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Esta semana se reanudaron los amagos de desalojo contra las comunidades indígenas asentadas al sur de Montes Azules. Mientras la Armada y Seguridad Pública amedrentan y hostigan a las comunidades, enviados de Profepa y Semarnat “ofrecen” tierras a los campesinos, pero éstos lo consideran un engaño.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos divulgó hoy una denuncia de la comunidad Ignacio Allende (antes Nuevo San Rafael), ubicada al sur de Montes Azules. Este 19 de agosto, a las 10 horas, arribaron al lugar ocho personas, todos funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los funcionarios “intentaron persuadir a los pobladores de reubicarse, argumentando que los de la comunidad Lucio Cabañas (también conocida como Arroyo San Pablo, y desalojada en diciembre pasado) ya se encontraban en el predio Las Carmelitas, municipio de Salto de Agua. Sandoval Flores, subdelegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), preguntó a la comunidad cuál es su postura ante la propuesta oficial, y afirmó que se disponía de un predio para reubicar a esta comunidad, también en Salto de Agua”.
Los representantes de Ignacio Allende calificaron de “mentiras” los argumentos de Profepa y Semarnat, “puesto que los pobladores de Lucio Cabañas se encuentran en este momento viviendo en Marqués de Comillas, en donde han sido acogidos por la comunidad Santa Rita. Los pobladores de Ignacio Allende exigieron el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y manifestaron que no dejarán su tierra. Además, expresaron que el gobierno con estos actos viola el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas”.
En todo momento, los funcionarios “se dirigieron a los observadores civiles presentes como ‘asesores de los invasores’, demostrando así el desprecio oficial por la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Ante esto, la comunidad respondió que entonces los funcionarios gubernamentales eran ‘asesores de los ladrones de cámaras’, aludiendo a las cámaras arrebatadas a la organización civil independiente Promedios el pasado 12 de abril, por miembros de la comunidad lacandona y sus subcomunidades, en presencia de los funcionarios de Semarnat y Profepa. Este equipo no ha sido devuelto”.
Los mismos funcionarios se han presentado en otras ocasiones en Ignacio Allende. En abril del presente año ‘acompañaron’ a los representantes de la comunidad lacandona que amenazaron con desalojar a la comunidad. Por esta razón, es evidente que los pobladores de Ignacio Allende no confían en los funcionarios gubernamentales, aunque quieran presentar ahora un rostro negociador.
Casi dos horas más tarde se aproximó a la comunidad, en la misma lancha que había transportado a los funcionarios de gobierno, un equipo de reporteros que se identificó como de Fuerza Informativa Azteca, encabezado por Nacho Núñez Pliego. “Estas personas grabaron video y tomaron fotos. Los representantes indígenas les explicaron que no podían hacerlo sin autorización de la comunidad. Dado que los reporteros ignoraron las indicaciones y continuaron grabando, los representantes de Ignacio Allende intentaron quitarles la cinta de video y el rollo fotográfico. Entonces los reporteros abordaron nuevamente la lancha y se fueron”.
Además, los pobladores de Ignacio Allende denuncian que ha sido hostigados por efectivos de la Armada, quienes han realizado patrullajes en lancha diversos días de junio, julio, y estos 14 y 15 de agosto. El día 17 sobrevoló la comunidad, en círculos, un helicóptero de Seguridad Pública.
Los episodios de hostigamiento por parte de la Armada, los enviados federales y las autoridades lacandonas, ocurren tanto en comunidades que se manifiestan simpatizantes del EZLN (es el caso de Ignacio Allende y Nuevo San Isidro) como en las comunidades propiamente rebeldes, particularmente Doce de Diciembre, la cual, junto con Primero de Enero y Nuevo Limar, pertenece al municipio autónomo Libertad de los Pueblos Mayas
