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28-01-2013
Síntesis incongruente
Por Raúl Prada Alcoreza
Gilles Deleuze frente a la síntesis dialéctica de Hegel, que supera las contradicciones en una unidad tensa, opone una síntesis disyuntiva, que plantea una síntesis que no supera las contradicciones sino que las mantiene en el pluralismo del acontecimiento, entonces se trata de una composición dinámica de la multiplicidad de las singularidades. De manera muy distinta a estas opciones, podríamos interpretar que como se propone otra forma de síntesis en los trece pilares diseñados por el gobierno, como parte de su programa estratégico hasta el 2025. Esta forma de síntesis la vamos a llamar síntesis incongruente; usamos este nombre pues se intenta una síntesis política no tanto de contradicciones como de temas y tópicos incongruentes. Algo así como se buscara hacer políticamente congruente lo incongruente; cosa que parece sólo se puede lograr en el discurso político. Por ejemplo, tratar de sintetizar progreso y madre tierra, la concepción de desarrollista con la cosmovisiones indígenas. La ideología del progreso y la comprensión de la madre tierra son incongruentes, como el agua y el aceite; sin embargo, los trece pilares del gobierno buscan políticamente hacerlas congruentes. Esto sólo puede hacerlo el discurso político, que no responde a la lógica, sino al interés de asociar lo incompatible para cumplir con los desafíos de la coyuntura. Cuando ocurre esto en el discurso, en la práctica, uno de los componentes incongruentes se impone efectivamente, en tanto que el otro componente se mantiene en el imaginario, como un fantasma que justifica la realización de su verdugo. El cuadro es el siguiente: la victoria efectiva de lo opuesto se festeja sobre el cadáver de la víctima; además se legitima esta victoria a nombre de la misma víctima. A lo largo de las dos gestiones de gobierno, sobre todo después de aprobada la Constitución, se ha buscado realizar esta síntesis incongruente. La historia es dramática; en lo que respecta a la conjunción política de la ideología desarrollista y las cosmovisiones indígenas, de la ideología del progreso y la defensa de la madre tierra, se tuvo que asistir al lúgubre canto del vencedor, la ideología desarrollista y la ilusión del progreso, pisando el cadáver de las víctimas, las cosmovisiones indígenas y la madre tierra.
¿Cómo se puede interpretar del quinto al noveno pilar? ¿Qué se entiende por soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero? Disgregando y analizando cada uno de los conceptos integrantes del “enunciado” soberanía comunitaria financiera, tenemos: Soberanía, concepto de legitimación del poder; en el caso de la democracia, legitimación del Estado-nación a nombre del pueblo, el portador de la soberanía. Comunitario (a), concepto referido a la condición social de lo común, a lo que es común, en términos de posesión y de goce, también de acceso, de los bienes comunes. Financiero (a), concepto referido al dominio del capital virtual sobre el capital industrial y el capital comercial, dada en la última fase del ciclo capitalista. Ahora bien, ¿cómo podemos reunir estos tres conceptos disímiles en un “enunciado” como si no explotaran al juntarlos? La comunidad indígena no requiere legitimación, es potencia social; la legitimación la requiere el poder; en la república la soberanía es la legitimación del Estado-nación. El sistema financiero es, en esencia, especulativo; valoriza el dinero de manera especulativa. No se trata de una valorización efectuada en la producción. ¿Cómo puede darse una soberanía comunitaria financiera, además sin servilismo al capitalismo financiero?
Lo financiero es propio del capitalismo, el sistema financiero se da como operador principal de los circuitos del capital. ¿Cómo puede darse un sistema financiero comunitario, que además no sea capitalista? Hasta donde se sabe, las comunidades ancestrales de Abya Yala no se movían por un sistema financiero, sino por sistemas, si se puede hablar así, de complementariedades y reciprocidades, por el manejo, la administración de códigos de los circuitos y recorridos del don, lo que se llama la plusvalía de código. ¿Es esto lo que sugiere el quinto pilar? No, pues lo que propone es seguir moviéndose en el sistema financiero internacional, empero, que nos imaginemos que podemos ser soberanos cuando, en realidad, somos sometidos a los dictámenes del orden mundial financiero. Este pilar no es otra cosa que una anestesia.
