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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, acogió el lunes pasado las denuncias de la comunidad Sarayacu contra el Estado por violación de derechos humanos.
Los Sarayacu, que tienen territorios en Pastaza, se oponen a la explotación petrolera en las tierras por parte de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC-Chevron), y acusan al Estado ecuatoriano de patrocinar los trabajos de la CGC a pesar de la oposición de la comunidad.
Patricia Gualinga, dirigente de los Sarayacu, aseguró que los miembros de la comunidad fueron víctimas de violencia y persecución por parte de la petrolera, que bloqueó las vías fluviales y terrestres de acceso a sus territorios, con la cooperación de comunidades que habitan en terrenos circundantes.
La CIDH emitió medidas cautelares que obligan al Estado ecuatoriano a responder por las acciones violentas contra los Sarayacu.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso iniciará hasta el viernes próximo investigaciones en los terrenos de la comunidad para establecer responsabilidades en las acciones violentas que se emprendieron contra los líderes Sarayacu y exigir al Estado que sancione a los responsables.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador presentó ayer una demanda multimillonaria contra la empresa petrolera Chevron-Texaco, acusándola de verter materiales tóxicos que habrían afectado ríos amazónicos y causado enfermedades.
Los abogados de los indígenas presentaron la demanda en la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja.
La querella exige una compensación de más de 1.000 millones de dólares a Chevron-Texaco, para la limpieza de los daños al ambiente y su impacto en la población.
