La falacia de la restitución de los bosques en Bolivia

La falacia de la restitución de
los bosques en Bolivia

Por Marco Octavio Ribera Arismendi
Coordinador de Investigación y
Monitoreo Ambiental de LIDEMA

La norma 337 es
perversa, no sólo por
el incentivo al
aumento de la
expansión de la
frontera agrícola, sino
por el aval al sector
agroindustrial
exportador, uno de los
que mayor
depredación ecológica
ha ocasionado al país.

Existen varios antecedentes
que establecieron el clima
favorable para la emisión de la
norma 337, todos tienen que
ver con la expansión de la
frontera agropecuaria y los intereses del sector agroindustrial.
Por ejemplo, en febrero del 2011
(Bolpress, 5 febrero 2011), el
máximo representante de la
ANAPO, Demetrio Pérez, mencionó textualmente el siguiente
pedido al gobierno: «flexibilizar
la normativa de reversión de
tierras por causal de desmontes
ilegales, y permita la expansión
de la frontera agrícola. Algunos
productores desmontaron áreas
para sembrar más, pero han
sido declarados ilegales. Nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna manera,
regularizar ese desmonte y no
recortar la producción”. Estas
declaraciones tuvieron como
base los acercamientos del
gobierno al sector agroindustrial
ya realizados el año 2010,
cuando se hablaba de una
“alianza productiva” y el diseño
de un plan estratégico conjunto
para garantizar el abastecimiento de alimentos en el
mercado interno (SENA, 2011).
No se puede dejar de mencionar, que en enero del 2011
(www.padep.org.bo del 23
enero 2011) el Presidente
Evo Morales, al posesionar a
la Ministra de Desarrollo
Productivo y Economía Plural,
le confió la tarea de “ampliar
la frontera agrícola en el país”
y echar a andar la Empresa
Azucarera de San Buenaventura, (en definitiva, un
megaproyecto agroindustrial
absolutamente improvisado y
con elevadísimo costo socio
ambiental).
En julio del 2012 (Cambio,
23 Julio 2012), el jefe de
Estado, Evo Morales, durante
la clausura del ampliado de la
Federación de Trabajadores
Campesinos de Santa Cruz,
anunció que se modificará la
Ley Forestal para que los
pequeños productores no
tengan problemas con la
Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y
Tierra o ABT. Una afirmación
inaudita e inconcebible del
primer mandatario fue: “Ésta
es la responsabilidad de los
dirigentes nacionales, del
movimiento campesino
indígena originario, tenemos
que cambiar lo más antes
posible la Ley Forestal
(porque) mientras haya Ley
Forestal seguirán molestándonos, cualquiera que sea
la autoridad”.
En septiembre del 2012 (El
Deber 1-septiembre 2012),
esta sintonía entre un
gobierno y la voraz agroindustria del oriente, desembocó en una terrible alianza,
cuando se anunció en varios
medios de prensa que “el
Gobierno y la dirigencia agropecuaria de Santa Cruz, avanzaron en la búsqueda de
consenso para dos proyectos
de ley que permitirán realizar
nuevas inversiones privadas e
incrementar la frontera agrí-
cola”. En propias palabras del
segundo mandatorio del país,
“hay un avance del 90% en dos
proyectos de ley, uno para
ampliar el periodo de tiempo de
la revisión de la Función Econó-
mica Social (FES) de dos a cinco
años, y el otro, relacionado a
los desmontes y la seguridad
jurídica que reclaman los productores para sembrar más.
Obviamente”. Todo esto camuflado por la gran mentira de
querer favorecer la seguridad
alimentaria del país, pero en
plena concordancia con la consigna con las políticas desarrollistas ciegas del gobierno, de
ampliar la frontera agropecuaria
a como de lugar. No sólo se
brindaron financiamientos para
la devastación ecológica del país
por la agroindustria (por el
FINPRO de la Ley de Revolución
Productiva), sino que se
pretendía ya entonces brindarle
apoyo y seguridad legal.
También la Ley 300 (Ley Marco
de la Madre Tierra y Desarrollo
integral para vivir bien), sirve
de antesala para la Ley 337,
pues tiene un claro afán productivista y desarrollista, en resu-
midas cuentas, es una Ley
“regeneracional” que enfatiza
muy llamativamente en la regeneración de los componentes de
la madre tierra post-utilización
y degradación, antes de prever
su protección o la aplicación de
medidas de control, o más aún,
en muchos casos, la decisión de
“no uso” debido a su fragilidad.
Toda la Ley 300 habla de generar
condiciones para “el uso y aprovechamiento”, aun cuando los
artículos tienen que ver exclusivamente con la conservación.
De esta forma, la protección y
conservación de los ecosistemas
están subordinadas a la explotación de estos y luego
considerar su posible regeneración, en previsión de los
impactos y daños ocasionados.
Respecto a la norma 337 de
Apoyo a la Producción de
Alimentos y Reforestación de
Bosques, el Artículo 1 de la Ley
337, define el objeto de dicha
norma en cuanto a establecer
un régimen de excepción para
el tratamiento de predios con
desmontes que se hayan realizado sin autorización (desmontes ilegales) entre el 12 de julio
de 1996 y el 31 de diciembre
de 2011, cuyos beneficiarios se
aco jan al “Programa de
Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques”.
Mientras que la finalidad de la
mencionada Ley (Artículo 2)
tiene por finalidad: incentivar,
en predios que hubieren sido
objeto de desmontes sin autorización (ilegales), la producción
de alimentos para garantizar el
derecho fundamental a la
