínimo desde el octavo mes de gestación hasta los 6 meses de vida del neonato. Exigimos que la pareja de la gestante pueda acceder a una baja sin perjuicio de la de la madre. En caso de adopción exigimos que se pueda disfrutar del mismo periodo que las madres naturales.
Exigimos el reparto equitativo del trabajo prohibiendo y persiguiendo las horas extraordinarias de cualquier clase, aumentando la cantidad de inspecciones de trabajo y penalizando duramente a cualquier empresa que supere las 40 horas como cómputo semanal total.
Exigimos al gobierno el fin de los planes y fondos de pensiones privadas o de cualquier clase (como las EPSV), incluyendo los planes públicos Itzarri, Elkarkidetza, etcétera por ser una fuente de especulación financiera. Exigimos que la edad de jubilación se establezca en los 65 años y que este límite sea revisado en función al desempeño profesional. Exigimos, así mismo, que se mantengan los contratos relevos en las mismas condiciones de trabajo y salario, para el rejuvenecimiento de las plantillas.
Exigimos el fin de los contratos de explotación laboral como los actuales contratos de prácticas o becario/a. Exigimos que los contratos de prácticas y de becario se remuneren del mismo modo que los contratos laborales en esa misma empresa, sin que eso suponga bajo ningún concepto la revisión de los salarios laborales. Exigimos también el fin de las subcontrataciones.
Exigimos que se deroguen el techo (actualmente en 39.148,91 €) y los tramos de cotización a la Seguridad Social, de modo que se establezca un nuevo sistema con una base porcentual proporcional sin límite superior. Exigimos, así mismo, que se aplique el mismo sistema al Impuesto de Sociedades y que se instaure un sistema justo de desgravaciones.
Exigimos que se dote de privilegios y exenciones fiscales a las cooperativas que cumplan los criterios de la Alianza Cooperativa Internacional.
Exigimos una reforma en las leyes que permita el uso comunitario sin derecho de compensación de todas las tierras abandonadas por más de 10 años sin proyectos de usos vigentes.
Exigimos que se instaure una ley por la cual las empresas no PYMES sufraguen al 100% los costes médicos tanto urgentes como de rehabilitación por accidentes o enfermedades laborales. Exigimos también que, en caso de minusvalía por accidente laboral, sea la empresa privada quien asuma el 50% del coste de las necesidades extraordinarias acaecidas tras el accidente. La obligación de resarcimiento no finalizará en ningún caso con la disolución de la empresa o persona jurídica, de modo que, en ese caso, tendrán que responder con sus bienes tanto titulares como accionistas (si los hubiera) que en el momento del accidente formaban parte de la empresa.
Exigimos que las empresas que no entren en consideración de PYMES financien el 100% de la formación y del reciclaje de los trabajadores. Para las PYMES, esta financiación se verá condicionada tanto por la facturación como por la cantidad de personal que trabaje en ellas. Exigimos que se establezcan por ley los tiempos y criterios de reciclaje y formación de trabajadores.
2. Que la vivienda no puede ser un negocio especulativo; es un derecho fundamental. ¡No más gentes sin casas ni casas sin gente! ¡Ni un desahucio más! Nos negamos rotundamente a permitir que se sigan socializando la pérdidas multimillonarias de la banca. Exigimos…
Vivienda
La vivienda no puede ser un negocio especulativo; es un derecho fundamental y, como tal, ha de ser protegido por las administraciones públicas y el poder judicial. ¡No más gente sin casas ni casas sin gente! ¡Ni un desahucio más! Nos negamos a permitir que haya gente durmiendo en la calle mientras el stock de viviendas vacías crece y crece. Nos negamos rotundamente a permitir que nos sigan oprimiendo para aumentar los beneficios de la banca, socializando sus pérdidas multimillonarias. Nos negamos a continuar pagando su deuda con nuestra sangre y nuestro sudor.
