Colombia: La paz debe ser asegurada por un bloque de izquerdas o por la articulación de las autonomías, comunidades y organizaciones territoriales de base?

Historia, tierra y construcción de Lo común

Daniel Libreros y Jorge Gantiva Silva
Rebelión

I

El largo ciclo histórico de latifundio y terror de Estado

La tierra es el centro de las negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc. No es casual que sea el primer punto de la agenda, se trata de reconocer la centralidad de la tierra para el conflicto colombiano. No hay que olvidar que las Farc surgieron en los inicios del Frente Nacional bajo la forma de autodefensa campesina como respuesta al despojo de las tierras por parte de los grandes latifundistas y contra la ofensiva militar de un régimen autoritario que reprimió las reivindicaciones de las masas campesinas y que en las décadas posteriores adecuó el sistema institucional ante las exigencias del capitalismo internacional y la globalización neoliberal sobre el binomio: latifundio- “terror de Estado”. Si bien, el tema de la tierra no explica solo el conflicto armado, expresa de todas maneras la forma como constituyó el tipo de régimen político imperante en Colombia. Necesariamente, esta tesis remite a la comprensión de la historia y a la configuración de la dominación política.

La recurrencia del latifundio

Como ocurrió en la mayoría de los países periféricos, el desarrollo del capitalismo en Colombia se fundamentó en el poder político y económico del latifundio abriendo un sinnúmero de tensiones recurrentes con el Estado, la conformación de las regiones y los poderes ocales, las aspiraciones del movimiento campesino. Desde que el modelo de acumulación se consolidó mediante la denominada “sustitución de importaciones”, apareció la contradicción entre la extensión y profundización de la mercantilización de la economía, de un lado, y la permanencia del modelo hacendatario basado en el gran latifundio, por el otro, el cual ha buscado mantener a los campesinos poseedores bajo formas premodernas de trabajo, particularmente en las zonas cafeteras, en medio de la competencia internacional del precio internacional del café, la construcción de infraestructura y el impacto de la globalización, lo que desencadenó el aumento gigantesco de los precios de la tierra. Esta contradicción desató el movimiento campesino, las movilizaciones y luchas por la recuperación de la tierra [i] , proceso que produjo una crisis en el hacendismo convencional y confrontó el “régimen señorial hacendatario” como lo llamaba Antonio García Nossa [ii] .

El gobierno de López Pumarejo, con la expedición de la ley 200 de 1936, logró apaciguar la radicalidad campesina al reducir la prescripción adquisitiva de dominio en predios ocupados sin oposición del propietario de treinta a cinco años. Esta concesión fue otorgada en medio de una normatividad estrecha que la limitaba en el tiempo las ocupaciones ocurridas antes de 1935, desconocía la desigualdad en el acceso a la propiedad rural y la apropiación de baldíos en las zonas de frontera [iii] . La misma ley establecía la pérdida de la calidad de propietario a quien se le comprobara la ausencia de explotación en sus predios por un período de 10 años; sin embargo, la disposición no tuvo mayores consecuencias.

La ley 200 tuvo como correlato la expulsión de colonos, arrendatarios y aparceros en las zonas de conflicto y la reducción del área cultivada para evitar el choque con los arrendatarios, situación que obligó a la importación de alimentos. La ley 100 de 1994 cerró las posibilidades de atacar la propiedad de las haciendas al tiempo que normalizó la aparcería, recuperando la inversión [iv] . Este desenvolvimiento histórico grafica la configuración del Estado colombiano una vez consolidado el ciclo de la modernización capitalista. El Estado modernizado preservó en lo fundamental el esqueleto y el Espíritu” del sistema hacendista-autoritario y clerical que legitimó la “Regeneración” de Rafael Núñez en 1886.

La forma-Estado corporativo

Diseñado bajo el peso político de un bipartidismo elitista que definía el accionar político-militar de las clases en el poder y en el marco de una modernización que tomó impulso bajo la hegemonía conservadora (1886-1930) [v] , la versión colombiana del Estado moderno apareció signada por una institucionalidad precaria, incapaz de integrar a la población bajo los supuestos de la filosofía liberal [vi] ; y obligada a compensar ese déficit, acudió a los oficios de la Iglesia católica para garantizar sus privilegios y dar continuidad al Concordato con el Vaticano [vii] .

Ahora bien, estas razones políticas e ideológicas, históricas e institucionales están sustentadas en un patrón de acumulación de capital, cuyo soporte ha sido, en primera instancia, la exportación cafetera, controlada a su vez por la Federación Nacional de Cafeteros, posibilitándole obtener importantes divisas que determinaron una forma de desarrollo y un tipo de industrialización. Este peso específico en lo económico se proyectó en el plano político impidiendo que el Estado colombiano se apropiara de las rentas del comercio exterior y pudiera tomar decisiones públicas por fuera de los intereses privados de las fracciones del capital [viii] . La consecuencia nefasta de este proceso fue la cristalización de un cierto modelo de Estado-corporativo, cuyas características patrimonialistas desvirtuó el sentido moderno de lo público y la democracia. La formación de los gremios empresariales que representaban estas fracciones del capital, formalizó dicho corporativismo. En cierto modo, es el largo camino de la “captura del Estado” por parte de grupos privados que a la larga cimentará el dominio de las mafias, de la corrupción y del poder clientelista.

La república señorial hacendataria y el bipartidismo

Tras el asesinato de Gaitán, este sistema de dominación política entró en serias contradicciones y adquirió el rostro de una “República señorial hacendataria” que generó caos institucional, “autonomización” y enfrentamiento de los poderes locales, incapacidad del Estado de ejercer el monopolio de las armas [ix] , por lo que las élites y el gobierno conservador, en particular, utilizaron la policía y los primeros grupos paramilitares, llamados entonces (“chulavitas”, “pájaros”) para mantener el poder y el control. En el campo, nuevamente en las zonas cafeteras y en una coyuntura de precios internacionales favorables del café, se concentró la violencia y produjo un desplazamiento campesino a gran escala [x] .

Más allá de constatar este proceso histórico, importa resaltar el hecho de que la masificación degradada de la violencia, destruyó valores de referencia colectivos y lazos sociales, abriendo en el campo una fase de despojo recurrente que aún no termina, robo indiscriminado de tierras, desplazamiento masivo del campo a la ciudad, promovida y ejecutado, tanto por el paramilitarismo como por las políticas neoliberales. Lo que confirma la historia, es que el funcionamiento político-institucional está sustentado en el binomio: latifundio-terror de Estado.

No hay que olvidar, por ejemplo, que la dictadura de Rojas Pinilla fue resultado de un acuerdo bipartidista en el que la Dirección Liberal de entonces, comprometió a las guerrillas liberales en una desmovilización. A la postre, sus principales dirigentes fueron asesinados. El Frente Nacional surge de otro acuerdo bipartidista en el que los responsables de la violencia de los años anteriores quedaron en la impunidad y se legalizó el despojo de tierras. La asociación entre latifundistas y capitalistas agrarios profundizó la industrialización del campo en algunas regiones de conformidad con las exigencias del modelo sustitutivo que a finales de la década del sesenta del siglo XX se impuso hacia las exportaciones [xi] .

Sin embargo, desde los años iniciales del Frente Nacional era evidente que en la estructura de la propiedad rural ya se había consolidado el latifundio improductivo, precisamente en las regiones más fértiles. Los informes técnicos de los organismos internacionales (Currie y Lebret) destacaron esta situación y argumentaron como irracional ante las necesidades del desarrollo capitalista, mientras que la ganadería extensiva estaba ubicada en las llanuras fértiles y la mayoría de los campesinos se agolpaban en las laderas de montaña en condiciones de pobreza y vida precaria. En este mismo período, una vez consolidado el triunfo de la revolución cubana, los gobiernos de los Estados Unidos reorientaron sus políticas hacia la “contención subversiva”, abrieron un espacio de reformismo agrario y combinaron represión y asistencialismo en la región.

El reformismo agrario contrainsurgente

En este contexto la política liberal (Carlos Lleras Restrepo) propugnó el desarrollo del capitalismo en el campo basado en la pequeña propiedad, teniendo acogida social e institucional. Se expidió la ley 135 de 1961 que creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INCORA. Las políticas agrarias durante la década del sesenta continuaron el mismo derrotero, al punto que en el mismo gobierno del Lleras Restrepo, se desata como contrapartida uno de los movimientos campesinos más genuinos bajo la consigna “la tierra pa’el trabaja”. La idea del gobierno era integrar el movimiento campesino al Estado, creando la Asociación Nacional de Usuarios Campesino, ANUC. La fórmula de Lleras incluía medidas para la contención de la migración del campo a la ciudad, promoviendo el fortalecimiento de la economía parcelaria como de dique de contención antes estos dilemas [xii] .

El “Pacto de Chicoral” suscrito en 1972 entre el entonces presidente de la República, Misael Pastrana, y Alfonso López Michelsen, jefe del partido Liberal, significó el cierre del ciclo de los intentos reformistas en el campo que tuvieron realmente resultados muy precarios. Por lo demás, la política oficial del gobierno de Pastrana plasmada en el Plan de Desarrollo “Las Cuatro Estrategias” había desestimado la preocupación por la migración del campo a las ciudades, ofreciendo la construcción de viviendas y áreas económicas similares que no exigía alta calificación laboral, como política alternativa ante el desempleo. En este escenario complejo, surgió el más pavoroso paramilitarismo como punta de lanza contra el movimiento democrático de campesinos por la tierra, el cual trajo las matanzas y desplazamientos que contribuyeron a fortalecer el dominio terrateniente, consolidándose de este modo la contra-reforma agraria que ha significado la apropiación violenta de más de 7 millones de hectáreas; ha fortalecido el poder paramilitar en las regiones; ha servido como instrumento de acumulación mediante el lavado de activos y ha condenado al desplazamiento, la ruina, el despojo y la desesperanza de más 4 millones de campesinos y pobladores del campo.

El surgimiento de los grupos de autodefensas, organizados por el paramilitarismo, se configuró en el contexto de la política de terror de Estado, con autorización oficial (Decreto 3398 de 1968), y operando con el apoyo de sectores del alto mando militar. En este sentido, este proceso ha repercutido en la conformación del ejército colombiano como cuerpo de choque en la confrontación interna y como fuerza de imposición violenta para mantener el orden social. Fue moldeado precisamente para enfrentar las revueltas obreras – años 20 -, se consolidó en la segunda post-guerra con la asesoría militar norteamericana, bajo la doctrina del anti-comunismo como cuerpo contra-insurgente [xiii] . La subordinación frente al Pentágono ha sido un factor estructural en su estructuración, funcionamiento y formación ideológica. Al mismo tiempo, esta dependencia, ha determinado la incondicionalidad de la diplomacia colombiana al imperio norteamericano [xiv] . Durante el Frente Nacional y bajo el régimen de excepción, denominado por un largo período “Estado de Sitio”, la institucionalidad bipartidista entregó al ejército la judicialización de la rebelión política y de las luchas sociales mediante la imposición de la Justicia Penal militar.

La defección del liberalismo colombiano

En este recorrido histórico existe un rasgo político en la explicación del poder político convencional del latifundio, ligado al papel del liberalismo. Durante el gobierno de López Pumarejo se colocó a prueba su capacidad de cambio hacia un proyecto liberal-modernizante, y la llamada “revolución en Marcha” desarrolló algunas transformaciones en el funcionamiento estatal, particularmente en la política laboral y tributaria; no obstante, sus alcances resultaron bastante precarios. Por ejemplo, el enfrentamiento contra el latifundio nunca ocurrió, a pesar de las declaraciones rimbombantes que precedieron a la expedición de la ley 200. La precaria conformación de una burguesía industrial, impidió la consolidación de una fuerza material que contribuyera a disolver el régimen latifundista, hacendatario. La derrota del movimiento campesino impidió concretar esta posibilidad; mientras del paramilitarismo se convirtió en la fuerza disolvente del democratismo campesino. El proyecto de la modernidad terminó siendo un difuso eco en medio de la “modernización tardía” del capital globalizado y transnacional y de la violencia social y política.

La incomprensión del carácter reaccionario de la burguesía colombiana y su íntima articulación con el Imperio, genera muchas confusiones y equivocaciones en política. Es conocida una cierta mitología en la izquierda colombiana sobre las supuestas bondades progresistas del gobierno de López Pumarejo (“Revolución en Marcha”; sin embargo, estos argumentos mistificados sólo han servido para justificar una estrategia de conciliación de clases con el gobierno de López Pumarejo [xv] como lo promovió el recién fundado Partido Comunista, y que de manera reiterada la izquierda reformista ha mantenido para validar su alianza con una supuesta “burguesía nacional” según la jerga del Moir y otros agrupamientos de centro-izquierda.

La burguesía liberal colombiana ha sido sumamente conservadora. El “centenarismo” no ha sido más que una generación liberal, pacata que renunció a los ideales del liberalismo social y democrático. Lo que siguió inmediatamente –finales de los años 40 - fue el desprendimiento del sector de Eduardo Santos para consolidar los acuerdos con el conservatismo y la Iglesia Católica contra el fantasma del comunismo y la pretensión de cualquier reforma estructural del Estado colombiano. Tras el fracaso del segundo gobierno de López Pumarejo, gana la Presidencia, Mariano Ospina Pérez, uno de los conservadores más caracterizados por su espíritu de contra-reforma, un personaje que ejecuta la maniobra de la continuidad institucionalidad luego del asesinato del caudillo popular, Jorge Eliécer Gaitán.

Los acontecimientos históricos posteriores comprometen la defección del liberalismo en el proceso de construcción de la modernización. Acorralado por el terror conservador, durante los años iniciales de la “Violencia”, el Partido Liberal acompañó la decisión de las guerrillas liberales a rebelarse. Una vez que lograron acogida entre las masas, las involucraron en el pacto de reconciliación sin garantías, abandonándolas a su propia suerte. Poco tiempo después sus dirigentes fueron asesinados con la complacencia de sus anteriores mentores. Estos sectores suscribieron el pacto bipartidista del Frente Nacional, como modelo oligárquico y autoritario; continuaron una suerte de modernización basada en el latifundio y mantuvieron intacta la “República señorial”. Al irrumpir la globalización neoliberal han sido los artífices de su aplicación dogmática. Es evidente la constante histórica del carácter retardatario del liberalismo colombiano. No obstante, se sigue guardando la ilusión de un supuesto liberalismo reformador con la vana idea del “desarrollo democrático”, el logro de la modernidad; y a lo sumo se propone conformar un supuesto frente político progresista que termine con la violencia sistemática en la que ha estado sumida Colombia y con la pretensión de concluir con el atraso, terror de Estado y la antidemocracia. Esta estrategia, a todas luces, equivocada, solo ha servido para nada minar la capacidad de resistencia y rebeldía de las masas.

II

La insurgencia: resistencia y poder territorial

Las Farc surgieron como autodefensa campesina, como proyecto de los campesinos liberales contra el régimen conservador y los grupos privados que desataron el “terror de Estado”. Su forma de cohesión social se articuló al modelo de tradiciones familiares y de vecindad. [xvi] Una vez ocurrida la desmovilización de las guerrillas llaneras con su desenlace fatal; abandonaron esta opción y en el enfrentamiento con Rojas Pinilla y el Frente Nacional giraron hacia una posición comunista, fusionándose en el llamado Bloque sur. En el lapso 1957-1964 transitaron de la lucha inter-partidaria a la resistencia campesina contra del Estado, lo que se cimentó su naturaleza ideológica, establecida en la plataforma que dio inicio a las Farc en 1964. El gobierno de Guillermo León Valencia reacciona entonces desatando un amplio plan militar llamado “operación Marquetalia”, una de las acciones militares de mayor envergadura que se haya hecho en toda la región, en esa época, asesorada y dirigida directamente por los Estados Unidos. Las Farc logran subsistir, consolidándose como estructura político-militar, al tiempo que inician un proceso de colonización en el sur-oriente del país [xvii] .

Resistencia campesina y colonato

Tener en cuenta este proceso es importante dado que la ofensiva ideológica global, asociada en lo militar con la denominada “lucha anti-terrorista”, ha diseñado, en el plano interno, una falsa simetría entre guerrilla y paramilitarismo, intentando eludir la responsabilidad del “terror de Estado”, sino que además busca erradicar de la memoria colectiva la historia de la resistencia del movimiento campesino. Independientemente de las diferencias ideológicas, políticas, con el proyecto político y el accionar de las Farc, es un hecho histórico su ligazón con la resistencia campesina. No admitirlo es seguir la cartilla establecida en el Pentágono y los círculos de la oligarquía colombiana.

Los dirigentes de las Farc “encontraron un enorme potencial en los colonos pobres de los nueve frentes de frontera interior de la segunda mitad del siglo XX, que abrieron a la producción unos 4 millones de hectáreas…” [xviii] . Durante la década del ochenta cuando el país devino en productor de hoja de coca y la crisis del modelo sustitutivo en el campo produjo un desplazamiento campesino hacia esas zonas de colonato esta guerrilla encontró las bases económicas y poblacionales para articular y centralizar la anterior colonización dispersa. En la década de los noventa, el enfrentamiento en el terreno con los paramilitares obligó a un cambio de estrategia militar, dirigido al control de los territorios como base de apoyo a la economía de guerra; obligó, igualmente a las Farc a transitar del cobro de impuestos a la compra-venta de la coca en el sitio de producción, a la intermediación con el capital ilegal que la obtiene como materia prima [xix] .

La dirección de las Farc logró, adicionalmente, posicionar un discurso alternativo que coloca al Estado como responsable de la siembra de coca en estas regiones a causa del abandono secular a que ha sido sometido el colono y los pobres del campo por parte del Estado. Las marchas cocaleras en ese período, fueron realzadas bajo esa orientación. El posicionamiento territorial explica el por qué ahora cuando se ha abierto una nueva posibilidad de negociación de paz, en La Habana, las Farc han planteado la constitucionalización de territorios campesinos con organización política interna propia, lo que significa un cambio cualitativo en términos comparativos en lo que se refiere a las propuestas que realizó esta misma guerrilla en los anteriores negociaciones de paz [xx] .

La Tierra en el contexto de la globalización

Lo que empezó como una decisión del imperio norteamericano en el gobierno de Nixon de transitar del dominio político del régimen de Estados desiguales -definido en la segunda post-guerra -, a la hegemonía del dólar en el sistema financiero internacional, decisión que produjo la terminación del patrón dólar-oro con sus medidas complementarias (tasas de cambio variables, desregulación de los flujos de capital) [xxi] , dio por concluido a mediados de la década del 80 con el control por parte de los grandes intermediarios financieros (Hedge Funds, Banca de Inversión, Fondos de Pensiones, Compañías aseguradoras) de la producción y la distribución de una riqueza cada vez más concentrada, control que se realiza en los mercados de capitales [xxii] . Este giro histórico determina el carácter rentista generalizado del capitalismo en la fase actual de la acumulación de capital, lo que ha llevado a que se le asigne el carácter de patrimonial [xxiii] . Como parte de ese rentismo, las inversiones de los grupos transnacionales se registran bajo la forma de títulos en los mercados financieros.

Este funcionamiento de los mercados de capitales recuperó la importancia de las inversiones asociadas a la tierra, por cuanto las empresas transnacionales ubicadas en la producción primaria (agricultura, petróleo y minería) han vendido beneficiándose en los últimos años de un alza en los precios de las comodities, como resultado de un “boom” de las titularizaciones en el sector, causado por decisiones deliberadas de las autoridades financieras estadounidenses [xxiv] . Esta es una de las causas del por qué, en el caso colombiano, existe una presión del capital internacional sobre el gobierno de Santos y el empresariado rural para aumentar la inversión agrícola. [xxv]

Sin embargo, el dimensionamiento del tema de la tierra no obedece tan solo a razones coyunturales, sino, igualmente, a condiciones estructurales. La globalización neoliberal produjo una nueva división internacional del trabajo. Esta división internacional del trabajo se encuentra vertebrada en torno a las grandes corporaciones transnacionales que han terminado por convertir a la franja mayoritaria del comercio internacional en un comercio intra-firmas (transacciones entre filiales y matrices) [xxvi] . Enrique Arceo ha hecho un buen resumen de las características de esta crucial transformación: “Se trata de un cambio fundamental en la centralización de la gestión y la especialización de las filiales que posibilita el pasaje de la provisión por las filiales de productos para los mercados en que están implantadas, a la producción de partes o piezas en proceso en el marco de un proceso productivo global que se desarrolla en el mercado mundial o regional y tiene a éste como destinatario (…)Se ha pasado a una división internacional del trabajo centrada en el intercambio de productos manufacturados del centro por productos primarios de la periferia, a otra basada en el intercambio de productos manufacturados cuya producción requiere distintas proporciones de capital y de trabajo calificado” [xxvii] .

Como añade el mismo Arceo las burguesías periféricas en este nuevo escenario productivo transnacional deben incorporarse en condiciones de “subcontratistas en las redes globales”. [xxviii] La particularidad del desarrollo geográfico desigual que produjo la división del trabajo en la fase del capital globalizado está basada en el hecho de que América Latina que, experimentó durante la década de los ochenta la crisis de la deuda, quedó rezagada con relación a Asia (China, India y los “Tigres asiáticos” principalmente) en el nuevo escenario de organización productiva transnacional y quedó condenada a la reprimarización económica. [xxix]

III

El juego de poder en la Mesa de negociaciones

Estas consideraciones explican el por qué el gobierno de Santos y los empresarios rurales pretenden que la negociación política con las Farc sirva de oportunidad para acomodarse a las exigencias del capital globalizado. El primer paso para lograr ese cometido es el de formalizar la propiedad de la tierra después de décadas de despojo. Para lograr ese propósito requiere legitimar internamente, y ante la comunidad internacional, el tema de los desplazados. La ley 1448 del 2011 que expidió el Congreso por solicitud del Presidente, antes de que empezaran las negociaciones de La Habana, además de las falencias frente a la normatividad internacional en derechos humanos, limita el uso de las tierras que se devolverán a las víctimas, respeta los megaproyectos de minería y agro-industriales al excluirlos de la restitución y define una indemnización con títulos de deuda pública a los desplazados que no quieran retornar a sus territorios.

Un instrumento normativo de estas características tiene limitaciones para negociar con una guerrilla que reclama la representación de miles de colonos que incorporaron a la producción 4 millones de hectáreas. Esta realidad obliga a una negociación que incluya el tema de la organización territorial. En la mesa de negociaciones, la propuesta gubernamental gira en este tema regional hacia la focalización en las zonas en que tiene presencia esta guerrilla, eludiendo el enfrentamiento con los latifundistas en el resto del país [xxx] . Al mismo tiempo el gobierno pretende desde ya asegurar el orden político en esos territorios para garantizarle al gran capital el control corporativo de los mismos, a la manera de lo que ocurre en otras regiones.

El control corporativo de los territorios permite la integración territorial de las poblaciones rurales, en la medida en que una de las particularidades definitorias del capital globalizado es la de la acumulación geográfica o la acumulación espacial [xxxi] , mediante la cual se apropia y organiza bajo su lógica de funcionamiento el conjunto del circuito económico regional (producción, distribución y consumo). En el caso de la agricultura este tipo de acumulación toma la forma de cadenas productivas que pueden ejecutarse a través de alianzas asociativas sin importar, ni el tamaño, ni el tipo de propiedad. Pueden citarse múltiples informes de instituciones internacionales sobre este tema. Según la FAO, “ Las alianzas productivas involucran a diferentes actores en los procesos productivos. Dichos actores, se vinculan de forma voluntaria para intercambiar recursos, generando compromisos en la consecución de un objetivo común, cuya principal virtud es agregar valor…” [xxxii] . Capturar el valor agregado deviene en un asunto decisivo si se tiene en cuenta que el monto mayor de ese valor se obtiene actualmente por fuera de las fincas.

Rafael Mejía, Presidente de la SAC, haciendo eco de esas orientaciones de los voceros del capital global ha insistido en el desarrollo agrario con enfoque territorial y en las alianzas asociativas como propuesta que debe acompañar la salida política al conflicto. “ Por lo tanto, el desarrollo rural con enfoque territorial es un concepto integral que comprende aspectos como la promoción de la producción agrícola, iniciativas que promuevan la seguridad alimentaria, la educación, la infraestructura, la salud y el desarrollo de capacidades productivas de los ciudadanos, el fortalecimiento de las instituciones rurales y la protección de grupos vulnerables, todo esto en el contexto de un espacio rural…” [xxxiii] . Sobre esta base ha formulado el diseño de alianzas asociativas que incluyan a empresarios rurales con pequeños y medianos propietarios, resguardos y comunidades afro-descendientes para la ejecución de cadenas productivas.

En el contexto de acumulación espacial de capital la economía campesina de pequeña propiedad no tan solo debe ser respetada, sino, igualmente, promocionada [xxxiv] . Rudolf Hommes, apoyándose en la investigación de José Leibovich [xxxv] según la cual la productividad de la tierra en los minifundios (medida bajo el indicador pesos y rendimiento anual por hectárea) es 40 veces superior a la de la gran propiedad, 28 veces superior a la de los productores medianos y casi seis veces superior a la de los pequeños propietarios; el exministro Hommes concluye que si se entregara “ el 10 por ciento de la tierra a los cultivadores en minifundios o en pequeñas propiedades, la producción agrícola podría aumentar en un 16 por ciento si se mantienen las productividades. Y si les cedieran el 20 por ciento, aumentaría la producción agropecuaria en cerca del 32 por ciento…” [xxxvi] . Además añade que las tierras a repartir a los minifundistas deben tomarse del Fondo de Estupefacientes.

En esta propuesta hay algo que está implícito, y debe develarse. Las formas de producción y el proceso tecnológico que las acompaña serían las de un capital depredador que utiliza fertilizantes basados en la química del petróleo y que incentiva a la producción acudiendo a los transgénicos. Se produciría una expropiación sobre el derecho al uso del suelo de los campesinos, y significaría el final de la economía familiar basada en saberes ancestrales. En una palabra, se oficializaría el paso del minifundista y el pequeño propietario al micro-empresario rural capitalista, integrado a la mercantilización de la tierra, la asistencia técnica y el sistema crediticio del capital financiero [xxxvii] . En regiones de colonato bajo la influencia de las Farc, esta propuesta integradora estaría acompañada de un proceso que transitaría de la sustitución de cultivos ilícitos hacia cultivos de incidencia en el mercado.

La misma lógica de funcionamiento espacial pretende aplicarse a las zonas de reserva campesina. Las reconoce el Estado para articularlas al espacio mercantilizado. Juan Manuel Ospina, exdirector del INCODER ha anotado al respecto “ Las zonas de reserva campesina, se asimilarían a los resguardos y a los títulos colectivos afro, combinando propiedad colectiva y vivienda y parcela familiar; escenarios para una vida comunitaria activa que sea motor de progreso y de democracia; en ellas la propiedad se mantendría indefinidamente en manos campesinas para abrirse de manera organizada a los mercados, a los encadenamientos productivos con el sector agroempresarial…” [xxxviii] .

Las Farc han propuesto otras consideraciones para estas zonas de reserva campesina, asociadas al concepto de territorios colectivos campesinos que tendrían normas de funcionamiento diferentes a las de las transacciones en el mercado y con autonomía política en las decisiones de quienes las integran como sucede con los resguardos indígenas [xxxix] .

Consolidar un proyecto de estas características requiere actuar en clave de resistencia espacial. Obliga a construir una unidad política plural entre todos los oprimidos del campo en la perspectiva de poderes políticos regionales alternativos que puedan articularse con el tiempo con las rebeliones urbanas en procura de la transformación social. Esta resistencia espacial plantea igualmente la necesidad de implementar de manera colectiva formas de intercambio económicos diferentes a las del mercado capitalista. En una palabra, se trata de afirmar un proceso de “desconexión parcial” con la globalización [xl] . Este es el tamaño de la paz y el sentido de las transformaciones políticas y sociales.

IV

La significación histórica de la paz y la construcción de Lo común

Las negociaciones de paz en la Habana representan un acontecimiento histórico para que Colombia pueda emprender procesos de transformación democrática. A sabiendas de las enormes dificultades y de la férrea oposición de sectores reaccionarios, este proceso de paz tiene la ventaja de plantear asuntos estratégicos para la construcción de nuevas posibilidades para el cambio social y político. El capital transnacional insistirá en su lógica de “subsunción real” y total; y querrá limitar su alcance al juego de la mercantilización, la capitalización y la empresarización, sin importar, los lazos sociales, los saberes ancestrales y las culturas populares. Las élites buscarán minimizar su proyección, y seguirán reduciendo sus objetivos al fracaso anticipado del proceso de paz. El país, polarizado por los alcances de la paz, ha logrado develar la magnitud de las transformaciones necesarias para un cambio significativo. Sin embargo, el gobierno y la oligarquía se niegan sistemáticamente a producir cambios en el orden macroeconómico y político. La voluntad de paz de los distintos actores también tiene sus límites. El gobierno, acosado por la ofensiva del proyecto del “centro democrático”-paramilitar que lidera Uribe; el estallido de la protesta social ante el recrudecimiento de las políticas neoliberales y la proximidad de los comicios presidenciales, transitarán en una suerte de turbulencias recurrentes, con intentos de desenlace fatal. Para las partes, será un desafío complejo. Podrá concretarse un pacto de diverso tipo. Podrá ser beneficioso para los contendientes, sin resultados estratégicos definitorios. También, podrá convenirse en un acuerdo transitorio que buscará alentar un movimiento democrático de grandes transformaciones. O, podrá ser también otro proceso de paz como los que ha habido en Colombia y que la historia recordará como un armisticio temporal para reanudar los nuevos conflictos y los venideros procesos de paz.

Evidentemente algunas de las debilidades del actual proceso de paz alientan la incertidumbre y la conspiración por parte de la oligarquía reaccionaria. En particular, la ausencia de un vigoroso movimiento social, civil y democrático por la paz que soporte la agenda de las negociaciones hace creer que se trata de un acuerdo entre guerreros. La precariedad de la participación ciudadana y la ausencia de un entusiasmo público, despierta dudas y desazón. El mismo gobierno y los sectores reaccionarios han contribuido a minar su credibilidad mediante el asedio catastrófico de los medios de comunicación.

