El gobierno de Ollanta Humala y el discurso sobre los Pueblos Indígenas

El gobierno de Ollanta Humala y el discurso sobre los Pueblos Indígenas

¿Se acerca Ollanta Humala al discurso del “perro del hortelano” de Alan García? se pregunta la autora.

Por Carmen Ilizarbe*

20 de mayo, 2013.- Recientemente el presidente Humala dio una entrevista periodística en la que se refirió a la Ley de Consulta Previa y a sus sujetos de derecho: los pueblos indígenas u originarios del Perú. Sus declaraciones permiten perfilar los cambios que se están dando en la política de su gobierno en relación a los pueblos indígenas y hacen evidente que el presidente se aleja de un discurso de reconocimiento de derechos para acercarse a uno en el que, por el contrario, se recortan derechos a la vez que se pone en cuestión la propia categoría pueblos indígenas, contradiciendo el mandato de la Ley 29785 que él mismo promulgara al inicio de su gobierno en Imacita, Bagua.

Hemos asistido a un nuevo punto de quiebre en el discurso de Ollanta Humala. El punto de quiebre se aprecia al comparar sus últimas declaraciones con sus palabras hace menos de dos años durante la promulgación de la Ley del derecho a la consulta, con el texto de la Ley de Consulta Previa y con el texto del Convenio 169 de la OIT.

A la vez, el discurso del presidente y otros altos funcionarios se empieza a asemejar al discurso de representantes de empresas mineras, lo que revela la parcialización del gobierno con intereses privados que lo alejan de su rol de representante del Estado y del bien común. El presidente de la República y su gobierno no pueden promover el recorte de derechos de ciudadanos y esto debe señalarse claramente y en voz alta.

Es una acción antidemocrática que deslegitima al gobierno y favorece el incremento de la conflictividad social en el Perú al excluir a ciertos grupos de los procesos de toma de decisiones en los que tienen legítimo derecho a participar. Sus declaraciones habrían motivado la renuncia del Viceministro de Interculturalidad y buena parte del equipo que se hizo cargo de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa (un proceso sumamente conflictivo que no logró generar acuerdos fundamentales con los pueblos indígenas), de la elaboración de una base de datos con información sobre pueblos indígenas peruanos (que nunca se hizo pública y quizás nunca vea la luz), y de la creación de un registro de intérpretes para la implementación de los procesos de consulta.

Esta segunda salida de un viceministro de Interculturalidad, el segundo desenlace desfavorable para el Viceministerio de Interculturalidad en la pugna hegemónica que sostiene con el Ministerio de Energía y Minas, ha pasado bastante desapercibida, de la misma forma en que ha ocurrido con el discurso del presidente. Sus declaraciones no han sido suficientemente analizadas en la esfera pública mediática por analistas políticos y periodistas que afirman estar muy preocupados por la institucionalidad democrática.

En el plano ético, confirmamos además algo gravísimo: la decisión del presidente de gobernar de espaldas y hasta en contra de quienes lo llevaron al poder por la vía de las urnas hace menos de dos años, en este caso, los pueblos indígenas. No es una novedad pues anteriormente los ex presidentes Toledo y García han hecho lo mismo.

Es más bien un importante punto de continuidad en el plano político institucional que nos permite constatar la precariedad de la democracia electoral que vivimos en el Perú desde la transición del 2000. Este es un tema que merece mayor reflexión en un artículo aparte.

En este post quiero concentrarme en el cambio de discurso y en los nuevos significados que desde ahora orientarán la política del gobierno en la relación con los pueblos indígenas. Es importante dar cuenta del proceso por el cual el propio presidente deshace su discurso político para alterar su orientación inicial y transformarlo en algo distinto. ¿Cuál es la orientación de este cambio?
El espíritu y el propósito de la Ley de consulta previa

En sus declaraciones el presidente interpreta mal el espíritu de la Ley de Consulta Previa, sustentado en el Convenio 169 de la OIT, el cual reconoce los derechos de los pueblos indígenas u originarios en atención a que: 1) pre-existen a la formación del Estado, 2) mantienen sus usos y costumbres y su identidad colectiva, 3) se constata la violación recurrente y extendida de sus derechos humanos fundamentales en muchos Estados contemporáneos, y 4) contribuyen a “la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales” de los Estados de los que forman parte. (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Preámbulo y artículo 1).

Dijo el presidente:

Lo que tenemos acá es un tema que si bien nos realza a nivel mundial, el primer país que está atendiendo esta norma que viene de la Organización Internacional del Trabajo, el tema es que el espíritu de la norma es darle la voz a estas comunidades que no tienen voz, que no tienen como hacer llegar su voz a las instancias de poder.

