Los nahuas de Ayotitlán, una historia de violencia y lucha por el territorio

Los nahuas de Ayotitlán, una historia de violencia y lucha por el territorio

En la región nahua de Ayotitlán es clara la existencia de una defensa histórica de su territorio, que se ha transformado en iniciativas diversas con las cuales han buscado salvaguardar el espacio para vivir desde sus formas de ver el mundo.
Ernenek Mejía, con la colaboración de Afra Mejía
Desinformémonos

En la madrugada del pasado 21 de agosto, fue detenido Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo de Mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán, quien ha denunciado constantemente tanto la explotación ilegal como el impacto ambiental y social que generan las diversas empresas mineras y madereras en la Sierra de Manantlán. A solo unos días de haber denunciado en la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso la situación de violencia y hostigamiento que viven en la región los nahua de Jalisco, un comando de cinco camionetas con hombres armados detuvo al representante de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Ayotitlán en uno de los caminos vecinales cuando se dirigía a la casa de un compañero para iniciar la labor.

En un primer momento su detención generó alarma porque en la zona se han presentado casos de desapariciones forzadas. Uno de los más recientes el de Celedonio Monroy Prudencio, otro de los opositores indígena a las mineras, a quien el 23 de octubre de 2012, ocho hombres armados y encapuchados llegaron en tres vehículos a la casa del activista nahua y lo subieron a la fuerza en una camioneta, hasta el momento sigue desaparecido. El mismo Gaudencio Mancilla el 17 de junio pasado sufrió un conato de secuestro mientras estaba en su domicilio a donde llegó un comando armado escoltado por una patrulla del municipio. Logró escapa internándose al monte, pero los hombres dejaron con su familia la amenaza en la que sentenciaban que de impedir la extracción de hierro “nunca lo van a volver a ver”, hecho que lo llevó a recibir un protocolo espacial de protección del gobierno por correr peligro su vida.

La mañana posterior a la detención se supo que no había sido levantado sino detenido por policías municipales y estatales. Gaudencio cuenta que desde el primer momento del arresto fue violentado físicamente y verbalmente, a pesar de explicar que iba a casa de Gerónimo Flores Elías para trabajar. Mientras lo tenían amagado, sin motivo alguno, los policías también detuvieron a su compañero, seguido del cateo de las tres casas del poblado de Tierras Negras. Después se dirigieron a la casa de Gaudencio, en la comunidad de La Guayaba, rompieron la puerta de entrada, hicieron destrozos, robaron pertenencias y detuvieron al hermano de Gaudencio, Bonifacio Mancilla, además de llevarse diversos documentos clave en los juicios que ha liderado el Consejo de Mayores, entre los que estaba el expediente agrario en el que se dictaminan las 16mil hectáreas complementares asignadas al ejido de Ayotitlán y que nunca les fueron entregadas, documentos sobre la conformación de comités de Derechos Humanos en la Sierra, así como de las archivo sobre las reuniones con integrantes del Comité Técnico para la creación de la policía Comunitaria de Ayotitlán en el que participaron en un evento público tanto autoridades del gobierno y el ejército, como miembros de organizaciones no gubernamentales y civiles.

Al no encontrar como culparlo, Gaudencio fue arrestado por porte ilegal de arma de fuego y trasladado de la región de Ayotitlán a las oficinas de la policía investigadora de Cuautitlán en la cabecera municipal, lugar el que fue golpeado para aceptar que estaba creando una policía comunitaria, siendo finalmente trasladado a la ciudad de Guadalajara. Antes de llegar a la ciudad, en una zona conurbada, Gaudencio fue intercambiado de vehículo a una combi que relata se encontraba equipada con instrumentos que usaron para golpearlo nuevamente con el fin de que declarara su participación en la policía de los nahuas, la compra de armamento para esta organización y aceptara que, en colaboración con el representante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, miembros del Universidad de Guadalajara y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estarían creando una fuerza policiaca comunitaria entre los nahua.

Al mismo tiempo que Gaudencio era golpeado, en diversos medios de comunicación ya se divulgaba la información ofrecida por las autoridades de que se había detenido al responsable de estar “iniciando una policía comunitaria en aquella región del estado”, que además “tenía entre sus pertenencias algunos documentos que lo relacionaban con la formación de un grupo armado, y él mismo habría confesado que estaban por iniciar con la compra de armamento.”

Sin pruebas para demostrar la culpabilidad de Gaudencio de las acusaciones y frente a la rapidita circulación de información en medios independientes de la desaparición y detención ilegal del representante nahua galardonado en 2008 con el premio Francisco Tenamaxtle de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el representante nahua fue trasladado de la Fiscalía General del Estado a la Procuraduría General de la República, acusado únicamente del uso ilegal de arma de fuego y liberado con una fianza menor.

Visiblemente golpeado, el representante legal del Consejo de Mayores salió de la cárcel para regresar a su comunidad, dando antes una rueda de prensa en la que describió los hechos, exigió a las autoridades el “trato como personas” de los indígenas, declaró tratarse la acción contra su persona de un acto de intimidación por “un asunto de minas” y afirmó que lo más importante en el momento era regresar a las comunidades para saber si otros habían sido intimidados y mostrar que continuaba vivo para seguir enfrentado a autoridades, políticos e intereses económicos que buscan usufruir ilegal e ilegítimamente los recursos naturales del territorio indígena.

Con la explotación de bosques, la defensa de la comunidad

Pese a lo grave de los hechos, la detención irregular de Gaudencio Mancilla no es una situación desconocida para los nahuas, como tampoco lo son las amenazas y la violencia que vuelven cada vez que nuevas iniciativas de explotación de recursos naturales se instalan en la región. Un territorio que al no ser para los indígenas un simple bien económico, sino el espacio que habitan y el cual les permite vivir bajo su propia forma de entender y organizar el mundo, los lleva a oponerse contra los emprendimientos incompatibles con sus principios de vida como nahuas y campesinos.

Estas tenciones cíclicas entre “invasores” e indígenas han llevado a diversos momentos de confrontación a transformarse en memorias revividas en cada nueva situación de “defensa de la comunidad”. El punto de partida de estas narrativas es siempre la República de Indios de Ayotitlán, un espacio indígena reconocido en la época colonial con autoridades y territorio propio, que les permitió durante largo tiempo reproducir lo que llaman de trabajo “en común” y gobernarse por “la mayoría”, además de haberles ofrecido, una vez extintas estas repúblicas con las leyes liberales, el argumento legal y legitimo para exigir su derecho a la tierra.

En el expediente agrario de Ayotitlán se pueden ver las señales de estos enfrentamientos a lo largo del tiempo. Desde los primeros documentos se muestran la disputa por el territorio, un expediente que comienza en 1921 con la solicitud de la restitución de tierras en la que “los naturales de Ayotitlán” piden de vuelta las tierras expropiadas por el gobierno por falta de pagos en impuestos, vendidas a hacendados que se dedicaban, entre otras actividades, a la explotación de maderas.

También se registra en los documentos que las tierras indígenas continuaron siendo vendidas al mejor postor por las autoridades municipales y del estado durante décadas. Ese momento es recordado por los viejos como un tiempo de persecución principalmente de los pobladores de la comunidad de Tenamaxcla, localidad donde “los mayores”, partidarios del agrarismo, habían conseguido el reconocimiento de comisaria municipal, permitiéndoles resolver a ellos mismos los problemas locales. Pero “los mayores” también usaban ese poder para evitar la extracción de maderas interponiendo demandas y denuncias en diversas instancias, generando una fuerte rivalidad con las autoridades del municipio que apoyaban los aserraderos, un enfrentamiento que terminó con el desconocimiento, en 1939, de la comisaria indígena.

A pesar de este periodo ser recordado como un momento de clandestinidad, los documentos muestras que “los defensores de la comunidad” continuaron insistiendo en sus demandas. En 1940, a solo un año de la desaparición de la comisaría de Tenamxcla, los indígenas solicitaron nuevamente la restitución de tierras en la figura de bienes comunales instaurando el Comité Ejecutivo Agrario que acompañaría el reparto de tierras, demanda que abrió nuevas acciones contra “los mayores” en escala aun más grande. El entonces gobernador del estado de Jalisco Marcelino García Barragán, junto al empresario maderero Longuino Vásquez, creó en 1946 el municipio de Cuautitlán de García Barragán, incluyendo a toda la región indígena dentro de sus límites para mantener el control directo sobre las autoridades locales y las maderas.

Este fue un momento decisivo en la “defensa de la comunidad”, en el que, pese a las constantes intimidaciones contra “los mayores”, representantes como Zeferino Padilla, presidente del Comité Ejecutivo Agrario, se mantuvieron en la convicción, en su propias palabras, de “regresar a lo indígena”. De este modo en 1957 conseguían la medición por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización de la extensión a ser restituida, una superficie de 446,742 hectáreas comunales. No obstante, la medición no se transformó en la restitución de la tierra, por el contrario, viejos y los nuevos grupos de empresarios madereros, junto a las autoridades municipales y estatales, evitaron este reparto.