Exigimos que no haya personas sin hogar. Ni una persona sin una vivienda digna. Dentro del derecho a vivienda se incluyen el acceso a agua potable, luz y calefacción, como así lo ratifica el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
Exigimos que se realice un censo público del stock de viviendas vacías en propiedad de los bancos y que se establezca una ley que obligue a estos a ofrecerlas (salvo oferta de compra) en régimen de alquiler social. Exigimos también que cualquier vivienda pública, en particular aquellas que sean propiedad del SAREB (banco malo), se ofrezcan en alquiler exclusivamente, priorizando el alquiler social.
Exigimos la creación de una ley de endeudamiento. Esta ley permitiría la dación en pago de forma unilateral por parte de deudores en los siguientes casos: que el endeudamiento no permita la satisfacción de necesidades básicas de la persona deudora o avalista o que estas personas sean insolventes. Exigimos que esta ley se aplique con carácter retroactivo. Así mismo, el deudor podría mantener esa vivienda en régimen de alquiler social (cuota máxima: 30% de los ingresos embargables).
Exigimos que se establezcan bases legales sólidas que regulen y faciliten la petición de moratorias hipotecarias para aquellas personas que acrediten no poder hacer frente a sus deudas temporalmente, sin que esto suponga un aumento del importe total de la deuda.
Exigimos la despenalización inmediata de la ocupación cuando se trate de inmuebles que hayan permanecido vacíos durante más de 10 años y que sean utilizados para proyectos comunitarios autogestionados avalados por la comunidad en consulta popular. Exigimos también que esta despenalización tenga carácter retroactivo para las condenas judiciales emitidas a personas que ocuparon inmuebles para el desarrollo de dichos proyectos.
3. Que la salud es un derecho fundamental, que es uno de los pilares básicos donde se vertebra una sociedad justa y que no solo se garantiza a través de un sistema sanitario. No consentimos otro sistema sanitario, incluido el farmacéutico, que no sea de carácter público, gratuito, universal, integral y de calidad. La salud de las personas no es un negocio, es un derecho. Exigimos…
Sanidad
La salud es un derecho fundamental que no solo se garantiza a través de un sistema sanitario, y constituye uno de los pilares básicos donde se vertebra una sociedad justa. En consecuencia, toda barrera o medida legal, económica, institucional o de cualquier índole que ponga en riesgo este derecho es un atentado directo a la base democrática y social. Por esa razón, también es necesario asegurar el acceso y la accesibilidad al sistema sanitario público. No consentimos otro sistema sanitario, incluido el farmacéutico, que no sea de carácter público, gratuito, universal, integral y de calidad. Basta ya de mercantilización de nuestra salud. La salud de las personas no es un negocio, es un derecho y la labor del Estado y de la población es protegerlo y cuidarlo.
Exigimos que se revise periódicamente el modelo sanitario y su gestión por consenso entre profesionales del sector, responsables políticos y gestores sanitarios. Estos consensos deberían ser refrendados por la comunidad sanitaria.
Exigimos que las partidas presupuestarias sean acordes con las necesidades de salud de cada sector de la población, atendiendo a criterios de eficacia sanitaria frente a criterios meramente económicos.
Exigimos el fin de la mercantilización de la sanidad: no a la privatización de servicios y centros sanitarios, no a la atención subcontratada y no al repago (ni un céntimo por receta).
Exigimos el inicio inmediato de un nuevo plan de ayuda a la dependencia consensuado entre la comunidad médica y las asociaciones de enfermos dependientes.
Exigimos que se construyan laboratorios farmacéuticos públicos donde se fabriquen aquellos medicamentos cuya patente haya prescrito y, por tanto, se permita su producción. [Defensa tiene laboratorios propios para la fabricación propia -no depender de las grandes industrias- desde el s. XVII]
Exigimos también que se establezcan criterios de prescripción farmacéutica por consenso médico y control político para evitar contraprestaciones a facultativos (por parte de los visitadores médicos) como cursos o congresos en países lejanos, regalos de menor cuantía de 300 euros o prácticas similares de la actualidad.
