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Destrucción, invasión y expropiación en la Ciudad de México
Desinformémonos
Ciudad de México. El pueblo originario de San Nicolás Totolapan, al sur de la Ciudad de México, enfrenta cotidianamente tiradero de deshechos que afectan la ecología de la zona y asentamientos ilegales promovidos y controlados por el gobierno local. La finalidad es destruir su territorio comunal y ejidal para expropiarlo y construir ahí el Arco Sur y fraccionamientos de lujo.
Este territorio abarca tierras, montes y aguas, de las cuales algunas se encuentran bajo el régimen de propiedad ejidal, pero no gracias a la suerte, sino a la resistencia de sus habitantes. Los delitos ambientales contra la zona donde se proyecta la construcción de las vías rápidas escalaron a finales de 2011 y principios de 2012. Para los habitantes es claro que existe una estrategia de despojo pues las autoridades infringen diversas disposiciones constitucionales y legales al permitir la tira de cascajo, la invasión y el cambio de uso de suelo de los bosques de San Nicolás Totolapan, que se localizan en suelo de reserva, en terrenos de vocación forestal y en un Área Natural Protegida con categoría de Reserva Ecológica Comunitaria, y permanecen a la expectativa de la problemática.
El reconocimiento legal del territorio
El 14 de julio de 1535, los habitantes originarios de Totolapan levantaron los títulos de su territorio, que les pertenecía antes de la llegada de los españoles a México. De esta forma, al igual que otros pueblos prehispánicos, Totolapan trató de asegurar la posesión de su territorio ante la amenaza del despojo por parte de los recién llegados invasores. Es por ello que en esta fecha y por tradición, se festeja la fundación del pueblo de San Nicolás Totolapan. Veintiocho años después, en 1563, el Virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, otorgó la merced real que reconoció 7 mil varas de territorio al pueblo, como establecían y establecen aún hoy día, aunque sea solo en el papel, los títulos primordiales del Pueblo de San Nicolás Totolapan de 1535.
San Nicolás Totolapan es actualmente un pueblo originario con un territorio en la maltrecha Ciudad de México. Algunos pueden decir que esto es un privilegio, otros que es una bendición y otros más una responsabilidad. Como se quiera ver, este territorio abarca tierras, montes y aguas, de las cuales algunas se encuentran bajo el régimen de propiedad ejidal, pero no gracias a la suerte, sino gracias a la resistencia que sus habitantes dieron a lo largo de 500 años contra los usurpadores: españoles, hacendados, caciques y de algunos años para acá, autoridades delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Una de las mayores muestras de valentía y coraje en la defensa del territorio y los intereses del pueblo fueron los zapatistas, que en San Nicolás se cuentan por decenas. Hay dos nicolaítas representativos de la lucha armada revolucionaria de 1910, los generales Julián Gallegos y Pablo Vértiz, que junto con la tropa zapatista pelearon por la restitución de sus tierras comunales arrebatadas por la hacienda de Eslava y la Cañada.
En 1920 los títulos primordiales fueron declarados apócrifos por las autoridades carrancistas y luego desaparecieron por 40 años, con lo que se impidió la restitución de las tierras comunales. Ante estas circunstancias, San Nicolás Totolapan se vio obligado a acogerse a la dotación de tierras bajo el régimen ejidal en 1924. Se le dotó de mil 300 hectáreas, aun cuando lo que corresponde, según la constitución, es la restitución de todo su territorio. Para 1938 se dio la ampliación del ejido que de esta forma llegó a casi 2 mil 700 hectáreas, pero quedó en la indefinición parte del territorio original, territorio que sigue siendo usufructuado por los vecinos del pueblo.
De una u otra forma se mermó poco a poco el territorio de San Nicolás Totolapan, con el no reconocimiento, con la expropiación de más 500 hectáreas en el siglo XX para colonias, con la creación de asentamientos irregulares o con el acaparamiento y, principalmente, el despojo capitalista.
Las supervías contra la ecología
El pueblo de San Nicolás Totolapan se ubica en la delegación Magdalena Contreras del Distrito Federal (DF). Su territorio ejidal y comunal, con cerca de 2 mil 900 hectáreas de montes, aguas y tierras, se enclava en el corredor biológico Ajusco-Chichinuatzin, colindante con el Ajusco, el Desierto de los Leones, los montes de la comunidad de San Pedro Atlapulco y los Dinamos de Contreras (La Magdalena Atlitic).
La actual embestida que enfrenta el pueblo de Totolapan y su territorio tiene como directriz el desarrollo de vías de comunicación privadas en el DF por parte de los gobiernos de izquierda de la ciudad. En 2011, la Asamblea Legislativa eliminó de la lista de pueblos originarios a 10 pueblos que curiosamente están en el trayecto de vialidades nuevas, como la Supervía, una carretera que rodeará la delegación Álvaro Obregón y el Arco Sur. Entre los pueblos eliminados están Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón; y San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Atlitic, San Jerónimo Aculco y San Nicolás Totolapan, en Magdalena Contreras.
Desde hace varios años, diversas zonas del ejido y la comunidad sufren invasiones y se cometen ahí delitos ambientales (tiro ilegal de tierra, cascajo, tala clandestina, etcétera), pero una región del territorio es de particular importancia pues sobre ella se proyecta el trazo del Arco Sur. Esta región comprende los parajes Resumideros, La Calavera y La Campana, que están dentro del territorio ejidal y colindan con el Parque Ecológico de la Ciudad de México -en el paraje conocido como Los Trementineros, donde están las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco y la comunidad de San Andrés Totoltepec. Todo lo anterior se encuentra entre los kilómetros 10 y 14 de la carretera Picacho-Ajusco y al sur-poniente del cráter del volcán Xitle, la región más grande de Pedregal que aún queda en la Ciudad de México.
