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Algunos apuntes para la reflexión en el Día Internacional de la Madre Tierra
Ricardo Rojas Quiroga (*)
Domingo, 21 Abril 2013
La proclamación del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que la Tierra nos proporciona el sustento a lo largo de nuestra existencia, además de reconocer la responsabilidad que tenemos de promover la armonía con ella a fin de alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
En este contexto, es importante resaltar que de acuerdo al Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, el país cuenta con un alto índice de pobreza y pobreza extrema pese a que en los últimos años se disminuyó porcentualmente de forma muy significativa. A su vez posee abundantes recursos naturales, siendo uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, estos recursos se encuentran amenazados por la expansión de la frontera agrícola, construcción de mega-obras y mega-proyectos como las hidroeléctricas, además de actividades mineras e hidrocarburíferas, entre otras.
Respecto a la deforestación, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la conversión de bosques en tierras agrícolas, ha disminuido en los últimos diez años pero continúa a un ritmo alarmante en muchos países. A nivel mundial, a causa del cambio de uso del suelo se perdieron 13 millones de hectáreas de bosques anuales entre el periodo 2000 - 2010, en comparación con 16 millones de hectáreas anuales durante la década de 1990. En este contexto, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), registró al menos 160 mil hectáreas de bosques destruidas el año pasado. Además, según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y Conservación Internacional, en un estudio a ser publicado este año (2013), la tasa de deforestación anual ascendería aproximadamente a 220.000 has./año.
En relación a la monoproducción, el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas (ISAAA), indica que la superficie mundial de cultivos transgénicos alcanzó las 170,3 millones de hectáreas el 2012 significando un incremento del 6% respecto al año anterior. En Bolivia, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) a partir del 2005 el área cultivada con soya transgénica se incrementó de 200.000 hectáreas a más de un millón registradas el año pasado. Según PROBIOMA (Productividad, Biosfera y Medioambiente) este incremento de los cultivos de soya transgénica derivó en una crecida de tres veces en el uso de herbicidas y dos veces en el uso de fungicidas. Corroborando este dato, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) indica que en este mismo periodo, Bolivia importó 10.428,870 toneladas de plaguicidas en 2005, y 31.620.668 toneladas en 2010.
Respecto a la construcción de carreteras en el país, según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Bolivia se constituye en el tercer país de la región en contar con la mayor densidad de carreteras al interior de Territorios Indígenas y Áreas protegidas (16,8 Km/Km2 aproximadamente). De igual manera, en materia de hidrocarburos, el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) reveló que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) amplió sus áreas de exploración a 22 millones de has., de las cuales el 67,73% se encuentran en Áreas Protegidas y Territorios Indígenas. Mostrando un modelo neoextractivista primario exportador, que pone en riesgo los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra.
En cuanto a la construcción de hidroeléctricas, de acuerdo con el Instituto de Hidraúlica e Hidrología de la UMSA, se calcula que el proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza ubicado en la Amazonía Norte boliviana inundaría una superficie 10 veces mayor por unidad de potencia instalada, y con posibles impactos socio-ambientales proporcionalmente mayores a los proyectos brasileros. De acuerdo a un estudio realizado por CIPCA los efectos se sentirían a cientos o miles de kilómetros de distancia, en la llanura beniana, en el Chapare y en Rurrenabaque, causando posibles inundaciones de bosques y áreas agrícolas, con el subsecuente peligro de extinción de las especies acuáticas, especialmente recursos pesqueros de alta importancia para las comunidades y pueblos indígenas que dependen de ellos para su sustento.
En contrapartida a esta situación negativa que afecta a la Madre Tierra, a los pueblos indígenas y a la población en general, el año pasado, el Poder ejecutivo promulgó la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Ésta sustenta las bases y los fundamentos de un modelo de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, conjuntamente establece los objetivos, los lineamientos y la institucionalidad para que este modelo de desarrollo sea llevado a cabo como parte del proceso para materializar el Vivir Bien. Además, en este proceso se garantizaría la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra y se plantearían normas claras sobre los estándares ambientales mínimos, esto recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales.
Sin embargo, para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo basado en el Vivir Bien no es suficiente promulgar leyes y mecanismos con visiones de los pueblos indígenas y conceptos no mercantilistas, si éstas no están acompañadas de prácticas concretas y acciones reales. Por lo tanto, pese a los esfuerzos realizados por distintas organizaciones de productores, comunidades y pueblos indígenas e instituciones de apoyo, aun está pendiente el diseño de nuevas políticas públicas que cambien nuestro patrón de producción no sostenible y acompañen este nuevo marco normativo. Más aun cuando se reconoce en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral No. 300 y en la proclamación del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, la responsabilidad que tenemos de promover la armonía con ella a fin de alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
(*) Ricardo Rojas Quiroga es miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA