Imprimir
Enviar
La grave situación que vive la región del Catatumbo en estos días, es una explosión social acumulada en largos años de abandono estatal que no ha garantizado el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, mayoritariamente campesina. Desde la colonización petrolera iniciada hace ya 90 años, la prioridad allí siempre ha sido el saqueo de los recursos mineros y energéticos y, por lo tanto, la seguridad de las empresas que intervienen, por lo que ha sido permanente la utilización de las fuerzas militares y paramilitares por parte del establecimiento, con los altos niveles de victimización por todos conocidos. Y los esfuerzos propios de los catatumberos y las catatumberas por construirse un territorio para el Buen Vivir, han sido estigmatizados y desarticulados una y otra vez de manera violenta.
El tratamiento del Estado a la situación económica y social de la población no se ha modificado. A la par que impulsa ahora múltiples megaproyectos económicos de explotación integral de todos los recursos del Catatumbo, planea la consolidación del control militar del territorio, ampliando la presencia de las Fuerzas Armadas en todos sus componentes, centralizados en la Fuerza de Tarea Conjunta “Vulcano”, con sede en el municipio de Tibú, en la frontera con Venezuela. La respuesta violenta que el gobierno ha dado a la protesta social que hoy se desarrolla, se inscribe en esa estrategia.
Por tales razones, el Congreso de los Pueblos:
1. Responsabiliza al gobierno nacional de la muerte de los campesinos Edwin Franco Jaime, de 22 años de edad, y Yonel Jácome Ortiz, de 28 años, las heridas graves a más de una docena de ellos y los daños de los bienes materiales de la población. El constante señalamiento del gobierno sobre las tales “infiltraciones” sólo buscan justificar el tratamiento militar de la protesta social. Este manejo pretende legalizarse con la idea de que los civiles constituyen un blanco legítimo, como ha quedado expreso en la reforma al llamado “fuero militar”. Es lo que se ha aplicado con los disparos hechos por el ejército sobre la concentración campesina en Ocaña, Norte de Santander.
2. Reconoce y promueve todas las acciones que hoy construyen la territorialidad campesina, la cual es aceptada inclusive por la comunidad internacional, como derecho imprescindible para la sostenibilidad de una cultura que mantiene un gran porcentaje de la seguridad alimentaria y cuyo modelo productivo reduce el calentamiento global del planeta. Las identidades culturales son la base fundamental para un ordenamiento democrático de los territorios alrededor de los Planes de Vida integrales.
3. Llama al fortalecimiento de la articulación de los diversos procesos sociales regionales, para garantizar la defensa del territorio, la permanencia en él y para posibilitar la construcción comunitaria de las condiciones ambientales, sociales, económicas y políticas necesarias para la vida digna de los pueblos que los habitan. Y llama también a seguir moviendo de manera unitaria todos los conflictos, para enfrentar el modelo neoliberal y sus transnacionales que invaden nuestros territorios.
4. Exige del gobierno nacional la cancelación del Plan de Consolidación del Catatumbo que profundiza la militarización contra el pueblo en aras del denominado desarrollo; parar la criminal política de erradicación de los cultivos de uso ilícito; atender por fin las reclamaciones de las comunidades campesinas e indígenas y respetar el derecho de la población del Catatumbo a decidir el futuro de su región.
Bogotá, junio 25 de 2013
Congreso de los Pueblos
Construyendo país para la vida digna
Colombia -Martes, 25 de Junio de 2013
Congreso de los Pueblos
Propuesta de país para una vida digna
Comisión de Comunicaciones
E-mail: comunicaciones@congresodelospueblos.org
www.congresodelospueblos.org
Colombia.