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Por JAIME QUINTANA GUERRERO
Guerrero, México. “Nosotros ya logramos que el gobierno entienda que los pueblos de la Montaña vamos a trabajar con nuestro reglamento interno y que el decreto para incorporar a la Policía Comunitaria al sistema auxiliar de Seguridad Pública, no pasó aquí porque nuestro sistema es independiente y autónomo, y nos deslindamos del mando único”, señala Raúl de Jesús Cabrera, representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Costa Chica y Montaña de Guerrero.
A partir del 5 de enero pasado, con la aparición de las autodefensas en el municipio de Ayutla de los Libres, se generó un debate entre partidos políticos (PRI, PAN Y PRD), mandos del ejército y funcionarios del gobierno estatal y federal, quienes llegaron a la conclusión de que deberían reglamentarse estas formas de administración y seguridad que tienen los pueblos.
En entrevista con la revista Contralínea, Valentín Hernández, asesor de la CRAC, y Pablo Guzmán, ex coordinador de la misma, denunciaron el fin oculto en la iniciativa de decreto, por medio del cual se crea el cuerpo de la Policía Comunitaria de Guerrero. Advirtieron que mientras en el discurso se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a regirse internamente de acuerdo con sus propios usos y costumbres, en los hechos se estaría convirtiendo a la Policía Comunitaria en un cuerpo auxiliar policiaco municipal, sin independencia ni jurisdicción real, atado a las disposiciones del sistema jurídico estatal y no a la Asamblea Comunitaria, la cual quedaría convertida únicamente en representante y administradora, sin capacidad jurídica.
Para la CRAC, la organización de su sistema de justicia no es sólo un grupo de policías comunitarios vigilando los pueblos, sino una institución, con un territorio donde se ejerce la justicia y se reeduca a los que cometieron un error. Se trata de todo un Sistema de Justicia, Seguridad y Reeducación de la Costa y Montaña de Guerrero.
El pasado 13 de enero, la Policía Comunitaria emitió un comunicado en el que aclaró su postura sobre lo que estaba sucediendo con el surgimiento de las autodefensas, denunciando las intenciones del Estado y la forma en que dirigentes de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) están actuando. El mismo documento aclaran: “No estamos en guerra ni en confrontación con el narcotráfico. Nuestra misión es resguardar nuestras comunidades. No podemos realizar operativos en localidades que no están incorporadas al sistema comunitario. Por lo que en ningún momento nos hemos planteado perseguir a la delincuencia allá donde ande. …son los coordinadores regionales quienes proceden a investigar y en todo caso a imponer una sanción de trabajo comunitario como proceso de reeducación. Cada persona detenida o acusada en el sistema comunitario, cuenta con un expediente. Todo esto lo tenemos previsto en nuestro reglamento interno”.
Posteriormente, el 21 de marzo, en reunión con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, la CRAC-PC señaló que alcanzaron el acuerdo de que esta organización de los pueblos “no será sujeta de reglamentación en la iniciativa que en días próximos enviará el Ejecutivo Estatal, toda vez que su función se encuentran dentro del marco legal. El gobierno del estado se compromete a promover acciones para que el nombre de la CRAC como organización se respete, así como el de la Policía Comunitaria, a fin de no crear confusión ante la sociedad. La CRAC se compromete a mantener sus códigos de comportamiento y disciplina, portando sus uniformes diseñados por la propia CRAC; trabajar sólo en el ámbito de sus propias comunidades, como lo ha venido realizando tradicionalmente, de cara a sus comunidades, y salvo cuando realicen alguna comisión fuera de su demarcación, será mediante oficio de comisión. Con relación al Mando Único promovido por el gobierno del estado, éste no tendrá ninguna implicación con relación a la Policía Comunitaria de la CRAC”.Principio del formulario
Final del formulario
“En el territorio comunitario, como nombran al espacio en el que se aplica la seguridad y justicia tradicional, más de 50 policías nuevos se han incorporado recientemente mediante nuestro reglamento interno. Ante la problemática de la inseguridad, decenas de comunidades de Tixtla, Ometepec, Azoyu y Marquelia están por sumarse a nuestro sistema de seguridad y justicia”, señala el coordinador Raúl de Jesús Cabrera.
La Policía Comunitaria nació en octubre de 1995, como resultado de un proceso de discusión, análisis y reflexión entre los pueblos. Cuenta actualmente con más de 108 comunidades, y cuatro Casas de Justicia que se encuentran en Ayutla de los Libres, Zitlaltepec, San Luis Acatlán y Espino Blanco, y con aproximadamente mil 500 policías comunitarios. Hasta el momento se cuenta con tres radiodifusoras: La Voz de la Costa, La Voz de los Pueblos y El Despertar del Pueblo.
