Protestas en las prisiones de Estados Unidos

Trato inhumano a reos en el país de las libertades
Luego de tres semanas, mil reclusos siguen en huelga de hambre en 11 cárceles de California
Miles de enterrados vivos han estado durante décadas en calabozos, denuncian
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Cárcel de Orange, California, estado donde hay alrededor de 40 mil prisionerosFoto Reuters
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 26 de julio de 2013, p. 2
Nueva York, 25 julio.

Cuando en más de 20 de las 33 prisiones de California unos 30 mil reos comenzaron una huelga de hambre –el pasado 8 de julio– para demandar cambios en sus condiciones infrahumanas, sobre todo las de los miles de enterrados vivos en confinamiento solitario, donde muchos han permanecido en calabozos durante décadas, se destacó de nuevo que el país que suele autoproclamarse faro de la libertad en el mundo es el que tiene más habitantes en la cárcel.

Casi 10 días después de empezar la protesta, unos 2 mi 500 reos continuaban en huelga de hambre en 15 prisiones; en la tercera semana, la acción es seguida por unos mil reos en 11 cárceles.

Aunque esta semana las condiciones no han cambiado, a pesar de pláticas con las autoridades estatales, los miles de reos en California lograron, desde celdas aisladas en algunas de las prisiones más famosas del mundo, que se reanudara una vez más el debate público sobre un sistema que ha encerrado en jaulas a un número sin precedente de seres humanos en la historia.

El aislamiento provoca daño permanente, alertan expertos

Unos 2.3 millones están encarcelados en esta nación, lo que en términos absolutos y como porcentaje de población la coloca en primer lugar en el mundo. En este país reside 5 por ciento de la población del planeta.

Jules Sobel, presidente del Centro por Derechos Constitucionales (CCR) y uno de los abogados que representan a prisioneros en Pelican Bay y han presentado una demanda legal contra el aislamiento solitario, comenta que algunos de sus clientes han estado más de dos décadas en celdas sin ventanas, sin llamadas telefónicas ni con sus abogados (sólo con autorización de un tribunal cada vez), sus familias o amigos, en lo que llama una práctica inhumana que en California llevan al extremo.

Algunos expertos afirman que este trato provoca daño permanente a la salud mental de los reos. Aunque quienes viven en aislamiento en las prisiones de California sólo representan 5 por ciento de la población encarcelada en el estado, entre ellos ocurre casi 50 por ciento de los suicidios, reportó Wired.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas publicado en 2011 dice que dicha situación de confinamiento puede llegar a ser tortura, y propuso la prohibición de estancias en aislamiento mayores de 15 días, informa el New York Times; agrega que en California la estancia promedio es de siete años.

Es la tercera vez en dos años que se ha realizado una huelga de hambre masiva en las prisiones de esa entidad. Las familias también se sumaron a las acciones. Las autoridades amenazaron a los participantes con más castigo, incluyendo aislamiento solitario, y con negarles visitas. Hace unos días trasladaron a 14 líderes de la protesta a una sección aún más aislada, negándoles acceso a noticieros y confiscaron algunos de sus documentos legales, según uno de sus abogados.

Cuatro días después de iniciarse la huelga, Mutope Duguma, uno de los líderes de la protesta, envío una carta a la red de solidaridad de los prisioneros informando que los guardias llegaron y sacaron a su compañero de celda para llevárselo a lo que llaman la fila del infierno, que son celdas donde hay mayor privación sensorial y tortura para aquellos ya en aislamiento prolongado. “En la fila del infierno se trata de romper el espíritu de uno… con el propósito de que se reviente”, señala, y asegura que cada quien logrará enfrentar este castigo, ya que todos entendemos que debemos hacerlo para revelar lo que hemos estado sufriendo durante años sin justa razón, y, por tanto, no tenemos otra opción más que protestar de manera pacífica. Bueno, quería que todos supieran que a pesar de nuestras circunstancias estamos fuertes.

Amnistía Internacional denunció esta semana las acciones punitivas contra los prisioneros en huelga de hambre. Dijo que las autoridades están violando obligaciones internacionales de derechos humanos. Angela Wright, investigadora del organismo, declaró que los prisioneros que están buscando el fin de condiciones inhumanas, no deberían ser sujetos a medidas punitivas por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Subrayó que el aislamiento prolongado bajo condiciones que sólo pueden ser caracterizadas como tratamiento cruel e inhumano es prohibido por el derecho internacional.

La semana pasada, las autoridades estatales prohibieron el ingreso a toda instalación carcelaria del estado a Marilyn McMahon, prominente abogada de defensa de derechos de prisioneros y directora de California Prison Focus. Además, es integrante del equipo de mediación creado para negociaciones entre los huelguistas y las autoridades, reportó Los Angeles Times.

Al entrar en su tercera semana esta acción de protesta, las autoridades ahora están negando acceso a las instalaciones a los medios de comunicación.

Por ahora, cientos de reos continúan desafiando a las autoridades en demanda de cambios en sus condiciones de reclusión, que son consideradas como violación de derechos humanos por organizaciones internacionales (el sitio de solidaridad con la acción es: Prisoner Hunger Strike Solidarity).

Para las prisiones que están sobrepobladas –el sistema que ahora aloja a más de 130 mil reos en California fue construido para 80 mil– a tal nivel, en mayo de 2011 la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que había condiciones inconstitucionales y ordenó que las autoridades seleccionaran a miles de reos para liberar, a fin de mejorar la situación, pero poco ha cambiado.
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Llenar cárceles con migrantes y negros, gran negocio privado
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Área común en la prisión para mujeres de Los Ángeles, California, donde debido a la sobrepoblación algunas reclusas no tienen celdaFoto Reuters
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 26 de julio de 2013, p. 3
Nueva York, 25 de julio.