Hoy día pocas comunidades no tienen una autoridad como es un alcalde, un teniente alcalde, y por allí tienen una cadena de llegar hasta el gobierno regional o al Presidente de la República. Más aun con los medios de comunicación, etcétera, como para que suceda un abuso como había en el siglo XX o en el siglo XIX. Aun así, nosotros hemos dado la Ley porque creemos que todavía hay comunidades vulnerables.

En la visión del presidente el propósito de la Ley es facilitar la comunicación de los “sin voz” con las instancias de poder centralizado dentro de una jerarquía que tiene al presidente como su máxima expresión. Se trata de asegurar que desde el poder se proteja la integridad de las “comunidades vulnerables” de “abusos” que cada vez serían más raros en el S. XXI debido los mayores niveles de integración de “los vulnerables sin voz” a la estructura administrativa y de gobierno del Estado.

El presidente tuerce así el espíritu de la Ley desconociendo las razones que dan origen al derecho a la consulta expresadas en el Convenio 169 de la OIT. Por el contario, afirma una voluntad asimilacionista que ignora la diferencia cultural y el derecho que esta origina, así como la densa historia de relaciones conflictivas entre el Estado y los pueblos indígenas en el proceso de construcción de la república.

Al final de la entrevista el presidente ratifica esta visión cuando plantea que “hoy día con la infraestructura y la modernidad estamos tratando de articular a todas la comunidades.” Su discurso plantea entonces que el problema de fondo es el de asimilar a los pueblos indígenas a la modernidad representada por un Estado que entiende el desarrollo como “infraestructura” pero no como autonomía y capacidad de decisión, no como derechos ciudadanos que otorgan voz, y no como voz que puede ser discrepante. Un discurso que opone el concepto de pueblo indígena al de modernidad. Esta falsa dicotomía ha sido bien analizada por Stephanie Rousseau en un artículo publicado en la Revista Argumentos del IEP.

Pero no siempre ha sido esta la visión del presidente. No estamos ante un discurso que revela ignorancia sino ante uno que está mutando. En setiembre de 2011 Humala dijo en Bagua (ver, el video publicado al inicio del post):

Hoy día podemos señalar que estamos dando un paso importante pero no es toda la tarea. El problema no se resuelve firmando una Ley, pero si es un inicio para resolver el problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy día? La construcción de una gran República que respete a todas sus nacionalidades: Aguarunas, Huambisas, Quechuas, Aymaras, y otras más, Awajún, y tantas otras que hay en todo el territorio nacional.

Y que el Estado que señala que es un Estado que representa a todas las culturas y nacionalidades, en la práctica solo está representando a una cultura, y no es la Awajún y no es la Aguaruna. Hoy día lo que queremos hacer con esta Ley es que su voz sea escuchada. Que sean tratados como ciudadanos y no como niñitos a los cuales no se les pregunta ni se les consulta nada.

En ese entonces el presidente concebía de otra forma el espíritu de la Ley y su propósito porque entendía de forma distinta “el problema” a resolver. Y el problema no era uno de comunicación con las altas esferas de poder, o de integración a un proyecto de modernización estatal, sino más bien el de la construcción de una república plural, de un estado verdaderamente intercultural y no monocultural, como históricamente ha sido y es aun el Estado peruano.

“El problema”, decía entonces, era complejo y requería de más que una Ley pues implicaba replantear las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, de tal forma que estos últimos fueran tratados como ciudadanos y no como “niñitos a los cuales no se les pregunta ni se les consulta nada”.

La mención a la ciudadanía no era casual. Ollanta Humala trataba de desmarcarse de la política del perro del hortelano que Alan García quiso imponer durante su gobierno. Esa política, delineada en tres artículos periodísticos publicados entre el 2008 y 2009 por el entonces presidente, afirmaba que las comunidades nativas y campesinas del Perú eran un obstáculo para el desarrollo y el progreso al comportarse como “perros del hortelano” que no hacían producir sus tierras ni tampoco permitían que otros, por ejemplo la industria maderera o gasífera o petrolera, las explotaran.

La política se tradujo en un conjunto de decretos legislativos, aprobados con facultades extraordinarias y sin debate previo en el Congreso, que facilitaban la expropiación de tierras de las comunidades nativas para agilizar las concesiones de territorios a la industria extractiva, y originaron el que sería el mayor conflicto político del gobierno Aprista: el conflicto en Bagua. Precisamente en el peor momento de este conflicto el ex presidente García dijo lo siguiente:

Las sociedades piden siempre a los Estados orden, y ya está bueno. Estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase, que puedan decir 400,000 nativos a 28 millones de peruanos ‘tú no tienes derecho de venir por aquí’, de ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado.

