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Estado mexicano, parte del negocio criminal contra migrantes
La responsabilidad gubernamental no radica solamente en la omisión o connivencia ante la violencia del crimen organizado. El Estado es responsable de la expulsión masiva de su población hacia las fronteras.
Adazahira Chávez
Desinformémonos
México. El Estado no es cómplice solamente por omisión en las desapariciones forzadas de migrantes en tránsito por México, ya sean nacionales o de otros países. “Está en connivencia, hay participación”, afirma Camilo Pérez Bustillo, integrante del equipo de trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
No hay un país que sea responsable único de la violencia contra los migrantes. Se trata, explica el investigador, de una complicidad estructural transnacional entre los países de origen, tránsito y destino implicados, en la que a México le toca “hacer el trabajo sucio y ampliar la política migratoria de Estados Unidos en su propio territorio”, lo que nace de su ubicación geográfica respecto al resto de América Latina. La militarización de la frontera deja a las compañías estadunidenses privadas un negocio de cerca de 46 mil millones de dólares.
Los migrantes en tránsito por México son 95 por ciento centroamericanos de origen hondureño, nicaragüense, salvadoreño y guatemalteco, y la cifra está entre 400 mil -según cálculos independientes-, y un mínimo de 171 mil por año, de acuerdo con datos difundidos por el Estado mexicano. México detuvo tan sólo en 2009 a 65 mil personas en tránsito, y casi la totalidad fueron deportados.
Esto implica, define Pérez Bustillo, que México es el escenario de un movimiento forzado masivo de entre 400 mil y 800 mil personas anualmente -sumando las de origen mexicano y las de otros países. “Su criminalización las convierte en un mercado cautivo para las peores depredaciones de actores estatales y particulares coludidos para su explotación y abuso”, denuncia.
Para el académico, las muertes de migrantes en el desierto estadunidense y la violencia, muerte y extorsiones a su paso por México son resultado directo de la militarización de la frontera norte, ya que criminaliza a los flujos “ilegales” y las personas (incluyendo sectores especialmente vulnerables cómo mujeres, jóvenes y menores de edad, pueblos indígenas, minorías raciales, étnicas y religiosas), desvía su paso hacia el desierto de Sonora y los expone a la violencia del crimen organizado en México, y de los grupos paramilitares y la Patrulla Fronteriza en los Estados Unidos. Se calcula que cerca de 6 mil personas han muerto en su cruce a los Estados Unidos desde la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
La criminalización de la migración incluye el terror estatal y paramilitar contra las migrantes en tránsito por territorio mexicano, señala Pérez Bustillo. Se calculan cerca de 20 mil secuestros masivos de migrantes cada año desde 2007 – que deberían ser caracterizados como “desapariciones forzadas”, de acuerdo con el investigador.
Los casos estudiados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) muestran que a los migrantes se les cobra un promedio de 2 mil 500 dólares a cambio de su liberación, lo que lleva al organismo a estimar que los grupos criminales ganaron aproximadamente 25 millones de dólares por la industria del secuestro en el período de seis meses que cubrió el informe. Las autoridades mexicanas también lucran con las extorsiones a los migrantes: “Se sabe que participan en las reparticiones del botín”, declara Pérez Bustillo.
Complicidades oficiales
Las complicidades estatales con el crimen que extorsiona a los migrantes fueron señaladas por Jorge Bustamante, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el tema de los derechos de las migrantes, quien en un informe difundido en junio de 2008 señaló que: “la migración transnacional sigue siendo un negocio en México, gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas, con la colaboración de las autoridades locales, municipales, estatales y federales… Con la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles del gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las redes de bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra los migrantes continúan”.
Pérez Bustillo explica que el informe de la CNDH sobre los secuestros entre 2008 y 2009, se señaló la participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes, así como 99 casos donde los migrantes mencionaron que mientras fueron retenidos, tenían conocimiento de que la policía estaba en contacto con los secuestradores.
Un caso paradigmático de la violencia contra migrantes es la masacre de San Fernando, ocurrida en el norteño estado de Tamaulipas en 2010 –cuando 72 migrantes fueron asesinados por el crimen organizado. “No es posible que el gobierno no esté enterado de que grupos de decenas de personas son secuestradas bajo sus narices. Además hay una impunidad total del Estado: al día de hoy no hay un solo responsable indiciado por este hecho. Es mínimo negligente, pero mucho más. Es responsable”, acusa Pérez Bustillo. Esta masacre solamente es comparable a la ocurrida en Acteal en 1997, considera el jurista.
La responsabilidad gubernamental no radica solamente en la omisión o connivencia ante la violencia del crimen organizado. El Estado mexicano es responsable de la expulsión masiva de su población, señala el investigador, pues existen más de 30 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos -60 por ciento del total de latinoamericanos en ese país norteamericano. La situación no ha cambiado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien no ha hecho una sola declaración relevante al respecto, acusa el investigador. “Se trata de un PRI (Partido Revolucionario Institucional) experto en posicionarse en el tema de derechos humanos, y con una retórica soberanista vieja”, acusa.
Seres “desechables”
Para los Estados, los seres humanos son mercancía desechable, define el investigador, lo que explica su comportamiento “criminal” ante el fenómeno. “Los migrantes son estructuralmente necesarios para generar riqueza, pero coyunturalmente desechables porque siempre habrá más”, señala el investigador, que compara las masacres con los viajes de barcos de esclavos o “negreros”, donde las personas eran arrojadas al mar cuando se volvía “costoso” mantenerlas por enfermedad o escasez de comida.
“Mientras siga habiendo megaproyectos y políticas económicas que expulsen a la gente de sus lugares, habrá más migrantes. Ésa es la lógica de este exterminio”, afirma. “Lo que más exporta México, por ejemplo, es a su gente”.
Las organizaciones que trabajan en el capítulo de Migraciones y Desplazamientos Forzados del TPP, ante la violencia contra los migrantes, proponen como salida la solidaridad, la hospitalidad, la asistencia, el refugio y el derecho a la reunificación familiar. El TPP será, de acuerdo con Pérez Bustillo, un espacio para construir justicia alternativa, “donde los pueblos juzguen a los Estados para exigir justicia en nombre de los derechos de los pueblos”, finaliza el investigador.
La preaudiencia del tribunal tendrá lugar del 19 al 23 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la Ciudad de México.