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Esta vez son casos de Brasil y Guatemala. El impacto negativo de la industria en poblaciones indígenas de América Latina se hace oír en Bruselas. ¿Qué puede hacer la UE? Respuestas hay para todos los gustos.
Esta vez son casos de Brasil y Guatemala: una y otra vez, y cada vez más, representantes de comunidades indígenas de América Latina –de Chile, Colombia, Ecuador- llegan al Parlamento Europeo en busca de apoyo para defender sus territorios, su identidad, su derecho a la supervivencia, a ser consultados. La amenaza viene vestida del desarrollo que, en teoría, traerán las industrias extractivas y las inversiones relativas como la producción de energía.
Los últimos casos presentados
19 etnias –entre 30.000 y 40.000 personas- de las riberas del amazónico río Xingu van a ser desplazadas; la construcción de la represa Belo Monte, cuya producción de energía estará destinada a la industria, va a secar los ríos, va a acabar con la pesca, va a acabar con la caza. De genocidio habló en una conferencia en el Parlamento Europeo Verena Glass, representante del Movimento Xingu Vivo para Sempre.
Juana Mulul Castro, representante de los Maya K´iche´de Guatemala
La extracción de oro, plata, níquel, plomo, zinc, antimonio, cobalto, cromo y magnesio ponen en jaque a los indígenas de Guatemala. Juana Mulul Castro, representante de los maya K´iche´ cuenta que los proyectos mineros se han afectado fuertemente a las comunidades indígenas.
“Aunque las tierras son indígenas, que el gobierno tenga derecho a los bienes del subsuelo los lleva a concesionarlos para proyectos extractivos”, cuenta Mulul Castro subrayando que –aparte de violentar con ello cientos de años de cultura- no han sido consultados. Su comunidad, cuenta a DW, “ha vivido por años del arte y los tejidos, de la cerámica a mediana escala, en producciones familiares”. Después de siglos de olvido, los gobiernos movidos por los grandes capitales llegan a esos territorios.
“Se nos ha tachado de no querer el desarrollo porque no queremos la carretera o las grandes construcciones o la minería. Eso es desarrollo, ¿para quién? Para las grandes empresas y un pequeño número de familias”, dice Mulul en el marco de una audiencia en la subcomisión de derechos humanos de la eurocámara. “Queremos hacer público que no es generalizado el interés en esos proyectos, que no hay consulta a los pueblos, que tomen conciencia que aquí hay una realidad y allá hay otra”, afirma.
Un gran supermercado
Efectivamente, el mapa de intereses extractivos se extiende por América Latina. Y los conflictos con los pueblos ancestrales se hacen sentir. “En la lucha por los últimos recursos del planeta, la estrategia europea es acaparar lo más rápidamente lo que se pueda en ese supermercado que parece ahora América latina. En la Amazonía colombiana hasta hace poco hablábamos del peligro que representaba la droga y el narcotráfico. Ahora es la extracción de oro, las minas los recursos, el gran capital”, afirma Catherine Grèze, europarlamentaria francesa de la bancada de Los Verdes.
Raul Romeva, eurodiputado español por Los Verdes
Recordando que el Parlamento Europeo ha votado a favor de la responsabilidad social de las empresas europeas y que el respeto a los los derechos humanos está incrito en la bandera de la Unión Europea, tanto Gréze, como el eurodiputado español Raúl Romeva hacen hincapié en que Europa no puede lavarse las manos aduciendo límites de competencia nacional. “La irreversibilidad de los efectos negativos en la vida de la gente y en el medio ambiente hace inaceptable esa respuesta”, afirma Romeva.
¿Qué hacer?
Así, en caso de que no fuera sólo un problema que tienen que regular los países latinoamericanos, ¿qué puede hacer Europa?
Estos problemas son siempre tratados en los diálogos bilaterales que tiene la UE con los socios latinoamericanos, pero la decisión es de ellos, es la respuesta oficial. Además con fondos de desarrollo se aporta al fortalecimiento de la sociedad civil –en este caso la indígena- es otra de las respuestas.
Verena Glass, representante del Movimento Xingu Vivo para Sempre y Helena Palmuist, de la fiscalía de Pará, Brasil
De que “la Unión Europea no debe utilizar un doble rasero”, habla por su parte Marino Busdachin, secretario general de Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), organización que representa a pueblos indígenas de los cinco continentes. “¿Cómo es posible”, pregunta Busdachin, “que la Convención 169 de la OIT que reconoce el derecho de los indígenas a la autodeterminación no haya sido ratificada más que por 20 países del mundo?”. De ellos solo cuatro son europeos (España, Dinamarca, Holanda y Noruega).
Así, ratificar la convención sería, según Busdachin, un buen primer paso para reconocer en las naciones indígenas minorías con derecho a ser diferentes. ¿Por qué? “Porque ellos quieren ser diferentes. Y es su derecho”, responde a DW.
No obstante, no es demasiado optimista: “Países como Alemania definitivamente no quieren ratificar el convenio porque supondría obligaciones”, afirma Busdachin. “Dada la situación actual y los intereses económicos, el compromiso europeo con los derechos humanos y los de los pueblos indígenas será cada vez más oral que práctico”, vaticina.
Como fuere, la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo anuncia una resolución al respecto, también con miras a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en Nueva York en 2014, mientras se preparan otros encuentros en los próximos meses que apuntan a la responsabilidad social en las industrias extractivas.
Los activistas en cambio proponen empezar ya: responsabilizando a las empresas europeas y deteniendo la construcción de megaproyectos que a su juicio no serán más que “un caballo de Troya”, tanto para el medio ambiente como para los pueblos indígenas. Belo Monte, en su opinión, podría ser un caso emblemático.