En sus declaraciones García asoció a las comunidades nativas con la irracionalidad, el primitivismo y el pasado, y las excluyó del conjunto de la nación al considerar que sus demandas e intereses no eran parte del interés público sino más bien contrapuestos a este. También les negó el estatus de ciudadanos plenos y el derecho a la discrepancia al decir que no eran ciudadanos de primera clase, como si la ciudadanía pudiera incluir “clases”.

Esta concepción de los pueblos indígenas es claramente discriminatoria porque llevada a la práctica excluye del debate público y de los procesos de toma de decisiones a grupos ciudadanos cuyos derechos ya estaban reconocidos y garantizados a nivel Constitucional desde 1994, cuando el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT.

El terrible desenlace del conflicto en Bagua, 34 personas asesinadas, hizo retroceder a Alan García y generó una fuerte corriente de opinión a favor de la reivindicación de los derechos de los pueblos, lo que permitió que se pusiera en la agenda pública el tema de la consulta previa y se elaborara un proyecto de ley que logró acuerdo unánime en el Congreso. Esta fue una importantísima victoria política de las comunidades nativas y campesinas del Perú que Alan García quiso escamotear al negarse a promulgar la Ley durante su gobierno.

Es de este discurso y de esta práctica que Humala trataba de distanciarse en setiembre de 2011.
Los pueblos indígenas como sujeto de derecho

Un segundo tema importante en el que el presidente Humala ha cambiado su discurso es el de los sujetos de derecho de la Ley de Consulta Previa. Como ha señalado acertadamente Javier Torres en su artículo “Confusiones presidenciales” de Diario 16, en la reciente entrevista el presidente recurrió a numerosas inexactitudes en relación a las comunidades campesinas y nativas incurriendo incluso en errores que son parte del discurso de empresarios mineros.

En su nueva visión, que como vimos asume que la Ley debe favorecer a las comunidades “no asimiladas” al proyecto modernizante del Estado monocultural, las comunidades están en proceso de desaparición debido justamente al avance de la “modernidad”.

Primero, en la costa, básicamente no hay comunidades nativas por el proceso de migración a la costa donde está el 60% de la población. ¿Qué comunidad nativa tienes? Por ejemplo Chilca, Chilca no es una comunidad nativa, ahí encuentras de todas partes del país, no? En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias, producto de la reforma agraria, etcétera. Más que todo comunidades nativas se dan en las zonas de selva con estas poblaciones que antiguamente se llamaban ‘no contactados’ pero hoy día con la infraestructura y la modernidad estamos tratando de articular a todas la comunidades.

En el mapa mental del presidente los sujetos de derecho de la ley de consulta están en proceso de desaparición y lo que hay que hacer es reforzar este proceso por la vía de la “articulación de todas las comunidades” con “la infraestructura y la modernidad”. No se trata pues de un argumento a favor del reconocimiento ni de la ampliación de derechos, sino todo lo contrario. Es una visión que defiende el recorte de derechos al cuestionar la categoría pueblos indígenas.

Esta perspectiva es contraria a lo que establece la propia Ley de Consulta en sus artículos 5, 6 y 7 en los que se establecen criterios objetivos y subjetivos para determinar en qué casos las comunidades andinas o nativas son sujetos de derecho. La Ley nada dice de la infraestructura, la articulación al Estado y la participación de la modernidad.

Y sin embargo, esta no ha sido siempre la visión del presidente. En Bagua, al promulgar la Ley, Humala afirmaba la existencia de múltiples nacionalidades “Aguarunas, Huambisas, Quechuas, Aymaras, y otras más, Awajún, y tantas otras que hay en todo el territorio nacional” y planteaba la necesidad de garantizar su derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones del Estado. Su mapa mental admitía la pluriculturalidad y la reconocía en todas las regiones del Perú.
El diálogo como nueva forma de establecer relaciones entre Estado y sociedad

En el 2011 Humala no solo reconocía la pluriculturalidad del Perú y afirmaba el derecho a la consulta de las diferentes “nacionalidades”, también creía en las bondades del diálogo como instrumento de gobierno para la toma de decisiones sobre temas debatibles que impactan de forma desigual en la ciudadanía e incluso en la naturaleza.

Eso implica un paso importante por parte de este gobierno, pero implicará un paso más importante todavía por parte de las nacionalidades, de las comunidades, para que puedan expresar su voluntad libre y soberanamente y no se dejen avasallar ni por los poderes económicos ni por los falsos liderazgos, porque es una Ley que implica resolver un problema de desarrollo, de desarrollo local, desarrollo regional, en todo el territorio nacional.

