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Militarización y despojo, la política contra el EZLN en Chiapas: Frayba
La estrategia contrainsurgente en Chiapas trasciende características militares y se modifica en diversos momentos, constituyéndose en una guerra integral de desgaste; utilizando recursos económicos, políticos y militares”, advierte el Frayba en su informe.
DESINFORMÉMONOS
México. En momentos en que se habla de la militarización del país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, hay que recordar que el territorio de Chiapas continúa rodeado de decenas de miles de miembros del ejército,” sobre todo en las comunidades indígenas preferentemente en zona de influencia del EZLN”, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en su informe Entre la política sistémica y las alternativas de vida.
El Frayba advierte que la estrategia contrainsurgente “implementada por el gobierno mexicano a partir de 1994 y sus diversos énfasis, según los gobiernos en el poder, va desde la confrontación directa de fuerzas regulares e irregulares a la implementación de proyectos sociales”.
El amplio y riguroso reporte del Centro de Derechos Humanos, dedicado al obispo Raúl Vera, presidente del organismo, y a los pueblos en general, contiene cuatro capítulos: La legalidad del despojo; La justicia al servicio del Estado; El estado del Conflicto Armado Interno a partir del último sexenio; y Alternativas de memoria, y fue presentado en San Cristóbal de las Casas el pasado 19 de marzo.
Se trata de un informe que abarca las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chiapas en todo un sexenio, de 2006 al 2012, años en los que, se destaca, la estrategia contrainsurgente en Chiapas trasciende características militares y se modifica en diversos momentos de acuerdo a la coyuntura; constituyéndose en una guerra integral de desgaste; utilizando recursos económicos, políticos y militares”.
Uno de los medios de contrainsurgencia, indica el Frayba, “es la estrategia de confrontación que los gobiernos, a través de sus tres niveles (municipal, estatal y federal), realizan en contra de las comunidades autónomas zapatistas, por medio de los grupos de poder local comunitario, los cuales tienen protección y privilegios del gobierno de Chiapas”.
En lo económico, refieren, “los recursos son utilizados para profundizar la fragmentación en las comunidades, que a través del sistema de partidos políticos, ahonda en la división comunitaria e intenta cooptar a quien resiste o está trabajando en un proyecto distinto a las instituciones de gobierno”.
En el aspecto político, se advierte en el capítulo dedicado al conflicto armado, “se mantiene la estrategia del doble discurso”: por un lado el gobierno federal ignora la situación en que se encuentra el conflicto armado en Chiapas, y por el otro, el gobierno estatal públicamente afirma atender las demandas del EZLN, desmarcándose de ser actor contendiente y presentándose como administrador del escenario del conflicto. Sin embargo, afirman, “el gobierno de Chiapas es el encargado de poner en marcha la estrategia económica, de confrontación y mediática en contra de las comunidades del EZLN”.
En cuanto a la cotidianidad de la militarización en Chiapas, el Frayba indica que los “reconocimientos de rutina” se expresan a través de sobre vuelos, incursiones militares, retenes, allanamientos y detenciones que “se pueden considerar como parte de la guerra integral de desgaste que busca un impacto psicológico de terror que trae consigo consecuencias graves a los pobladores que las sufren”.
En Chiapas, concluye este apartado, “la Guerra de Cuarta Generación tiene la función de fortalecer la guerra integral de desgaste en contra del EZLN; de sostener los intereses del capital transnacional y nacional, siguiendo con la lógica de mantener en el poder a los grandes inversionistas y el modelo neoliberal”.
Otros de los aspectos de la guerra de desgaste que reporta el Centro de Derechos Humanos con más años en Chiapas, son las acciones coordinadas de las fuerzas policíacas federales y estatales y de los funcionarios de investigación judicial que de forma constante violentan el derecho a la libertad de tránsito, a través de los operativos contra migrantes y el tráfico de armas.
Un tema que no podía quedar fuera es el de los grupos paramilitares. Después de 19 años del levantamiento zapatista, informan, “la presencia de las estrategias desarrolladas por la Sedena como el “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Chiapas 2000″, se siguen aplicando en la zona de conflicto ahora como parte de la Guerra Integral de Desgaste…Estos planes continúan siendo parte de la estrategia del Estado para controlar e inhibir a los movimientos de resistencia, que cómo lo hemos mencionado anteriormente a través de la implementación de programas sociales; inmovilizando a los pueblos mediante la ocupación militar y las acciones de autoridades gubernamentales en complicidad con organizaciones sociales de la región, organizaciones de corte paramilitar con la finalidad de golpear a las comunidades en resistencia y que ejercen su autonomía”.
Sobre los desplazados internos a causa del conflicto armado se destaca que el Estado mexicano se niega a reconocerlos como consecuencia de la guerra, pero han continuado “como parte de esta política de despojo y desterritorialización en contra de comunidades y los pueblos que resisten”.