Otro “enunciado” parecido es el del sexto pilar, que propone soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. Esta vez el concepto de soberanía se usa en sentido económico, en sentido productivo. Hasta donde podemos entender, se propone un modelo productivo soberano, no dependiente. La clave de este modelo estaría en la diversificación de la economía y en el desarrollo integral, que además no debe estar sometido a la dictadura capitalista. ¿Cómo puede haber un modelo económico soberano, comprendiendo ahora el término soberanía como autonomía, independencia, si se propone para realizarla la figura de desarrollo integral? El desarrollo integral no es más que una de las versiones del paradigma general del desarrollo; concepto este que responde a la lectura moderna del desenvolvimiento capitalista; itinerario concebido en la perspectiva del evolucionismo social. El desarrollo integral quiere decir que todas las piezas del rompecabezas se integran armoniosamente; esto es lo que ha ocurrido en la historia de la expansión, hegemonía y dominación del sistema-mundo capitalista. Ha integrado las piezas bajo la irradiación de su hegemonía y dominación. Aunque el discurso gubernamental de desarrollo integral incorpore la armonía con la madre tierra y la noción del vivir bien, como lo ha hecho en su Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien impuesta; esta incorporación produce la colonización de la madre tierra y el vivir bien por la ideología desarrollista.
El séptimo pilar plantea soberanía sobre nuestros recursos naturales con la nacionalización y comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra. ¿Qué quiere decir este “enunciado”? control y dominio propio de nuestros recursos naturales; pero de quién. La Constitución establece que el propietario de los recursos naturales es el pueblo boliviano, ya no es el Estado; esta macro-institución es solo administradora de los intereses del pueblo boliviano. El que decide lo que se hace es el pueblo boliviano. Para esto se requiere consultarle lo que se va hacer. Los gobernantes no pueden decidir por sí solos sobre el destino de los recursos naturales. ¿Para qué es este control y dominio del pueblo? ¿Con que objeto? ¿Explotación extractivita para alimentar la vorágine del capitalismo? La Constitución es clara al respecto, los recursos naturales no son mercantilizables, son bienes destinados al vivir bien. Además la Constitución prohíbe exportar materias primas. Son estas condiciones constitucionales las que deben quedar en claro. El séptimo pilar no dice esto, oculta estas condiciones, que son mandados, de la Constitución, para esconder lo que efectivamente se hace, se sigue la ruta del modelo colonial extractivita del capitalismo dependiente. Esta ruta no es el recorrido de la soberanía. Se le añade al enunciado con la nacionalización y comercialización. ¿Qué se quiere decir con esto? Se está avalando precisamente lo que no permite la Constitución; una nacionalización parcial, inconcluso, que además, se ha encaminado hacia la desnacionalización, con la firma y la legitimación de los contratos de operaciones, que entregan el control técnico de la explotación de los hidrocarburos a las empresas trasnacionales. Por otra parte, el “enunciado” avala la comercialización de los recursos naturales en condiciones de materias primas. Como se puede ver, este pilar, en realidad, desacata los mandatos constitucionales. Esta entrega al modelo extractivista se encubre con la demagógica culminación de la frase que dice en equilibrio y armonía con la madre tierra. Se nombra a la víctima, la madre tierra, para justificar el atentado que se ejerce contra ella, en contra de los derechos de los seres de la madre tierra.
Como se puede ver, en los pilares estratégicos del gobierno hasta el 2025 se expresan las profundas contradicciones del proceso de cambio, la ensanchada distancia del gobierno respecto a la Constitución, a la madre tierra y al vivir bien. Se emiten estos “enunciados” incongruentes sin tener mucha consciencia de lo que se dice; es más, parece que se cree en lo que se dice, considerándolo una garantía de cumplimiento con el proceso y la Constitución, cuando efectivamente se ocasiona el distanciamiento respecto a ambos acontecimientos histórico-políticos; el proceso, como acontecimiento histórico abierto por la movilización prolongada indígena y popular; la Constitución, como acontecimiento político. ¿Qué papel juega, en este caso, el discurso político? No es un dispositivo de acción, menos de acción transformadora; es un dispositivo “ideológico” de encubrimiento, un dispositivo “ideológico” que aparece como espejismo en el desierto capitalista, la aparición de la ilusión que engaña al caminante exhausto y lo empuja a seguir adelante, hacia su propia periclitación.
