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ALAI, América Latina en Movimiento
2013-05-04
AmericaCentral
Agua Zarca, Barillas y Tasabara: Pueblos indígenas, hidroeléctricas y despojos en Centroamérica
OFRANEH
La sistemática ofensiva que se está dando en contra de los pueblos indígenas en Mesoamérica, pone en riesgo la diversidad cultural y al mismo tiempo la biodiversidad del istmo. Las más de 500 represas hidroeléctricas impulsadas por el ex Plan Puebla Panamá, conocido actualmente como el Proyecto Mesoamérica, se convierten en una destrucción sistemática de la hidrología de los territorios indígenas.
Buena parte de los ríos en Mesoamérica fueron concesionados a empresas privadas, las cuales reciben fondos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) o empréstitos de los organismos financieros internacionales. La gran mayoría de estas concesiones, tomaron por sorpresa a los pueblos indígenas que nunca fueron consultados al respecto.
Uno de los factores cruciales omitidos por los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas, es el cambio climático y las alteraciones que se presentarán en los patrones de precipitaciones pluviales, tomando en consideración los largos períodos de sequía asociados con el fenómeno del niño, y sus consecuencias para el caudal ecológico de los ríos.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en un reciente informe intitulado ” La Economía del Cambio Climático en Centroamérica (2012)”, incluye el estudio “Dos casos de impactos potenciales de hidroelectricidad”, en el cual hace referencia a las consecuencias que traerán las sequías en los caudales de los ríos y el efecto del calor y subsecuente evaporación en los espejos de agua de los embalses.
En los últimos años se ha recrudecido la imposición de la construcción de hidroeléctricas concesionadas por los estados-nación a cuestionados empresarios, bajo el mandato del ECPA (Energy and Climate Partnership of the Americas) vienen concediendo licencias ambientales a doquier; con el supuesto objetivo de adquirir autosuficiencia energética, sin tomar en consideración las graves consecuencias ambientales y sociales de los inconsultos proyectos.
Agua Zarca, el BCIE y la denegación al derecho a la consulta
El territorio del pueblo Lenca de Honduras es uno de los mas afectados, ante la construcción de 17 represas en su territorio. Muchas de ellas reciben o han recibido fondos de los CDM. En el caso específico de Agua Zarca, la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA), obtuvo un préstamo por us$ 24.4 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La represa de Agua Zarca afectará a las comunidades Lencas de Chorrera, Tejera la Unión, San Bartolomé y Agua Caliente. El Estado de Honduras en el año 2001 se comprometió efectuar las consultas apropiadas con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), e incluso en el marco del 143 Período de Sesiones de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de octubre del 2011, en relación a las Violaciones de derechos humanos en el marco de las Concesiones de Recursos Naturales en Honduras, una de las abogadas del Estado señaló el compromiso de “Redactar y consensuar el Reglamento Especial para la consulta de proyecto ambientales tanto de carácter general como en el marco del Convenio 169″, además agregó que “el actual Ministro dio órdenes específicas que para el año del 2012 esos dos reglamentos estén en vigor”.
La actual administración gubernamental post golpe de estado se ha destacado por violar de forma sistemática el derecho a la consulta, al emitir un sinnúmero de leyes y decretos que afectan directamente los territorios de los pueblos indígenas y su sobrevivencia como culturas diferenciadas.
Tabasara: La represa de Barro Blanco y los petroglifos sagrados del pueblo Buglé
Panamá es el país donde los pueblos indígenas de Centroamérica han sido más afectados en los últimos años con la construcción de represas hidroeléctricas. La construcción de las inconsultas represas de Bonyc-Teribe en el territorio del pueblo Naso y la Chan 75 en el territorio Buglé, demostraron la total ausencia de respeto del Estado de Panamá y sus empresarios hacia los pueblos indígenas de ese país.