Exigimos el fin de la visión patriarcal de la práctica sanitaria y su sustitución por un modelo que priorice la autonomía de los individuos, de manera que se permita la libre decisión en temas básicos tales como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la despatologización de los ciclos vitales, etcétera.
Exigimos el derecho a la salud medioambiental y el fin de cualquier política o actividad económica que ponga en riesgo este derecho (fracking, energía nuclear, lindane…). Este derecho debe ser garantizado por expertos sanitarios y medioambientales que carezcan de conflictos de intereses demostrables.
4. Que un pueblo mal instruido es un pueblo manejable y débil. Por eso, exigimos una educación universal, pública, laica y de calidad que tenga como objetivo el desarrollo integral de las personas. No podemos seguir fomentando una educación diseñada para ricos y otra para gente trabajadora. Queremos un sistema educativo que asegure la igualdad de oportunidades. La educación no está en venta, la educación es un derecho. Exigimos…
Educación
La libertad de expresión no sirve de nada sin la libertad de pensamiento y para ello es imprescindible contar con un sistema educativo que se preocupe y se ocupe del desarrollo integral de las personas. Tenemos muy claro qué tipo de pueblo queremos ser: un pueblo creativo y crítico, con autonomía para vertebrar una sociedad verdaderamente democrática cuyos individuos sean libres, felices e interdependientes. Un pueblo que mediante la educación y la investigación se construya a sí mismo. No podemos seguir fomentando una educación elitista donde se perpetúan las diferencias sociales: una diseñada para ricos y otra para gente trabajadora. Por eso exigimos una educación universal, pública, laica y por supuesto de calidad que sea capaz de tranversalizar la igualdad de oportunidades para una transformación social. Un sistema educativo que desde la diversidad sea capaz de asegurar la igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía. La educación no está en venta; la educación es un derecho. Se necesita todo un pueblo para educar a un/a niño/a.
Exigimos que se incluyan en la Constitución las siguientes etapas dentro de la Educación Básica y se asegure así su gratuidad: Educación Infantil, Educación Secundaria Post Obligatoria, todos los ciclos de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial (EOI, Escuelas de Arte, Artes Escénicas) y la universidad.
Exigimos la no aplicación con carácter inmediato de la Estrategia de Lisboa (plan Bolonia), la Estrategia Universitaria 2015 y la Ley Orgánica de la Mejora de Calidad de la Educación (LOMCE). En sustitución a ésta, exigimos el desarrollo de un plan consensuado entre toda la comunidad educativa y responsables políticos.
Exigimos que el currículo educativo sea ratificado mediante referendo por toda la comunidad educativa de la red pública (docentes, AMPAs, alumnado mayor de 16 años y resto de profesionales de la enseñanza).
Exigimos un sistema educativo que conceda igual consideración a todas las áreas del currículo, de modo que se garantice el desarrollo real de todas las competencias básicas por igual. Para eso, exigimos que las pruebas de evaluación externa y eficiencia educativa, así como la interpretación de los resultados, sean elaboradas por consenso de la comunidad educativa pública y de los responsables políticos.
Exigimos una red universitaria pública, de calidad y 100% financiada a través de impuestos directos, tanto en tasas académicas como en material docente, donde se subvencione el transporte hasta el centro de estudios en función de la renta.
Exigimos también que se dote a las universidades de profesorado que permita la docencia en euskera en todo el ámbito educativo. El uso del euskera es un derecho prioritario en cualquier servicio público en Euskal Herria.
Exigimos un plan público de apoyo y fomento de la investigación con partidas presupuestarias acordes a otras regiones europeas, tomando como referencia el PIB de la comunidad. Gestionado públicamente, con investigadores pagados como laborales públicos y donde los beneficios económicos de dichos avances (si los hubiera) reviertan al erario público.
