El territorio 2. La propiedad de la tierra

La propiedad privada de la tierra – Rompiendo las cercas mentales
05/08/13 Por Sofía Monsalve Suárez – FIAN Internacional
Ecoportal

“Aunque cueste admitirlo, los saberes culturales ligados a la tenencia y la gestión colectiva de la tierra y los recursos naturales han ido desapareciendo y, en muchos casos, el mismo campesinado -sobre todo en el Norte – no puede imaginar otra cosa distinta a la propiedad privada de la tierra. Hay que subrayar el hecho de que incluso en los países industrializados no existe un derecho absoluto a la propiedad privada y -mejores o peores- siguen existiendo instrumentos de intervención pública. El presente artículo propone examinar los límites de la propia propiedad privada de la tierra como supuesta garantía de continuidad para las actividades campesinas y el desarrollo de la soberanía alimentaria, a la vez que presenta que, pese a todo, también en estos países, siguen existiendo formas colectivas/públicas de manejo de la tierra y los recursos naturales que se redescubren/reinventan ahora como una manera de enfrentar las crisis contemporáneas. No se trata de proponer fórmulas mágicas, ni soluciones homogéneas, sino de estimular la discusión sobre respuestas que sólo podrán ser encontradas en cada valle, cada bosque, comarca, país y región”.

Generalmente la propiedad privada de la tierra es defendida como la forma más segura y económicamente más eficiente de tenencia de la tierra. La definición precisa de los límites de la propiedad y toda la institucionalidad desarrollada en sociedades capitalistas (catastro, registro, códigos civiles, tribunales, etc.) para garantizar la protección especial del Estado a la propiedad privada -incluyendo la concepción de algunos sectores de que se trata de un derecho absoluto – hacen que sea vista como una de las formas más seguras de la tenencia de la tierra. Por otra parte, la capacidad que la propiedad privada le confiere al propietario/a de disponer sobre la tierra a su antojo, de controlar los bienes y el provecho que se derive de su usufructo y de transferir la propiedad a quien más le convenga son consideradas condiciones esenciales para estimular la iniciativa privada, las inversiones y el crecimiento, la productividad y la eficiencia económica.

La propiedad privada de la tierra pareciera estar en vías de constituirse en la forma principal de tenencia de la tierra en todo el mundo. Por lo menos así lo propagan algunos intereses. Los y las defensores de esta visión consideran que se trata de un proceso evolutivo con estatus casi que de ley natural: entre más desarrollada una sociedad, quiere decir, entre más urbanizada e industrializada, más necesidad tendrá de expandir la propiedad privada de la tierra. Esta visión, en combinación con los procesos sociales y económicos que han destruido o que hicieron fracasar formas de tenencia y manejo colectivo o público de la tierra, han calado profundamente en el imaginario cultural incluso de los y las campesinas mismas.

Pero como veremos la propiedad privada tiene limitaciones claras para asegurar la soberanía alimentaria, mientras que se debe recuperar el derecho de las comunidades al auto-gobierno de sus recursos naturales, entendido como un derecho a la libre determinación de los pueblos, lo cual no lo hace dependiente del Estado. Y al mismo tiempo, sí le impone restricciones a sus función reguladora, que siempre tiene que ir justificada por el bien común/público y por la garantía y realización de los derechos humanos, en este caso, de las y los campesinos.

Las ventas ‘voluntarias’ de tierra

Como cuentan Germán Jácome y Natalia Landivar, al entrar en el sector El Samán de la Ciudad de Quevedo, en la Provincia de Los Ríos en Ecuador. «se observa como el avance de las plantaciones de palma aceitera es notorio». Algunas tienen más de 10 años y otras son más actuales y se ubican en tierras que antes fueran de pequeños y medianos campesinos/as. Avanzadas tecnologías de drenaje, dragado de esteros y construcción de pozos profundos para extraer y almacenar agua para riego evidencian la presencia de una agroempresa. En septiembre de 2006 tres campesinos del sector El Samán -todos con títulos de propiedad de sus respectivas tierras- fueron calificados como invasores por un informe emitido por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) el cual procedió a emitir una orden de desalojo en contra de los campesinos. El INDA actuó de esta manera a raíz de una demanda presentada por un supuesto propietario de dichos predios. Si bien los campesinos lograron suspender el desalojo haciendo valer la legalidad de sus títulos, en los cuatro años que han transcurrido desde entonces, las empresas interesadas en adquirir estas tierras han recurrido a múltiples formas de presión y hostigamiento con el fin que los campesinos abandonen sus tierras. El asedio y el ambiente conflictivo terminaron obligando a dos de ellos a vender ‘voluntariamente’ sus tierras.

