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Honduras: Masacre de Indígenas Tolupanes y la ausencia de la Aplicación del Consentimiento Previo Libre e Informado.
Publicado en agosto 27, 2013 de ofraneh
La masacre de indígenas de la Tribu Tolupan de San Francisco de Locomapa, cometida en Locomapa, Yoro el pasado 25 de agosto, demuestra una vez más la guerra por la explotación de los bienes comunes que se está librando en Honduras, especialmente en el territorio de los pueblos indígenas, los que nos encontramos a merced de la elite de poder y grupos asociados con el crimen organizado.
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, fueron asesinados por sicarios al servicio de mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica. Los occisos participaban en una toma de la carretera desde hace 12 días, con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral
En los últimos tres años en Honduras en nombre de un supuesto “desarrollo” se ha intensificado la minería y construcción masiva de represas, muchos de estos proyectos son promovidos por funcionarios estatales asociados con la actual administración; mientras los pueblos indígenas se encuentran totalmente desprotegidos ante el desconocimiento estatal del Derecho a la Consulta previa, Libre e Informada (CPLI).
Los Tolupanes han padecido de una violencia sistemática, con mas de medio centenar de víctimas en los últimos 20 años, sin que exista hasta la fecha una investigación fehaciente sobre esos crímenes y mucho menos se haya judicializado alguna persona respecto a estos crímenes. Aparentemente los sicarios implicados en la reciente masacre de los herman@s Tolupanes han manifestado que existen otros defensores de los bienes comunes en Locomapa que serán ejecutados.
La Tribu de Locomapa en una carta pública de julio de 2012, dirigida al Misterio de Justicia y la Secretaria de Pueblos indígenas (SEDINAFROH), denunció la intervención del maderero Kenton Landa Úcles, el cual introdujo maquinaria para la destrucción del bosque, además de una serie de arrestos ilegales y amenazas de muerte a los miembros de la comunidad opuestos a la destrucción del bosque y la minería.
En nuestro país se anteponen los derechos individuales a los derechos colectivos, existiendo obvias prerrogativas para la elite de poder y los grupos asociados con el crimen organizado, quienes muchas veces cuentan con el apoyo de diputados, militares y empresarios. El estado fallido inducido que vivimos en Honduras y la inexistencia del derecho al debido proceso, además de la asimetría económica existente, dificulta la defensa de los pueblos sus territorios y culturas.
La enorme vulnerabilidad del pueblo Tolupan ante las agresiones de aquellos que vienen explotando el bosque y los minerales, se agrava con el colapso que padece el país en materia de seguridad y justicia.
El desconocimiento del CPLI viene generando una sistemática violacion a los derechos humanos, sin tener en cuenta las cosmovisiones de nuestro pueblos y el ejercicio de la propiedad comunitaria, el que frecuentemente es pisoteado y violentado por el Estado de Honduras. A pesar de la existencia de una serie de instancias gubernamentales que se suponen defienden los derechos de los pueblos indígenas, estas suelen recaer en un silencio cómplice, permitiendo de esta forma las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que “el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados”. Agrega además la CIDH, que “el reconocimiento oficial del dominio por los pueblos indígenas sobre sus territorios no es un acto discrecional y libre de la voluntad estatal, sino una obligación. Desafortunadamente el Estado de Honduras no ha adoptado las medidas efectivas para reconocer el derecho de propiedad comunal de los pueblos sobre las tierras que tradicionalmente hemos ocupado y usado; al contrario desde el mismo Estado se esta promoviendo la destrucción de nuestros territorios y de nuestros pueblos, cuando se están aprobando Leyes tales como: Ley RED-ZEDE, Ley de Reconversión de la Deuda (Ley Hipoteca), El convenio con el grupo BG de exploración y explotación de hidrocarburos y el programa REDD+.
En Honduras podemos afirmar que existe una política de estado de apropiarse de los territorios de los pueblos indígenas, para su entrega a empresarios nacionales y el capital extranjero, dando lugar a una estrategia de violencia en contra de los pueblos indígenas. El reciente asesinato el pasado 15 de julio del indígena Lenca Tomas García, a manos de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuando se encontraba en una toma por la defensa del Río Blanco, demuestra la indiscutible protección del Estado a empresarios e inversionistas extranjeros y la criminalización de la protesta social.
Exigimos la protección de los Tolupanes de la Tribu San Francisco Locomapa, sobre todo a los compañer@s Jose Maria Pineda, Vilma Consuelo Soto, Ramon Matute, Sergio Avila, Celso Cabrera y Elvin Enamorado, quienes están sufriendo persecución únicamente por defender los bienes comunes de su pueblo; así mismo exigimos investigación y castigo a los culpables de los hechos acontecidos el 25 de agosto.
