Imprimir
Enviar
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Hermann Bellinghausen
Soplan vientos alarmantes de violencia política antizapatista en la región tzeltal de Chilón, donde el gobierno oficial, como el del estado, pertenece al Partido Verde Ecologista (PVEM), en caso de que eso signifique algo. En el ejido San Marcos Avilés, individuos identificados con los diferentes partidos políticos (que por acá siempre comienzan, y terminan, por oler a PRI) han escalado su hostilidad, de por sí sostenida desde hace más de dos años, contra las familias zapatistas de la comunidad. Lo mismo con amenazas reiteradas de muerte y violación, que robos, envenenamiento del agua y de los animales domésticos, amagos con arma de fuego, destrucción de parcelas y el riesgo de ser desplazados violentamente, como ya ocurrió en 2010.
Y entonces, sin aparente explicación, el conocido dirigente de los adherentes de la Sexta en el ejido San Sebastián Bachajón, también en Chilón, Juan Vázquez Guzmán, es asesinado de cinco certeros balazos a la puerta de su casa por personas no identificadas que luego abordaron un vehículo rojo y se perdieron en las carreteras de la impunidad chiapaneca. Esto, la noche el miércoles 24, a las 23 horas.
En el ejido Jotolá, vecino de San Sebastián Bachajón, las familias adherentes de la Sexta están amenazadas con ser pronto despojadas de sus tierras por el grupo oficialista, con antecedentes penales, de la misma comunidad.
La señal de alarma, que llevaba zumbando varias semanas, sonó fuerte el sábado 20 de abril cuando la Junta de Buen Gobierno del EZLN, en el caracol de Oventik, emitió un comunicado que detallaba una veintena de incidentes de agresión, algunos graves, en San Marcos Avilés, este año y los dos anteriores. Ese mismo día llegó a San Marcos una misión civil de la Red por la Paz en Chiapas, compuesta por 10 centro de derechos humanos y organismos independientes, para realizar una observación directa de carácter humanitario.
Esa noche, los grupos oficialistas del PRI, PVEM y PRD amagaron con expulsar a los observadores y despojarlos de sus vehículos, “aunque haya sangre”. No obstante, la Caravana Civil de Observación cumplió su cometido el domingo 21, y el jueves 25 dio a conocer su reporte, que confirmaba, con vívidos testimonios de las mujeres zapatistas del ejido, lo denunciado por la JBG.
Apenas unas horas antes habían asesinado a Juan Vázquez, firme defensor del territorio de su pueblo contra el avasallamiento gubernamental, a favor de la explotación turística de las cascadas de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, contiguas a San Sebastián Bachajón.
Las nuevas denuncias en San Marcos Avilés tienen un denominador común con todas las anteriores: se trata de los mismos autores materiales. Sus nombres están detrás de cada agresión. Que se sepa, ninguno ha sido investigado. Más bien lo contrario, trabajan hombro con hombro con la alcaldía de Chilón y desde hace varios años con el respaldo directo del gobierno estatal, con una persistencia ya transexenal.
La JBG de Oventic “culpa directamente” a Lorenzo Ruiz Gómez y Ernesto López Núñez, así como a los hijos del primero, Sócrates e Ismael Ruiz Núñez. También los prístas José Cruz Hernández, Santiago Cruz Díaz, Vicente Ruiz López, Manuel Vázquez Gómez y José Hernández Méndez, además de los “verdes” Rubén Martínez Vásquez, Manuel Díaz Ruiz, Victor Núñez Martínez, Victor Díaz Sánchez y otras 30 personas. Estos agresores “no dejan vivir en paz” a las bases zapatistas, que ya fueron desalojadas temporalmente en 2010.
La JBG recuerda que ha denunciado “los actos vergonzosos de estas personas partidistas” que provocan problemas entre indígenas de la misma comunidad, organizados por los gobernadores Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello”. Y apunta: “La respuesta a nuestras denuncias ha sido de groserías, burlas y más amenazas”.
El comunicado detalla más de 20 agresiones contra las familias zapatistas desde julio de 2011 hasta el pasado 18 de abril, cuando un zapatista fue despojado de un predio por el edil de Chilón, quien “mandó un tractor para aplanar un solar de 32 por 25 metros propiedad de Javier Ruiz Cruz, y así empezó a trabajar, resguardado por 120 personas de los diferentes partidos” el 17 de abril. “Nuestro compañero no pudo hacer nada para defender su propiedad”. Antes, el pasado 29 de enero, Ruiz Cruz había informado a la JBG que el terreno, a orillas de una laguna, “fue cercada por los agresores”, entre “rumores de que se trata de la construcción de un campamento militar”.
Desde 2011 no han cesado amenazas ni hostigamientos, “encabezados” habitualmente por el policía municipal y militante del PVEM Lorenzo Ruíz Gómez. La JBG relata diversas agresiones contra las familias autónomas. Ya en marzo de 2012, el priísta Ernesto López Núñez alardeaba “que los de su partido tienen un nuevo plan” para desalojar a los zapatistas, y que habría una “segunda etapa para quitarles sus derechos”.
El 3 de marzo de este año, “agresores y autoridades del PVEM se reunieron con el principal cabecilla” (el mencionado Ruiz Gómez), quien habría dicho “que no hay otra forma que asesinar a los hijos de nuestros compañeros” y después pidió a sus cómplices “que asesinen a Juan Velasco Aguilar y a los demás zapatistas”; sus correligionarios, según la JBG, se dijeron “listos” para hacerlo y que tienen “suficientes armas”.
La Red por la Paz informa
La Red por la Paz en Chiapas sostuvo días después: “La fuente de la agresión principal es el despojo de las tierras laborables de las bases zapatistas por parte de miembros de los partidos PRI, PVEM y PRD”. El informe privilegia los testimonios de las mujeres del EZLN de San Marcos Avilés, quienes se dijeron hostigadas constantemente por los partidistas: “Dicen que si salimos solas nos van a violar. Hace dos años murió mi hija de 10 años por tristeza, porque le dijeron muchas veces que la iban a violar”, dijo una. Niños y niñas “preguntan constantemente porqué no pueden salir a jugar, y sienten la preocupación de sus padres”. Las consecuencias psicológicas “son fuertes”, sostiene el informe. Según otro testimonio, “ya no dormimos por el riesgo”. La discriminación y la exclusión contra los zapatistas “es marcada”, y las provocaciones “constantes”.
Se documentaron diversas amenazas de muerte. “Por ejemplo, el 27 de marzo autoridades ejidales y municipales se reunieron en un lugar privado para compartir información sobre un hombre zapatista y decidir si lo matarían. Acordaron que una vez ejecutado, harían lo mismo con las demás bases del EZLN”.
Posteriormente, la misión civil se entrevistó con autoridades oficiales, aunque el edil verde Leonardo Rafael Guirao Aguilar tuvo el tino de no presentarse. Los observadores hablaron no obstante con el delegado de Gobierno Nabor Orozco Ferrer, el síndico Francisco Guzmán Aguilar y otros funcionarios municipales.
Ante la documentación de las violaciones a los derechos humanos, el síndico “reconoció el desplazamiento y el despojo de tierras de las bases del EZLN desde 2010, comentando que ‘lo que sí es cierto es que los zapatistas compraron tierras, pero se las volvieron a quitar porque no pagan predial, luz ni agua’, pero negó la existencia de una situación de violencia en la actualidad”. El delegado de Gobierno admitió “que existen intereses políticos detrás de estos sucesos por parte de algunas personas que podrían estar provocando la conflictividad”.
La misión detectó “precariedad alimentaria” en las familias del EZLN, y el “riesgo inminente” de un desplazamiento forzado por acción de los pobladores que se dicen afiliados al PRI, PVEM y PRD. Con su informe, la Red por la Paz expuso con claridad al gobierno “la gravedad y urgencia de la situación” y le demandó “acciones inmediatas para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los indígenas pertenecientes al EZLN”.
