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PEPE ACACHO
Ileana Almeida*
El gobierno debería solicitar a sus especialistas en el tema la explicación del verdadero significado de terrorismo y sabotaje. Si lo supiera tal vez se cuidaría de acusar tan a menudo y tan a la ligera a los líderes indígenas de cometer estos delitos. Si es que lo sabe, querría decir que los utiliza para presentar los hechos a su arbitrio y no como son en la realidad, lo que tendría como objetivo desarticular a las organizaciones indígenas, inmovilizar su lucha y denigrar sus ideales con el fin de desacreditarlas frente al país y el mundo.
Recurramos al diccionario: terrorismo es el uso sistemático del temor para coaccionar a la sociedad o a los gobiernos; es utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas. Esta definición no se puede aplicar a Pepe Acacho, que lo que hizo el 30 de septiembre del 2009, en Macas, fue alertar a su gente frente a la irrupción violenta de las fuerzas armadas para reprimir la protesta indígena contra la Ley de Aguas que se tramitaba en la Asamblea Nacional. También se le acusa del sabotaje. Volvemos al diccionario: sabotaje es una acción deliberada dirigida a debilitar a un enemigo mediante la destrucción material. ¿Acaso estuvo Pepe Acacho al tanto de la represión policial? ¿Sabía con anterioridad que el gobierno iba a reprimir de tal manera la acción de justa protesta? Pero además, se le quiere acusar de homicidio por la muerte de Bosco Wisuma que ocurrió en medio de la refriega. La viuda de este ha declarado que “la muerte de mi esposo no fue porque se mataron entre indígenas, no fue porque nuestra gente lo mató. Lo mató la policía.” Por su parte, el fiscal de Morona-Santiago, Humberto Tello, denunció que el día de la muerte de Wisuma recibió presiones del Ministerio de Gobierno para que dictara órdenes de prisión contra los dirigentes shuar. Tello narró que Wilson Navarrete llegó como delegado del Ministerio de Gobierno, según el CDES, Centro de Derechos Económicos y Sociales.
Pepe Acacho fue electo asambleísta por su pueblo, que cree en él, que lo quiere y admira; sin embargo, a dos meses de su elección, la corte de Morona-Santiago, llama a una nueva acción judicial. Se retoma el caso y el fiscal de esa provincia, miembro de Alianza País y precandidato a la alcaldía de Morona, pide prisión preventiva para Pepe Acacho. La verdad es que los indígenas levantaron la protesta en contra de la Ley de Aguas, promovida por el gobierno para garantizar el agua que necesitan las trasnacionales. Queda claro que el gobierno está empeñado en establecer un control total sobre los sectores sociales que critican su política, ante todo sobre aquellos que provocan el descontento de las trasnacionales. La esencia de la política oficial está orientada a explotar los recursos naturales, lo que aviva las contradicciones con el movimiento indígena, que en su mayor parte rechaza la política neocolonialista del régimen.
*Filóloga