Sambo Creek, 27 de Agosto del 2013
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, ODHPINH
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Agua Zarca, Honduras: la negación del derecho a la consulta y la Criminalización de los Pueblos Indígenas
Publicado en agosto 13, 2013 de ofraneh
El asesinato el pasado 15 de julio de Tomas García y las heridas infrigidas a su hijo Allen García, a manos de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, señalan la violencia estructural existente en Honduras y el inicio de una clara ofensiva en contra de los pueblos y comunidades que se resisten al saqueo de su territorio y la madre tierra.
Previo al asesinato de Tomas Garcia, comenzó una campaña de intimidación y criminalización de los líderes(as) del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuando el pasado 25 de mayo les fue plantada un arma en el vehículo que se conducían Bertha Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina pretexto que ha servido para perseguir a las voces que con valentía vienen defendiendo a los pueblos indígenas y sus territorios.
El territorio Lenca atraviesa por una entrega sin precedentes de sus cuencas hidrográficas y yacimientos mineros al capital nacional y extranjero, situación que se repite a lo largo y ancho del istmo centroamericano, donde los 59 pueblos indígenas se ven acosados por los estados nación, que en nombre de un supuesto desarrollo y cambios de matríz de producción energética, desconocen Convenios y Tratados internacionales además en ciertos casos los títulos de propiedad previamente otorgados.
Dictadura civil en Honduras, y el saqueo de los pueblos indígenas.
A partir del golpe de Estado del año 2009, se han emitido una serie de leyes que afectan a los pueblos indígenas del país, socavando los derechos territoriales y culturales, poniendo en peligro nuestra sobreviviencia como culturas diferenciadas.
Desde el Plan de País, el Plan de Nación, los Decretos de Energía Limpia, pasando por la inconstitucional Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), transformada en la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y la recientemente aprobada Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, forman parte de una subasta premeditada del territorio nacional al capital extranjero.
El pueblo Lenca, al igual que los restantes pueblos indígenas del país, sufrimos una siniestra agresión estatal, disfrazada como planes de desarrollo, sin que en ningún momento se hubiera efectuado la Consulta, Previa, Libre e Informada, consignado en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unida sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés).
En una audiencia efectuada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington en octubre del 2011, bajo el nombre de Violaciones de derechos humanos en el marco de las concesiones de recursos naturales en Honduras, una abogada de la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), señaló la existencia de un compromiso adquirido por el Estado y el COPINH para tener en marzo del 2012, un reglamento del derecho a la consulta. La mayoría de los argumentos presentados por el Estado ante la CIDH se convirtieron en promesas y falacias, destinadas a crear una cortina de humo sobre las verdaderas intenciones de la actual administración de rematar el país.
Entre los mayores desastres de la actual administración es la entrega de la Moskitia, donde están procediendo a destruir el río Patuca, sin haber consultado en forma adecuada los pueblos afectados. El Banco Interamericano de desarrollo (BID) financió un estudio independiente, el que indiscutiblemente señala la inexistencia de un proceso de Consulta, Previa, Libre e Informada. De igual manera ha sucedido con los yacimientos de hidrocarburos en la zona económica exclusiva, situación en la cual pretende el Estado efectuar a posteriori una socialización y consulta.
Uno de los episodios mas vergonzosa en relación a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Honduras, es la mascare acontecida en el río Patuca el 18 de mayo del 2012, con un desenlace fatal de cuatro muertos y tres heridos. Tanto la embajada de Estados Unidos, La DEA y las autoridades hondureñas han eludido hasta la fecha, asumir responsabilidad por los crímenes cometidos.
La administración Lobo, y la persecución de Berta Cáceres.
Con dos días de antelación, Casa presidencial efectuó el trillado ritual de poder asociado con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas parte del santoral (efemérides) de Naciones Unidad, donde Lobo señalo que “ no es justo ir a quitarles los recursos naturales ”. Como parte de lavado de imagen post golpe de estado, Lobo creo dos ministerios de cartón: La Secretaría de Justicia y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, promovido este último por la afroderecha. Estos espacios ampliamente publicitados como logros de la actual administración se han convertido en cómplices de las violaciones a los derechos humanos y los despojos causados a través de leyes, decretos y concesiones que viene recetando Lobo como una salida a la grave crisis económica que atraviesa el país.
A partir del golpe a la Corte Suprema de Justicia desde el Congreso Nacional, cuando destituyeron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en Honduras se anuló el debido proceso. El caso de Bertha Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina quedó en manos de un sistema jurídico que además de corrupto está totalmente parcializado a favor de la elite de poder y el capital extranjero. Condenar a Berta y demás líderes del COPINH se convierte en una muestra mas de la faceta represiva de la actual dictadura civil existente en Honduras.
Vallecito, Limón, Colón 13 de Agosto del 2013
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH