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En marcha, proyectos que violentan derechos colectivos de los pueblos indígenas
Denuncia el Frayba aumento de agresiones y amenazas a activistas en Chiapas
Demanda el pronto esclarecimiento del asesinato del líder comunitario Juan Vázquez Guzmán
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 3 de mayo de 2013, p. 26
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 2 de mayo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció el aumento de agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos en Chiapas, como lo confirma el asesinato la semana pasada de Juan Vázquez Guzmán, dirigente de los ejidatarios de la Sexta en San Sebastián Bachajón y defensor de los derechos indígenas y los presos políticos.
Su asesinato “rebasa los límites de la marcada represión que han afrontado las personas defensoras de derechos humanos en el ámbito comunitario, adherentes a la Sexta”, tras el incremento de violencia contra ellos por insistir en procesos de autonomía y defensa de su territorio, sostuvo el Frayba.
El hecho criminal sucedió en los días previos a una reunión regional de autoridades y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de San Sebastián Bachajón para definir acciones de resistencia y por la liberación de sus presos políticos (tienen tres, en otros tantos penales de la entidad).
El joven dirigente tzeltal se destacó en la defensa del territorio en la región de Agua Azul y denunció el despojo que pretende concretar el Proyecto Centro Integralmente Planeado (CIP-Palenque), parte del Plan Mesoamericano (antes Puebla-Panamá).
La conflictividad y la violencia en San Sebastián y la región Selva, provocadas por actores de los distintos niveles de gobierno, se han incrementado, como ya documentó el Frayba. Desde 2006 se suceden privaciones arbitrarias de la libertad, tortura, hostigamiento, amenazas, desplazamiento forzado, uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. Todo, mediante incursiones de la Seguridad Pública, la Policía y el Ejército federales, además de pactos unilaterales de funcionarios y operadores políticos, reposicionamiento de cacicazgos locales con los partidos en el poder, polarización, empoderamiento e impunidad garantizada para grupos de choque en la región.
Los inversionistas, respaldados por el gobierno, insisten en concretar proyectos que constituyen despojo territorial y violentan derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
No obstante, indica el Frayba, que ha seguido de cerca el proceso de San Sebastián, esto determina que los pueblos originarios de Chiapas se organicen y reivindiquen sus derechos territoriales tal como lo hizo Juan Vázquez, quien ya es parte de la lucha histórica en la construcción de alternativas para el ejercicio del derecho a elegir formas de vida en congruencia con el buen vivir (vida digna).
Ya lo habían encarcelado el 24 de diciembre de 2011 cuando, tras tenerlo un par de horas desaparecido, la policía municipal de Chilón lo entregó al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo, pretendiéndole imputar el falso delito de homicidio, el cual no pudieron sostener, y horas más tarde lo dejaron en libertad.
El pasado 17 de abril, los ejidatarios de la Sexta en San Sebastián denunciaron nuevas amenazas y la política de continuidad del actual gobierno del estado. A éste, el Frayba exigió hoy investigación pronta y expedita para hallar el paradero y determinar la pena del asesino de Juan Vázquez, líder comunitario y defensor de derechos humanos, quien dio la vida por la defensa del territorio.