Desde agosto de 2010
El inicio de la desventura de la comunidad zapatista San Marcos Avilés fue el establecimiento de la escuela Emiliano Zapata, parte del Sistema Autónomo Educativo Zapatista, en agosto de 2010. Los oficialistas desataron una hostilidad ya latente, y a las pocas semanas las familias zapatistas debieron refugiarse en las montañas durante 33 días. Al regresar, encontraron sus casas y sembradíos saqueados y destruidos.
Las amenazas de expulsión y de muerte alcanzaron proporciones alarmantes en junio de 2011, fecha en la que ya el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señalaba la responsabilidad del Estado por omisión en estas agresiones, ya que las autoridades no han actuado para garantizar la integridad y seguridad de las bases zapatistas y el acceso a la tierra. Ello, a pesar de las denuncias de la junta de buen gobierno (JBG) de Oventik y las varias intervenciones enviadas por el propio Frayba al gobierno de Chiapas.
El organismo, que preside el obispo Raúl Vera, demanda desde entonces el cese de las amenazas de muerte, el hostigamiento y el despojo contra las bases de apoyo del EZLN por integrantes de los partidos políticos del ejido, así como proteger y garantizar su vida y seguridad, respetando su proceso autonómico, que vienen construyendo hace años, en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos, sancionado por la OIT, la ONU y firmado por el Estado mexicano.
Las 170 personas desplazadas de San Marcos Avilés el 9 de septiembre de 2010, regresaron el 12 de octubre de ese año. En aquella ocasión, la JBG de Oventik responsabilizó al gobierno estatal de cualquier nueva agresión contra sus compañeros, quienes eran y son perseguidos por practicar la autonomía de manera pacífica.
En septiembre de 2010, la junta denunció que 30 personas del ejido, integrantes de los mencionados partidos, encabezadas por Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, habían irrumpido violentamente, con palos, machetes y armas de fuego, en las casas de los zapatistas, donde intentaron violar a dos mujeres, que lograron escapar. Para no responder a la agresión, las bases zapatistas se refugiaron en el monte. Después de 33 días de desplazamiento forzado, sin alimentos y desprotegidos, retornaron a sus casas.
El Frayba documentó entonces que las viviendas de los desplazados habían sido saqueadas de todas sus pertenencias, incluyendo cosechas de maíz y frijol. Sus cultivos, cafetales y árboles frutales fueron destruidos, y robados sus animales de corral.
Desde entonces, el centro ha informado en varias ocasiones a las autoridades sobre la situación en San Marcos Avilés, a fin de solicitar el cumplimiento en su obligación de garantizar la integridad y seguridad de los habitantes, y buscar una solución al conflicto. Pese a esto, no hubo respuesta del gobierno.
Aun cuando la población desplazada decidió retornar, el Frayba ha seguido documentando amenazas persistentes y cotidianas en la comunidad, y sostiene que hay un riesgo de desplazamiento forzado. El 6 de abril de 2012 se instaló en el ejido un campamento civil por la paz, cuyos observadores civiles también fueron amenazados, algo sin precedente, que habla del escalamiento de las agresiones contra las bases zapatistas.
Más adelante, en agosto del año pasado, nuevamente las bases de apoyo zapatistas denunciaron que se estaría planificando un nuevo desalojo en su contra. Los partidistas se la pasaban en asambleas extraordinarias para discutir estos asuntos, e incluso hicieron público el plan de desalojo violento. La comunidad agredida reportó que estos partidistas estaban tratando de conseguir a más personas en las comunidades de Pantelhó, Corralito y La Providencia para ayudarles en realizar el desalojo.
Los indígenas en resistencia y perseguidos, unas 200 personas, compraron el terreno hace 13 años y poseen la escritura. Sin embargo, igual que en todo el territorio zapatista, esto no detiene a los gobiernos y siguen entregándole la tierra a otros a cambio del desplazamiento forzado de lo que más temen los de arriba: un buen ejemplo.
Publicado el 29 de abril de 2013