soberanía y seguridad alimentaria y la restitución de áreas
de bosques afectadas.
Llama la atención, que tanto
el objeto, como la finalidad,
hacen énfasis, en: a) el régimen
de excepción para los infractores o desmontadores ilegales
entre 1996 y el 2011, es decir
la “legalización de un delito
ambiental”, es decir de legitimar
los desmontes no autorizados,
y b) la producción de alimentos,
es decir la producción agropecuaria, que en definitiva implica
necesariamente más desmontes,
sean de bosques primarios o
secundarios en sucesión. La
restitución de bosques, es algo
que figura claramente como
secundario y solo para ”suavizar” o “adornar” la crudeza de
la norma emitida (“para dorar la
píldora”). Dicha restitución
implica sólo un 10 % de los
predios deforestados, lo cual en
términos generales, tiene un
escaso nivel de significancia
ecológica, en comparación con
las superficies de las zonas
desmontadas ilegalmente, y que
están destinadas a ser nuevamente habilitadas para
producir alimentos.
No sólo se premia a los infractores con la abrogación o legitimación del delito, y la no reversión, o sea, el reconocimiento
de la Función Económico y Social
en terrenos desmontados ilegalmente, sino que se les permite
producir y volver a desmontar.
Esto, por supuesto, beneficia en
poco a un pequeño productor
que puede haber desmontado
ilegalmente o sin autorización,
una o dos hectáreas, pero sí en
mucho a un gran productor que
desmontó sin autorización (ya
sea en su predio o en tierras
fiscales) cientos o incluso miles
de hectáreas. Para ellos fue
hecha esta norma.
Considerando la dinámica
ecológica sucesional, entre 1996
y 2013, varias de las zonas
desmontadas ilegalmente en el
país, luego de uno o varios ciclos
de producción, ya podrían estar
cubiertas de bosques secundarios (bajo una restitución
denominada sucesión secundaria), pero que con la 337, pueden
volver a ser desmontadas para
“producir alimentos”, al menos
en un 90%, dejando solo el 10%
para restitución.
Otra falencia de la norma, va
de la mano de la falta de registros detallados y precisos de los
desmontes a lo largo de 15
años, cuando las Superintendencias Agraria y Forestal presentaban acuciantes signos de
ineficiencia institucional, a lo cual
se suman actualmente las limitaciones operativas de laABT. Ante
este vació y debilidad de fiscalización e información, los propietarios de predios, pueden fácilmente aducir un desmonte hecho recientemente, por ejemplo
el 2012 (o incluso del 2013), como
si fuera del 2009 o del 2010, o
antes, con lo cual existe el riesgo
de un avance neto de las fronteras agropecuarias. Por otro
lado, pueden haber propietarios
con colindancias a tierras boscosas íntegras, que talen superficies los siguientes años y las
declaren como de años anteriores. Es de esta manera que los
grandes productores parecen
haber entendido la norma 337,
cuando el presidente de la
Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO), Julio Roda, comentó que,
“con esta disposición se podrá
legalizar las propiedades que
están con desmontes ilegales,
viabilizando para seguir realizando derribes y seguir ampliando la frontera agrícola” (El
Día, 15 Enero 2013).
En definitiva, la norma 337 no
tendrá, de ninguna manera, un
impacto positivo en la restitución
de los bosques, sino todo al
contrario. Claramente, es de
flexibilización, y es absolutamente incoherente, ambigua y
contradictoria. Adicionalmente
es perversa, no sólo por el
incentivo al aumento de la
expansión de la frontera agrí-
cola, sino por el aval al sector
agroindustrial exportador, uno
de los que mayor depredación
ecológica ha ocasionado al país,
que genera divisas volátiles, que
paga impuestos irrisorios, que
no genera renta a pesar de los
exorbitantes ganancias, que
recibe una generosa subvención
de carburantes, y que además
abre gustosamente las puertas
a la extranjerización de la tierra.
No en vano el propio presidente Morales afirmó respecto
de la Ley 337: “Con esta normativa tratamos de apoyar la producción en el oriente boliviano,
ampliado más la frontera
agrícola que tiene el país y
garantizando la seguridad
alimentaria”. En la misma línea
(El Dia, 15 Enero 2013), la
Ministra de Desarrollo Rural,
Nemesia Achacollo, manifestó
que “mediante esta norma se
ampliará la frontera agrícola lo
que repercutirá en garantizar la
seguridad alimentaria”.
Adicionalmente, el hecho de
que Evo Morales, entregara a
mediados de enero la Ley 337,
en manos de Julio Roda (El Día,
15 Enero 2013), presidente de
la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO), tiene un tremendo significado simbólico y
reconfirma las proyecciones del
desarrollismo agroindustrial,
abiertamente anti ecológico, que
impulsa el actual gobierno. Definitivamente, no es el pequeño
productor el que se beneficiará
más de esta norma, sino los
medianos y grandes productores, incluidas las empresas y
cooperativas agropecuarias.
Otra aseveración inaudita de
Evo Morales (El Dia, 15 Enero
2013), fue la confirmación de
que “la producción de soya con
transgénicos seguirá adelante,
mientras los defensores de los
cultivos ecológicos no garanticen la seguridad alimentaria
del país”.
Con esta norma y otras afines,
el actual gobierno se aleja aún
más de los verdaderos y
legítimos intereses del pueblo y
de las masas que siguen
empobrecidas en el campo y en
las ciudades.