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CONSEJO DE LOS PUEBLOS MAYAS DE OCCIDENTE[1]
“Por la defensa de la VIDA y el territorio”
Autoridades del Pueblo Maya de Occidente de Guatemala reunidos en Consejo manifestamos:
La apropiación de nuestras tierras y territorios, sigue siendo el método de dominación y Racismo en Guatemala. En la actualidad se manifiesta en la autorización de licencias de explotación minera de metales, construcción de hidroeléctricas, pozos petroleros y mega-proyectos en nuestros territorios.
La participación, la consulta y el consentimiento constituyen derechos fundamentales de los pueblos indígenas que deben ser respetados y garantizados por el Gobierno de Guatemala, para enfrentar el problema estructural de exclusión del pueblo Maya en los procesos de toma de decisiones sobre políticas, programas o planes desarrollo nacional. Sin embargo el Gobierno mantiene su práctica de imposición de políticas, programas de desarrollo sin nuestra participación y consentimiento.
La criminalización y la represión contra nuestras autoridades, ha sido la respuesta de la institucionalidad del Estado, al ejercicio de nuestros derechos colectivos regulados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
Nuestra oposición, se manifiesta a través de la organización, movilización, consultas comunitarias y acciones políticas y jurídicas; frente a la acción de los consorcios multinacionales y el Estado (expresión de la oligarquía nacional) sumiso o cómplice de las mismas. Todas estas acciones las consideramos una expresión de la voluntad política para hacer que se respeten y garanticen nuestros derechos, buscando superar las causas estructurales de la desigualdad económica y social en nuestro país.
La masacre del 4 de octubre y la repercusión que produjo en nuestros pueblos, nos obliga a continuar nuestro proceso de reconstitución y fortalecimiento de nuestras autoridades e instituciones propias; y exigir al gobierno de Guatemala que ajuste su actuación a las normas y principios regulados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La reforma Presidencial a la Constitución Política de la República, y la pretensión del gobierno en movilizar a los beneficiarios de los programas sociales -comunidades indígenas- para presionar al Congreso que apruebe de urgencia Nacional dichas reformas, es un mensaje claro de la Oligarquía guatemalteca en salvaguardar sus intereses económicos y de poder. Asimismo, las reformas a la Ley de Minería y al Magisterio, son políticas para consolidar el modelo económico de acumulación basado en los agro negocios: explotación minera, petrolera, hidroeléctricas que solo beneficia a un reducido estrato de la población guatemalteca; mientras las consecuencias como el despojo de nuestras tierras, los desalojos, el costo elevado de la energía eléctrica, la contaminación, la privatización de la educación las vivimos nosotros y nosotras.
Cabe mencionar, que las consecuencias del terremoto del pasado siete de noviembre del presente año, evidenció una vez más la desigualdad social histórica en que vivimos la gran mayoría de los Pueblos Indígenas en el Occidente del país. Nuestra experiencia (Mich, Stan) confirma que muchos se aprovechan de estas situaciones dramáticas, militarizando nuestros territorios para satisfacer sus necesidades políticas y económicas.
Por otro lado, grupos de poder e instituciones de gobierno fomentan la FOLCLORIZACIÓN del Oxlajuj B‘ak‘tun, utilizándolo con el fin de LUCRAR a través de la promoción turística y la presentación de espectáculos, los cuales, desde ningún punto de vista propician una interpretación adecuada a la cosmovisión maya de ayer y de hoy.
El Oxlajuj B’ak’tun es un tiempo para retomar la sabiduría ancestral y la búsqueda permanente del equilibrio que se ha perdido en la humanidad; un momento en que hay que trascender de un tiempo a otro, para elevar la conciencia de los seres humanos y reconocernos como tales, para alcanzar el entendimiento colectivo. Significa que debemos procurar que el ser humano sea “verdaderamente humano”, a través del entrelazamiento y respeto entre culturas y la valoración de la identidad de cada pueblo, ya que, sin esto, la vinculación del individuo con su realidad es imposible.
Por lo tanto, recurrimos a nuestros principios y procedimientos ancestrales de toma de decisión, y, en Consejo acordamos lo siguiente:
1. Ejercer nuestro derecho de libre determinación, mediante el proceso organizativo de cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas desde las bases, ejerciendo nuestras formas propias de gobierno, control y administración de nuestros territorios;
2. Rechazar las reformas constitucionales principalmente por negar nuestras nacionalidades, territorios y autoridades ancestrales;
3. Exigir a la Corte de Constitucionalidad declare inconstitucional la Ley de minería Vigente;
4. Apoyar las demandas de los institutos normalistas por una reforma educativa integral y participativa, como propuesta frente a la reforma planteada de manera unilateral por el Ejecutivo; y
5. Instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas, apoyen nuestra lucha por la implementación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en toda la legislación Nacional. Sin nuestra participación, el desarrollo integral sostenible y orientado hacia la erradicación de la pobreza, no será posible.
Atentamente,
Consejo de Pueblos de Occidente
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[1] Es la articulación de las autoridades e instituciones propias del Pueblo Maya en el Occidente de Guatemala: Consejo Mam (San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu), Consejo K’iche del Quiché, Consejo K’iche de Quetzaltenango, 48 Cantones de Totonicapán, Consejo de autoridades comunitarias de Momostenango, Asociación indígena de San Francisco el Alto, Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, Alcaldías Indígenas del Pueblo Ixil y Comunidades Kaqchikeles de Chimaltenango.