Por supuesto, la mayor debilidad radica en la dispersión de la izquierda, en su profunda división y en la carencia de un pensamiento estratégico. En particular, el predominio de una visión instrumental, corporativa y mezquina ha obstaculizado la comprensión de las dimensiones históricas del actual proceso de paz. En este contexto, la proyección de las negociaciones de paz requiere una izquierda comprometida cabalmente con la solución política al conflicto armado. Para ello, será necesario instalarse en otra lógica, en la idea-fuerza de la reinvención de la política. Urge superar entonces la visión corporativa, aparatista e instrumental, y promover en consecuencia una política de Lo común. Así mismo, los movimientos sociales, las resistencias regionales, las movilizaciones y la solidaridad requieren construir una propuesta nacional de cambios democráticos. En este escenario de complejidad la construcción de Lo común no es una suma de reivindicaciones, sino un proyecto de múltiples interpelaciones y creaciones colectivas sobre la base de las ideas de la democracia, el Buen Vivir y la paz. Es necesario seguir insistiendo en la necesidad de modificar la estructura del Estado latifundista, cambiar el régimen hacendatario y superar la “República señorial”.

Sobre esta base, el proceso de paz tiene que estar soportado en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ninguna paz será posible sin refrendarse a través de la voluntad popular. El temor de algunos sectores según la cual dicha Asamblea sería la un salto al vacío que aprovecharían los opositores de la Constitución del 91 para hacerla regresiva, no tiene fundamento político, moral y social. Por el contario, sería el escenario histórico para crear una “hoja de ruta” hacia las grandes transformaciones democráticas y el espacio propicio para consolidar las aspiraciones populares, regionales y sociales alternativas. Se trata de repensar entonces la paz como proceso histórico de cambio democrático. Sobre este horizonte tiene sentido la construcción de Lo Común y la reinvención de Colombia como país democrático.

[i] El antecedente de este enfrentamiento se encuentra en la dicotomía Hacienda-colonización que operó durante el siglo XIX, “Gran parte de aquellas haciendas, se habían levantado después de 1870 sobre la posesión de tierras baldías, desmontando el área mediante la utilización de colonos o arrendatarios, los cuales, una vez abierto el cultivo ocupaban una pequeña parcela para cultivar café o productos de su propia supervivencia o la de la hacienda. Estas formas de constitución de las haciendas implicaban que los límites entre propiedad privada y las tierras baldías(…)fueran extremadamente imprecisos…” Bejarano Jesús Antonio, “La Economía Colombiana entre 1922 y 1929, Historia Económica-Tomo 1, Volumen 4, Antología Jesús Antonio Bejarano, Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011, p. 187.

[ii] Un relato detallado de las luchas campesinas en ese período y para el caso de Cundinamarca se encuentra en, Londoño Botero Rocío, “Juan de la Cruz Varela- Sociedad y Política en la región del Sumapaz (1902-1984), Editorial Universidad Nacional, Bogotá, 2011.

[iii] Legrand Catherine, “Colonización y Protesta campesina en Colombia.1850-1950, Editorial Universidad Nacional, Bogotá, 1988, pp. 200 y ss. La referencia a esta autora sobre el tema es utilizada por Londoño Botero Rocío en Ibid, pp. 310 y 311.

[iv] Bejarano Jesús Antonio, op.cit, p. 210

[v] Es suficientemente aceptado en los análisis de la época que el lapso 1922-1929 fue decisivo en el desarrollo del capitalismo por cuanto el aumento en los precios internacionales del café y el pago por la pérdida de Panamá (US$ 25 millones de la época) posibilitaron acceder al endeudamiento externo, expandir una política fiscal que dinamizó la construcción de obras públicas y políticas de fomento industrial.

[vi] “…los dos partidos políticos surgieron y se consolidaron tempranamente, los militares y el ejército continuaron siendo débiles, persistió un fuerte regionalismo y la incorporación de los sectores populares se dio a través de los partidos y no a través de la mediación del Estado…” Bejarano Ana María, “Democracias precarias”, Ediciones Uniandes, Bogotá, p. 79.

[vii] La preservación de este “ethos cultural” decimonómico en la modernización sustitutiva ha sido analizada en Jaramillo Rubén, “Colombia la Modernidad Postergada”, Revista Argumentos, Bogotá, 1998.

[viii] Este es el elemento característico del Estado colombiano que explicita la diferencia del formato de dominación política en la fase sustitutiva en el país con relación a los modelos populistas que para la ápoca surgieron en la región de los cuales son relevantes Brasil, Méjico y Argentina.

[ix] “Tres disparos acabaron con la vida de Jorge Eliécer Gaitán (…)En diversas regiones del país este hecho tuvo un impacto particular. Los hechos más significativos fueron: la organización de la resistencia liberal y comunista en Antioquia, Santander, el Sumapaz en Cundinamarca y en el sur del Tolima: la manifestación de bandolerismo asociado a la lucha bipartidista en Risaralda, Caldas, Quindío, Boyacá y en el Norte del valle del Cauca que fueron aniquiladas sin piedad; y las guerrillas liberales que actuaron en los llanos orientales…” Villanueva Martínez Orlando, “Guadalupe Salcedo y la Insurrección llanera, 1949-1957”, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pag 27.

[x] López Michelsen después de insistir en la bonanza cafetera del período reconoció este hecho. Preguntado: Cómo se expresa este fenómeno en el campo? La violencia tiene que ver con la tenencia de la tierra?(…) De tal suerte que los campos, en el terreno agrícola, la lucha por la tierra cafetera determina inclusive la localización de la violencia. En la costa no hay café, allí la violencia es esporádica, dispersa. En el Tolima la zona cafetera en la zona del Líbano, la zona de la cordillera de la violencia es más caracterizada. En el valle la violencia no ocurre por aventura, la violencia tiene lugar en las cordilleras donde se cultiva café. En Antioquía. Posiblemente el departamento más traumatizado por la violencia fue Caldas cuando no se había desmembrado en los tres departamentos actuales…”. Añade que la violencia en los Llanos debe explicarse de manera indirecta por la violencia en las zonas cafeteras dado que produjo un desplazamiento de colonos a esos territorios. Alape Arturo, “La Paz, La Violencia: Testigos de Excepción ”, Editorial Planeta, Bogotá, 1985, pp. 43-44.

[xi] Es un tema consensuado en la literatura económica que a finales de la década del sesenta se produce un cambio en la orientación del modelo sustitutivo hacia las exportaciones dado que los límites de la demanda, elemento común en las economías dependientes que se explica por el límite estructural que exige la acumulación de capital, de mantener contracción en los salarios. La reforma constitucional de 1968 adecuó la institucionalidad económica a esas exigencias exportadoras.

