Señales de las primarias presidenciales en Chile

El periodista residente en Chile Danilo Quijano da cuenta de los resultados de las primarias presidenciales realizadas el pasado 30 de junio, tras las que vuelve con cierta fuerza la expresidenta Michelle Bachelet a la arena electoral, y aporta algunas claves que se perciven de cara a los próximos comicios. Asu juicio, además de las principales coaliciones en liza, hay que tener en cuenta a los movimientos sociales organizados en torno a reivindicaciones como la educación gratuita y de calidad para todos, las asambleas ciudadanas de diversas regiones del país, o la autodeterminación para el pueblo mapuche, que constituyen las disyuntivas a despejar tras las próximas elecciones.
Las primarias presidenciales realizadas en Chile el pasado 30 de junio dan cuenta del retorno auspicioso de Michelle Bachelet, quien con el 73% los votos ganó a sus rivales al interior de la «nueva mayoría», denominación que alude a la centroizquierda organizada en «la concertación» y esta vez cuenta con la participación del Partido Comunista de Chile (PCCh). Por su lado, Pablo Longueira, connotado dirigente de la Unión Democrática Independiente (UDI), partido de prosapia conservadora y pinochetista, se impuso con el 51% de los votos en la «alianza por el cambio», coalición de centroderecha hoy en el ejercicio del gobierno.
Las primarias convocaron a 3.008.087 votantes, cifra cercana al 23% del total de la población en edad de votar, cuya inscripción en los registros electorales desde el año pasado es automática y el acto de sufragar voluntario. De aquellos, 2.139.472 y 806.656 participaron con su voto en la «nueva mayoría» y «alianza por el cambio», respectivamente. Lo que permite observar cierto arrastre electoral de la expresidenta y exdirectora ONU Mujeres, quien finalmente provocó la mayor participación de votantes en las primarias y consiguió la más alta votación dentro de su coalición.
Sin embargo, la candidata Bachelet no ganaría en la primera vuelta. Los sondeos de opinión coinciden en señalar que no supera el 45% de las intenciones de voto. Es decir, al igual que en las elecciones de 1999 y 2005, en las que Ricardo Lagos y ella misma ganaron en segunda vuelta con el 51,31% y 53,50% de los votos, respectivamente; en los próximos comicios un segmento de votantes que fluctúa en torno al 5% otra vez sería el fiel de la balanza electoral. Un porcentaje por igual difícil de captar para los candidatos de la «nueva mayoría» y la «alianza por el cambio», en circunstancias que se insinúa más de un 60% de absentismo electoral.
En el caso de la candidata Bachelet las dificultades también se relacionan con las tendencias que mostraron los resultados de las elecciones del 2009. Aquella vez, si bien es cierto que «la concertación» optó por su peor candidato en ese momento, el expresidente democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle; también es cierto que «la concertación» experimentó su primera fractura orgánica y electoral importante, con la configuración del Partido Progresista (PRO) y la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami, como resultado de su burocratización y esclerosis representativa centrada en cúpulas partidarias y hasta clanes o improntas familiares.
Esa vez en primera vuelta Enríquez-Ominami y Frei obtuvieron el 20,14% y 29,60%, respectivamente, y, en segunda vuelta, Frey alcanzó sólo el 48,39% y perdió frente al 51,61% que catapultó como presidente al empresario Sebastián Piñera, entonces candidato de la «alianza por el cambio».
En el caso del candidato Longueira, si bien tiene a su favor haber obtenido en las primarias recientes una votación superior a los porcentajes que le otorgaban los sondeos de opinión, inclusive mayores al de su oponente dentro de su coalición; por su abierta oposición a la «gratuidad» de la educación y a la Asamblea Constituyente, como por su imagen pinochetista en las filas de la derecha chilena, finalmente el 5% y más en disputa le podrían resultar esquivos.
Otro aspecto relevante que amerita ser tomado en cuenta son los movimientos sociales, sus propuestas y conflictos con relación al actual Gobierno Piñera y el anterior Gobierno Bachelet. En particular sus efectos en el imaginario electoral de los votantes. Como se recordará, fueron los estudiantes con sus asambleas permanentes y «revolución pingüina» (2006) los que ocasionaron la crisis ministerial del primer gabinete de la primera presidente mujer de Chile, e instalaron la idea de «una educación gratuita y de calidad para todos». Y, su denodada persistencia desde el 2011, es la que provocó la salida de tres ministros de educación durante la administración Piñera. Sobre todo, develó la mercantilización de la educación y de los sentidos de vida en el Chile postdictadura, y, a la vez, con sus propuestas le dio pertinencia y viabilidad a la Asamblea Constituyente.
Lo mismo es observable en las Asambleas Ciudadanas de las regiones de Magallanes (2011) y Aysén (2012). En Magallanes, con el rechazo al incremento del precio del gas y la demanda de una «efectiva regionalización y descentralización del país», concebida a partir de una Asamblea Constituyente, como la primera de un total de 22 demandas, y, en Aysén, sobre la base de proponer la rebaja en los precios del petróleo, gasolina, parafina, gas y leña, mejoras en infraestructura de salud regional y la creación de una universidad, entre otros puntos. Precisamente, es en ese contexto y perspectiva que concitó una creciente atención y apoyo nacional (2012) el rechazo al mega-proyecto HidroAysén y su aprobación (2011), el mismo que afectaría 5.900 hectáreas de áreas protegidas, alentado por los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera. Y, en el caso de las propuestas de varios referentes políticos del pueblo mapuche, su posible cabida en -o deriva hacia- una Asamblea Constituyente, que comprenda y admita su autodeterminación, autogobierno y recuperación de sus territorios ancestrales.
Hilvanando los movimientos sociales con el comportamiento electoral, se puede conjeturar que los conflictos sociales son conducentes a una democracia concebida y realizable como la redistribución efectiva y continua del poder a escala comunal, regional y nacional, y, que esa misma democracia implica un cambio en la posición subjetiva de las gentes, clases y pueblos, como es el caso de radicar en sus comunidades y asambleas sus deliberaciones y decisiones, para definir el bien común y las políticas públicas y de estado, en buena cuenta el ejercicio mismo del gobierno. Por lo mismo, entonces, los movimientos sociales e iniciativas ciudadanas tendrán que decidir si persisten en profundizar, ampliar y mancomunar sus propuestas y democracia en ciernes, o si las morigeran y negocian, y, el próximo Gobierno tendrá que moverse en favor o en contra de aquella democracia otra y emergente, alentarla o reprimirla. Esas serían las disyuntivas después de las próximas elecciones en Chile.