De forma paralela a los decretos de la Asamblea Legislativa (hacia finales de 2011), la tira de tierra y cascajo en la parajes señalados escaló de forma inesperada entre enero y junio de 2012. Siete 7 mil camiones tipo torton, con capacidad de 16 metros cúbicos, depositaron en la zona alrededor de 105 mil metros cúbicos de tierra y cascajo, lo que causó la devastación total del Pedregal. Ante esta situación, la representación ejidal inició una serie de denuncias ante las autoridades correspondientes (GDF, Secretaría de Medio Ambiente, Fiscalía de Delitos Ambientales del DF) que no fueron atendidas.
El 30 de junio de 2012, los ejidatarios y originarios del pueblo de Totolapan, por mandato de su asamblea ejidal, realizaron un recorrido por la zona. Durante éste se interceptó un camión de volteo lleno de cascajo y tierra, con placas MZ-45-954 del estado de Michoacán y con los logos “Vía-Rápida-Poetas” y “Sindicato-1058-Libertad”. El conductor explicó que las empresas OHL y la Inmobiliaria Copri contrataron los vehículos para la tira de cascajo, y para demostrarlo entregó un recibo a los ejidatarios. El recibo 161235 del 30 de junio de 2012 pertenece a la empresa de construcciones Noerma, contratada para el acarreo de los desperdicios. En éste figura como cliente la Controladora Vía Rápida Poetas; y como obra, la Supervía; señala que la actividad que realiza es el acarreo de 16 metros cúbicos de escombro y en el apartado “observaciones” sólo se escribió “caseta Corena”, en referencia a la Comisión de Recursos Naturales (Corena), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SMA).
A la Controladora Vía Rápida Poetas se le concesionó la explotación, el aprovechamiento y la administración de la Supervía Poniente. Esta empresa se conformó con Obrascón Huarte Lain Concesiones México, SA de CV (OHL); Inmobiliaria Copri, SAPI de CV; y constructora Atco. Su representante es José Andrés de Oteyza, quien fue titular de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial durante el sexenio de José López Portillo, después fue embajador de México en Canadá, y posteriormente presidente de OHL México. Entre los meses de diciembre y junio de 2012, los ejidatarios contabilizaron de 40 a 60 camiones diarios, un 90 por ciento de ellos con los logos de Vía-Rápida-Poetas y Sindicato-1058- Libertad.
La receta del despojo en tres pasos
La zona devastada por el tiro ilegal de cascajo proveniente de la construcción de la Supervía se caracteriza por tener abundante presencia de árboles de pino, encino, oyamel y madroño, así como especies endémicas y protegidas por la NOM-059: víbora de cascabel de bandas, cascabel de hocico de puerco, falso camaleón, pájaro carpintero, lagartija de collar, yuca del género Furcrea sp, entre otras.
Después del daño ambiental inicial, se presentaron diversos intentos de ocupar el territorio por parte de grupos de invasores profesionales ligados al gobierno del DF y a la delegación Tlalpan, además de que empresas inmobiliarias fantasmas ofrecen terrenos para casas “ecológicas”’ en la zona. A los habitantes del pueblo de San Nicolás Totolapan les parece extraño que la misma empresa encargada de la construcción de la Supervía haya devastado una zona con la categoría de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida, justo donde se proyecta la construcción del Arco Sur, obra que se concesionaría a la misma empresa. El negocio es redondo: la misma tierra que sacan de la construcción de la Supervía, la mandan a rellenar el Pedregal del Xitle para poder pasar por ahí el Arco Sur.
Las autoridades no han realizado acciones para resolver la problemática, la empresa no ha sido sancionada y los grupos de invasores son el pan de cada día. Para los habitantes es claro que existe una estrategia de despojo pues las autoridades infringen diversas disposiciones constitucionales y legales al permitir la tira de cascajo, la invasión y el cambio de uso de suelo de los bosques de San Nicolás Totolapan, que se localizan en suelo de reserva, en terrenos de vocación forestal y en un Área Natural Protegida con categoría de Reserva Ecológica Comunitaria, y permanecen a la expectativa de la problemática.
Se pueden distinguir tres etapas en la estrategia de despojo. La primera consiste en realizar la mayor afectación ambiental, la segunda consuma el despojo físico del territorio mediante la invasión de grupos controlados por las mismas autoridades y la tercera radica en la expropiación para la construcción del Arco Sur, ya sin la posibilidad de argumentar un daño ecológico porque éste ya está hecho; más aún, la posesión de las tierras ya no es del ejido sino de los grupos serviles de invasores ligados a las autoridades. Se deja así, además, una amplia zona lista para la especulación de inmobiliarias, que ofertarán terrenos cercanos al bosque del Ajusco de un alto valor capital para desarrollar residencias, como ha ocurrido en otras partes de la capital.
Lo que las autoridades del GDF (las que dejaron su cargo y las que se acaban de estrenar, ambas perredistas) no saben es que todavía hay campesinos atados a la parcela en el monstruo llamado Ciudad de México, que hay comuneros y ejidatarios que impulsan la organización comunitaria en los barrios desde abajo, que preservan las tradiciones no con una visón folklórica vacía, sino como una forma de conservar y dar identidad a su pueblo; personas que se aferran al monte como una forma de vida, y todos ellos tienen una férrea convicción de defensa de su territorio.
Publicada en 20 de mayo de 2013.