[xii] Una síntesis de esta propuesta y del debate que suscitó con Lauchin Currie se encuentra en , Vélez Humberto, “Concepciones de Política Económica durante el Frente Nacional”, Revista de Cuadernos Colombianos No 2. Este autor, a su vez,y compartiendo su análisis del tema, es citado por, Bejarano Jesús, “Ensayos de Interpretación de la Economía Colombiana”, Editorial La Carreta, Bogotá, 1974, pags 67 y ss.

[xiii] La mentalidad castrense se forjó a fuego lento en la represión contra los trabajadores petroleros de Barrancabermeja y de la zona bananera de Santa Marta en la década de 1920; en la represión de la insurrección popular del 9 abril de 1948, achacada nacional e internacionalmente a un complot comunista; en la participación del batallón Colombia en la guerra de Corea (1951 -1954) bajo el mando del ejército de Estados Unidos. Véase Palacios Marco, Violencia pública en Colombia-1958 -2010, Ediciones Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 2012,p. 47.

[xiv] Ejemplos sobran. El más relevante fue la votación en las Naciones Unidas en contra de Argentina cuando los sucesos de “Las Malvinas”.

[xv] Este capítulo de la historia de la izquierda colombiana se encuentra descrito con suficiente detalle en la compilación realizada por Meschkat Klaus y Rojas José María, titulada “Liquidando el pasado. La izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética”. Bogotá: Taurus / Fescol, 2009. Allí se muestra con documentos de la época cómo la liquidación del Partido Socialista Revolucionario, PSR, y el surgimiento del Partido Comunista obedecieron a una decisión de Moscú como parte de una política internacional. La política de conciliación de clases, fue aupada en virtud de la teorización de los “Frentes Populares” que formuló el dirigente búlgaro Dimitrov.

[xvi] Carlos Medina Gallego recuerda a propósito del Movimiento agrario de Marquetalia que fuera decisivo en el origen de estas autodefensas, “ Desde 1959 hasta 1963, el Movimiento Agrario de Marquetalia se consagra a construir la economía campesina y a defender la región de la acción de los grupos paramilitares, en particular de los llamados “limpios” cuya idea es eliminar a la dirigencia de las autodefensas campesinas. El asesinato de Jacobo Prías Álape en Gaitania, a manos de los “limpios” quienes son dirigidos por Mariachi, abre el camino de una serie de asesinatos, expropiaciones y desplazamiento de la población y anuncia una época difícil para el movimiento…” Medina Gallego Carlos,”FARC-EP-1958-2008, Universidad Nacional de Colombia, 2009, p.83. Situación similar se vivió Riochiquito, El Pato y Guayabero.

[xvii] La estructura organizativa va a ser definida hasta después de 1974 en la sexta conferencia. Incluirá escuadras, guerrilla, compañía, columna y Frentes y la posibilidad de que con la expansión de la guerrilla se conformen Bloques de Frentes, dirigidos por los Estados Mayores, los cuales, a su vez, están subordinados al Secretariado. Esto quedó codificado en el llamado “Estatuto Interno de las FARC”, Ver Medina Gallego Carlos, Ibid, pp. 138-140. Resalta igualmente como la revolución cubana y el cisma en el movimiento comunista internacional, con la ruptura entre China y la Unión soviética, igualmente fueron decisivas en la conformación ideológica de esta guerrilla. Las líneas generales de lo expuesto en esta aparte son tomadas del mismo autor.

[xviii] Palacios Marco, op.cit, pag 57.

[xix] “ A mediados de la década de los 90 la relación de los grupos armados se da en el nuevo contexto originado en el profundo cambio que implicó la condición de Colombia como primer país productor de cultivos de coca para obtener materia prima ilegal los grupos armados ya no son simple cobradores de impuestos sino intermediarios de capital ilegal comprador de materia prima. El nuevo escenario venido incidiendo en cambios acelerados sobre diversos aspectos relacionados con la vía las regiones productoras y planteando nuevos retos a las mismas políticas antidroga que buscan una incidencia sobre una economía. Se trata de transformaciones en relación con las comunidades vinculadas a los cultivos de uso lícito; cambios en la creación ejercicio del poder local y regional en el marco de la guerra; nuevas situaciones de tensión con el gobierno central y con aquellos países interesados de una u otra manera en el impulso de programas de desarrollo alternativo…” Vargas Meza Ricardo “Drogas, conflicto armado y desarrollo alternativo”, Acción andina Colombia, junio del 2003, Prefacio.

[xx] Constitucionalización de la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afro-descendientes. En tal sentido, los territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles. En consideración a las formas de propiedad existentes en estos territorios-individual, asociativa, comunitaria o colectiva-, y con miras a evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra, habrá en ellos regulaciones específicas sobre la transferencia de derechos.(…) Sin perjuicio de otras formas, los territorios campesinos estarán conformados por Zonas de Reserva Campesina o por Zonas de producción campesina de alimentos. Delegación de Paz de las FARC-EP, “ Propuesta en el marco de las negociaciones de La Habana-Comunicado”, La Habana, 9 de Febrero. Obviamente que esta propuesta la acompañan de la legalización de cultivos ilícitos.

[xxi] Sobre el tema, ver, Gowan Peter, “La apuesta de la Globalización”, Editorial Akal, Madrid, 2003.

[xxii] Ver, Chesnais Francois, “Le Finance Mondialisée”, Editions la découverte, París, 2004.

[xxiii] El término fue acuñado por los teóricos de la llamada “Escuela de la Regulación”

[xxiv] “En el año 2000, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), entidad encargada de regular actividades en los mercados de derivados financieros, perdió la potestad de supervisar e imponer límites a las actividades de especuladores a través de los Over The Counter Derivatives (OTC)(…) las posiciones con este tipo de instrumentos financieros representaban menos de 500 mil millones de dólares. En la segunda mitad de la década se presentó una verdadera explosión en el crecimiento de los mismos, alcanzando una cifra de 13 millones de millones de dólares en el pico de los precios de las materias primas en el verano del 2008…”. Munévar Daniel, “Alza en los precios de los alimentos. Una mirada desde América Latina”, cadtm .org/Espanol , Abril del 2011.

[xxv] En varios documentos de las Instituciones Financieras internacionales, particularmente del Banco Mundial, se insiste en este aspecto.

[xxvi] Un monto equivalente al 70% del comercio mundial. Dato referenciado en informes de la UNCTAD.

[xxvii] Arceo Enrique, “El fracaso de la reestructuración neoliberal en América Latina Estrategias de los sectores dominantes y alternativas populares”, capítulo dentro del libro, ”Neoliberalismo y Sectores dominantes, CLACSO, Buenos Aires, 2006, p. 37 y ss.

[xxviii] La confirmación de que esta transformación ha funcionado en la periferia está en el cambio en el componente de las exportaciones. “En 1980 sólo el 19 % de éstas estaba constituido por productos de la industria manufacturera, ascendiendo esa proporción al 53% en 1990 y al 65% en 2001…”. Arceo Enrique, Ibid, pags 39.

[xxix] “ La participación del total de la periferia en el PBI mundial (Cuadro 1), sube casi 11 puntos ( 39%), pero Asia y Oceanía periférica aumenta 13 puntos, de los cuales casi 10 corresponden a China y los Tigres , reducidos, en este caso, a Corea, Singapur y Hong Kong, puesto que no se dispone de datos de Taiwán. El peso relativo de las restantes regiones disminuye, siendo las caídas más importantes la de Africa subsahariana ( 27%), América Andina (26%) y el Cono Sur de América latina ( 14%)….” Arceo Enrique, Ibid, p. 42.

[xxx] En los medios de comunicación se filtró la noticia de que el gobierno se negó a aceptar la propuesta de las FARC de colocarle un límite de 100 hectáreas al latifundio. Giraldo Gómez Marisol, “Latifundio, Eje del pulso Gobierno-FARC en Cuba”. El Tiempo, 26 de Enero del 2013. Esto a pesar de que los propios capitalistas rurales agrupados en la SAC reconocen en varios documentos que los hatos ganaderos desperdician en ganadería extensiva 18 millones de hectáreas lo que encarece el costo de la tierra a tal punto que reduce al máximo las posibilidades exportadoras

[xxxi] David Harvey la considera como un tipo de acumulación necesaria para ubicar el exceso de capitales que terminó por producir la “sobreacumulación” de capital evidenciada en los inicios de la década del setenta. Para ello recurre a la tesis de la “destrucción creativa” de Schumpeter bajo otros supuestos teóricos, Ver, Harvey David, “El Nuevo Imperialismo”, Ediciones Akal, Barcelona 2003.

[xxxii] Piñeros Vargas Silvia, Acosta Ávila Luis Alejandro y Tartanal Florence, “Alianzas Productivas en agronegocios experiencias de la FAO en América Latina y El Caribe” , FAO, Santiago de Chile 2012, pag 32. Añade dicho informe que “ Las alianzas productivas se definen como: «Acuerdos o vínculos –formales o informales– de cooperación entre dos o más agentes productivos para coordinar recursos, esfuerzos y habilidades que tienen un objetivo estratégico común para el beneficio mutuo (…). Estos vínculos permiten compartir visiones, capacidades y habilidades, de modo que se aprovechan las sinergias de la interacción y complementariedad de las fortalezas y debilidades de los agentes productivos y de diversos sectores.

[xxxiii] Mejía López Rafael, La Agricultura Colombiana próspera, el camino para la paz” , presentada en el Foro “Política de Desarrollo integral” a nombre de la SAC, Bogotá, 17 de Diciembre del 2012

[xxxiv] Jesús Bejarano había anotado para el caso del desarrollo capitalista en el campo, en el anterior modelo sustitutivo, que una de las particularidades del mismo era la subsistencia de la economía campesina la cual explicaba por, “ el tipo de articulación particular que guarda con el sistema en conjunto, esto es por el carácter de su integración capitalista a la economía nacional. Tanto por la función específica que desempeña como productora de bienes salario(y no como “productora” de mano de obra) lo que permite un abaratamiento relativo de los mismos , como por su propia estructura interna que se funda en la explotación intensiva del suelo y en la sobre-explotación del propio trabajo en el interior de la unidad de explotación…” Bejarano Jesús, Ensayos de interpretación de la Economía colombiana”, Editorial La carreta, Bogotá, 1974, pag 60

[xxxv] Un estudio sobre la base de los mismos criterios para el conjunto de los países periféricos se encuentra en Berry Albert ”The Economics of land reform and of small forms in developing countries;implications for post-conflict situations, cap 2 del libro “Distribute Justice in transitions”, coordinado por varios autores y publicado por FICHL; Torkel Opsahl, Academic.E.Publisher, Oslo, 2010.

[xxxvi] Hommes Rudolf, “La productividad de los campesinos”, El Tiempo, Viernes 18 de Enero de 2013. En www.eltiempo.com/…/rudolfhommes/ARTICULO-WEB-NEW_NOT …. Estas conclusiones tienen una base de explicación cual es la de que en la economía agraria las reglas de la inversión a escala agregada no operan igual que en otros sectores.
[xxxvii] Leibovich lo reconoce expresamente. Compartiendo la tesis de que los predios a distribuir en los minifundios salgan de los baldíos o de tierras expropiadas y añadiendo que incluso se puede utilizar el derecho a la superficie para desarrollar contratos de arrendamiento de largo plazo añade, “ Si bien lo anterior es necesario, no es suficiente. Los pequeños productores requieren de asistencia técnica y acceso a financiamiento. Un pequeño productor no alcanza a pagar los costos de la asistencia técnica y por el contrario ésta genera externalidades positivas entre los productores. En cuanto al financiamiento, muchísimos productores no se financian y si lo hacen es a costos exageradamente elevados con el agiotista del pueblo..” Leibovich José, “ Los pequeños productores agrícolas”, El Espectador Febrero del 2013.

[xxxviii] Ospina Juan Manuel, “Zonas de reserva o de desarrollo campesino”, El Espectador, Febrero 13 del 2013.

[xxxix] El Ministro de Agricultura ha declarado públicamente en contra de esta posibilidad. Las zonas de reserva campesina no pueden convertirse en “Republiquetas independientes que fraccionen la soberanía” ha señalado. Ver,Restrepo Juan Camilo, “Las zonas de Reserva campesina no puedes ser republiquetas independientes” , El Tiempo, 24 de Febrero del 2013.

[xl] El término lo ha utilizado Samir Amin en varios de sus escritos.

Daniel Libreros.

Profesor. Universidad Nacional de Colombia

Jorge Gantiva Silva.

Profesor. Universidad del Tolima