“Los problemas que tenemos ahora son de todo tipo. Ya no estamos hablando de robo de pollos, de chivos o guajolotes. Los problemas ahora son el narcotráfico; la delincuencia viene de lejos y de fuera”, señalan sus integrantes. Hoy el problema mayor, insisten, son las minas que quieren imponerse en el territorio.
En un comunicado emitido el 6 de marzo, dirigido al Secretario de Economía del Gobierno del estado, advirtieron: “En relación a las mineras, nuestras comunidades y pueblos han manifestado en diversas ocasiones su total rechazo a la instalación de estas empresas en territorio comunitario”. Al mismo tiempo, el 13 de marzo, en el marco de la Movilizaciones por la Vida en la ciudad de México, la CRAC-PC, marchó junto con distintas organizaciones sociales, en defensa del territorio de los pueblos originarios y en rechazo a los megaproyectos.
“Lo que sigue será la defensa del territorio de la empresas mineras”, insiste en entrevista con Desinformémonos Jesús Cabrera, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. “Vamos a luchar contra la implementación de proyectos mineros en nuestro territorio, si nos los quieren imponer nos vamos a movilizar en las calles de la capital del estado de Guerrero y en la Costa Chica y Montaña”.
El Reglamento Interno, corazón de la justicia, seguridad y la reeducación comunitaria
“Los pueblos originarios de Guerrero y en particular de la Costa Chica y Montaña, aportamos para la construcción de México muchos muertos en la Independencia y la Revolución Mexicana, sin embargo no aparecemos en leyes y tratados. Por eso, de manera pacífica, creamos nuestras formas de gobernarnos como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y es el reglamento”, explica Valentín Hernández Chapa, asesor y acompañante de la organización.
“En 1999, en una reunión de evaluación, se dio la primera discusión para hacer un reglamento de nuestros pueblos. Ya para el 2000 y 2002 se instituyó como reglamento interno”, recuerda Hernández. En la síntesis de la organización emitida el 7 de marzo del 2007, se mencionan ocho apartados: “Nuestra organización, nuestro reglamento interno, nuestro territorio comunitario, nuestra estructura, nuestras autoridades, nuestro proceso, nuestras relaciones con las instancias del poder público, nuestras acciones de prevención del delito”.
“El Estado envía leyes y normas, y como emisarios a diputados y senadores, líderes comprados, quienes quieren convencer a los pueblos para que las aprueben. Esas leyes vienen sin consenso de los pueblos y siempre crean simulación de su participación. En cambio, los pueblos realizan sus leyes en asambleas de manera directa, con mayor legitimidad, lo que quiere decir que se legisla de manera independiente en territorios de los pueblos, por los propias formas”, explica el asesor comunitario.
El Reglamento Interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria, menciona, entre otros apartados, los siguientes:
“Nuestro reglamento interno regula la seguridad, la impartición de la justicia y la reeducación en las comunidades integradas y establece la estructura de nuestra organización. (Art.1 y 3)
“El sustento legal de nuestra institución comunitaria, se encuentra en los artículos de la Constitución Mexicana, del Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT) y de los Convenios internacionales que reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas. (Art.2)
“Garantiza el respeto de los derechos humanos y colectivos de las personas y pueblos que lo integran y el respeto a nuestra cultura, identidad y organización. (Art.4)
“Sólo puede ser modificado por mandato y resolución de la Asamblea Regional, que es la máxima autoridad de la institución comunitaria. Cualquier ciudadano en pleno uso de sus derechos civiles y que es miembro de una comunidad que integra el Sistema Comunitario puede presentar propuestas de modificaciones al Reglamento Interno ante la Asamblea Regional. (Art.63, 64 y 65).”
Asimismo, en la exposición de motivos indican:
“El presente reglamento tiene como objetivo general regular la organización y funcionamiento del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación. Así como regular los procedimientos, medios y recursos para garantizar la seguridad pública y la impartición de justicia, de acuerdo a las prácticas jurídicas de los pueblos que integran el sistema, así como la reeducación de las personas que incurran en la comisión de alguna falta o error y que sean sometidas a la jurisdicción de este sistema. Establecer con claridad las sanciones a las que se hacen acreedores aquellos que incurren en alguna falta o error, así como los procedimientos para ejecutarlas. Prevenir el delito mediante acciones de vigilancia y campañas de educación en las localidades integradas al sistema comunitario. Establecer la estructura del sistema comunitario, así como las funciones, derechos y obligaciones de cada una de las instancias que lo integran”.
Valentín Hernández concluye: “A los pueblos originarios no se les menciona en las leyes del Estado, porque quienes hacen las leyes no son los pueblos, por eso mismo ellos crean sus propias leyes”.
Desinformémonos: http://desinformemonos.org