5. Que toda persona con carencias alimenticias es un fracaso de la humanidad. No es admisible que haya exceso de producción de comida y a la vez personas que pasan hambre. La alimentación y el acceso al agua son derechos inalienables de todas las personas y debe ser prioridad absoluta de las administraciones públicas garantizar este derecho por encima de cualquier otra política. Exigimos…
Alimentación
Toda persona con carencias alimenticias es un fracaso de la humanidad. La alimentación y el acceso al agua potable son derechos inalienables de todas las personas y debe ser prioridad absoluta de las administraciones públicas garantizar este derecho por encima de cualquier otra política. No es admisible que haya exceso de producción de comida y a la vez personas que pasan hambre. Es obsceno y sangrante que familias, productores y distribuidores derrochen agua y alimentos aptos para el consumo. Exigimos que se establezcan medidas que eviten la sobreproducción y que fomenten el consumo responsable. Queremos una sociedad que, a través de la concienciación como personas consumidoras, autolimite su consumo e influya en el mercado evitando el derroche en toda la cadena alimenticia.
Exigimos que las administraciones públicas garanticen en todo momento las necesidades alimenticias de todas las personas. Exigimos que se destinen cuantos fondos públicos sean necesarios para garantizar el acceso a la alimentación de manera prioritaria por encima del resto de gastos públicos.
Exigimos un estudio transparente del uso del agua potable a nivel municipal (fuentes, jardines, servicios de limpieza, suministro municipal, etc.) y que a raíz de este estudio se establezcan protocolos de uso óptimos de los recursos hídricos.
Exigimos que se prohíba a las distribuidoras de alimentación, supermercados y grandes superficies desechar la comida. Para ello exigimos una ley por la cual se responsabilice a estas empresas a almacenar, custodiar y mantener en buen estado aquellos excedentes y/o productos que estén a punto de caducar para que las administraciones públicas los recojan y los distribuyan. Estos alimentos serán distribuidos en todas aquellas áreas públicas que precisen de ellos (hospitales, comedores escolares, etc.), haciendo uso prioritario los servicios sociales.
Exigimos el fin del desecho de comida en origen. Exigimos que se prohíban por ley las normas o cupos estéticos que actualmente las distribuidoras imponen a los productores. Para ello exigimos que se establezca una ley consensuada entre representantes de pequeños y grandes comerciantes alimentarios, distribuidores, productores y políticos.
Exigimos que se instaure un impuesto que grave a través del IVA los alimentos en función de su procedencia. En esta ley se no se gravaría aquellos alimentos producidos (origen) en un entorno inferior a 100 kilómetros de su punto de venta y a partir de ahí se seguiría incrementando el gravamen progresivamente en función a la distancia de origen de dicho producto.
Exigimos que las administraciones públicas garanticen el acceso al agua potable de forma universal y que la gestión de su potabilización, distribución y mantenimiento de ésta sea 100% públicas.
Exigimos que las ayudas y becas para el comedor escolar no tengan ni tramos ni límite superior y que se establezca la ayuda económica para este servicio sobre una base porcentual progresiva.
6. Que la justicia es la herramienta para garantizar el conjunto de derechos y libertades, por lo que tiene que ser accesible por igual para todas las personas. No aceptamos que las leyes sean usadas para favorecer unas clases sociales frente a otras y para reprimir las demandas de libertad y cambio social de un pueblo. Sin justicia no hay democracia. Exigimos…
Justicia
La justicia es el valor que posibilita el ejercicio de todos los derechos y las libertades. Por tanto, exigimos que se garantice la accesibilidad a las administraciones jurídicas públicas a todas las personas, sin que existan barreras de tipo económico, social o administrativo. Las leyes, como herramientas de justicia que son, han de ser el pacto entre las personas para la convivencia y el entendimiento social y deben constituir el marco que favorezca la paz positiva entre las personas. No aceptamos que sean usadas para favorecer a unas clases sociales frente a otras. No admitimos que se utilicen e interpreten para reprimir las demandas de libertad de un pueblo. Exigimos, por tanto, que se revisen de manera que sean verdaderas herramientas de control democrático y de cambio social decidido por el pueblo. Sin justicia no hay democracia.
Exigimos que se derogue de inmediato la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales. Exigimos que se establezca la asistencia jurídica universal, financiada exclusivamente a través de impuestos directos.