En ese contexto, el poder que el proceso agrario les dio a “los defensores de lo indígena” aumentó la violencia contra ellos. En varias ocasiones atentaron sin existo, contra la vida de Zaferino Pardilla, una persecución que, de algún modo, terminó con el cerco policiaco a la asamblea de los partidarios de la restitución comunal en la que se buscaban nuevas estrategias, dando inicio un enfrentamiento que llevó a la detención de Zeferino Padilla, siendo obligado a desistir de la restitución por bienes comunales y firmar, en 1965, la creación del ejido de Ayotitlán.

Es aquí donde comienza el recuento del expediente agrario que se repite una y otra vez en los textos que hacen referencia a la comunidad de Ayotitlán, demostrando inmenso despojo de los nahuas al haber reducido y recortando su territorio en dos comunidades agrarias, la de Cuzalapa y Chacala, y dejando a Ayotitlán con tan solo 30mil hectáreas de las 446,742 que habían demostrado ser la extensión de la República de Ayotitlán.

Con la minería, la vuelta a lo indígena

Con la creación del ejido de Ayotitlán llegaron nuevos intereses y lo que Gaudencio llama de “la política”, en sus términos, el arribo de diversas organizaciones campesinas oficiales e independientes afiliadas a partidos del gobierno u opositores, que disputan entre ellos el poder de sus organizaciones y de la Comisaria Ejidal. También llegó en 1967 la extracción de minerales con la instalación, al sureste del territorio nahua, de la paraestatal Peña Colorada.

Para entonces, las maderas finas y los grandes volúmenes de extracción maderera habían terminado. El foco de los “invasores” se centraba en la explotación de hierro. Así, del mismo modo que 25 años atrás habían incluido al territorio nahua en el municipio de Cuautitlán para controlar la extracción de madera, en 1971, desde el estado de Colima se maniobraba para expropiando 8mil hectáreas donde la miera extraía el hierro, dejando fuera del perímetro al estado de Jalisco y al conflictivo ejido de Ayotitlán.

Esta expropiación de tierra fue el último eslabón de una cadena de hechos en la que las organizaciones campesinas, principalmente las independientes, decidieron comenzar acciones de enfrentamiento directo contra los madereros y las autoridades que respaldaba a la minera. Desde esa fecha y hasta prácticamente 1987 las movilizaciones de los indígenas campesinos prácticamente no pararon, consiguiendo paulatinamente el desplazamiento de los más importantes aserraderos y la creación de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, la cual se transformó, por algún tiempo, en el principal argumento legal con el cual evitaron la explotación de los recursos naturales por los “invasores”.

A lo largo de este tiempo, Zaferino Padilla, junto a un grupo de “mayores” fue encontrándose poco a poco con las “cabezas” de las comunidades y algunos líderes de las organizaciones campesinas para convencerlos de la lucha por “lo indígena”. El grupo les mostraba el expediente agrario, las mojoneras que reconocían las 446,742 hectáreas comunales y, principalmente, les recordaba a la República de Indios de Ayotitlán, el trabajo “en común” y el gobierno por “la mayoría”. Fue entonces que el grupo de “mayores” se encentraron también con Gaudencio Macilla, quien en aquel tiempo era uno de los líder campesinos.

Finalmente algunas organizaciones que apoyaban al grupo de Zeferino comenzaron a solicitar el financiamiento de instancias dedicadas a los indígenas como el Instituto Nacional Indigenistas, recibiendo programas como el de escuelas bilingües. También comenzaron a crearse organizaciones declaradas como indígenas, consiguiendo el apoyo de instancias no gubernamentales de apoyo a los indígenas.

Pero para “lo defensores de la comunidad” la recuperación de la cultura no podía separarse de la recuperación del territorio, de la vuelta a lo “común” y de gobernarse por “la mayoría”. Fue así que durante años se organizaron fuera de “la política” y juntaron a las “cabezas” con ese objetivo declara en 1997 “reconstituido el Consejo de Mayores”, del cual Gaudencio Mancilla se transformó el representante legal y con muerte de Zaferino, el encargado del compromiso que este mayor le dejara de “volver a lo indígena”.

Con las mieras ilegales, la policía comunitaria

Desde 1967 en que la minera Peña Clorada comenzó sus actividades, la empresa mantuvo su producción prácticamente de manera ininterrumpida, amparada en su estatus de paraestatal, en la ambigüedad jurídica en la que se encuentra al estar en un espacio de conflicto de límites entre los estados de Jalisco y Colima, además de contar con el apoyo de diversos grupos de poder por ser una de las más importantes minas de hiero de América Latina.