En este caso de nada les sirvió a los campesinos tener títulos de propiedad privada de la tierra. De nada sirvió que formalmente sus derechos sobre la tierra estuvieran claramente definidos y legalmente reconocidos. Las instituciones del Estado no fueron capaces de proteger los derechos a la tierra del campesinado bien sea por negligencia, por corrupción, o por complicidad con los intereses empresarios. Y si en algunos casos las instituciones del Estado cumplen con su obligación de proteger a los legales propietarios/as de la tierra, los intereses empresariales recurren entonces a otros métodos: la coacción y el hostigamiento hasta que los campesinos y las campesinas vendan ‘voluntariamente’ las tierras.

Podría decirse que casos como estos sólo pasan en los países empobrecidos donde los poderes de facto se ponen por encima del estado de derecho y las leyes; y que este no sería el caso de Europa. Puede ser que el empleo de la fuerza bruta no sea parte del menú de opciones para obligar al campesinado europeo a abandonar sus tierras el campesinado europeos también se ven forzado a vender ‘voluntariamente’ y abandonar sus tierras porque su manera de producir también es considerada ‘económicamente inviable’. Bien conocida es la estadística que cada hora desparece una explotación campesina europea. Una mezcla de bajos precios de los productos agropecuarios, altos costes de insumos y políticas de subsidios agropecuarios altamente discriminatorias contra la agricultura campesina y en favor de la agricultura empresarial son algunas de las causas.

La relatifundización de Europa

Las políticas agropecuarias que favorecen la producción industrial y a gran escala, y el concomitante abandono del campesinado europeo de sus tierras ha llevado a una reconcentración de la propiedad de la tierra en Europa. Las tierras campesinas en régimen de propiedad privada se transfieren a grandes productores o empresas sin mayor inconveniente. En Alemania, por ejemplo, entre 2003 y 2007 desaparecieron 45.000 explotaciones campesinas. Las fincas de más de 100 hectáreas pasaron a controlar en 2007 el 52% de la tierra agrícola, incrementando en 4 puntos su porcentaje con respecto a 2003. En Alemania oriental esta tendencia es aún más acentuada: las fincas con más de 500 hectáreas controlan, por ejemplo en el estado de Turingia el 72,9% de la superficie agrícola. Ante la sed actual de los fondos financieros de comprar tierras agrícolas en Alemania, los precios de la tierra están disparados y las perspectivas de mayor concentración de la tierra son abrumadoras.

Así pues queda claro que la propiedad privada de la tierra tampoco vale para proteger la agricultura campesina y/o el uso campesino de la tierra y los recursos naturales. El marco de políticas de protección y fomento de la agricultura campesina tiene que contar también con formas de regulación pública o colectiva para intervenir en la gestión de la tierra. Por ejemplo, deben existir mecanismos para intervenir en los mercados de tierra, y concretamente en la transferencia de los derechos sobre la tierra, con el fin de preservar suficiente tierra, agua y demás recursos naturales para que el campesinado pueda producir alimentos. Hay muchas formas para hacer esto como puede verse en el cuadro adjunto.

EJEMPLOS DE INTERVENCIÓN ESTATAL y/o COLECTIVA

-En Francia existe la SAFER, un organismo mixto (Estado y sociedad civil) con competencia para intervenir el mercado de tierras agrícolas. Así, si alguien quiere vender su tierra, la SAFER tiene prelación para comprar la finca en venta, y puede fijar el precio de venta en caso de que éste sobrepase los promedios usuales en la región.

-En Colombia, las poblaciones campesinas que fueron despojadas de sus tierras en el centro del país y fueron a colonizar tierras de la Amazonia colombiana lograron el reconocimiento legal de ‘Zonas de Reserva Campesina’. La propuesta fue diseñada con el fin de protegerles de perder nuevamente sus tierras a causa del endeudamiento con los comerciantes de insumos agrícolas y otros. Las familias tienen propiedad privada de una parcela, pero dentro de una zona debidamente demarcada como zona de reserva campesina en la que nadie puede acumular más de una cierta cantidad de tierra y en la que la gestión y el manejo de todo el territorio se realiza de manera colectiva.

-Y por supuesto están las formas colectivas de propiedad de la tierra, como el caso de los ejidos y las comunidades en México, donde las familias tienen derechos individuales de uso pero las decisiones sobre la transferencia de los derechos de uso son controladas por los órganos de gobierno de los ejidos y las comunidades.

La destrucción medioambiental

Otra de las limitaciones de un enfoque individualista de la propiedad de la tierra está relacionada con el uso sostenible de los recursos naturales para la producción de alimentos. Tomemos para ilustrar el caso la historia de la comunidad de Tekojoja en el distrito de Vaquería, en el departamento de Caaguazú, en Paraguay, recogido por la misión investigadora de FIAN y La Vía Campesina. La comunidad fue creada por la reforma agraria en 1976 pero sólo unas pocas parcelas recibieron títulos de propiedad. La mayoría de familias sólo tienen ‘derecheras’ o derechos de ocupación de sus tierras, los cuales son intransferibles. Su condición económica es precaria, y la falta de control por parte del Estado sobre sus propias tierras hace que la población de Tekojoja sea muy vulnerable a la introducción de un nuevo modo de producción mecanizado como el de la soja transgénica, que tanto afecta a los precios de la tierra, la situación laboral de la juventud y el medio ambiente.

Cuando la soja transgénica llegó a las comunidades cercanas a Tekojoja en el 2000 y 2001, el cambio fue asombroso. Separados de una zona mayoritariamente brasileña y sojera por un angosto arroyo, los pueblos del lado oeste sufrieron un avance repentino de intereses sojeros buscando tierras y ofreciendo mucho dinero por ellas. No importó que estas compras fueran ilegales, en abierta contradicción de varios artículos del Estatuto Agrario paraguayo. A medida que algunas personas de las comunidades vendían sus tierras a los intereses sojeros, otras familias campesinas se vieron obligadas a dejar sus tierras porque en los lotes de sus antiguos vecinos y vecinas ahora se fumigaba intensamente con agrotóxicos. En pocos años, muchas comunidades desaparecieron completamente; las escuelas se cerraron y la mayoría de la gente se trasladó a otros lugares.

«Los linderos de mi finca no la protegen del agua contaminada ni de los agrotóxicos que usan mis vecinos» –dice un campesino afectado, resumiendo así la dificultad que tiene la gestión exclusivamente privada de la tierra, sin ningún tipo de regulación pública o colectiva, para proteger un modelo de agricultura campesina frente a otro.

El cuidado de la Madre Tierra y el resurgimiento de los bienes comunes

Como hemos visto la naturaleza no funciona de manera fragmentada, lo cual debe de estar muy presente en el debate sobre el control de la tierra. Dicen los pueblos indígenas que «la naturaleza es un ser vivo y tiene sus ciclos propios de vida que debemos respetar si no queremos poner en peligro nuestra existencia», de ahí la propuesta de reconocer los derechos de la Madre Tierra. Por otra parte, es necesario reforzar los abordajes de manejo colectivo de recursos naturales que sean más apropiados para cuidar los ecosistemas.

Rescatar del olvido las instituciones campesinas que gobiernan los bienes comunes es uno de los grandes méritos de Elionor Ostrom, la mujer que ganó el Premio Nobel de economía en 2009. En sus investigaciones ella muestra cómo las familias campesinas de Suiza y de Japón aún mantienen sus sofisticados sistemas de tenencia y manejo colectivo de la tierra en zonas de montaña y praderas que les han permitido aprovechar y cuidar estos ecosistemas caracterizados por su fragilidad a lo largo de siglos enteros. No es que toda la tierra en estos países sea propiedad colectiva. El secreto radica en saber encontrar la mejor forma de tenencia para un cierto uso de la tierra en un cierto ecosistema. En el caso de las praderas de alta montaña alpina en Suiza, cerca de cuatro quintas partes de estas zonas están bajo régimen de tierra comunal, garantizando un uso sostenible de los recursos.

La experiencia de las Cooperativas Territoriales del norte de Holanda es también digna de mencionar en este marco. Las Cooperativas Territoriales surgieron en Holanda después de las crisis agrarias de los años ochenta y como una salida a las asfixiantes e inadecuadas regulaciones impuestas por el Estado. El objetivo era entonces transformar las relaciones entre éste y el campesinado de manera que fuera posible crear nuevas formas de auto-regulación y estrategias para negociar desarrollo rural. Las regulaciones ambientales, por ejemplo, eran altamente segmentadas, no eran consistentes y terminaban siendo una mera limitación para las unidades campesinas sin cumplir con el cometido de cuidar el ambiente. Por otra parte, es obvio que el agua y el aire puro no se producen en las fincas individuales. Así, la protección y el manejo del medio ambiente requieren cierta escala regional y coordinación. Las cooperativas entonces buscan construir ese espacio de cooperación regional que integre en las prácticas agrícolas actividades para el cuidado del medio ambiente, la naturaleza y el paisaje, al mismo tiempo que quieren democratizar las estructuras de gobernanza del mundo rural.

Las Cooperativas Territoriales, además, tienen un fuerte sentido de pertenencia a sus comunidades, han desarrollado un robusto tejido social no sólo para la producción agropecuaria y el manejo de los bienes comunes naturales, sino también para el manejo de otros asuntos políticos y sociales; por ejemplo, se comprometen a resolver los conflictos internos por su propia cuenta, resaltan la importancia de la unidad entre los seres humanos y la naturaleza, y se consideran, por lo tanto, guardianes y guardianas de las tierras de sus ancestros para las próximas generaciones; son conscientes de la responsabilidad especial que tienen de cultivar la tierra de una manera que respete la unidad entre los seres humanos y la naturaleza; y reclaman su derecho a participar en todas las decisiones que afecten sus áreas. La cooperativa territorial Noardlike Fryske Wâlden, por ejemplo, tiene cerca de 900 miembros, campesinas/os y no campesinas/os, y cubre un área apróximada de 50 mil hectáreas.

Los territorios campesinos

Experiencias similares a ésta en Holanda, e inspirados por las luchas indígenas por la tierra y el territorio han movido a los movimientos campesinos a lo largo y ancho de las Américas y de Asia a renovar su reinvindicación por la tierra en términos de territorio. El reciente congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo así lo discutió: «la reforma agraria del siglo XXI tiene que tener una dimensión territorial». Por territorio se entiende generalmente la manera como un determinado grupo/colectivo humano se apropia de su entorno bioecológico para satisfacer sus necesidades materiales y económicas, para construir sus relaciones sociales y políticas, y para desarrollar su cultura y su espiritualidad. El territorio comprende elementos dinámicos en el espacio y en el tiempo, de modo que está en permanente re-creación. El proceso de diálogo entre campesinos/as, pueblos indígenas, pescadoras/es, pastores/as nómadas, trabajadores/as rurales y comunidades tradicionales con respecto al tema de tierra y reforma agraria iniciado en Porto Alegre en el marco de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) y continuado en el Foro de Soberanía Alimentaria de Nyéleni tiene un eje articulador: el enfoque de territorio. El desafío ahora es dar a conocer las experiencias locales concretas, promover la discusión sobre este enfoque y proponer nuevas políticas de tierra y reforma agraria a nivel nacional e internacional.

Nota del Profesor J
Este artículo se anota en la corriente llamada de la “campesinación” de los indígenas, esto es una reforma agraria territorial inserta en el modelo neoinstitucional y debidamente “organizados”, tanto para decisiones políticas como económicas, como las cooperativas o la comunidad campesina. Nada se dice del destino o circulación de la producción ni del autoconsumo, que a veces allá arriba llaman de autosostenibilidad o sustentabilidad, o sea, un modelo que pueda “sostenerse” en el marco del capitalismo extractivista, ya que el estado resulta fundamental para el autor, la Vía Campesina, la Cloc y demás participantes de la conferencia de reforma agraria y “desarrollo rural”. Aunque algunos autores sostienen que los indígenas están disminuyendo, como fue el truco del censo en Bolivia y el que pretendieron instalar en Chile, la pugna al parecer radica en el desarrollo desde abajo de las formas de vida comunitaria autónomas del estado poor una parte y las corrientes como ésta que atan su reforma agraria y sus pseudo comunidades al mercado y al estado, dentro del contexto neoinstitucional, como hacen Correa en Ecuador y Morales en Bolivia, lo mismo que quiere también instalar el kirchnerismo en Argentina, es dcecir, los modelos político-.gubernamentales del nacional-populismo necesaris para la cohesión estatal. La idea del capital es amarrar el campo y su potencial productivo mediante la tecnología a la red global del capital, de donde el estado se nutre para distribuir prebendas a algunos sectores aliados del campo popular.

Ese mismo modelo es el que está proponiendo la guerrilla de las Farc al gobierno colombiano y por eso han podido llegar a algunos acuerdos mínimos. Catatumbo está mostrando que habrá que contar con el protagonismo de la gente del campo, donde la organización comunitaria autónoma se está abriendo paso con serios logros.