Exigimos la persecución del fraude fiscal, incluyendo aquellos patrimonios acogidos a amnistías fiscales pasadas. También exigimos elevar la prescripción de los delitos de fraude fiscal y corrupción a treinta años y que los condenados devuelvan íntegramente lo robado y respondan con el 100% de su patrimonio embargable presente y futuro.
Exigimos la creación de un instituto de persecución del fraude, la corrupción y las redes clientelares con una partida económica suficiente para el ejercicio de sus funciones y que se construyan las bases legales que garanticen su independencia. Exigimos también que se le encomiende la tarea de perseguir y encausar a quienes posean cuentas en paraísos fiscales. Así mismo, exigimos la transparencia total de dicho organismo, de manera que permita un control ciudadano de su funcionamiento.
Exigimos la creación de un tribunal que colabore estrechamente con el instituto de persecución del fraude, cuya función sea hacer juicios de residencia a todos los cargos políticos y sus asesores.
Exigimos el fin de los indultos a personas condenadas por corrupción, prevaricación, cohecho, malversación y/o apropiación indebida de fondos públicos, alzamiento de bienes, brutalidad policial y torturas por su extremada gravedad.
Exigimos que aquellos ciudadanos que, organizados, deseen auditar algún ente público, puedan hacerlo con todas las garantías legales y que sus conclusiones sirvan en caso de emprender acciones legales o investigaciones judiciales.
7. Que la democracia no es solo depositar un voto en una urna. Si creemos en la igualdad de los seres humanos, no podemos vivir en un sistema que no sea profundamente democrático. Somos el pueblo, el legítimo soberano: no tenemos por qué obedecer lo que no consideramos aceptable. Somos nosotros y nosotras quienes vamos a cambiar este sistema obscenamente injusto, nos dejen o no. Exigimos…
Democracia
Democracia no es sólo depositar un voto en una urna para que una clase política como la actual no gobierne y el sector enriquecido decida el devenir de todos. Si creemos en la igualdad de los seres humanos no podemos vivir en un sistema que no sea profundamente democrático. Cada ciudadana/o de a pie tiene que poder participar y decidir en cualquier ámbito de todo el sistema. Nos han vendido este sistema como democrático, cuando nunca lo ha sido, y con las recientes imposiciones de los mercados esta patraña ha quedado más que patente. Nosotros/as no hemos sido los beneficiarios de los rescates europeos ni de la mayoría de la deuda contraída. No estamos dispuestas/os a ceder soberanía a los acreedores, ni a soportar los planes de ajuste que requiere el pago de esa deuda que consideramos ilegítima. A pesar de que el insistente discurso único quiera sumirnos en la resignación, es el pueblo el legítimo soberano. No tiene por qué obedecer lo que no considera justo. Somos nosotros y nosotras quienes vamos a cambiar este sistema obscenamente injusto, nos dejen o no.
Exigimos una auditoría llevada a cabo por un organismo independiente de toda la deuda pública del Gobierno Central y de los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas para comprobar su legitimidad. Exigimos la suspensión de pagos de esta deuda hasta la finalización de dicha auditoría y la cancelación de aquella deuda que resulte ser odiosa. Igualmente, exigimos la derogación de la reforma constitucional antideficit para que el pago de deuda pública deje de ser el pago de mayor prioridad.
Exigimos que se ponga en marcha un proceso constituyente popular en el que el pueblo pueda finalmente decidir cual es el pacto social bajo el que quieren cohabitar. Es imperativa la redacción de una nueva Constitución que garantice efectivamente los derechos fundamentales de la población, que sea escrita con el mayor consenso posible y que, esta vez si, se redacte en un ambiente de libertad total que no limite el potencial de nuestra sociedad.
Exigimos que se destituya de carácter inmediato todo cargo político vitalicio o toda responsabilidad política que no haya sido elegida democráticamente (la familia real, los consejeros del Estado y similares) y que los bienes patrimoniales derivados de esta actividad, desde el inicio de su mandato hasta hoy, sean devueltos al patrimonio público inmediatamente sin compensación ni contraprestación alguna.