El dramático incremento de encarcelación en Estados Unidos no corresponde a un aumento en la tasa de criminalidad, sino más bien a nuevas leyes y políticas impulsadas por políticos federales y estatales, bajo la consigna electoralmente efectiva de mano dura contra el crimen y ley y orden, impulsada a partir de los 70. En este contexto, la llamada guerra contra las drogas fue el mayor factor en el explosivo crecimiento de la población encarcelada, y con ello también se manifestó lo que no pocos críticos señalan como una guerra contra las minorías

Aproximadamente la mitad de los recluidos en prisiones federales están ahí por delitos no violentos relacionados con drogas ilícitas. Como consecuencia de la llamada guerra contra las drogas, el número de reos por transgresiones no violentas de normas antinarcóticos en las prisiones federales y estatales se ha incrementado mil 100 por ciento desde 1980. En 1989 había unos 40 mil encarcelados por crímenes relacionados con enervantes, actualmente suman casi 500 mil.

La disparidad racial en la aplicación de estas leyes antinarcóticos en el país ha sido ampliamente documentada: los afroestadunidenses representan entre 14 y 15 por ciento de los usuarios de droga ilícita, pero significan 37 por ciento de los arrestados por delitos relacionados con narcóticos, 59 por ciento de los condenados judicialmente y 74 por ciento de los que reciben sentencias penales, reporta el abogado de derechos civiles Alec Karakatsanis en un artículo publicado en The Guardian. El resultado de esto, afirma, es que “a 20 años o más del inicio de la ‘guerra contra las drogas’, Estados Unidos encarcela a negros a una tasa seis veces más alta que la de Sudáfrica en tiempos del apartheid”.

Michelle Alexander, profesora y reconocida autora del libro The New Jim Crow, sobre el racismo sistémico contemporáneo en este país, escribió que hay más hombres negros en las prisiones o cárceles, o en libertad condicional, que los que estaban esclavizados en 1850.

Es por ello que algunos critican la llamada guerra contra las drogas como una guerra contra los pobres y las minorías tanto al interior de este país como en su dimensión internacional.

En promedio, alojar a un reo cuesta entre 20 mil y 30 mil dólares al año, y la explosión de la población encarcelada ha contribuido a los graves déficit fiscales de gobiernos estatales en construir y operar prisiones. Según algunos cálculos, California gasta 2.5 veces más en sus prisioneros que en sus estudiantes, y cinco estados destinan más a su sistema penal que a educación universitaria, según Pew Center. Entre los estados y el gobierno federal gastan aproximadamente 74 mil millones cada año en el sistema penal, y casi 800 mil están empleados en ese sector.

Pero para algunos, esto representa un gran mercado. Con el auge en la industria carcelaria, este sector ahora se está privatizando, lo que genera cada vez más ganancias masivas, con empresas que insisten en contratos que definen que el cupo se debe mantener mayor a 90 por ciento (si no, el estado paga por la ausencia de reos), ya que las ganancias se generan por huésped en estos hoteles del infierno.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha estudiado el fenómeno y presentado demandas legales por abusos en las prisiones privadas, el número de reos en estas últimas se incrementó mil 600 por ciento entre 1990 y 2009, y actualmente empresas con fines de lucro se encargan de 6 por ciento de todos los prisioneros estatales, y de 16 por ciento de los federales. Casi 130 mil reos están ahora en prisiones estatales o federales operadas por empresas privadas. En 2010 y 2011, las dos firmas más grandes dedicadas al negocio de prisiones recibieran casi 3 mil millones en ingresos por año. La más grande, Corrections Corporation of America (CCA), opera 66 prisiones en 20 estados, con la segunda más grande, GEO Group, operando 65, reportó ProPublica, centro de periodismo de investigación.

CCA reportó a sus accionistas que su negocio depende de varios factores, incluyendo tasas de criminalidad y patrones de sentencias en Estados Unidos. O sea, el crecimiento en ganancias requiere de cada vez más reos y, por tanto, estas empresas invierten millones en cabildeo político para mantener altas las tasas de encarcelamiento y leyes que establecen condenas largas.

Pero ahora, el sector de mayor crecimiento en esta industria es el de inmigrantes arrestados por el gobierno federal, y las empresas privadas están a cargo de casi 50 por ciento de éstos. El Servicio de Inmigración encarcela aproximadamente 400 mil indocumentados cada año, y gasta casi 2 mil millones en estas operaciones.

Marc Mauer, director ejecutivo del Sentencing Project, comenta que al desacelerarse el crecimiento de prisiones en los últimos años, la industria de prisiones privadas está viendo cada vez más la detención de inmigrantes como fuente de ganancias. En Arizona, por ejemplo, la notoria legislación antimigrante promulgada en 2010 fue redactada en gran parte mediante los esfuerzos de empresas de prisiones privadas trabajando conjuntamente con el American Legislative Exchange Council (ALEC, organización dedicada a promover leyes estatales conservadoras y pro empresariales).

De hecho, ALEC ha logrado impulsar leyes en varios estados para explotar la mano de obra encarcelada no sólo para trabajos de gobierno, como era antes, sino para empresas privadas. Casi un millón de prisioneros trabajan ahora fabricando muebles, en los centros de atención telefónica, en rastros y en campos agrícolas, hasta en la fabricación de zapatos, a cambio de sueldos muy inferiores al mínimo; a veces les pagan sólo entre 93 centavos o menos de 5 dólares por día, reportan investigadores. O sea, ganan menos que trabajadores en China o en las maquiladoras en México.
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