El octavo pilar dice: Soberanía alimentaria [1] a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien. La soberanía alimentaria sugiere una autodeterminación alimentaria; esto implica fortalecer la producción campesina y comunitaria de alimentos, recuperando semillas y variedades, en peligro de extinción o ya desaparecidas, lo que a su vez significa recuperar saberes locales y tecnologías tradicionales. Oponerse a las semillas transgénicas, monopolizadas por ocho o nueve empresas trasnacionales. El antecedente de la Ley de Revolución Productiva, donde se introducen dos artículos que avalan la introducción de transgénicos, muestra el camino optado por el gobierno, más aún cuando ha comenzado hacer insinuaciones, apoyando la versión de los empresarios agroindustriales y soyeros, de que los transgénicos garantizan la soberanía alimentaria. ¿Saben lo que dicen? El concepto de soberanía alimentaria se opone precisamente a la incorporación de los transgénicos a la agricultura, recupera los modos de producción propios y locales, defendiendo la autonomía y la independencia de los productores campesinos y comunitarios. Se añade a la frase a través de la construcción del saber alimentarse para el vivir bien. El saber alimentarse tiene que ver con el vivir bien, forma parte de la composición vivencial, de los habitus, si podemos hablar así, del vivir bien. Definido, por las resoluciones de la Conferencia Mundial de los Pueblos contra el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Tiquipaya-Cochabamba), como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Estas resoluciones son vinculantes para Bolivia y los países del Alba, firmantes de las resoluciones; empero nadie las cumple. Entonces, ¿Por qué se habla del vivir bien si no se cumplen con sus postulados? ¿El vivir bien es un término legitimador en el discurso gubernamental? ¿Se habla del vivir bien para decir que se comparte la cosmovisión indígena del suma qamaña y el suma kausay, aunque, en la práctica, se haga todo lo contrario?
El noveno pilar se propone soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la madre tierra. ¿Autodeterminación ambiental? Esto significaría reconocer los derechos de los seres de la madre tierra, reconocer el condicionamiento del equilibrio ecológico y la armonía complementaria y dinámica de la biodiversidad, y todo esto implica respeto a los bosques, a los ciclos del agua, del aire, de los suelos, de los seres. En contraposición, se tiene la efectuación irreversible del modelo extractivista. El ataque al territorio indígena del TIPNIS es una muestra fehaciente de que no se respetan los derechos de los seres de la madre tierra y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Se ha hecho de todo, mostrando el desenvolvimiento desmesurado del poder, para imponer la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS. Y después de todo esto, desde el premeditado convenio con el gobierno de Brasil, el contrato con OAS, el préstamo del BNDES, sin consulta previa, en el 2008, hasta la imposición de una consulta espuria, que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con sentimiento, previa, libre e informada, pasando por todo un recorrido sinuoso de acciones violatorias de los derechos fundamentales y de la Constitución, se insiste en lo mismo, en la misma descarnada violencia. El presidente ha dicho que va extirpar la pobreza extrema del TIPNIS. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va extirpar? ¿A las comunidades indígenas, a sus instituciones, normas y procedimientos propios, al territorio comunitario?
La síntesis incongruente, aunque no sea un concepto realizado, y sea mas bien un “enunciado” forzado políticamente, expresa de la manera mas desnuda la “tragedia”, si podemos hablar así, de la política. La tragedia de Edipo rey de Sófocles narra el sufrimiento del rey Edipo, que se casa con su madre y asesina a su padre sin saberlo. La “tragedia” de la política sería al revés, asesina a su madre, la madre tierra, y se casa con su padre, el Estado-nación; esta vez, empero, no sin saberlo, sino teniendo pleno conocimiento de sus actos, entonces desplegando acciones deliberadas.
Del primero al cuarto pilar las propuestas estratégicas del gobierno repiten derechos constitucionales.
En la primera parte de la Constitución, en Bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, en lo que corresponde al Título II, desde el artículo 16 hasta el artículo 20 se definen los derechos al agua y a la alimentación, a la educación, a la salud, al hábitat y a la vivienda adecuada, al acceso universal y equitativa, a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones y transporte.
En el capítulo sexto, Educación e interculturalidad, en lo que corresponde a la sección IV, Ciencia, tecnología e investigación, en los artículos 105 y 106, se establece el deber del Estado en garantizar el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Así como su responsabilidad en asumir como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así como también su deber en promover y fomentar la investigación y el desarrollo de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos como factor estratégico para la transformación y el desarrollo económico, industrial y diversificado del país.