Exigimos que se compute la abstención en las todas las elecciones, que se refleje su resultado en todas las instituciones mediante escaños desocupados y que estos escaños cuenten como el resto para la obtención de mayorías en todas las votaciones.
Exigimos una ley de referendos vinculantes en el parlamento, diputaciones y ayuntamientos, que obligue a los políticos a la consulta periódica y vinculante de los proyectos de ley en proceso de aprobación. Así mismo, exigimos que se establezca un cupo mínimo aceptable para que las Iniciativas Legislativas Populares (recogidas de firmas) pasen a debate parlamentario sin ningún tipo de criba. Si tras el debate parlamentario no se lograra un acuerdo intermedio entre los convocantes y la decisión plenaria, exigimos que la ILP pase a ser objeto de un referéndum vinculante.
Exigimos que la financiación pública de los partidos sea proporcional a su número de afiliados, en lugar de a su representación institucional, como hasta ahora. Exigimos, así mismo, que se establezca la obligación de presentar junto con cada candidatura a unas elecciones un registro pormenorizado y público del estado de bienes y patrimonio de dicha candidatura y el origen de su financiamiento.
Exigimos la imposibilidad de percibir más de un salario de la administración pública o de percibir un salario público a la vez que se percibe uno privado de cualquier clase. Exigimos también el fin de cualquier sueldo o pensión vitalicia vinculada a cualquier cargo político.
Exigimos una ley de transparencia total e integral en toda la administración pública. Exigimos, así mismo, que regularmente se publiquen vía online todas las cuentas públicas de gasto e ingresos, y que su procedencia sea pública y verificable. Del mismo modo, exigimos conocer el salario de los cargos políticos y el estado de sus cuentas y bienes antes y después de tomar posesión del cargo, permitiendo así mismo que sean auditados de forma externa e independiente.
Exigimos la disolución inmediata de los cuerpos represivos de la policía y el fin de su impunidad. Exigimos que los agentes puedan ser perfectamente identificables en todo momento (número de identificación visible a diez metros) y que no se utilice material que permita lesiones indiscriminadas. Exigimos un control ciudadano en la instauración de una normativa de ética policial de estricto cumplimiento con carácter de ley.
Exigimos la derogación de cualquier ley encaminada a penalizar la resistencia pasiva ciudadana, la libre manifestación, reunión y la difusión o convocatoria a actos políticos y contestación social.
Exigimos que se establezcan las reformas legales necesarias para iniciar un referéndum vinculante que permita la constitución democrática de una soberanía y nacionalidad acordes con el sentir de la mayoría de la población. Exigimos que el derecho de autodeterminación de los pueblos y de identidad nacional de las personas sea protegido tanto por las instituciones políticas como legislativas sin que por ello se coarte el libre sentir nacional individual ni su pleno desarrollo político o social.
*Para todas aquellas exigencias que no sean competencia del Gobierno Vasco, se exigirá que Lehendakaritza envíe una petición formal a la administración competente y que, mientras tanto, en la medida de lo posible, se deje de aplicar la normativa que fuera en contra de dicha exigencia.
Y, por tanto, llamamos a toda la población a defender estas causas legítimas y bloquear el Parlamento Vasco el día 4 de febrero de 2013, víspera de Santa Águeda, hasta que nuestras exigencias sean atendidas. Acude con tu palo y haz retumbar tus derechos en sus oídos. Da la cara de forma pacífica pero contundente, rotunda e inflexible. Nosotros/as somos el pueblo soberano, nosotras/os decidimos cómo queremos que sea esta sociedad, cómo nos organizamos y cómo nos constituimos.
En este país nadie pasa hambre y eso es prioridad absoluta
En este país todo el mundo tiene derecho a trabajar y eso es prioridad absoluta
En este país todo el mundo duerme en una vivienda digna y eso es prioridad absoluta
En este país el pueblo decide, controla y dirige democráticamente y eso es condición sine qua non