Para los nahuas el conflicto con la minería fue relativamente localizado y especifico, la empresa mantuvo durante décadas las misma maniobras: sobornos a ejidatarios para evitar procesos en su contra, apoyo con recursos a los grupos favorables de la mina, omitir los pagos a las comunidades por la extracción del hierro y en algunos casos interviniendo con recursos a favor de candidatos en las elecciones ejidales y municipales.

La situación más grave fue siempre en las comunidades vecinas de la mina a cielo abierto de 402 hectáreas. Los motivos, por la contaminación de las aguas o la escases de ella, la presión permanente de la empresa y en algunos casos el confinamiento en un toque de queda garantizados por las guardias de la empresa.

En más de cuarenta años el expediente contra la minera se mantuvo acumulando delitos ambientales, irregularidades legales y actos de corrupción. Una tensa y conocida situación en la cual incluso se consiguieron acuerdos mínimos apoyados hasta por algunos de sus más importantes opositores. Sin embargo esta relación, se fueron transformando paulatinamente después de su privatización en 1992.

Desde entonces las tensiones se incrementaron en las intenciones de ampliar la mina, buscando yacimientos dentro de las tierras indígenas sin ningún tipo de permiso local, estatal o federal. Sin embargo, y sin minimizar la conflictiva relación con la minera Peña Colorada, el problema con la extracción de hierra se escaló en otro contexto no tan diferente al de 1921 que llevó a los defensores de lo indígena a demandar la restitución de sus tierras.

Los nuevos “invasores” que llegaron eran los de las mineras ilegales que no se conforman como empresas, son, mejor descritas, mineras que se instalan por la fuerza de sus grupos armados en los predios de los ejidatarios indígenas donde extraen el hierro con el apoyo de autoridades corruptas, extrayendo y vendiendo el mineral en el mercado negro. Este tipo de extracción fue en aumento después 2008 cuando el precio del hierro se disparó y actualmente existen en esta situación alrededor de 7 predios, o más, entre los que se destacan los de Cañada Verde y Pierda Imán.

En un principio los indígenas se movilizaron confrontándolos en los locales de extracción, deteniendo la instalación de las maquinarias y suspendiendo el traslado del material que, sin embargo ello llevó a que los grupos incrementar la violencia levantado a sus opositores Celedonio y amenazando de muerte a representantes importantes de las comunidades como a Gaudencio Mansilla.

En más de dos años de denuncias sobre la impunidad , violencia y el impacto ambiental provocado por este tipo de extracción, las mineras ilegales y sus grupos armados no han sido impedidos por las autoridades de transitan en los caminos de las comunidades y usufruir los recurso de la región. Este fue el motivo por el cual el Consejo de Mayores y algunas organizaciones del ejido, llevaron a asamblea la propuesta de una policía para “la defensa de la comunidad”, iniciativa votada favorablemente el 20 de enero de 2012 por mil 500 ejidatarios.

Sin embargo, la respuesta del gobierno del estado de Jalisco y del municipio de Cuautitlán fue iniciar una campaña de criminalización de la iniciativa descaracterizandola como una propuesta apoyada por la comunidad, presentándola además como un acto de ilegalidad, pese a que el cuerpo no se proponía portar armadas y era enmarcada en el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La inicializaba, en una explicación de Gaudencio Mancilla, era simples, se trataba de crear un grupo para la seguridad dde la comunidad que contara con el apoyo de las autoridades policiales para vigilar las únicas tres entradas a la región nahuas, en la cual se podría identificar a los comandos armados, a los tala montes y a los vehículos que entraran y salida de la extracción ilegal del hierro.

La defensa del territorio criminalizada

Al igual que en otras regiones de México, lo que es claro en la región nahua de Ayotitlán es la existencia de una defensa histórica por su territorio que se ha transformado en iniciativas diversas con las cuales han buscado salvaguardar el espacio para vivir desde sus formas de ver el mundo. Sin embargo, la recurrencia de incursiones predatorias que extraen los recursos naturales de manera ilegitima e ilegal, mediante la creación de contextos de violencia, perpetra el saqueo. Un proceso que no pretende ser detenido por los gobiernos e incluso es promovido por sus leyes, al mismo tiempo en que se criminaliza a las iniciativas indígenas que buscan revertir la pérdida de sus territorio y de su soberanía como pueblos con el derecho a libre determinación, creando un contexto de largo plazo en el que son víctimas del despojo, de la violencia que lo acompaña, de la omisión por las autoridades y de la persecución de sus proyectos de presente y futuro.