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Movimientos indígenas y campesinos marchan este martes en varias ciudades de Panamá, tras un año de la represión policial contra la etnia ngöbe buglé, en la provincia de Chiriquí, en el oeste del país, acción que dejó dos personas asesinadas.
Las movilizaciones, convocadas por la Alianza Estratégica Nacional, se llevan a cabo de forma simultánea en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Panamá y Veraguas, reseñó Telesur.
Celio Guerra, presidente del Congreso General Ngäbe-Buglé, dijo que con estas marchas se quiere dar un reconocimiento especial a las personas que dieron sus vidas en un movimiento que rechazaba la actividad hidroeléctrica y minera.
El 5 de febrero de 2012, Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez fueron asesinados por la policia, que reprimió las protestas en San Félix contra una ley minera finalmente derogada.
Toribio García, dirigente indígena de Chiriquí, expresó que también se quiere enviar un mensaje al Gobierno y a las transnacionales: “Que los grupos comunitarios están unidos en un movimiento sólido y fuerte”.
Las marchas también buscan demandar la paralización de obras en territorios ancestrales. Las organizaciones indígenas y campesinas denuncian que no se ha detenido aún la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco en el río Tabasara y otras tres en Río Blanco.
Por otro lado, Felipe Cabezas, del Frente Amplio de Colón, en el norte del país, expresó su apoyo a los ngöbe y a las movilizaciones de este martes.
Informó que en su provincia la marcha será para exigir la reanudación de las negociaciones con el Gobierno, que “actualmente están en un limbo”.
El diálogo entre el Frente Amplio de Colón y el Gobierno panameño comenzó luego de la derogación de la Ley 72, en octubre pasado, que permitía la venta de tierras de la zona libre de la ciudad de Colón y que provocó fuertes protestas en la provincia homónima del norte del país, que dejó cuatro muertos y 48 heridos.
No obstante fue suspendido unilateralmente por el Ejecutivo.
La Policía había desplegado desde tempranas horas un amplio dispositivo de control, aunque eso no ha evitado cortes de carreteras y manifestaciones en diversos puntos del país. Un numeroso grupo de indígenas y miembros del mayoritario Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) se han manifiestan en el punto donde fue asesinado Rodríguez Tugrí, un caso sobre el cual la justicia no ha avanzado, al igual que ocurre con otros hechos de represión policial registrados en el país centroamericano en los últimos tres años.
Al tiempo, las comunidades costeras de Coclé (Santa Clara y La Pacora) han cortado la carretera Interamericana en protesta por los intentos de desalojarlos de sus tierras. A ellos se han unido miembros de la Coordinadora en Defensa de la Tierra y el Agua de Coclé, quienes protestan a la altura de Río Grande en dicha carretera Interamericana. El grupo está vigilado por un numeroso dispositivo de antimotines. Hay cortes parciales o concentraciones en puntos como San Félix, Viguí, La Mesa, Río Cobre o San Francisco.
También hay concentraciones de docentes en Santiago de Veraguas y en la ciudad Colón se reproducen las manifestaciones ante la incapacidad del Gobierno de llegar a acuerdos para el desarrollo de uno de los distritos más abandonados del país.
Esta jornada de protesta nacional fue acordada por decenas de movimientos de base en reuniones realizadas a principios de año. El clima social en Panamá se ha degradado de una manera acelerada con momentos de máxima confrontación con las fuerzas de seguridad del Estado (Bocas del Toro en 2010; Comarca Ngäbe Buglé, 2011 y 2012; Colón, 2012) y una estrategia de criminalización de la protesta por parte del Gobierno de Ricardo Martinelli, que, siguiendo un patrón fijo, reprime primero, enfría el ambiente con negociaciones e incumple los acuerdos al final. La paciencia de los pueblos tiene un límite.