Y esa es la consulta que se quiere hacer, para que cuando tengamos diferentes temas de carácter regional haya una instancia que permita participar sin entrar en conflicto, que permita conversar, sentarnos a dialogar y de esa manera llegar a una solución pacífica y que beneficie a toda nuestra población pero también que beneficie a nuestra naturaleza, a nuestro hábitat natural. A nuestra agua, a nuestro cielo, a nuestros usos y nuestras costumbres.

En el 2013, el presidente ya no cree en el diálogo como medio para lograr un acuerdo, una visión común inclusiva de la pluralidad que evite la confrontación y la imposición. En su discurso han desaparecido las alusiones a la naturaleza, nuestro hábitat y los usos y costumbres, y la importancia de escuchar la voz de “las nacionalidades”.

Ahora se trata de asegurar “inversiones” imponiéndolas si es necesario, con la única preocupación de garantizar (¿cómo?) algunas cosas (¿agua y pastos como equivalente de la calidad de vida?) a quienes se van a perjudicar directamente (contaminación, pérdida de tierras y animales, alteración de sus formas de vida y de producción, entre otros).

O sea, si yo quiero invertir en una localidad y la comunidad me dice que no, pues las autoridades de gobierno pueden decir que sí y va la inversión pero, el gobierno debe asumir las responsabilidades de coberturar (sic) a estas comunidades esos factores que le pueden afectar esa inversión. El tema de agua, el tema de pastos para sus ganado, etcétera. Entonces nosotros tenemos que asegurar la calidad de vida de esas comunidades. Que nos parece perfecto.

Ahora el presidente participa de una visión integracionista, autoritaria y paternalista, en relación a los pueblos indígenas que conduce al recorte de derechos ciudadanos. De hecho, en la misma entrevista opinó en ese sentido sobre la controversia generada entre el cada vez más poderoso Ministerio de Energía y Minas y el cada vez menos decisivo Viceministerio de Interculturalidad por la (no) publicación de la lista de comunidades nativas y campesinas que deben ser consideradas pueblos indígenas, y por lo tanto, sujetos de derecho a la consulta.

Dijo el presidente: “lo que está habiendo ahora es un proceso de revisión de comunidades. No se trata de publicar hoy día y que mañana tengas medio Perú con comunidades”. Afirma así muy claramente su voluntad de recortar derechos por la vía de redefinir falazmente el concepto de pueblo indígena.

¿Será que el presidente se lamenta de haber promulgado la Ley pensando ahora que más que un paso adelante, es un paso hacia atrás y un problema? Humala no lo ha dicho exactamente así pero su Premier se ha referido a la Ley de Consulta Previa como una “traba” para las inversiones mineras. Esas declaraciones coinciden sustancialmente con las de Abraham Chahuán, CEO de la compañía minera Antamina, que ve la Ley de Consulta Previa como “todo un problema”. Así lo dijo en un desayuno jurídico empresarial:

Desde el punto de vista institucional, hay algunos aspectos que hay que discutir como país. Nos asimilamos al Convenio 169, que es la consulta previa, yo creo que sin saber dónde nos estábamos metiendo. Entonces hoy esa normativa representa todo un problema.

Queda claro que el discurso del presidente Humala ha cambiado su contenido y orientación y que se viene acercando notoriamente al discurso de importantes representantes del gremio minero, contrario al reconocimiento de los derechos Constitucionales de los pueblos indígenas que el Estado está obligado a garantizar.

Es un retroceso gravísimo que tuerce el espíritu de la Ley, le niega reconocimiento político a un sector importante de la sociedad, se deshace del diálogo como forma de relación entre Estado y sociedad, y por lo tanto afirma prácticas discriminatorias y excluyentes que lamentablemente tienen una larga historia de continuidad en el Perú. En este escenario, la llamada política de la inclusión social del gobierno de Humala se vacía de contenido y viene a denominar justamente lo opuesto: una política de exclusión social y política de grupos sociales específicos.

La pregunta que subsiste por ahora, en cuanto a la trayectoria de cambio que va siguiendo el discurso de Humala, es si ha de acercarse también al discurso del perro del hortelano de Alan García que afirmaba la existencia de ciudadanías diferenciadas y jerarquizadas. Veremos.
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*Carmen Ilizarbe es antropolitóloga interesada en las intersecciones entre política y cultura, y sus múltiples ramificaciones.
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Fuente: http://carmenilizarbe.wordpress.com/2013/05/15/el-gobierno-de-ollanta-humala-y-el-discurso-sobre-los-pueblos-indigenas/