Los pilares mencionados no hacen otra cosa que retomar los mandatos constitucionales en estos tópicos mencionados. Estas son ya tareas encomendadas por la Constitución; no se trata de repetir sus enunciados, sino de cumplirlos. Han pasado ya cuatro años desde la aprobación y promulgación de la Constitución; ¿qué se ha hecho al respecto? De acuerdo al informe del presidente del 22 de enero de 2013, hay avances en la instalación del agua potable en las ciudades, en la instalación de infraestructura de salud, construcción de escuelas, construcción y entrega de viviendas, instalación de gas domiciliario y telecomunicaciones. En lo que respecta a la alimentación, al hábitat, al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de alcantarillado, electricidad, y transporte, parece notarse un rezago problemático ante la creciente demanda. Sin embargo, si bien se muestran estadísticas en lo que respecta al agua potable, a la infraestructura en salud, en la construcción de escuelas, de viviendas y la instalación de gas domiciliario y telecomunicaciones, éstas están lejos de cubrir la demanda. Es más, no se dice nada de la alarmante y catastrófica corrupción denunciada en lo que respecta a la construcción y entrega de viviendas. Ha sido denunciado y conocido por los propios ministros de obras públicas y vivienda lo acontecido en los programas de vivienda; empresas fantasmas, desaparición de montos destinados, involucramiento de vice-ministros, inauguraciones sin entrega de viviendas. No se trata de mostrar estadísticas de ejecuciones financieras, cuando de lo que se trata es de mostrar una transformación estructural de las condiciones de la vivienda popular. Lo que es más notorio en las ciudades es el boom de la construcción de edificios de departamentos de lujos, que responden a la especulación de préstamos bancarios para las construcciones de edificios, con venta de departamentos caros, donde presumiblemente también se dé el lavado de dinero. A propósito, lo que le tiene que quedar claro al gobierno, es que no se puede confundir las estrategias políticas con campañas electorales donde se promete de todo, sino del cumplimiento constitucional, de la realización y materialización de las transformaciones estructurales e institucionales que demanda la Constitución, del cumplimiento de los derechos fundamentales. Parece no haberse salido del teatro político y de la compulsión electoral.
El décimo pilar plantea la integración complementaria de los pueblos con soberanía, orientada a unir a los pueblos. Si hay integración complementaria de los pueblos, éstos ya están unidos, integrados, a partir de y por las dinámicas de las complementariedades. La complementariedad es la dinámica de cohesión social y territorial de los ayllus; que estas dinámicas se extiendan a los pueblos, se manifestarían como una irradiación de formas organizacionales comunitarias a los pueblos. Esta estrategia transformadora de las estructuras organizacionales sociales es ciertamente una opción alternativa y alterativa a la modernidad. Empero, ¿es esto lo que quieren decir los gobernantes? ¿O es que usan lo complementario como nombre atractivo para adornar el discurso político, así como ocurre con el vivir bien y la madre tierra? El enfrentamiento con las organizaciones indígenas originarias de tierras altas y de tierras bajas, el ataque a los territorios indígenas, considerados latifundios por el discurso oficial, los obstáculos puestos en la Ley Marco de Autonomía a las autonomías indígenas, el conflicto del TIPNIS, manifiestan, en los hechos, la efectuación del gobierno de otra tendencia, de ninguna manera complementaria, sino de exclusión de las opciones comunitarias, en beneficio de las opciones desarrollistas, ilusionadas con el progreso.
El undécimo pilar plantea la soberanía y transparencia de la gestión pública. La gestión pública sigue siendo liberal; no se efectuaron las transformaciones institucionales requeridas para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; se mantiene la institucionalidad homogénea del Estado-nación, y la normativa de la gestión pública neoliberal, la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), Ley 1178. Nunca se discutió el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural (2008), presentada por el equipo interministerial, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es muy difícil sostener que ha habido transparencia en la gestión pública, menos en la contratación de bienes y servicios, sobre todo en aquellos que implican grandes montos financieros, en los montos destinados a la construcción de carreteras, de plantas separadoras de gas, de plantas industriales. ¿Va cambiar esta práctica opaca y nebulosa de la gestión pública? Esa es la responsabilidad de un gobierno popular en la transición al Estado plurinacional.
El duodécimo pilar propone disfrute en felicidad plena con nuestras fiestas, música, ríos, selva, montañas y nuestros sueños. Ni duda cabe que disfrutamos nuestras fiestas, así como nuestra música; empero parece que no respetamos los derechos de nuestros ríos, de sus ciclos, tampoco respetamos las selvas y los bosques; al contrario, los talamos y ampliamos la frontera agrícola. Las montañas son horadadas por la minería extractivista. ¿Disfrutamos nuestros sueños? Por ejemplo, el sueño de la descolonización. Parece que no; lo evidente es la reiteración de la colonialidad en la transición, en las formas más grotescas, folklorizando los ritos y ceremonias ancestrales, convirtiendo en ornamento simbólico el nombre de Estado plurinacional, expandiendo el modelo extractivista, restaurando la institucionalidad del Estado nación, sus gestiones y sus prácticas, desplegando a gritos la ideología desarrollista y la ilusión de progreso. ¿Podremos soñar y realizar nuestra fantasía teniendo en cuenta estos antecedentes?
El último pilar dice: Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad con nuestro mar. En el título siete de la segunda parte de la Constitución, en Estructura y organización funcional del Estado, en el séptimo título sobre Relaciones internacionales, fronteras integración y reivindicación marítima, se tiene, en el capítulo cuarto, el mandato de la Reivindicación marítima. La conducción política del gobierno en relación a este mandato constitucional ha sido problemática. Al principio se trabaja en la Cancillería sobre dos principios básicos, la diplomacia indígena y la diplomacia de los pueblos. En esta perspectiva se avanza, sobre todo en la diplomacia de los pueblos, quedando como postulado teórico lo de la diplomacia indígena. En lo que respecta a las relaciones con Chile, la diplomacia de los pueblos surte efecto; se logra el apoyo del pueblo chileno, sobre todo popular y estudiantil, a la causa marítima boliviana. En este contexto se logra una agenda de 13 puntos, donde se encontraba la discusión sobre el puerto sin soberanía. Se quedó en esto; la salida del entonces cónsul general en Chile, José Pinelo, por rumores y serruchadas de piso, típicas en las instituciones gubernamentales, interrumpe el avance, aunque se siga tratando la agenda. La diplomacia de los pueblos ya no es practicada. Después de algunos años, a algún alto jerarca del gobierno se le ocurrió repentinamente que no se había avanzado, que la tardanza beneficiaba a Chile y no a Bolivia, que lo que había que hacer es interrumpir el tratamiento bilateral, trasladándose a una estrategia multilateral. Llevando el caso del diferendo marítimo al Tribunal de la Haya. Lo que se había avanzado quedó en suspenso; se ingresó a una relación conflictiva con Chile, bajo el criterio de que se trata de un gobierno de derecha y no de izquierda, como era el gobierno de Verónica Michelle Bachelet Jeria . En estas decisiones improvisadas, sin ninguna evaluación seria de lo que se había hecho, se le descentralizó el atributo del tema marítimo de la Cancillería, conformando una Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR), que hasta ahora no ha dado ningún resultado; es más, esta dirección muestra señales preocupantes de estar bastante perdida en el dominio y manejo del tema. La denuncia al Tribunal de la Haya no prosperó; a estas alturas, de una experiencia tan embrollada del tratamiento reivindicativo marítimo, parece el gobierno haberse dado cuenta de su equivocación. Ahora, por insistencia de la Cancillería, se quiere retomar el tratamiento de los trece puntos pendientes. Este itinerario tan intrincado nos muestra a claras luces que no hay ninguna estrategia diplomática y política respecto al tema marítimo; si había atisbos para armar una estrategia, al principio, se los ha perdido en el camino, en este recorrido tan atropellado de la política marítima boliviana. ¿Se va a trabajar seriamente en una estrategia, suponiendo la realización de investigaciones y análisis objetivos, evaluaciones críticas de las políticas bolivianas al respecto, retomando la diplomacia de los pueblos? No parece ser esta la voluntad del gobierno. Su discurso reivindicativo cada vez se parece al discurso demagógico de los gobiernos anteriores, que lanzaban el tema marítimo cuando se encontraban en crisis de legitimidad.
La síntesis incongruente no se logra conceptualmente, como dijimos, es mas bien un “enunciado” político forzado, para atender los dilemas y conflictos que atraviesan las políticas en periodos y coyunturas problemáticas. Aparece entonces como recurrente figura de bricolaje, que connota representaciones provisionales, para al desafío de lo disímil y de lo incompatible, que busca ser articulado por razones políticas, por razones de Estado. La síntesis incongruente puede ser también tomada como recurso barroco, como procedimiento de mezcla, empleado en discurso político para legitimar la práctica efectuada por el poder.
[1] El concepto de soberanía alimentaria fue incorporado con mayor relevancia por Vía Campesina en Roma (1996), con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se entiende soberanía alimentaria como el derecho de cada pueblo en diseñar sus políticas agrarias y alimentarias de manera soberana. La soberanía alimentaria se inscribe en el paradigma del desarrollo sostenible y seguridad alimentaria Este modelo comprende la protección del mercado doméstico, que se tiene que defender de la competencia desigual del mercado internacional, que comercializa productos excedentarios, vendidos a bajos precios; también exige luchar contra la práctica del dumping , venta por debajo de los costos de producción, pues se trata de productos subvencionados por sus estados. Este concepto de soberanía alimentaria , supone una ruptura con el paradigma económico comercial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A diferencia del concepto de seguridad alimentaria, definida por la FAO, concepto que se circunscribe en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria hace hincapié en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Pone en mesa de la discusión las consecuencias que tiene la importación de alimentos baratos, sobre todo en lo que respecta a la destrucción de la producción alimentaria y productores agraria locales.