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04-02-2013
Uruguay
Gabriel Oyhantçabal
La Diaria
Hace siete años, más precisamente el 15 de enero de 2006 a las seis de la mañana, tres organizaciones de trabajadores rurales y agroindustriales de Bella Unión ocupaban 32 hectáreas improductivas durante once años del Instituto Nacional de Colonización (de ahora en más INC). La medida conjunta de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato de Obreros de Calnu (SOCA) y la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rules de Bella Unión (APAARBU) levantó bastante polvareda. No sólo porque fue la “primera” ocupación de tierras en nuestro país, sino porque fue a sólo nueve meses de asumido el primer gobierno progresista y semanas antes del lanzamiento del proyecto ALUR (Alcoholes del Uruguay SA), “buque insignia” del FA en dicha localidad. Entre las repercusiones más recordadas, el actual presidente (en aquel entonces novel Ministro de Ganadería) le reclamó a los trabajadores que “no pongan palos en la rueda”. Más allá del necesario debate sobre la legalidad o ilegalidad de este tipo de medidas en un orden social que no puede ser defendido como justo e igualitario, es interesante analizar aquella ocupación a luz de sus “resultados concretos” y contrastarla con el contexto nacional de tenencia y distribución de la tierra que terminó de evidenciar el Censo General Agropecuario de 2011.
La ocupación provocó que el Estado, más allá de inicialmente condenar la medida, estableciera espacios de negociación para atender las demandas de los trabajadores que posteriormente se concretaron en varias conquistas para estos. En 2006 la recién creada ALUR arrendó un campo de 400 hectáreas para luego sub-arrendarlas en fracciones de 10 hectáreas a 39 trabajadores de las organizaciones ocupantes. Durante 2007 el INC acordó con las organizaciones ceder las 32 hectáreas ocupadas a una cooperativa de trabajadores donde además se instaló un Centro de Formación Popular con apoyo de la Universidad de la República, y se conformó una Comisión de Políticas de Tierras en la localidad con participación de las organizaciones de trabajadores y las instituciones. En el marco de esta comisión trabajadores de la UTAA accedieron a una fracción de 170 hectáreas, y luego negociaron durante casi dos años el ingreso a 2000 hectáreas que el INC compró para satisfacer la demanda de los trabajadores. Estas 2000 hectáreas se convirtieron en 2010 en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio, a la que accedieron más de 50 trabajadores que durante las últimas tres zafras de caña obtuvieron los mejores índices productivos de la zona. Más cerca en el tiempo, luego de que la UTAA presentara al INC un proyecto productivo para 100 familias y luego resolviera volver a ocupar tierras en enero de 2012, el Instituto compró 2900 hectáreas para atender su reclamo. Más allá de las inevitables dificultades que fueron enfrentando los nuevos colonos y de la fuerte dependencia que tienen con la industria, la movilización de los trabajadores de Bella Unión se mostró como una vía efectiva para el acceso a la tierra como forma de intentar superar condiciones de vida signadas por la pobreza, la zafralidad (el corte de caña dura como máximo cinco meses), el trabajo precario y mal remunerado.
Un segundo aspecto que queremos destacar tiene que ver con la inauguración de una modalidad de lucha donde la ocupación de tierras apareció como una vía más en el proceso de negociación con y contra el Estado en demanda de medios de producción para garantizar vidas dignas. Más allá de que esta modalidad quedó prácticamente restringida a Bella Unión (se puede destacar una ocupación en Balneario Kiyú en 2008), después de la primera ocupación los trabajadores de Bella Unión protagonizaron otras cuatro ocupaciones de tierras. La reacción del Estado ante esta nueva forma de lucha fue contradictoria. Por un lado respondió con la entrega de tierras a los trabajadores en los casos antes reseñados, lo que podría oficiar como una suerte de “legitimación” de las ocupaciones, pero por otro lado aprobó en abril de 2007 la Ley 18.116 que modificó el Código Penal facilitando los procesos penales por usurpaciones de fincas y predios, Ley que el actual Prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa calificó como “un desastre, un error, el peor error cometido en términos legislativos de este Gobierno”, evidenciando que en el gobierno primó la defensa del derecho a la propiedad privada.
Esta aparente contradicción en el accionar del Estado no hace más que expresar el modelo de desarrollo rural por el que apuesta el Frente Amplio. Mientras genera las condiciones y las garantías para que el capital transnacional motorice la economía vía inversión extranjera directa, implementa políticas compensatorias para la producción familiar y los asalariados rurales que intentan suavizar las aristas más negativas del modelo. El caso del accionar el Instituto Nacional de Colonización y de situación de la tenencia y distribución de la tierra en Uruguay es evidente al respecto. Durante los primeros seis años de gobierno (2005-2010) mientras el INC adquirió 45.000 hectáreas, las operaciones de compraventa y de arrendamiento de tierras explícitamente promovidas por el gobierno, ascendieron a un total de 3,72 millones de hectáreas y de 4,85 millones de hectáreas respectivamente. Para hacerlo más claro, por cada hectárea colonizada se vendieron 83 hectáreas y se arrendaron 108 hectáreas.
Por eso, y más allá de celebrar que el INC volvió a entregar tierras luego de 30 años de anomia que incluyó un intento de cierre a iniciativa de Jorge Batlle, el escenario sigue siendo muy adverso para los más de 10.000 aspirantes a tierra que hay en Uruguay, sean los asalariados rurales que aspiran ganar niveles de autonomía y dignidad accediendo a un pedazo de tierra, o sean los productores familiares que quieren asegurarse la tenencia de la tierra y/o mejorar su escala, lo que entre otras cosas es fundamental para generar condiciones materiales mínimas para heredar el campo a sus hijos.
Quienes estamos convencidos que los intereses objetivos de las mayorías pasan por ganar en soberanía e igualdad a caballo de la movilización popular (como expresión de consciencia y disposición política a avanzar en un proyecto superador), el camino trazado por los trabajadores de Bella Unión muestra un camino posible, no el único claro está, por el que seguir caminando. Si el problema para “profundizar los cambios”, según el senador frenteamplista y ex-ministro de ganadería Ernesto Agazzi, es la falta de correlación de fuerzas y la ausencia de propuestas concretas, más que aislar políticamente la crítica al modelo de desarrollo rural, acusar a los trabajadores de “poner palos en la rueda” y criminalizar sus formas de protesta, habría que sostener y legitimar sus iniciativas y hacer de la crítica una oportunidad para incrementar las adhesiones a un proyecto transformador. Esto si lo que se quiere es, efectivamente, torcer la realidad a favor de los más desposeídos. ¿O acaso hay otra forma de incrementar la correlación de fuerzas para avanzar en la democratización y apropiación de la riqueza nacional, si no es con un incremento sostenido de la participación popular que desborde la institucionalidad vigente?
Gabriel Oyhantçabal es docente universitario, militante sindical e integrante del programa periodístico Arquero Peligro.