Imprimir
Enviar
Acusan ejidatarios al “mal gobierno” de querer eliminar pueblos y territorios
Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Martes 10 de septiembre de 2013, p. 19
Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, acusaron al “mal gobierno” de “buscar acabar con nuestros pueblos y territorios. No respeta las diversas culturas del país, sólo quiere imponer la cultura del mercado y el capitalismo con sus reformas a la Constitución y las leyes privatizando el petróleo, el viento, las playas, la educación, aumentando los impuestos, quitando derechos laborales y beneficiando a las empresas nacionales y extranjeras”.
La ley “no es respetada por el mal gobierno”, pues imperan “el dinero y el poder de caciques, finqueros y empresarios”, quienes “obedecen a intereses contrarios a la dignidad de comunidades, pueblos y sociedad en general”.
Señalaron que su actual resistencia “como pueblo tzeltal” no es por el poder político o económico, “es por la dignidad y la autonomía, porque queremos seguir siendo lo que somos; aunque al gobierno no le gusta y nos quiera cambiar de pensamiento, somos dignos y orgullosos de la herencia de nuestros abuelos y abuelas”.
Exigieron nuevamente la liberación de Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, “torturados y acusados injustamente”. Al primero “lo acusan seis policías estatales, especializados y federales, de que los quiso asaltar la madrugada del 8 de agosto de 2011″. Esos agentes lo habían secuestrado la víspera en la comunidad de Sasamtik, municipio de Chilón, “por ser de nuestra organización”. Le sembraron una pistola calibre .38 descargada y dos machetes, con los que supuestamente asaltó a los policías que viajaban en sus unidades; éstos “lo torturaron durante todo un día para que se declarara culpable”.
El segundo, Demeza Jiménez, acusado de robo y secuestro, “es inocente y se está demostrando, pues el 13 de agosto ganó un amparo que prueba la grave violación a sus derechos humanos”.
El gobierno “no pide permiso a las comunidades sobre los proyectos o negocios que dice son para nuestro beneficio”, sino que “compra algunas autoridades de nuestras comunidades, como al ex comisario ejidal Francisco Guzmán Jiménez (Goyito) y el comisario Alejandro Moreno Gómez, y utiliza la fuerza pública para atemorizarnos”.
Los ejidatarios sostienen que las autoridades “han sembrado la división comprando a esos comisarios, en el cargo desde 2007″. Advirten que seguirán defendiendo el amparo 274/2011, interpuesto en Tuxtla Gutiérrez, pues Moreno Gómez y Guzmán Jiménez “están metiendo falsas actas de asamblea para echarlo abajo, sin firmas de la asamblea general”, pero no lo han logrado. El 20 de agosto los ejidatarios solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “que estudie nuestro amparo y se proteja nuestro territorio”.