La construcción de la represa de Barro Blanco recayó en manos de la empresa Generadora del Istmo Sociedad Anónima (GINESA) propiedad del “hondureño” Luis Kafie, controvertido empresario que se encuentra ligado a la producción de energía térmica en Honduras.
Barro Blanco es una de los proyectos de energía limpia que recibe fondos del CDM y del BCIE, a pesar de haber sido repudiada en múltiples ocasiones por el pueblo Ngabe Buglé, ante la destrucción de petroglifos localizados en el río que son considerados sagrados.
En las riberas del Tabasara habitan más de 40 comunidades que dependen del río para su transporte fluvial y la obtención de alimentos. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) disminuyo el número de pobladores que serían desplazados y afectados.
El pasado 24 de marzo fue asesinado el indígena Ngobe Bugle Onésimo Rodriguez en las faldas del volcán Chiriquí, aparentemente el crimen fue cometido por policías enmascarados, los cuales capturaron al indígena tras éste haber participado en una manifestación de protesta por la construcción de la represa de Barro Blanco.
Santa Cruz Barillas, pueblo Kanjobal Maya y el estado de excepción
El gobierno de Guatemala militarizó el año pasado en el mes de mayo del 2012, y encarcelo ocho líderes comunitarios durante 254 días, como consecuencia de la represión desatada por el Estado de Guatemala ante la resistencia comunitaria contra la construcción de una represa hidroeléctrica a manos de la compañía española Ecoener Hidralia Energía, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Cambalan, que producirá 4.96 megavatios.
Cambalan es otro de los proyectos hidroeléctricos que recibe fondos del CDM, y en el cual tampoco se ha respetado el derecho a la consulta y consentimiento previa libre e informada. Al contrario: la opinión de la comunidad ha sido irrespetada, al mismo tiempo que Santa Cruz Barillas fue militarizado y su población agredida y reprimida por las fuerzas de seguridad del actual régimen de ultraderecha guatemalteco.
El régimen de excepción o estado de sitio declarado en Santa Cruz, permitió a las fuerzas de seguridad allanar sistemáticamente las viviendas de los habitantes de Santa Cruz y aldeas circunvecinas, tras haber señalado a la población maya-kanjobal por un supuesto hurto de armas de un destacamento militar durante una manifestación, situación que justificó la presencia de 1200 militares en la zona.
El pasado 15 de marzo fue detenido en una aldea de Santa Cruz Barillas, el defensor de derechos humanos Rubén Herrera. El encarcelamiento de Herrera es parte de la campaña de intimidación librada por las autoridades guatemaltecas y lo empresarios españoles que pretenden la imposición de Cambalan, a pesar de la férrea oposición de la población Maya.
“Energía Limpia” y la persecución a los pueblos indígenas de Centroamérica
Los proyectos hidroeléctricos en los territorios de los pueblos indígenas en Centroamérica pululan, al mismo tiempo los cambios en los patrones de precipitación pluvial indican que los caudales ecológicos de los ríos se verán severamente afectados. Sin embargo el CDM y el BCIE ignoran el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, y los severos efectos que se vaticinan en relación al cambio climático en el istmo.
A finales de los años 90 el Banco Mundial promovió el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), programa que descalificó los derechos territoriales de los pueblos indígenas, promoviendo áreas protegidas a doquier y cercenando el derecho al uso de los hábitats de los pueblos. Posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo saco a relucir el Plan Puebla Panamá, el cual en su esencia desconoció el CBM. En la actualidad se construyen represas hidroeléctricas lo largo y ancho del istmo, sin que que hubiésemos escuchado algún posicionamiento de los ambientalistas de escritorio insertados en los organismos financieros o sus clones.
Los pueblos indígenas no descansaremos en reclamar los derechos que nos corresponden y exigimos a implementación al derecho a la consulta-consentimiento previo libre informado, como el mecanismo más adecuado para frenar la ofensiva neocolonialista que actualmente enfrentamos.
Sambo Creek, La Ceiba Atlántida 3 de Mayo del 2013